“Todo somos Ayotzinapa”, había dicho Peña Nieto en reciente reunión. La respuesta fue inmediata. La marcha del 1 de diciembre fue contundente. Los 43 normalistas siguen desaparecidos, el gobierno nada informa, cada vez es mayor la sospecha de la participación del Estado en el crimen. La movilización no podrá ser frenada por el gobierno, como pretenden las amenazas de Peña. En los propios Estados Unidos hay manifestaciones solidarias en 50 ciudades. En la capital mexicana vuelven las provocaciones.

El 27 de noviembre, en Palacio Nacional, al anunciar su plan de seguridad en 10 acciones, Peña Nieto expresó: "Después de Iguala, México debe cambiar", dijo, y aseguró que el grito "Todos somos Ayotzinapa" demuestra el dolor colectivo y es un llamado a transformar a México” (Vargas R.E., Martínez F., Urrutia A., en La Jornada, p.3, 28 noviembre 2014).

¿Qué es eso, acaso solidaridad? ¡Nada, es manipulación perversa! Claro que después de los sucesos de Iguala, que llevaron a la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, que se suman a las decenas de miles en años previos, México va a cambiar. Pero Peña no es sincero. Dice que Ayotzinapa es un dolor colectivo, y lo es, pero a partir de allí llama a transformar a México, sin aclarar el crimen. ¿De qué habla?

Pareciera que se quiere borrar todas las huellas del crimen y que Peña, y el Estado, no tuvieron nada que ver, como si estuvieran ajenos a los hechos y estos fueran solo una anécdota. No es así. Entonces, hay perversión en los dichos de Peña. La credibilidad política de éste sigue en picada. Ahora repitió la consigna que el pueblo en general ha expresado en anteriores movilizaciones.

¿Por qué lo dice? Seguramente porque sus asesores de imagen así se lo indicaron. No obstante que su política de comunicación es un fiasco, por limitada, tardía y borrosa, ahora aparentó que se ponía al frente adoptando la consigna ya generalizada.

Se trata de vil hipocresía que no corresponde a nada con la política seguida por Peña Nieto y su gobierno. Más bien, al contrario, Peña está contra Ayotzinapa y tiene responsabilidad, directa o indirectamente, pero la tiene. Si, como asegura, el crimen fue por parte del llamado crimen organizado, Peña, su gobierno y el Estado son inútiles, por decir menos. Un grupo de delincuentes no solo los retó, como afirman los priístas, sino que los rebasó.

Pero si Peña y su gobierno están implicados directamente, entonces, las declaraciones de Peña lo colocarían como un individuo enloquecido, traumado y dictador. No extrañaría pues ya pasaron 2 meses y el gobierno no tiene resultados. ¿Quién ordenó la desaparición y porqué? ¿Quiénes lo hicieron? Al respecto, no se puede omitir que el ejército federal es el que tiene la mayor experiencia en desapariciones forzadas y el correspondiente ocultamiento de la información. De manera que, lo dicho por Peña abona en la justificada sospecha. Por lo pronto, lo único que Peña ha logrado es que aumente la indignación popular en su contra. Así se expresó en la marcha del 1 de diciembre, al cumplirse dos años de su gobierno.

“Peña Nieto, tú no eres Ayotzinapa”. Ese fue el contundente mensaje que ayer miles de ciudadanos enviaron al mandatario federal al volver a hacer suyas las calles para exigir, una vez más, la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos desde hace más de dos meses en Iguala, Guerrero (Olivares E., Muñoz P., Arellano C., en La Jornada, p.3, 2 diciembre 2014).

La de ayer fue una derrota al miedo. Miles salieron a las calles y colmaron el Centro Histórico y varias de las principales avenidas de la ciudad de México. No importó el último mensaje enviado por la autoridad en la marcha del 20 de noviembre: detenciones arbitrarias, golpizas y el rápido desalojo del Zócalo capitalino.

Eso no importó. “Hoy hay un nuevo triunfo de la ciudadanía, los espacios públicos son nuestros, no de ellos”, se escuchó en voz de varios de los asistentes. “¿Miedo? Sólo al silencio”, resumía un joven en una sencilla cartulina.

Los padres de los normalistas desaparecidos volvieron a tomar la voz para reclamar al titular del Ejecutivo federal (por) haber hecho suya la demanda de los mexicanos. “Peña Nieto, tú no eres Ayotzinapa. Tú no eres pueblo, no nos representas”, gritaron al pie del Ángel de la Independencia, que se iluminó de rojo sangre para recibir a los miles que ayer marcharon para mantener los reclamos de los pasados dos meses: justicia, presentación con vida de los normalistas y la renuncia inmediata del Presidente.

