La Policía Federal provoca y enfrenta a normalistas, padres de familia y maestros guerrerenses. El saldo: 22 personas heridas. Todo empezó cuando los federales agredieron a estudiantes que hacían los preparativos para un concierto de música. Los agresores, encabezados por el propio Espartaco, llegaron en estado de ebriedad y drogados. El gobernador dice que los provocadores fueron los manifestantes. El FBI norteamericano participó en la indagatoria de los 43 desaparecidos. Padres protestan frente al 27 batallón de infantería en Iguala. La Ceteg se escindió en el momento más inoportuno, la mayoría no asiste al congreso local de la Ceteg ni al nacional de la CNTE en Chilpancingo y desconoce a priori sus acuerdos.

Hace unos días Peña Nieto dijo en Acapulco que había que superar el dolor por Ayotzinapa. Hay que dar vuelta a la hoja, dijeron los empresarios de la Concanaco. Esto es, no pasó nada, olviden todo. ¡Arriba el crimen! ¡Viva la impunidad!

Peña Nieto y patrones, desde luego, carecen de corazón, en su lugar tienen una piedra. Lo más grave es que exceden en cinismo y se delatan como coautores del crimen. Peña cree que con solo borrar las huellas será exonerado. Se equivoca.

Como lo había anunciado, utilizará la fuerza del Estado, esto es, la fuerza pública para reprimir a los inconformes. Ya lo está haciendo. Los recientes hechos ocurridos en Chilpancingo muestran a la Policía Federal (PF) en calidad de provocadores. Para enfrentar a los manifestantes tienen que emborracharse y drogarse.

Pero el gobernador del estado no ve nada sino al revés y dice que los provocadores fueron los manifestantes. Pobre individuo pelele de Peña Nieto. Este lo tiene sujeto, probablemente, según consejo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que, dijo la propia secretaría de relaciones, participó desde el principio en las indagatorias relacionadas con Iguala. Es evidente que la Procuraduría General de la República (PGR) armó la versión de la calcinación de los 43 desaparecidos con la asesoría de ese aparato.

La situación es cada vez más indignante. La provocación del 14 de diciembre en Chilpancingo, armada por Espartaco en estado de ebriedad, sin ningún protocolo solo la barbarie, es una prueba. Evidentemente, detrás está la asesoría del imperialismo. Si el FBI se ha inmiscuido, también la CIA asesora a Peña.

Por ello la insidia que el gobierno ha introyectado en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg) para escindirla. El momento es completamente inoportuno y cuestionable. Si una parte se dice mayoría, ¿por qué no asistió al congreso de la Ceteg y ganó mayoritariamente sus posiciones? ¿Por qué faltó al congreso nacional de la CNTE y desconoció a priori los acuerdos? ¿Acaso quieren escindir también a esta?

El que se sale pierde. En este caso, todos pierden: maestros, normalistas y padres de familia. ¿Hay necesidad política de que existan dos Ceteg? No, y debiera corregirse de inmediato, porque la provocación del Estado está en marcha.

Si la representación sindical en turno no está a la altura de sus deberes, hay que removerla, pero en el marco de la unidad de la Ceteg.

Veintidós personas heridas –14 de ellas maestros, padres y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ocho elementos de la PF– dejaron tres enfrentamientos luego que los agentes arremetieron a golpes, pedradas y con gases lacrimógenos contra un grupo de estudiantes que hacían los preparativos para el concierto de rock Festival una luz en la oscuridad, en el punto conocido como El Caballito (Ocampo S., en La Jornada, p.3, 15 diciembre 2014).

Las refriegas ocurrieron entre las 4 y 7 horas. Las primeras dos fueron entre federales y alumnos y padres de familia; en la tercera participaron alrededor de 250 miembros de la Ceteg, quienes llegaron en apoyo a estos últimos.

