A quienes alteren el funcionamiento de los medidores y a quienes no otorguen las facilidades que requieran los verificadores, se les aplicarán multas por el robo de electricidad hasta de 3 millones de pesos. La nueva Ley de la industria eléctrica, diseñada para la privatización, anuncia el escenario que pondrán en práctica las transnacionales. ¿Cómo lo harán? Con el apoyo de la fuerza pública.

La reforma energética contempla que el gobierno federal cobrará multas que van de los 637 mil pesos hasta los 3 millones de pesos a aquellas personas que roben luz, es decir los denominados diablitos (Tapia P., Mercado A., Brito O., en Milenio, 19 jul 2014).

De acuerdo con el dictamen de ley de la Industria Eléctrica en su artículo 165, indica que con una sanción de 10 mil a 50 mil veces el salario mínimo, se castigará el “consumir energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de medición o control del suministro”.

Asimismo, se aplicará la misma multa a quienes obstaculicen o no otorguen las facilidades que requieren los verificadores.

En lo que respecta a las empresas, también aplicará una sanción de entre 2 y 10 por ciento de sus ingresos totales que obtuvieron un año antes, esto por abstenerse a realizar alguna instrucción del Centro Nacional de Control de Energía o por suspender el servicio de transmisión y distribución en forma generalizada sin justificación

Según Peña Nieto la privatización de la industria eléctrica conducirá, casi mágicamente, a la reducción de tarifas eléctricas. Los beneficios de la reforma se verán en los bolsillos, dice. Todo es simple demagogia. Por lo pronto, la industria ya fue desnacionalizada será desintegrada y privatizada.

Esto es lo grave para la nación. Lo demás son mentiras. En los bolsillos raídos de la gran mayoría de mexicanos no se puede reflejar ningún beneficio. Más aún, un pequeño descuento no compensa la pérdida del patrimonio eléctrico nacional.

Además, no es posible que haya reducción de tarifas, lo que habrá es aumento. En 22 años de privatización eléctrica furtiva, el discurso ha sido reiterado en el sentido de que habría reducciones. Eso no ha ocurrido en ningún momento. Más aún, no ha ocurrido en ninguna parte del mundo.

A la fecha, la privatización eléctrica furtiva llegó al 58% y no ha habido reducción de tarifas. ¿Las habrá si aumenta? Será al revés.

Una razón se deberá al combustible utilizado, el gas natural en plantas de ciclo combinado. Según Peña Nieto, con la reforma privatizadora habrá cuantiosa producción de gas natural ¿Dónde está ese gas? ¿Está asociado al petróleo crudo? ¿Cuál petróleo? O, bien, ¿será el gas de lutitas, al cual han apostado torpemente?

Este gas es inexistente, ni existen las reservas que dicen, son apenas recursos prospectivos, es decir, no descubiertos, con alta incertidumbre técnico-económica y terribles implicaciones ambientales y sociales. Ninguna producción de este gas podrá compensar el crimen proyectado.

Lo peor es que los generadores privados de electricidad, también podrán comercializarla. A sus costos, adicionarán los costos de transmisión y distribución. En TODOS los casos, los precios de venta serán mayores a los de producción. Esto en razón de que TODAS las transnacionales incluirán un porcentaje de ganancia. Si no lo hacen no habrá ganancia. Además, ninguna transnacional considerará ningún subsidio. Con solo eliminar o reducir a estos, el aumento de tarifas será inmediato.

¿Podrán bajar las tarifas por decreto? ¿Quién lo hará si Peña Nieto empezó por eliminar el concepto de servicio público de energía eléctrica, mismo que se contrapone con la privatización?

En medio de un creciente empobrecimiento de la mayoría de la población, la electricidad será un artículo de lujo. Para muchos, actualmente, la opción es comer o pagar. Pronto, ni comerán ni pagarán. El gobierno y las transnacionales lo saben. Por ello, incluyen en su ley privatizadora las prevenciones.

Así como en materia de impuestos, se trata de despojar más a los que menos tienen, lo mismo se pretende con la electricidad. Las multas están dirigidas a toda la población empobrecida, especialmente, a la llamada población en economía informal.

El hecho no sorprende, es característico de las compañías extranjeras, las cuales están en severo proceso de invasión al país.

Esa política diablera fracasará pero será el pretexto para elevar las tarifas alegando pérdidas o ilícitos. Además, será una forma de coerción: no pagas, no hay luz.

Para quienes auspiciaron la campaña de Fujimori, se abre mucha materia de trabajo. Solo hay una diferencia: la industria nacionalizada ya no existe, todo será privado. A la primera la destruyeron, a la segunda ni siquiera podrán reclamarle, los sistemas serán automatizados y los abusos simples anécdotas de impunidad.


Ref: 2014, elektron 14 (249) 1-2, 26 julio 2014, FTE de México.

La política diablera conducirá al fraude y al abuso de las compañías extranjeras