energía, periódico del Frente de Trabajadores de la Energía

FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGÍA, de MÉXICO
Organización obrera afiliada a la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL

fte de mexico 14/11/2014

Para: enrique.penanieto@presidencia.gob.mx, secretario@sgg.chiapas.gob.mx, correo@cndh.org.mx, presidencia@cndh.org.mx, ofproc@pgr.gob.mx, icosoinforma@gmail.com, john.baird@parl.gc.ca, ed.fast@parl.gc.ca, sara.hradecky@international.gc.ca, peter.mackay@parl.gc.ca, jen@miningwatch.ca, rickarnold@i-zoom.net, territorios@otrosmundoschiapas.org, garimillenium@hotmail.com, info@movimientom4.org, Frente de Trabajadores de la Energía (fte-mexico@hotmail.com)

De: Frente de Trabajadores de la Energía
Desde: México

Asunto: A 5 años del asesinato de Mariano Abarca por su resistencia contra la minera Blackfire, demandamos justicia [english below].

Mensaje:

El 27 de noviembre de 2014 se cumple el quinto aniversario de la muerte de Mariano Abarca Roblero, asesinado por su resistencia contra la minera canadiense Blackfire, por los daños sociales y ambientales que se estaban generando en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, México. Todos los detenidos y castigados por su muerte tenía una relación con la empresa minera canadiense Blackfire. Jamás se llevó a cabo una investigación plena e imparcial para identificar y castigar a todos los responsables por su muerte. Blackfire también está bajo investigación por corrupción del presidente municipal por haber estado dando pagos directos a su cuenta bancaria personal para que controle la creciente protesta social en contra de sus operaciones. La mina de Blackfire se clausuró después de apenas dos años de operación por daños ambientales.

Pese a que la Embajada de Canadá en México conocía el caso y el inminente riesgo por las amenazas contra Mariano Abarca, no actuó para proteger la vida de Mariano, ni para asegurar que la empresa canadiense no viole las leyes en México ni siquiera las leyes de Canadá – en particular el Acta en Contra de la Corrupción de Funcionarios Públicos (CFPOA por sus siglas en ingles) - sino que se distanció de la investigación, defendió la reputación de la empresa y asesoró a la trasnacional sobre cómo podría demandar al estado mexicano a través del Capitulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esto según el informe Minería Canadiense en México; Blackfire Exploration y la Embajada de Canadá - Un Caso de Corrupción y Homicidio, producto de una investigación exhaustiva hecha por tres organizaciones canadienses en 2013.

Los procesados por el asesinato de Mariano han sido liberados de la cárcel, mientras las responsabilidades de otras personas vinculadas a la empresa y al estado que pudieron haber estado involucradas en su asesinato nunca fueron investigadas con cabalidad. Se señaló que por lo menos 13 personas – todas vinculadas con la empresa – deberían de haber sido incluidas en tal investigación. La demanda presentada en la Contraloría del Estado de Chiapas en 2010, contra el entonces Presidente Municipal de Chicomuselo, por recibir recursos económicos de la empresa canadiense sin comprobar su destino, no ha sido respondida.

En marzo de 2010, nueve organizaciones canadienses interpusieron una queja bajo CFPOA y ante la policía federal de Canadá por corrupción del presidente municipal de Chicomuselo. En julio de 2011 la policía federal canadiense (RCMP por sus siglas en inglés), basado en la evidencia conclusiva presentada, allanó la oficina de Blackfire en Calgary. Pero después de tres años y media la investigación sigue abierta.

