Más de un mes después que fueron desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa, Peña Nieto recibió a los familiares de los estudiantes en la casa presidencial. Mucha pose y de respuesta nada, mucho rollo y ninguna información. Lo único claro es que no aparecen los jóvenes. El gobierno habla de más de mil operaciones militares y policíacas apoyadas con equipo anfibio y satelital. Pero no los encuentra. Probablemente los están buscando donde no están. La credibilidad de Peña Nieto está por los suelos. La solidaridad aumenta.

Fueron desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado. Son ya más de 30 días y no se les ha encontrado. Los padres de familia de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa habían solicitado hablar con Peña Nieto. Apenas este 29 de octubre, fueron recibidos. Lo menos que puede decirse del chaparrito, procónsul del imperialismo en México, es que es muy lento.

Una gran comisión de 65 integrantes fuertemente custodiada por la policía federal ingreso a Los Pinos. Había expectación. ¡Mucho ruido y pocas nueces! Al final, lo único seguro es que los 43 normalistas siguen desaparecidos. Por la tarde, la PGR anunció una conferencia de prensa. En esta informó del despliegue hecho por el gobierno en Guerrero. Tropas del ejército, la marina y la policía federal rastrean las zonas vecinas a Iguala. Más de 1,000 operaciones exploratorias han realizado, incluyendo montañas, ríos y lagos. Helicópteros, radares, buzos y hasta satélites se han utilizado para la búsqueda. Y nada.

El caso tiene en crisis al Estado y gobierno. Después de la reunión con Peña su credibilidad cayó más. La solidaridad internacional y nacional sigue en aumento. El gobierno está aislado sin que acierte a seguir encubriendo el crimen. Miguel Osorio, secretario de gobernación, ya dijo que el gobierno no puede garantizar que los normalistas estén vivos. Hay que prepararse para lo peor, declaró a su vez Rogelio Ortega, gobernador interino de Guerrero.

Tras una reunión de cinco horas en Los Pinos con familiares de los 43 normalistas desaparecidos, el presidente Enrique Peña Nieto firmó un documento de diez compromisos donde el primero se refiere a fortalecer los esfuerzos para su localización con un “renovado plan de búsqueda”. Asimismo, se integrará una comisión mixta de seguimiento e información en la cual, además de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, participarán las madres y padres de los desaparecidos –y quienes éstos decidan– para mantenerlos cotidianamente informados del curso de las investigaciones (Vargas R.E., en La Jornada, p.3, 30 octubre 2014).

Esto se decidió, dijo Peña, ante la “inquietud y preocupación” de los familiares por las especulaciones e información diversa que ha surgido, y la necesidad de tener un espacio de “encuentro permanente que permita informarles de manera oportuna y veraz del curso de las investigaciones y evitar cualquier tipo de especulación”.

Peña presentó en un mensaje varios de los acuerdos alcanzados. Insistió en que en los hechos ocurridos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre “no cabe el mínimo resquicio para la impunidad”.

En el documento oficial sobre los acuerdos, se reiteran lugares comunes, revelando que Peña no tenía nada que informar. Si quieres que un asunto no se resuelva, forma una comisión, decían los antiguos priístas. Eso es lo que propuso Peña, una comisión más.

¿Qué dicen los acuerdos? Que el gobierno seguirá buscando a los desaparecidos, la comisión será para darle seguimiento a la información, ninguna dependencia dará información a la prensa sobre el avance de la búsqueda, se darán facilidades al equipo de antropólogos forenses argentinos, el gobierno reconoce a la normal rural de Ayotzinapa como una comunidad agraviada, se compromete a garantizar el debido proceso a los responsables, así como a investigar la indebida conducta “de cualquier persona”, se presentará un Plan de Atención Victimal y habrá atención médica a los lesionados, habrá una redignificación de la infraestructura escolar de las normales del país y se vigilará que se agilice la gestión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitada por el gobierno y familiares.

Así lo parece. Si no es burla, entonces, la ineptitud del gobierno de Peña Nieto es manifiesta. Más que eso, hay perversidad. ¿Cómo es que el Estado, con toda su fuerza al alcance, incluyendo vehículos aéreos no tripulados, satélites y tropas, no encuentra a los desaparecidos? ¿Cómo es que la operación delincuencial ocurrió con tanta eficiencia, precisión y rapidez sin dejar huella? ¿El gobierno conoce la verdad y la oculta?

¿A quién beneficia el crimen? La respuesta a esta pregunta es clave. El único beneficiario es Peña quien, en su incapacidad, solo se le ocurrirá reforzar al aparato de coerción del Estado desplegándolo ampliamente por todo el territorio nacional en plan de contra insurgencia. Esa será la mejor certeza para las transnacionales. ¿O, es que el crimen ya rebasó al Estado? ¿O, son lo mismo?

Entretanto, las muestras de solidaridad se amplían en el país y otras partes del mundo. Existe un verdadero consenso en apoyo a Ayotzinapa. Una única limitación es que, casi todas las muestras, son de simpatía, espontáneas e improvisadas, sin que se traduzcan en nada organizativo ni estructurado.


Ref: 2014, elektron 14 (262) 1-2, 2 noviembre 2014, FTE de México.

Desaparecidos de Ayotzinapa. Imagen: ilustradoresconayotzinapa. trumblr.com