Más tarde, en protesta por las agresiones, contingentes de la Ceteg incendiaron tres camionetas y dañaron otros cuatro vehículos, incluida una ambulancia de la PF. Además retuvieron a tres federales, a quienes trasladaron a la Normal Rural de Ayotzinapa y antes del mediodía los entregaron en la cárcel municipal de Tixtla.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ofreció una conferencia de prensa afuera de la sede de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero para dar su versión de lo que sucedió.

Relató que desde las 2 de la madrugada una comitiva de unos 15 o 20 estudiantes se trasladó a la estatua de Nicolás Bravo (punto conocido como El Caballito), al norte de Chilpancingo, para instalar el escenario donde a las 11 de la mañana tendría lugar un concierto de rock como parte de las actividades culturales para exigir la presentación con vida de los normalistas desaparecidos. Cerca de las 5 de la mañana, agregó, “arribó un grupo de policías en estado de ebriedad, quienes bajo los efectos de alguna droga empezaron a agredir a los compañeros”.

En ese momento, subrayó, se produjo un primer enfrentamiento “y ahí se dieron los primeros heridos”. Indicó que hubo un momento en que los estudiantes intentaron dialogar con los uniformados, pero no fue posible; “al contrario, llegaron más policías y se suscitó una segunda agresión y más tarde hubo una tercera”. Indicó que hay 14 lesionados, entre profesores, padres, normalistas, estudiantes de la UNAM y dos reporteros.

Precisó que Ernesto Cruz Flores, alumno de la UNAM, sufrió fractura en la mandíbula; el padre de familia Lambertino Cruz Antonio, contusión en el cráneo; otro padre, Mario González Contreras, fractura de tobillo. El estudiante de la UNAM y uno de los padres están en el Hospital General de Chilpancingo, y el resto de alumnos lesionados fueron atendidos en la unidad médica de la Normal de Ayotzinapa.

Otros lesionados son Carlos Alberto Torres, reportero independiente; Alejandrino González, corresponsal de Ap, y el normalista Rubén Bahena. Los tres, junto con dos policías, fueron embestidos por una camioneta conducida, dijeron, por un sujeto armado.

“Es un acto de brutalidad policíaca con el claro propósito de acallar las voces de los padres de familia”, aseveró Rosales Sierra.

Omar García, dirigente de la Normal de Ayotzinapa, relató que a pesar de que les dijeron a los federales que “éramos normalistas, y que estábamos preparando el concierto, nos dijeron: ‘Ni madres, nosotros les vamos a dar en su madre’. Empezaron a lanzar gases lacrimógenos, y no respetaron siquiera a los padres de familia, y eso es indignante”.

Salvador Zúñiga, dirigente de la Ceteg, narró que ellos se encontraban en el plantón que mantienen desde el 8 de octubre, cuando recibieron una llamada de que federales estaban golpeando a los estudiantes, y “unos 250 maestros nos trasladamos al lugar.

“Cuando llegamos se propuso a los uniformados que se replegaran y permitieran a los jóvenes continuar con los preparativos, y en respuesta lanzaron golpes, patadas, y pedradas.

“Nos detuvieron a dos, y nos tiraron al piso, y nos empezaron a golpear, por órdenes del comandante Espartaco, quien tenía aliento alcohólico. Nos amenazaron de muerte, nos robaron las carteras, los celulares”, apuntó.

Horas después, en protesta por las agresiones de la PF, contingentes de estudiantes y de la Ceteg volcaron y prendieron fuego a dos camionetas, frente al Instituto Universitario de Ciencias Policiales.

Cerca de las 14 horas quemaron otra camioneta en El Caballito, donde se tenía programado efectuar el concierto de rock, que finalmente se realizó por la tarde en Tixtla. Quebraron vidrios y poncharon llantas a otras cuatro camionetas. Afuera de la clínica del Issste apedrearon una ambulancia de la PF.

Normalistas y padres de los 42 desaparecidos condenaron los hechos, que calificaron de “acto intimidatorio” del gobierno federal.

En la ciudad de México, Rafael López Catarino, padre del alumno ausente Julio César López, y Omar Pérez, normalista de Ayotzinapa, responsabilizaron a la PF de la “agresión”.

(Con información de José A. Román).

