Es una iniciativa promovida por los senadores del PRI, en materia de hidrocarburos. Se trata de sancionar delitos en contra del patrimonio nacional, argumentando que la industria petrolera es “estratégica”. El PRI miente. Esta ley sería complemento de la reforma energética desnacionalizadora y privatizadora, destinada a proteger a las transnacionales. La reforma de Peña Nieto NO considera estratégica a la industria de hidrocarburos, eso era antes. La nueva infraestructura privada NO es patrimonio nacional sino privado. Con esos pretextos se podrían considerar actos de terrorismo y sabotaje a cualquier protesta contra las transnacionales invasoras.

¿Quién vigilará a las transnacionales en alta mar?
¿Sus mercenarios respetarán alguna ley?

Se les podría llamar torpes con iniciativa pero es más preciso llamarlos rastreros de las transnacionales. Los senadores priístas se muestran muy comedidos con Peña Nieto y profundizan la desnacionalización energética y su privatización. Ahora promueven una ley complementaria: la Ley contra el terrorismo y el sabotaje en materia de hidrocarburos.

De acuerdo a la reforma constitucional regresiva, la industria petrolera ha sido redefinida. Pemex, en calidad de empresa, hará solamente una parte del proceso de trabajo, la mayor parte la harán las corporaciones transnacionales. Lo que estas hagan lo realizarán con infraestructura de su exclusiva y total propiedad privada. ¿Qué va a proteger el gobierno con esa nueva ley? La infraestructura física de las transnacionales.

Durante décadas, el ejército federal estuvo al interior de las instalaciones de Pemex. ¿Que cuidaba? Los delitos se sucedían, especialmente con la afectación a la Red Nacional de Ductos por el robo de combustibles. La vigilancia incluía la utilización de drones o vehículos no tripulados. ¿Por qué el PRI no se preocupó cuando la industria petrolera era de la nación y por qué ahora sí que ya está desnacionalizada?

El PRI no disimula siquiera sus aviesas intenciones. Para su ley utiliza los mismos calificativos que gustan mucho al imperio para desacreditar a sus opositores. A todo lo que no les agrada le llama terrorismo y sabotaje. Quien es sujeto de esta denominación queda sentenciado a muerte. ¿Eso es lo que pretende el gobierno de Peña en previsión de protestas y oposición a la invasión de las transnacionales?

En cualquier caso está dotando de argucias legales a las nuevas guardias blancas de mercenarios que serán los cuidadores de las instalaciones energéticas privadas, en mar y tierra.

La información reportada en La Jornada muestra al PRI como lo que es, un aparato contrario al interés de la nación.

Como complemento de la reforma energética, la fracción del PRI en el Senado impulsa una iniciativa que crea nuevos tipos penales, como el terrorismo en materia de hidrocarburos y el de sabotaje contra las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, que participarán en la explotación del crudo (Becerril A., en La Jornada, p.17, 16 noviembre 2014).

Se trata de la propuesta de ley general para prevenir y sancionar los delitos cometidos en contra del patrimonio nacional en materia de hidrocarburos, presentada ante el pleno del Senado por el priísta Omar Fayad.

En la misma se tipifica también el robo y sustracción ilegal de petróleo, con una pena de prisión de 35 años, y se crean los nuevos tipos penales de terrorismo y sabotaje, bajo el argumento de que la industria petrolera es estratégica y sus actividades “ameritan una protección jurídica especial, pues su adecuado ejercicio constituye una condición necesaria para la seguridad energética y financiera del país”.

¿Cuál patrimonio nacional en materia de hidrocarburos? Eso no lo define el PRI pero sí lo hizo Peña Nieto en la reforma constitucional. Antes, la industria petrolera era de propiedad nacional. Su infraestructura y recursos naturales constituían parte del patrimonio nacional

Pero, con la reforma de Peña, apoyada por el PRI, PAN, PVEM y Panal, la propiedad de la industria pasó a ser privada. Toda la nueva infraestructura, incluyendo parte de los recursos naturales, será de la total y absoluta propiedad de las transnacionales. Lo que era patrimonio nacional ahora será patrimonio privado.

Los únicos bienes nacionales que quedan son los de Pemex y CFE. Pero se trata solamente de una pequeña parte, la referida a las ahora “empresas” que dejaron de ser industrias. ¿Así que cuál patrimonio va a defender el PRI con esa ley?

Por otra parte, las actividades relacionadas con los hidrocarburos, petroquímica y electricidad ERAN consideradas constitucionalmente estratégicas. Pero YA NO, ahora son “prioritarias”, según el manotazo de Peña. Ese fue el kernel de su reforma. Cancelar a las mencionadas actividades como “estratégicas” para proceder a fragmentar los procesos de trabajo, despedazar a las industrias y privatizarlas en multitud de empresas y empresitas.

De manera que el PRI maneja demagógicamente solo falsedades. ¿Acaso sienten nostalgia o arrepentimiento por lo que hicieron? ¡Nada! Son vulgares profesionales de la mentira.

La nota de Becerril señala que el PRI hace las siguientes definiciones:

El terrorismo en hidrocarburos es definido como “actos violentos contra la industria que produzca alarma, temor o terror en la población”, y se propone sancionarlo con una pena de entre 40 y 60 años en prisión.

