Los diputados aprobaron que se pague “en especie” a las transnacionales y que Hacienda defina la política de ingresos petroleros. Esto es, todo quedará a la discreción burocrática y corrupta. Las cargas tributarias para Pemex serán incrementadas, además del ISR pagará un dividendo estatal. En cambio, para las transnacionales habrá facilidades, podrán impugnar los contratos, se les permitirá exenciones específicas, tasa cero en el IVA y podrán actuar como consorcios.

Las comisiones de Hacienda y Energía de la Cámara de Diputados confirmaron la disposición que permite pagar a las empresas privadas, en los contratos de producción compartida, una contraprestación “en especie”, y autorizaron que la Secretaría de Hacienda defina toda la política de ingresos petroleros, su destino, así como la negociación de los contratos para exploración y extracción de hidrocarburos (Méndez E., en La Jornada, p.5, 27 julio 2014).

En el dictamen que avala la ley de ingresos sobre hidrocarburos y la ley mexicana del petróleo, y que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, las comisiones incrementaron las cargas tributarias para Petróleos Mexicanos (Pemex), que ya como “empresa productiva” deberá pagar además el impuesto sobre la renta (ISR), así como “un dividendo estatal”, equivalente a 30 por ciento de sus ingresos después de impuestos, además de los derechos que deberá enterar a la Tesorería por sus actividades.

En contraste, se generó un esquema tributario para las empresas privadas, que les permitirá hacer deducciones específicas y llevar a cabo sus actividades en el régimen de tasa cero del IVA.

A las empresas privadas, que podrán actuar en consorcios para obtener varios campos de exploración y explotación al mismo tiempo, también se les concede impugnar el contenido de los contratos, a pesar de que la propuesta original definía que las decisiones del fondo mexicano del petróleo y la Secretaría de Hacienda no son actos de autoridad y por tanto no procedería recurso administrativo o judicial alguno.

Las comisiones incluyeron un nuevo “impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos”, que consistirá en el pago de mil 500 pesos por kilómetro cuadrado que comprenda el área contractual, durante la fase de exploración, y de 6 mil pesos en la de extracción.

La Comisión de Hacienda avaló el dictamen con 22 votos en favor, de PRI, PAN y sus aliados del PVEM y Panal, y nueve en contra, de PRD, PT y Movimiento Ciudadano; mientras la de Energía lo hizo con 18 votos en favor y cinco en contra de las mismas bancadas.

Durante la discusión del documento, legisladores de PRD, PT y Movimiento Ciudadano insistieron en que al no definirse un pago mínimo por parte de las empresas al Estado, no se garantiza la renta petrolera y, en cambio, ésta se comparte a través de las diferentes modalidades de contratos, especialmente el de producción compartida, que permite el pago “en especie” a los consorcios, es decir, con petróleo crudo.
La diputada Aleida Alavez (PRD) señaló que el fondo mexicano del petróleo no tiene como prioridad el ahorro de largo plazo, “sino garantizar el pago de los contratos, lo que lo convierte en una simple pagaduría”.

Entre los beneficios sumados por PRI y PAN en el dictamen, se incluyó que los contratistas “podrán aprovechar los productos y sustancias distintos de los hidrocarburos que se generen en exploración y explotación, siempre y cuando no se requiera concesión para su explotación o aprovechamiento”.

Aun cuando en algunas fases de la asignación de contratos y la recepción de los pagos de los contratistas se incluyó al fondo mexicano del petróleo, Hacienda domina en el sector.

Por ejemplo, funcionarios de Hacienda podrán hacer “visitas de campo” a los yacimientos, y la dependencia controlará la base de datos que le entregue Pemex respecto de los proyectos de exploración y extracción, reservas y producción de petróleo, gas natural y condensados; factores de recuperación, interpretación sísmica, número y técnicas de pozos petroleros, entre otros.

Más tardará Pemex en entregarle al gobierno la información disponible en que este la entregue a contratistas y transnacionales. El gobierno se caracteriza por su irresponsabilidad. Si vendió el patrimonio energético nacional lo mismo hará con la información relacionada,

Al gobierno le importan los ingresos fáciles y rápidos, los que sean. Por eso es que, contratará la recolección de los hidrocarburos en los puntos de producción. El control y la contabilidad es lo menos que ocurrirá. Además, también contratará la comercialización de los hidrocarburos. ¿Quien supervisará a los burócratas de medio pelo de Hacienda? ¡Nadie! ¿A quién rendirán cuentas? ¡A Videgaray y Peña!.

La justificación para este atraco es muy simple: La industria petrolera ya no está nacionalizada, en el caso de Pemex la propiedad es estatal, entendida por Peña como del gobierno. Ellos son los nuevos dueños en un viraje radical y perverso de la propiedad. Eso votaron los partidos políticos, siendo engañada la nación por una camarilla de gobernantes rateros.


Ref: 2014, elektron 14 (250) 1-2, 27 julio 2014, FTE de México.

Trabajadores de Oceanografía en Ciudad del Carmen FOTO: L. Chim