La PF presentó una denuncia de hechos ante la PGR contra quienes resulten responsables por la tentativa del delito de privación ilegal de la libertad y lesiones de ocho de sus elementos que resultaron heridos por integrantes de la Ceteg en la ciudad de Chilpancingo, informaron fuentes ministeriales (Méndez A., Castillo G., en La Jornada, p.3, 15 diciembre 2014).

Uno de los ocho agentes federales fue trasladado al Distrito Federal vía aérea para que se le practicara una intervención quirúrgica en el cráneo por las heridas recibidas, mientras otros cinco agentes son atendidos en un hospital de aquella localidad.

La PF no reportó el nombre ni el hospital donde recibirá atención médica el elemento con lesiones en el cráneo.

Abogados de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) presentaron la denuncia de hechos, de la que tomó conocimiento la delegación de la PGR en Guerrero, informaron funcionarios federales.

El gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, aseguró que los enfrentamientos ocurridos entre policías federales y estudiantes, padres de familia y miembros de la Ceteg fueron provocados por “un grupo de manifestantes” que ingresaron al hotel donde se hospedaban los agentes (Briseño H., en La Jornada, p.5, 15 diciembre 2014).

Entrevistado durante el acto de premiación de una carrera atlética, afirmó que fue “una provocación... Es lamentable y censurable que se produzcan estos hechos de violencia. Deseo que todo se vuelva a colocar en la dimensión del diálogo y de los acuerdos, para que no se genere más violencia.

“La información que yo tengo es que penetró un grupo de manifestantes al hotel donde se encuentran hospedados los policías federales, y eso fue lo que inició un conato de confrontación. No estoy enterado de que haya habido disparos; de lo que sí estoy enterado es que hubo policías heridos”, añadió. Más tarde, en un comunicado, el gobierno de Guerrero hizo un llamado a la “prudencia a las organizaciones sociales”.

Los padres de los 42 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, efectuaron una protesta frente a las instalaciones del 27 batallón de infantería, ubicado en Iguala, y exigieron la presentación con vida de sus vástagos (Ocampo S., Briseño H., en La Jornada, p.5, 19 diciembre 2014).

Los contingentes de padres llegaron a las instalaciones militares procedentes de la Normal de Ayotzinapa después del mediodía y gritaron consignas hasta las 16 horas, cuando concluyó la protesta.

Nerviosos, decenas de soldados corrían de un lado hacia otro y finalmente se colocaron en fila para impedir el acceso de los manifestantes al cuartel, quienes lograron ingresar unos cinco metros en las instalaciones.

Una madre clamó: “Ayúdanos, Señor; muéveles el corazón para que entreguen a nuestros hijos”. Frente a los militares –unos guardaban silencio mientras otros reían–, gritó entre sollozos: “¿Qué haría su madre o su padre si a ustedes los hubieran desaparecido los policías y los soldados? Moverían cielo, mar y tierra, ¿no?”.

Una anciana dijo a los uniformados: “Somos muchísimas madres llorando por nuestros hijos; los queremos en nuestros hogares, en las escuelas, en esta Navidad. ¿Les gustaría que alguno de sus hijos fuera el 44?”

A unos 50 metros de los padres estaban apostados casi cien elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal, equipados con escudos y toletes. Una mujer gritó a los soldados: “Aquí estamos, sin armas, venimos a morir; ustedes están armados, ustedes nos matarían, pero si me matan de todos modos ya me mataron, ya no tengo corazón”.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo que con la protesta se reclamó la postura omisa del Ejército Mexicano el pasado 26 de septiembre. “Es la primera de una serie de movilizaciones que llevarán a cabo los padres de familia en la entidad y diversas partes del país, incluso en Estados Unidos”.

Además, exigió al presidente Enrique Peña Nieto que se abran nuevas líneas de investigación que incluyan al Ejército Mexicano y en general a las fuerzas federales, porque “estuvieron en los hechos y tienen importantes datos. Deben explicar qué hicieron durante las cinco horas que duró la represión contra los estudiantes de Ayotzinapa y por qué no intervinieron”.