El sentir ciudadano se expresó de diferentes maneras: en carteles con leyendas como “México no tiene presidente”, “EPN, tú no eres Ayotzinapa, eres Atlacomulco”, “¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos?” Lo mismo con símbolos alterados como banderas nacionales pintadas de negro, mujeres bañadas con pintura roja evocando a los desaparecidos, y en múltiples mantas que rezaban: “Ya estamos hasta la madre”.

Estudiantes de diversas universidades públicas y privadas, lo mismo que el magisterio disidente, decenas de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y “un chingo de ciudadanos indignados”, marcharon desde varios puntos del Centro Histórico hasta el Ángel de la Independencia.

Lo mismo desde el Zócalo, el Hemiciclo a Juárez y el Monumento a la Revolución, para fundirse e inundar el Paseo de la Reforma en un grito permanente que ha tomado fuerza con este movimiento: “Fuera Peña”. Fueron miles que se pueden narrar en dos momentos: cuando el último contingente salía del Zócalo, la vanguardia rebasaba el cruce de Reforma y Juárez; el segundo se dio cuando los familiares de los normalistas llegaron al Ángel de la Independencia y la retaguardia apenas había pasado el Hemiciclo a Juárez.

A la mínima mención del titular del Ejecutivo, ese grito unánime lo secundaban con rechiflas generalizadas y otra consigna: “El Estado es el culpable”.

Los padres de los normalistas, acompañados por un amplio contingente de familiares de desaparecidos en todo el país, encabezaron esta marcha que concluyó con un mitin, donde Clemente Rodríguez, padre del normalista desaparecido Cristian Rodríguez, sintetizó el sentir de las 43 familias: “Pase lo que pase, los vamos a encontrar”.

Con voz quebrada continuó: “Hemos tenido que dejar trabajos, tierras y casas para salir a buscar a nuestros hijos, porque el gobierno no lo hace”. Criticó que el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero les haya ofrecido “mucho dinero para que nos calláramos, (pero) nosotros en respuesta lo mandamos mucho, pero mucho a chingar a su madre”.

Remató con un mensaje directo al Presidente: “Quiero decirle a Peña Nieto que él no es Ayotzinapa; nosotros sí tenemos dignidad".

José Solano Ramírez, estudiante de la normal de Ayotzinapa, también tomó el micrófono para denunciar que sus 43 compañeros no son las únicas víctimas de su escuela, pues ha habido más estudiantes asesinados y reprimidos, “porque esta normal ha estado en lucha permanente y el Estado se ha encargado de hostigarnos permanentemente”.

Incluso, dijo que el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, “se ha encargado de fregar a las normales rurales al quitarles matrícula, presupuesto y personal, y ahora hipócritamente viene Peña Nieto a decir que les dará apoyo”.

Varios de los oradores advirtieron que la represión policíaca de las pasadas marchas “es una estrategia del Estado para desactivar esta movilización social, pero no lo van a lograr porque ya hay mucha rabia del pueblo contra los tres poderes de la Unión y contra todos los partidos políticos”.

José Félix, habitante del municipio de Teconapa, Guerrero, asentó que lo mismo que pasa en esa entidad sucede en otras como el estado de México y Michoacán: desapariciones forzadas, ejecuciones y secuestros.

El representante de la Asamblea Interuniversitaria señaló que el decálogo de Peña Nieto no es la respuesta para reestructurar todo el esquema de seguridad del país. “Es como si (Joaquín) El Chapo Guzmán presentara un plan antinarco”.

La política neoliberal de este gobierno, agregó, busca el desmantelamiento de la educación y quiere con la ley bala acabar con la protesta.

Cuando el último orador dejó el micrófono, los miles que se mantuvieron en las inmediaciones de la columna de la Independencia entonaron el Himno Nacional. Durante las últimas estrofas se escucharon cohetones en las calles aledañas, al tiempo que aparecieron cientos de policías antimotines.

Pese a ello, aún muchos se dieron tiempo para invitar a la “toma simbólica de la Ciudad de México” el 6 de diciembre, para conmemorar los 100 años de la entrada de los ejércitos de Zapata y Villa a la capital. Al mismo tiempo contaron del uno al 43 para rematar con la ya conocida demanda popular: “Justicia”.

