Para los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos no habrá Navidad ni Año Nuevo, dicen los ofendidos, en Ecatepec, Edomex. En Chilpancingo, la Asamblea Nacional Popular anuncia que habrá boicot a los comicios de 2015 y la CNTE acuerda preparar la huelga nacional. El gobierno es fiador de la impunidad, señalan organizaciones indígenas en Lerma. Un reporte de la Cámara de Diputados revela que en Tlatlaya hubo ejecución extrajudicial, soldados del ejército federal participaron en la matanza.

Peña Nieto, gobierno y legisladores están de vacaciones, creen que podrán celebrar el encanto de la Navidad como si no pasara nada. Pero sus fechorías no se olvidan. Los padres de familia de los normalistas han denunciado que el gobierno ha abandonado la búsqueda de los 43. Para el gobierno desaparecieron, fueron calcinados y están muertos. Son solo algunos más a los más de 22 mil desaparecidos en los últimos 8 años.

En 2015 habrá año nuevo en el calendario pero volverá a repetirse la historia auspiciada por el capitalismo: nueva crisis económica, nuevos ajustes a las finanzas nacionales, más austeridad, desempleo y pobreza generalizada. La drástica baja en los petroprecios, junto con la devaluación del peso, anuncian que la crisis se ahondará. Entre tanto, la política económica del gobierno, desnacionalizadora y privatizadora, y la credibilidad política del mismo, siguen en fuerte caída.

A nosotros nos falta lo principal: construir organización social, con programa de clase y dirección política consecuente.

“La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa siempre ha representado una piedra en el zapato para el gobierno, porque siempre hemos luchado por una mejor educación para los jóvenes”, afirmó José Luis Méndez Pérez, sobreviviente del ataque en Iguala, al encabezar un mitin en la plaza principal de Ecatepec, estado de México, para exigir la presentación con vida de los 42 normalistas desaparecidos (Salinas J., Henríquez E., en La Jornada, p.5, 22 diciembre 2014).

Ante más de 300 personas, Nardo Flores Vázquez, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, y Méndez Pérez hicieron un llamado a la población para que se sume a su lucha y ser parte de esta nueva revolución.

“Los invito a convocar a toda la ciudadanía para que esto no sea irreversible. No le tengo miedo a ninguna represión por parte del gobierno; miedo le voy a tener a que la gente siga callada, pues estamos seguros que es un plan estructurado del gobierno federal”, señaló Nardo Flores.

Narró que en los años setenta del siglo pasado fue testigo de que elementos del Ejército se llevaran a su padre y hermanos, y hoy tristemente la historia se repite.

El normalista José Luis Méndez contó cómo sobrevivió al ataque del que fueron objeto los estudiantes en Iguala el pasado 26 de septiembre, y cómo se llevaron a sus 43 compañeros.

Méndez Pérez y Flores Vázquez insistieron en la necesidad de que el gobierno federal abra nuevas líneas de investigación que incluyan la actuación del Ejército y del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y advirtieron que se ha iniciado una revolución de carácter irreversible, encaminada realmente a cambiar la situación en el país.

En Chiapas, una delegación integrada por 14 personas, entre normalistas y padres de los desaparecidos, arribó a Acteal para participar en las actividades conmemorativas del 17 aniversario del asesinato de 45 indígenas, ocurrido en esa comunidad tzotzil el 22 de diciembre de 1997.

“Venimos para compartir nuestra situación e informar un poco lo que estamos viviendo como familiares”, afirmó Melitón Ortega, padre de Mauricio, uno de los 42 estudiantes que continúan en calidad de desaparecidos.

Ortega lamentó que “la tragedia de Acteal es parecida a la nuestra, no tiene diferencias porque es el mismo Estado mexicano el que cometió ese asesinato hace 17 años; por tanto vamos a decirle a la gente que exigimos también la justicia para nuestros familiares caídos más los que están desaparecidos al día de hoy”.

Agregó que “nuestra exigencia al Estado sigue siendo la presentación con vida de los desaparecidos, que haya justicia para los cuatro jóvenes asesinados, la reparación integral del daño, que se abra otra línea de investigación en contra del 27 batallón del Ejército Mexicano que está en Iguala y que se investigue al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y se le encarcele, porque también tiene responsabilidad”.