Rosales Sierra lamentó la postura de los empresarios de Acapulco, que culpan de la baja en la afluencia turística al movimiento social. “Ayer hubo 11 muertos en el puerto y los empresarios no dijeron nada. En esta lógica pareciera que hay que meter a la cárcel a los que protestan y a los que matan no. La clase patronal asume una actitud hipócrita y no dice nada al respecto”.

Destacó que “la imagen de Guerrero y las afectaciones que padece obedecen a diversas causas, como la pobreza y el desempleo, pero el crimen organizado está intacto, los empresarios debieran tener una estrategia clara para estos casos y no culpar al movimiento”.

La Ceteg sufrió una escisión, lo que se demostró con la ausencia de representantes de cinco de las siete regiones de la entidad en el congreso de la agrupación, celebrado en el auditorio Sentimientos de la Nación, de Chilpancingo (Ocampo S., Briseño H., en La Jornada, p.6, 19 diciembre 2014).

Dirigentes de la Ceteg que solicitaron el anonimato acusaron a la dirigencia que encabeza Ramos Reyes Guerrero de negociar con la Secretaría de Gobernación no realizar más bloqueos en la Autopista del Sol México-Acapulco.

Sostuvieron que incluso personas afines a Reyes Guerrero acudieron a la Secretaría de Gobernación para “entregar, presuntamente, el pliego petitorio que surgió del congreso de la Ceteg”.

Comentaron que “en el congreso sólo participaron algunas delegaciones de la Montaña Alta y la Costa Chica, pero no acudieron de las zonas Centro, Acapulco, Costa Grande, Zona Norte y Tierra Caliente”.

Anunciaron que no acudirán al congreso de la CNTE, convocado en Chilpancingo, y aseguraron que el plantón que mantiene la Ceteg en el zócalo de Chilpancingo desde el pasado 8 de octubre, que tiene como propósito exigir que se presente a los 42 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, continuará hasta que encuentre a los jóvenes.

En tanto, líderes sindicales reunidos en Acapulco en el 37 congreso ordinario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (Stauag) refrendaron su exigencia a los gobiernos estatal y federal de encontrar con vida a los 42 normalistas de Ayotzinapa.

“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡Fuera Peña!” y “¡Desaparición de poderes en el estado!”, gritaron más de 300 asistentes al encuentro, efectuado en el salón de congresos Copacabana.

Ofelio Martínez Llanes, secretario general del Stauag, afirmó que “el caso Ayotzinapa es un ejemplo de cómo está la impunidad en el país; hoy luchemos por todo México”.

Explicó que la finalidad del congreso del Stauag fue rendir un informe de actividades de su último año de gestión, además de que “abordaremos la importancia de los sindicatos de trabajadores, cómo asumir un papel fundamental en la sociedad civil, en lo que se refiere a los cambios que se pueden dar en el país, concretamente con el caso de Ayotzinapa, y la impunidad que se vive a escala nacional, la inseguridad, los bajos salarios y todos los desaparecidos que ha habido”.

Al hacer comentarios sobre la asistencia forense del gobierno de Estados Unidos a México tras la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Sergio Alcocer, señaló que incluso el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, reconoció “el envío de algunos agentes de la FBI que vinieron y ayudaron, sobre todo a ordenar la indagatoria forense y los elementos que se utilizaron” (Pérez C., en La Jornada, 20 diciembre 2014).

En conferencia de prensa, el funcionario de la cancillería destacó que la colaboración en este aspecto tuvo lugar “días después” de los hechos ocurridos en Iguala. Se refirió también a la ayuda que ofreció hace unos días el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, al gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, como apoyo a la entidad mediante la Iniciativa Mérida. Sergio Alcocer recordó que una de las vertientes de este acuerdo firmado por Estados Unidos y México es el fortalecimiento de las capacidades de procuración de justicia en el estado”.

La carta de Acuerdo de la Iniciativa Mérida se firmó en diciembre de 2008. Reconoce las responsabilidades conjuntas de México y Estados Unidos para contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la frontera.