Ante esta situación, demandamos respuesta a las autoridades mexicanas y canadienses para ejercer justicia por la muerte del Sr. Mariano Abarca Roblero y por corrupción del presidente municipal de Chicomuselo. Además, exigimos que el gobierno canadiense deje su política de la tal llamada ‘diplomacia económica’ que canaliza 100% del cuerpo diplomático de Canadá para promover los intereses privados y que en su lugar se adopte una política basada en el respeto para los derechos indígenas y humanos, y para la protección de las defensoras y los defensores de sus territorios y el medioambiente. La RCMP tiene a mano todo lo necesario para concluir con la investigación de soborno por parte de Blackfire y para mandar sus conclusiones a la oficina del Fiscal de Canadá. Demandamos que esta oficina se pronuncie cuanto antes sobre el caso. Ambos países, Canadá como México, han suscrito instrumentos en materia de Derechos Humanos por lo que exigimos una respuesta de procuración de justicia.

Atentamente,

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November 27th, 2014 marks the fifth anniversary of the assassination of Mariano Abarca Roblero, murdered for his opposition to the Canadian mining company Blackfire Exploration given the social and environmental harms related to this company’s operations in the municipality of Chicomuselo, Chiapas, Mexico. All those detained and punished for his death had a connection to Blackfire. However, there was never a thorough and impartial investigation of this case to identify and punish all those involved in his killing. Blackfire is also under investigation for allegations of bribery based on evidence of payments made directly into the personal bank account of the Municipal President with the understanding that this official would control growing opposition to the company’s operations. Blackfire’s open-pit barite mine was subsequently closed down two years after it went into operation on environmental grounds.

Despite the fact that the Canadian Embassy knew about this case and the imminent threat to Mariano Abarca, it took no action to protect his life, nor did it ensure that the Canadian company would not be breaking the law in Mexico or in Canada, in particular the Corruption of Foreign Public Officials Act (CFPOA). Rather, the Embassy distanced itself from the investigation and continued to advise the mining company on the possibility of suing the Mexican government under Chapter 11 of the North American Free Trade Agreement (NAFTA). This information came to light in 2013 when three Canadian organizations published an exhaustive investigation entitled: Corruption, Murder and Canadian Mining in Mexico: The Case of Blackfire Exploration and the Canadian Embassy.

Those found guilty for the assassination of Mariano Abarca have already been released from jail. Meanwhile others, who could have had a hand in Mariano’s death, including individuals with connections to the company and government officials, have never been thoroughly investigated. Mexican organization Otros Mundos-Chiapas along with the Abarca family have pointed to at least 13 others (all with ties to the company) that should have been on the list to be investigated. No response has yet been provided to a complaint filed in 2010 with the State of Chiapas’ Auditor against the then Municipal President of Chicomuselo for having received funds from the Canadian mining company with no accounting for where that money went.

In March 2010, nine Canadian organizations filed a well-documented complaint with the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) under the CFPOA with respect to Blackfire’s corrupt dealings with the Municipal President of Chicomuselo. In July 2011, the RCMP raided Blackfire’s office in Calgary. Three and a half years later the case remains open.

In this context, we call on both Mexican and Canadian authorities to ensure that justice is served with respect to the death of Mr. Mariano Abarca Roblero and with regard to the ample evidence presented in the alleged bribing of the Municipal President of Chicomuselo by Blackfire. We also call on Canada to put an immediate end to its so-called ‘economic diplomacy’ policy that dedicates 100% of the efforts of the Canadian diplomatic corps to serve private interests. Instead, Canada should be enforcing a policy that respects Indigenous and human rights, in particular those who are defending their territories and the environment. The RCMP has at hand all the necessary evidence to bring the case of corruption against Blackfire to the attention of the Office of Canada’s Attorney General. As such, we call on that office to expedite the findings and make them public. Both countries, Canada and Mexico, have human rights instruments that they can call on to ensure that justice is served, and we demand no less.

Sincerely.

Se extiende la presente con copia al Presidente de la República mexicana, Enrique Peña Nieto; Gobierno del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello; Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, Raciel López Salazar; Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva; Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, John Baird; Ministro de Relaciones de Comercio Exterior, Ed Fast; Ministro de Justicia de Canadá, Peter MacKay; Embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky; organizaciones promoventes de la demanda; signatario/a.

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Este email se ha enviado vía el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4) http://www.movimientom4.org