Acompañado por integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Ortega manifestó que el gobierno “ha pretendido que se enfríe el tema de Ayotzinapa y que pierda interés en estos días festivos; ha hecho una campaña para que los ánimos se vayan bajando, pero nuestro ánimo está vigente y seguimos insistiendo en que se haga justicia, que se esclarezcan los hechos. Para nosotros no hay vacaciones, no hay Navidad ni Año Nuevo, estos días son de lucha”.

La séptima Asamblea Nacional Popular (ANP), celebrada en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se pronunció por “la anulación y boicot a las elecciones 2015. Para ello hacemos un llamado al pueblo mexicano a preparar las condiciones en cada municipio, en cada estado y a escala nacional, para hacerlo efectivo” (Ocampo S., en La Jornada, p.4, 22 diciembre 2104).

Con la presencia de representantes de más de 30 organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, se ratificó, como ejes principales del plan de acción, “la presentación con vida de los 42 normalistas de Ayotzinapa, castigo a los responsables de su desaparición y de los asesinatos perpetrados contra nuestros compañeros”.

También, “la caída inmediata de Enrique Peña Nieto, porque no representa los intereses y las aspiraciones del pueblo mexicano, y la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos”.

La ANP intensificará los bloqueos de puertos y aeropuertos, la liberación de casetas de peaje, el cierre de autopistas, la toma de gasolineras y distribución gratuita de combustible, la toma de medios de comunicación y el bloqueo total al Distrito Federal, “acciones que deberán realizarse en el contexto de las Jornadas de Acción Global por Ayotzinapa, preparando las condiciones hacia la huelga política general”.

Se acordó exigir “la salida inmediata de Guerrero del Ejército, la Marina, la Gendarmería Nacional y todos los cuerpos policiacos, ya que su presencia ha generado mayor inseguridad y represión contra el pueblo guerrerense. Luchamos por la derogación de las reformas estructurales, por un nuevo Constituyente y una nueva Constitución, por el poder popular”.

También se pactó convocar “a todos a seguir con la construcción de asambleas populares en cada comunidad, ejido, barrio, colonia, fábrica, centro de trabajo y centro de estudio, de cada estado, creando las bases para construir una Gran Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México”.

Otro acuerdo fue reforzar con guardias las instalaciones de la normal de Ayotzinapa, para garantizar su seguridad. Asimismo, se hizo un llamado a reforzar el plantón magisterial popular instalado en el zócalo de Chilpancingo.

Se convino impulsar un programa político que recupere las demandas y aspiraciones de todos los sectores del pueblo mexicano, “en la perspectiva de la convocatoria a un nuevo Constituyente, que redacte la nueva Constitución, en la que se establezcan los principios de un nuevo país verdaderamente democrático, con justicia social”.

Una resolución más fue convocar a un acto internacional de solidaridad con Ayotzinapa, para lo cual la ANP nombrará una comisión que elabore el aviso. Se impulsará una campaña nacional e internacional por la libertad de todos los presos políticos y por la presentación con vida de todos los desparecidos. Como parte del plan de acción se contempla para este lunes la instalación de un plantón indefinido en la Secretaría de Gobernación.

El gobierno del país actúa como fiador de la impunidad, debido a que practica una política de doble discurso y a que sus instituciones se han convertido en oficinas de trámite a modo para legalizar los despojos y la violencia y tratar de callar las voces de los que nos revelamos, señalaron participantes del primer Festival Mundial de las Resistencias y Las Rebeldías contra el Capitalismo, el cual estuvo encabezado por padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa (salinas J., en La Jornada, p.6, 22 diciembre 2014).

Durante el festival, realizado en el poblado otomí de Xochicuatla en el municipio mexiquense de Lerma, y en el que participaron más de 80 organizaciones adheridas a la Sexta e integrantes del Congreso Nacional Indígena, advirtieron que el gobierno no acallará sus voces, “aun cuando desaparezcan a nuestros hijos y nuestra identidad.