Por lo que toca a los actos de sabotaje, son aquellos, se señala en la iniciativa, que “obstruyan o impidan en forma total o parcial el acceso y afecte el funcionamiento de cualquiera de los equipos, instalaciones o inmuebles de la industria petrolera”, desde la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento y venta de primera mano.

Desde el momento en que el PRI se refiere a actos violentos “contra la industria”, introduce de inmediato la borrosidad. ¿Cuál industria? No indica que la mayor parte ES privada. Eso es obvio porque el interés de esa ley es la protección de las instalaciones industriales privadas.

Según la definición priísta de “terrorismo” este será cualquier acción que produzca “alarma, temor o terror entre la población”. El temor a perder el patrimonio energético de la nación, el temor a que las transnacionales se apropien impunemente del petróleo y gas mexicanos, ¿sería terrorismo?

Si así fuere, Peña Nieto y legisladores han producido este temor y alarma entre gran parte de la población mexicana viviente. ¿A esos criminales les aplicarán la sanción de 40 a 60 años de prisión? ¿Peña y partidos serán exceptuados o dirán que no se les puede sancionar retroactivamente?

O, por el contrario, ¿a los opositores a la desnacionalización y privatización energética se les sancionará, acusados de provocar temor o alarma entre la población y, por tanto, se les considerará terroristas?

En el caso del sabotaje la situación sería peor. Según el PRI, sabotaje sería cualquier acto que afectase “en cualquier forma” el “acceso y funcionamiento” de cualquier instalación o equipo en todas las fases del proceso de trabajo, esto es, exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento y venta de primera mano.

Si se impidiera la “servidumbre petrolera” mediante un bloqueo a los terrenos, si se bloqueara un pozo petrolero, si se protestara ante una refinería o actos similares, se estaría en situación de sabotaje. Eso sería en tierra y, ¿en el mar? ¿Quién va a vigilar la exploración y explotación en aguas someras y profundas y en las estructuras transfronterizas? Los mercenarios de las transnacionales. ¿A ellos les aplicarían la ley? ¿A los piratas transnacionales alguien los acusaría y sancionaría?

No, la ley está dirigida a la oposición local en prevención de posibles protestas. Estas no han ocurrido pero podrían ocurrir en un futuro. Por eso desde ahora el Estado se prepara para considerar actos delictivos a priori a tales protestas sociales.

Se tipificará como robo en la industria de hidrocarburos el que se lleve a cabo “en la extracción y distribución en campos petroleros, terminales de almacenamiento y reparto, terminales marítimas, refinerías, en la carga a buques de gran calado”.

Las actividades mencionadas serán privatizadas. Serán las transnacionales las que se apoderarán de las funciones estratégicas, infraestructura industrial, recursos naturales y renta petrolera. Así lo indica la reforma constitucional y legislación energética de Peña Nieto. ¿Se aplicará la ley a las corporaciones? No por supuesto, el PRI se mueve en interés de proteger la propiedad privada. Eso es lo que caracteriza a la reforma de Peña.

En la exposición de motivos de la iniciativa se recalca que el crimen organizado “ha convertido a la sustracción de hidrocarburos de manera ilícita en una de sus actividades preponderantes y que mayores beneficios económicos le genera”.

En contraparte, Pemex ha perdido, de septiembre de 2013 a agosto de 2014, casi 15 mil 300 millones de pesos por el robo de hidrocarburos, ya que la llamada “ordeña” de ductos ha crecido con rapidez.

En la iniciativa, el senador Fayad recalca que mientras en 2000 se encontraron 155 tomas clandestinas, en 2013 se ubicaron mil 612, y en este año, al cierre de julio, hay el registro de mil 963 puntos de sustracción de hidrocarburos. El robo del combustible lo llevan a cabo desde colonos hasta empresas concesionarias y bandas del crimen organizado.

De ahí que sea necesario endurecer las sanciones y tipificar nuevos delitos.

La demagogia del PRI es excesiva. Dice que la ley protegerá el sistema de ductos. ¿Cuál? Antes, la Red Nacional de Ductos estaba a cargo de Pemex. Con la reforma, los ductos, gasoductos, oleoductos y poliductos serán desincorporados para privatizarlos. En lo sucesivo, la operación, uso, ampliación, mantenimiento y vigilancia de los mismos serán actividades privadas.

El PRI dice preocuparse por la seguridad con los ductos. ¿Por qué no tuvo la misma preocupación cuando el sistema era de la nación? En esa ocasión el sistema SCADA y la vigilancia militar no cumplieron debidamente sus objetivos. ¿Ahora sí se hará con disposiciones burocráticas? o ¿los privados tendrán sus propios sistemas de vigilancia? Lo segundo es más probable.

Los mercenarios de las transnacionales, se encargarán de operar el despojo de tierras, aguas, hidrocarburos, viento y territorio de la nación, así como la extracción y comercialización de hidrocarburos. Eso lo harán con ley o sin ley porque no respetarán ninguna.


Ref: 2014, elektron 14 (277) 1-3, 17 noviembre 2014, FTE de México.