La abrupta caída en los precios internacionales de petróleo crudo afectará fuertemente a las finanzas públicas mexicanas, por más que el gobierno de Peña asegure lo contrario. Pemex aporta entre el 30 y 35 por ciento al erario público. Las coberturas que contrató Videgaray serán insuficientes. El gobierno recaudará solo el 37 por ciento de los ingresos petroleros. Ante esto hay tres opciones posibles, a saber, reducir el gasto público, incrementar la deuda y/o subir los impuestos. Ninguna es alternativa correcta para la nación.

Con la caída registrada en el precio del petróleo mexicano, que se ha reducido a prácticamente la mitad en seis meses, la cobertura contratada por el gobierno federal para garantizar los ingresos petroleros del próximo año –con los que se financia un tercio del presupuesto– será insuficiente, por lo que el gobierno tendrá que reducir su gasto público, aumentar impuestos o incrementar el endeudamiento, alertaron especialistas González S., Rodríguez I., en La Jornada, p.23, 14 diciembre 2014).

Fernando Ramones, integrante del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), creado en 2010 por investigadores y académicos especializados en finanzas públicas, estimó que, con los precios actuales y el tipo de cobertura contratada por el gobierno, sólo se recaudaría 37 por ciento de los ingresos petroleros estimados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF).

Ramones, recordó que las coberturas contratadas por el gobierno federal para asegurar un precio promedio de 79 dólares por barril sólo cubren 228 millones de barriles exportados al año, cuando la producción total es de 876 millones de barriles en los 12 meses. El promedio diario es de 2.4 millones de barriles.

Lo anterior, cobra especial relevancia si tomamos en consideración que los ingresos petroleros representan entre 30 y 35 por ciento del presupuesto público, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá presentar un desglose detallado para aclarar cómo planea recaudar un billón 195 mil 799.7 millones de pesos que se estimaron en la LIF para 2015 como ingresos petroleros.

Explicó que ese porcentaje de 37 por ciento de recaudación, incluye los ingresos del impuesto sobre la renta petrolera, la cobertura, el complemento de la cobertura, el impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y la cantidad de barriles exportados, pero no asegurados por coberturas.

Más adelante, indicó que quedan excluidos los ingresos por derechos a los hidrocarburos, el impuesto a los rendimientos petroleros, ingresos recibidos por el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) de las gasolinas y diesel, que quedaron derogados con las leyes secundarias y en la misma LIF del nuevo régimen fiscal aplicable al sector petrolero.

De esta manera, dijo Fernando Ramones, queda la duda de dónde provendrá el 63 por ciento restante que pretende recaudar la LIF de 2015 y que equivale a más de un billón de pesos.

Al respecto, Carlos Huerta Durán, experto en temas energéticos y presupuestales, advirtió que de continuar la caída en los petroprecios el gobierno tiene tres alternativas: un recorte en el gasto público, mayor contratación de deuda para compensar los ingresos que se dejarán de percibir o incremento de impuestos.

Huerta Durán insistió en la necesidad de despetrolizar las finanzas públicas buscando otra alternativa de ingresos, porque de lo contrario cuando haya una disminución en los precios del crudo vamos a continuar con “este drama que vivimos ahora”.

Anticipó que el primer afectado, por la volatilidad de los petroprecios será Petróleos Mexicanos (Pemex), que acentuará sus pérdidas, las cuales al tercer trimestre de 2014 son de 143 mil millones y fácilmente podrían llegar a 200 mil millones de pesos al final del año, debido a que recibirá menos ingresos, pero sus gastos operativos no disminuyen por lo que aumentará su desequilibrio en su balance financiero. Lo anterior, hace imperiosa la necesidad de realizar una verdadera reforma fiscal progresiva que cobre a los evasores y a los más acaudalados.

Aunado a la volatilidad en los precios internacionales del crudo, hay que añadir que la producción nacional está disminuyendo, entonces hay “un coctel molotov”, que reduce los ingresos públicos.

Sin embargo, hay una compensación relativa por el alto precio de las gasolinas en el país –en sentido contrario al mercado– que podría de alguna manera compensar la falta de ingresos por la venta de petróleo crudo. Otro factor es la depreciación del tipo de cambio, porque ahorita se reciben más pesos por dólar y esto tendrá un efecto de alivio temporal, concluyó.

Cualquiera de las alternativas posibles será desastrosa para la mayoría de la población mexicana. El gobierno de Peña Nieto, con Videgaray y Carstens por delante engañan a la nación cuando afirman que no hay de qué preocuparse.

Pero habrá que cubrir casi dos terceras partes del presupuesto autorizado para 2015. ¿Cómo le harán? Lo más simple será recortando el gasto público. Para ello, basta dejar de ejercer el presupuesto y ya. También es muy probable que recurran a un mayor endeudamiento. Eso será así porque, por más que esquilmen a Pemex, como ha sido costumbre, no será suficiente.

Cualesquiera sean las medidas adoptadas, la mayoría de la nación viviente será afectada. Una baja en el gasto público implicaría, principalmente, recorte en el gasto social. Un mayor endeudamiento o elevación de impuestos representaría más deterioro económico.

Estos escenarios no son alternativas coherentes y menos siguiendo con la política energética antinacional. Seguir extrayendo petróleo crudo para exportarlo mayoritariamente no es siquiera negocio, en la medida del reciclaje inmediato de petrodólares al importar gasolinas, diesel y gas natural.

Pero la necedad entreguista de Peña Nieto es demencial e insiste en que las transnacionales extraigan más crudo y aumente la exportación. Para ello está en marcha la licitación de los primeros 169 bloques en las aguas someras del Golfo de México.

Entre tanto, la industria petroquímica será privatizada en su totalidad. El valor agregado de multitud de productos elaborados será para las transnacionales no para la nación. Con esa política, cualquier alteración en el mercado, como ocurre con los precios de las materias primas energéticas, siempre traerá nefastas consecuencias.

No es necesario seguir esperando en silencio. Desde ahora debemos orientar nuestros esfuerzos para volver a nacionalizar a las industrias energéticas, con base en la Política Energética Independiente.

En consecuencia, hay que fortalecer la construcción de organización social. De otra manera no es posible nada bueno, ni siquiera la renuncia de Peña Nieto y menos de manera “inmediata”, como dicen algunos.


Ref: 2014, elektron 14 (313) 1-2, 23 diciembre 2014, FTE de México.