Al concluir el mitin en el Ángel de la Independencia por los normalistas desaparecidos, un grupo minúsculo de no más de 40 personas, con los rostros cubiertos, portando palos, piedras y petardos, empezó a causar destrozos en la calle de Florencia (Olivares E., Muñoz P., Arellano C., Servín M., en La Jornada, p.4, 2 diciembre 2014).

Los sujetos fueron causando destrozos por toda la lateral de Paseo de la Reforma, en el sentido Chapultepec-Centro. Prendieron fuego frente a algunos establecimientos, rompieron vidrios de bancos y otros negocios, y lanzaron cocteles molotov. Esto generó que cientos de granaderos se movilizaran, logrando varias detenciones.

La gente que iba de regreso hacia sus casas les gritaba “Fascistas”, “Pagados de Peña”, “Infiltrados” y “Provocadores”, además de corear: “No violencia, no violencia”.

En la plaza comercial Reforma 222, a unos metros de Insurgentes, además de romper los cristales de algunos establecimientos, lanzaron un coctel molotov contra un anuncio publicitario, incendiándolo. Lo mismo hicieron en la estación del Metro Hidalgo, lo que ocasionó el cierre de la misma.

Con la aparición de los granaderos muchos entraron en pánico. Los encapuchados corrieron hacia las calles de la colonia Juárez, mientras los cientos de personas que se manifestaban de manera pacífica, la mayoría estudiantes universitarios, trataban de organizarse para emprender la retirada en contingente.

“No corran, todos juntos”, gritaban entre ellos, pero justo frente al Senado unos 400 jóvenes fueron rodeados por los uniformados. “No violencia, no violencia”, demandaban los universitarios. Otros confrontaban a voces a los granaderos, reclamando su libre derecho a expresarse.

En la calle de París decenas de uniformados intentaban rodear a otros universitarios, quienes en un descuido de los policías lograron escapar. Esto generó el enojo de los granaderos, quienes se lanzaron a golpes a tratar de detener a quien tuvieran enfrente. En ese momento golpearon a una mujer que pasaba por el lugar acompañada de su esposo e hijos.

Un policía le dio varios macanazos en la cabeza hasta que la descalabró. Tres jóvenes intentaron defender a la mujer, de nombre Rosalinda Rojas Nieves, pero otros uniformados arremetieron contra ellos y lograron detenerlos.

Visitadores de las comisiones de derechos humanos nacional y del Distrito Federal lograron llegar hasta donde se encontraban los jóvenes rodeados, para formar una valla humana y evitar que fueran agredidos por los granaderos.

En anteriores marchas los provocadores habían causado problemas. Sin embargo, ninguno fue detenido. A quienes sí detuvo la policía fueron otras personas que asistieron a la manifestación pero ajenos a los hechos de violencia que les imputaron. Días después, fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Los hechos se vuelven a repetir. ¿Quién promueve a los provocadores? ¿Peña Nieto y/o sus asesores de la CIA norteamericana?

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) justificó el envío de los 11 detenidos tras las manifestaciones del 20 de noviembre en el Zócalo a penales federales con base en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pese a que ninguno de los tres delitos que se les imputó (motín, tentativa de homicidio y asociación delictuosa) está contenido en esa norma especial (Méndez A, en La Jornada, p.7, 2 diciembre 2014).

Según consta en documentos de la causa penal 45/2014, a la que tuvo acceso La Jornada, al consignar la averiguación previa SEIDO/UEITA/194, la unidad antiterrorismo de la PGR justificó el traslado de los 11 detenidos en los artículos 42, 43 y 44 de la ley mencionada, que sólo son aplicables a procesados o reos de alta peligrosidad, o cuando sus casos se vinculen con alguno de los ilícitos relacionados con esa norma especial, entre ellos secuestro, lavado de dinero o delincuencia organizada.

El juez federal Juan Carlos Ramírez Gómora, al dictar el sábado pasado (29 noviembre) el auto de libertad por falta de elementos para procesar a los 11 detenidos, determinó que el caso era de competencia original de algún juzgado en el Distrito Federal, por lo que dejó claro que desde el principio los acusados debieron quedar internados en la ciudad de México.

“Este tribunal se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de este asunto, declinando la competencia para seguir conociendo al juez de distrito en procesos penales federales en el Distrito Federal, en turno, y por esa razón ordena remitir las presentes actuaciones, junto con los anexos que se agregaron, dejando un cuaderno de constancias, para que sea remitidas a la fiscalía federal consignadora”, resolvió Ramírez Gómora el pasado 29 de noviembre.