“Quieren ver un pueblo resignado a padecer la impunidad; les gustaría que no se señalara la corrupción, pero es imposible. Lo que no entienden quienes están destruyendo al mundo, los que están destrozando a México, es que nosotros mujeres y hombres, de todas las edades vamos a seguir siendo los constructores de la historia de bien y de la justicia. En este momento les resulta inaceptable el reclamo del pueblo ante todas las injusticias que han venido cometiendo.

“Seguiremos defendiendo lo nuestro, a nuestra madre tierra. Vamos a reconstruir nuestros territorios pase el tiempo que tenga que pasar, los árboles derribados volverán a florecer, sus proyectos de muerte no pueden seguir existiendo y no es necedad nuestra, es simplemente que los pueblos indígenas de México y del mundo seguirán siendo los guardianes de la vida”, expresó José Luis, del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra-CNI.

Durante el 12 Congreso Ordinario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sus integrantes acordaron crear un Frente Único Nacional de Lucha, que organizará a la brevedad una huelga nacional, para exigir la presentación con vida de 42 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, informó Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la sección 18 de la CNTE (Ocampo S., en La Jornada, p.6, 22 diciembre 2014).

Se acordó continuar la lucha por la abrogación de las reformas estructurales, “haciendo énfasis en la reforma educativa, y vamos a la defensa del sindicalismo, promoviendo la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), mediante un congreso con el respeto a las determinaciones desde las bases”.

La falta de información y coherencia en los datos aportados sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, estado de México –donde 22 personas fueron asesinadas–, ha prevalecido en las investigaciones del grupo de trabajo integrado en la Cámara de Diputados para dar seguimiento al caso. No obstante, dice un informe preliminar, se puede concluir que hubo ejecución extrajudicial en el ámbito de la violación de derechos humanos y homicidio calificado en el ámbito penal (Cruz A., en La Jornada, p.9, 22 diciembre 2014).

Además, con la aceptación de dependencias federales y estatales de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Estado reconoce que hubo actos de tortura, intimidación y alteración de la escena del crimen, sostiene el grupo plural.

El reporte señala que aunque entre el 12 de noviembre y el primero de diciembre los diputados se reunieron con mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el procurador Jesús Murillo Karam y la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, y les plantearon solicitudes formales de información, a la fecha no han recibido ninguna respuesta documental.

Hasta ahora su trabajo se ha centrado en la revisión de datos proporcionados de manera verbal por las diversas autoridades, así como de la recomendación 51/2014 de la CNDH relativa al caso, en la cual el organismo comprobó que elementos militares incurrieron en una acción arbitraria, desproporcionada, innecesaria y desapegada al sistema de derechos humanos, para privar de la vida a los civiles.

El ombudsman también acreditó la presunta responsabilidad de miembros de la Procuraduría General de Justicia del estado de México, así como de investigadores, peritos y funcionarios locales, actualmente bajo investigación penal y administrativa en la entidad.

En el caso de la participación de los elementos castrenses, los diputados señalan, con base en la información verbal aportada por funcionarios de la Sedena, que no existe información completa sobre la cadena de mando entre el comandante de la 22 Zona Militar y el sargento responsable directo del operativo. Tampoco existen elementos que permitan establecer la responsabilidad de mandos militares más allá de los ocho elementos que realizaban el patrullaje.

El informe, de fecha 17 de diciembre, sostiene que no hay elementos que expliquen cómo se diseñó, operó, autorizó o permitió un patrullaje militar con ocho soldados cuando lo reglamentario y común es que lo integren al menos 12.

El informe menciona que al existir una línea de investigación diversa sobre la presunta responsabilidad de otras personas (civiles) como autores intelectuales de la muerte de 22 individuos y las lesiones que sufrieron otros tres, parecería que la cadena de mando castrense no habría estado implicada en los asesinatos.

Dice que el enfrentamiento con las personas armadas en la bodega tuvo una duración muy corta, máximo 10 minutos. El intercambio de fuego fue interrumpido por las heridas recibidas por un soldado y por la retirada de la línea de fuego de dos soldados que se quedaron en el camino para auxiliarlo. No hay coincidencia en el tiempo transcurrido entre el fin del enfrentamiento y la entrada de soldados a la bodega.


Ref: 2014, elektron 14 (315) 1-4, 25 diciembre 2014, FTE de México.

Músicos en Chilpancingo en solidaridad con Ayotzinapa. FOTO: Reuters