Se trata de un fondo de contingencia de casi 2 mil millones de dólares asignados por el Congreso de Estados Unidos, al cierre de 2013. A la fecha, la Iniciativa Mérida ha entregado aproximadamente 1.2 mil millones de dólares en equipo y entrenamiento al gobierno de México.

La CNTE, que en esta entidad enfrenta una división, comenzó su 12 congreso nacional ordinario con la demanda de presentación con vida de los 42 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos y la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto (Ocampo S., en La Jornada, p.5, 20 diciembre 2014).

Los trabajos se realizan en medio de una división de la Ceteg, tanto que al congreso no asistieron las regiones Acapulco, Costa Grande, Centro, Norte y Tierra Caliente, que acusaron a su dirigente Ramos Reyes Guerrero de haber negociado a sus espaldas con la Secretaría de Gobernación (SG). Sólo acudieron representantes de las regiones Montaña (alta y baja) y la Costa Chica.

Los secretarios generales de las regiones ausentes enviaron por escrito su postura al congreso, donde destacan que se suman al acuerdo de la Asamblea Nacional Popular (ANP), de no establecer ningún tipo de negociación con el gobierno federal ni estatal hasta que no aparezcan con vida los 42 normalistas.

Advirtieron que la Ceteg no reconocerá ninguno de los acuerdos de Reyes Guerrero con la SG y, por el contrario, continuarán el plantón en el zócalo de esta ciudad.

Tampoco reconocerán, dijeron, los acuerdos que surjan del congreso de la CNTE, que terminará el domingo 21 de diciembre.

Cerca del mediodía, unos 500 mentores provenientes de varias entidades marcharon desde el zócalo. En el trayecto, Reyes Guerrero dijo que no hay división, “la Ceteg terminó su congreso ayer; los compañeros de las otras regiones, debido a sus actividades, no participaron”.

Rechazó haber negociado con la SG: “En marzo pasado entregamos un pliego petitorio al gobierno federal. Fui la semana pasada a Gobernación para exigir respuesta, ese fue el fin, no a negociar.

“A mi regreso informé que se planteó la exigencia del pliego petitorio y la iniciativa de la Montaña Alta, que exigió al gobierno federal que se otorgue presupuesto federal a 13 mil maestros que no lo tienen, porque si no se hace en estos días, en enero serán desconocidos”, insistió.

En la inauguración del congreso de la CNTE, efectuado en el auditorio Sentimientos de la Nación, al que asisten 32 delegaciones, Rubén Núñez Jiménez, de la sección 22 de Oaxaca, expresó que las demandas centrales en este congreso son la presentación con vida de los 42 normalistas de Ayotzinapa, la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, la defensa de la educación pública y del normalismo, así como de los logros obtenidos por cada sección en el país.

Mencionó que de este congreso surgirá la propuesta de la huelga nacional “contra las reformas estructurales y para ello se propone integrar un frente único de lucha”.

Por la sección 18 de Michoacán, Juan José Ortega Madrigal manifestó que hoy la CNTE cumple 35 años de lucha; “por eso tenemos que exigir al Presidente que explique qué medidas tomará por la caída del precio del petróleo y de la cotización del peso”.

“Que se tomen medidas contra la impunidad y la aplicación de la justicia; exigen atención casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Felipe Carrillo Puerto (Quintana Roo), y La Ruana, (Michoacán)”, enlistó.


Ref: 2014, elektron 14 (311) 1-8, 21 diciembre 2014, FTE de México.

Lesionados en el enfrentamiento del 14 diciembre de 2014. FOTO: Xinhua

Enfrentamiento de maestros con la Policía Federal. FOTO: Cuarto oscuro

Incendio de vehículos tras el enfrentamiento con la PF. FOTO: Ap

Protesta de padres de familia frente al 27 batallón de Infantería. FOTO: Reuters

Protesta frente al 27 batallón de infantería en Iguala. FOTO: L. Ocampo

Marcha de la CNTE en Chilpancingo. FOTO: V. Camacho