Según consta en los citados artículos, los requisitos para el internamiento a un centro penitenciario como el de Tepic, Nayarit, o el de Villa Aldama, Veracruz (que aunque no son de máxima seguridad, tienen características similares), son que los acusados tengan un perfil de alta peligrosidad (demostrado con un dictamen pericial) y que estén acusados de ilícitos relacionados con la delincuencia organizada, lo cual no se cumplió en el caso de los 11.

Los abogados de los detenidos y liberados el pasado sábado pueden utilizar como prueba las constancias del expediente irregular en que se basó la Seido para consignarlos por motín, tentativa de homicidio y asociación delictuosa y enviarlos a penales fuera del Distrito Federal, en caso de que sus defendidos opten por demandar al Estado mexicano la reparación del daño moral.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) invitó a las representaciones diplomáticas de 24 países a dar “seguimiento objetivo” de los acontecimientos en México, y se pronuncien por la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el alto a la represión y criminalización de la protesta social (Román M.A., en La Jornada, p.9, 2 diciembre 2014).

En una misiva, que también fue entregada en la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunciaron que el gobierno mexicano “presume una vocación democrática” en diversos foros internacionales, “pero su práctica se orienta a imponer una solución autoritaria, antipopular y represiva a las demandas ciudadanas”.

La entrega de cartas a las representaciones diplomáticas la realizaron profesores del ala democrática de la sección 9 del sindicato magisterial, divididos en cinco “brigadas”, en el contexto de la nueva jornada de solidaridad con Ayotzinapa.

En la carta se señala que la sociedad mexicana vive una “grave situación social” que se caracteriza principalmente por la corrupción en los tres niveles de gobierno y la impunidad ante los hechos delictivos de autoridades, poderes fácticos y delincuencia organizada.

Se refiere a los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. “Estos hechos no son un caso aislado sino parte de una cadena de acontecimientos criminales inadmisibles, en que por incompetencia, irresponsabilidad o complicidad se coluden autoridades de diversos niveles con el crimen organizado, lo que se ha traducido en una agudización de la inseguridad para la población”, dice la misiva entregada, entre otras embajadas, a las de Alemania, Francia, Canadá y España.

Acciones en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa se realizaron en más de 50 ciudades de Estados Unidos, en las cuales se demandó el cese inmediato a la asistencia de seguridad a México, donde “funcionarios cometen violaciones de derechos humanos”, informaron organizadores de la campaña (Brooks D., en La Jornada, p.10, 4 diciembre 2014).

“Esto es un grito de ya basta al financiamiento del terrorismo estatal del gobierno de México”, afirmó la profesora María Heyaca, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en un acto ante el edificio de oficinas federales en Nueva York.

Otros oradores –entre ellos líderes comunitarios, religiosos, inmigrantes latinoamericanos y activistas– subrayaron que la asistencia estadunidense financia las políticas del terror estatal bajo el rubro de la guerra antinarcóticos, en la que estudiantes, campesinos y otras personas pagan el precio con sus vidas.

Varios vincularon la violencia estatal de ambos lados de la frontera, señalando las políticas antinmigrantes, así como los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por policías en Estados Unidos, cuyo mayor símbolo ahora es el caso de Ferguson, donde un agente blanco mató en agosto a un joven negro desarmado, y la semana pasada un gran jurado decidió no presentar cargos contra el oficial, detonando nuevas olas de protesta a escala nacional.

Este miércoles en Nueva York, otro gran jurado decidió no presentar cargos contra otro policía blanco que estranguló a un afroestadunidense, detonando una nueva ola de protestas. Algunas se realizaron en Times Square, donde también culminó la jornada de protestas en esta ciudad en apoyo a Ayotzinapa.

El martes se realizó un diálogo binacional sin precedente por video en vivo (el cual fue transmitido por La Jornada) entre normalistas y madres de normalistas desaparecidos con cientos de estudiantes y activistas en varios puntos de Estados Unidos, donde también participaron familiares y activistas de Ferguson. Se compartieron experiencias entre los protagonistas de lo que ahora son dos movimientos de ira que han afectado a las cúpulas políticas de cada país.

Así, no sólo se cruzan, sino hay inicios de enlaces, entre los movimientos contra la violencia gubernamental en ambos lados de la frontera, señalan organizadores.

Juan Carlos Ruiz, otro organizador de este esfuerzo (quien moderó el diálogo binacional), declaró que también aquí están “cansados de la violencia. Estados Unidos exporta violencia, y hoy empezamos a cambiar esto, a buscar esa paz con justicia que todos merecemos, desde Ferguson hasta Gaza y Ayotzinapa”.

La movilización sincronizada se expresó en pequeños mítines y marchas frente a edificios federales de varias ciudades, así como en plazas e instituciones académicas, por ejemplo, con estudiantes en Lehman College y otras escuelas del sistema de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, para demandar el fin de la Iniciativa Mérida y toda asistencia de seguridad a México ante lo que organizaciones defensoras de los derechos humanos han calificado de “algunos de los peores casos de abusos en América Latina en tiempos recientes”.

Los organizadores informaron que también se entregó una petición con miles de firmas en las oficinas de Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

“Cuando habla de Venezuela, donde no hay una sola fosa común, el senador Menéndez denuncia todo, pero sobre México no dice nada. Nuestra asistencia está ayudando a hacer de México una fosa común”, declaró Roberto Lovato, uno de los promotores de la campaña nacional USTired2 (www.USTired2.com; significa: “Estados Unidos también está cansado”), que organizó esta serie de acciones.

Representantes de 69 universidades del país acordaron este domingo conformar la Coordinadora Nacional Estudiantil (CNE), en el contexto de la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde hace más de dos meses (Ocampo S., en la Jornada, p.5, 1 diciembre 2014).

Al menos 317 estudiantes acudieron en representación de las 69 universidades mexicanas para llevar a cabo el primer Congreso Nacional Estudiantil, en las instalaciones de la normal de Ayotzinapa, con la finalidad de darle continuidad a diversas luchas que impulsan alumnos de las instituciones educativas presentes.

En el acto, delegaciones de universidades del estado de Hidalgo aseguraron que las autoridades no les permiten participar en actos políticos donde se exija la presentación de los 43 normalistas. A su vez, estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila dieron a conocer que en días pasados efectivos del Ejército mexicano entraron ilegalmente a las instalaciones de la institución educativa.

De su lado, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México propuso condenar la represión por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los asistentes pidieron que el repudio se publique en el ámbito nacional, y que se incluya a las universidades participantes en el acto.

Se adelantó que la CNE quedará formalmente constituida el próximo 5 de diciembre en la Universidad Autónoma Chapingo, donde también se creará la Asamblea Nacional Representativa. Entre otros acuerdos, se determinó que la CNE estará encabezada por una dirección política estudiantil, con dos miembros por cada una de las entidades.

De igual manera, se acordó participar en todas las movilizaciones convocadas por la Asamblea Nacional Popular previstas para el primero y 6 de diciembre, así como las que se llevarán a cabo en Guerrero los días 2 y 12 del mismo mes.

Al acto asistieron representantes de las universidades Autónoma Metropolitana, Nacional Autónoma de México, Autónoma de la Ciudad de México y Pedagógica Nacional, así como del Instituto Politécnico Nacional. También acudieron de las universidades de Chapingo, y de los estados de Chiapas, Oaxaca, Coahuila, Durango, Baja California y Guerrero, además de los anfitriones de la normal guerrerense de Ayotzinapa.

Por su parte, la Asamblea Nacional Popular, que sesionó el sábado 29 de noviembre, acordó ir con todo en las movilizaciones convocadas para este lunes en la ciudad de México, y en otras entidades del país. Asimismo, resolvieron participar en las manifestaciones que se realizarán con motivo del 40 aniversario de la caída en combate del comandante guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, fundador del Partido de los Pobres.

Esas movilizaciones se llevarán a cabo el martes 2 de diciembre en Atoyac de Álvarez, cuna del finado guerrillero, en Chilpancingo y en el Distrito Federal.


Ref: 2014, elektron 14 (294) 1-8, 4 diciembre 2014, FTE de México.

Estudiantes en la marcha del 1 de diciembre, a su paso por la calle Madero.
FOTO: P. Ramos

Maestros de la CNTE, marcha del 1 de diciembre. FOTO: P. Ramos

Padres de familia, marcha del 1 de diciembre, ciudad de México.
FOTO: P. Ramos

Mitin en el Monumento a la Independencia, ciudad de México.
FOTO: C. Ramos

Mitin en el Monumento a la Independencia. FOTO: P. Ramos