Mientras en Europa y en Estados Unidos se rechaza, en México se apoya. Los senadores del PRI, PAN y PVEM aprobaron el crimen del fracturamiento hidráulico. Las transnacionales podrán realizar perforaciones masivas, que utilizan grandes cantidades de agua y depredan al medio ambiente. La exploración y explotación de gas de lutitas se basa en estimaciones no comprobadas, en una absurda apuesta sin sentido.

Los daños del fracking

La mayoría de senadores del PRI, PAN y PVEM confirman que fueron comprados por las transnacionales. El voto aprobatorio de la legislación secundaria fue previamente cabildeado por las corporaciones.

Ninguna razón vale para esta mayoría, solamente la consigna. Si de traicionar a la nación se trata, todo se acepta acríticamente.

La explotación de gas (y aceite) de lutitas es un crimen. Probado está que la fractura hidráulica es un método ambientalmente nocivo. Se usa mucha agua para fracturar las rocas, esa agua queda contaminada por el uso extensivo de compuestos químicos nocivos, la emisión de metano produce alteraciones en el clima favoreciendo el calentamiento terrestre, hay inducción artificial de sismos por el desencadenamiento dinámico y la afectación a la salud de los trabajadores y de la población, principalmente por cancerígenos.

Por si fuese poco, las reservas estimadas por el imperialismo son, por lo menos, inciertas. Es decir, no están descubiertas ni probadas, el factor de recuperación es muy bajo, la tasa de retorno no es la esperada sino bajísima. El negocio NO es petrolero sino inmobiliario y especulativo.

¿Por qué, entonces, el Senado aprobó tal crimen? Hasta los senadores verdes, que se dicen ambientalistas, apoyaron el dictamen. Es evidente que el Senado está contra México. Por ello, reiteramos, ese aparato nefasto debe ser disuelto.

La mayoría de PRI, PAN y PVEM en la Cámara de Senadores rechazó en bloque las reservas que PRD y PT presentaron para prohibir en México la extracción de gas de lutita o shale mediante la fractura hidráulica del subsuelo, que se permitirá como uno más de los sistemas de obtención de hidrocarburos (Becerril A., Méndez E., en La Jornada, p.6, 19 julio 2014).

Esta decisión se tomó a pesar de la información presentada en tribuna y supone que un pozo de ese tipo requiere de la inyección de entre 9 y 20 millones de litros de agua, combinados con arena y metales pesados, por lo que al explotarse 20 mil pozos, como desea el PAN, se requeriría agua equivalente para atender las necesidades de una población de 4.9 a 16 millones de personas.

En contraste con el objetivo central de su existencia, el PVEM defendió el método del denominado fracking, con el argumento de que no se dañará al medio ambiente (sic).

Desde diferentes ángulos, perredistas y petistas explicaron que para la fractura del subsuelo con el fin de de llegar a los yacimientos de gas asociados a la lutita, se perfora y luego es introducida agua a altas presiones, combinada con al menos 500 sustancias que, señalaron, se ha demostrado son tóxicas, cancerígenas e incluso provocan mutaciones genéticas.

“Se usa benceno, cianuro y otras sustancias, entre las que se encuentran cancerígenos, que combinados con metales de la lutita configuran un coctel riesgoso, una verdadera amenaza a la vida”, alertó Fernando Mayans Canabal (PRD).

A pesar de ello, la mayoría rechazó dejar explícita en la redacción de la fracción 35 del artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos, la prohibición de ese mecanismo de extracción.

Así quedó firme la definición de reservas como “el volumen de hidrocarburos en el subsuelo, calculado a una fecha dada a condiciones atmosféricas, que se estima será producido técnica y económicamente, bajo el régimen fiscal aplicable, con cualquiera de los métodos y sistemas de extracción aplicables a la fecha de evaluación”.

El senador Javier Corral Jurado (PAN) resaltó que la ruptura del subsuelo con inyección de agua tendrá consecuencias al medio ambiente, la salud humana, el subsuelo, tierras superficiales y comunidades en materia de sus derechos por “esta depredadora técnica”.

Explicó que al no definirse la prohibición en el citado artículo, queda un vacío que deja abierto el uso de este sistema en México, en contraste con Estados Unidos y países de Europa, donde la tendencia es al contrario.

Ante los argumentos de su compañera de bancada, Silvia Garza, quien exclamó que no se puede frenar el desarrollo, Corral expuso: “en nombre de ningún desarrollo económico se puede afectar la viabilidad del planeta.

“En Chihuahua tendría consecuencias devastadoras, por el uso intensivo de agua y su contaminación, y por las emisiones de metano, que produce 21 veces más gases de efecto invernadero que el bióxido de carbono. Allá, donde no nos sobra la lluvia, ¿cómo harán para llevar las cantidades que se requieren para perforar un pozo?”, cuestionó.

A cambio de entregar vastas zonas territoriales a las transnacionales, así como los posibles recursos de hidrocarburos, el Senado aprobó el arrasamiento ambiental de tierras, aguas, bosques y aire. Nada le importaron los posibles daños a la vida ni las razones existentes, varias de las cuales han sido publicadas por el FTE.

La decisión del Senado no debe extrañar, es la consecuencia de la reforma constitucional de Peña Nieto. Lo que ahora hacen los senadores es afirmar, simplemente, las decisiones previas. Por lo demás, la legislación energética secundaria fue diseñada por las propias corporaciones en su beneficio.

Más aún, el Senado nunca ha legislado para México, su carácter de clase lo hace proclive a favorecer a la burguesía e imperialismo, jamás al pueblo. El Senado responde a los intereses del Estado, aparato colocado por encima de las clases sociales, encargado de administrar la violencia contra el pueblo.

Lucha parlamentaria no existe ni siquiera discusión. Ese Parlamento no es tal, allí lo que menos cuenta es la palabra, los senadores no saben qué es eso. La lucha de “procedimientos” ha mostrado una vez más su inutilidad. Reiteramos que los grandes problemas sociales solo pueden resolverse fuera de esos aparatos, precisamente, en la lucha social organizada.


Ref: 2014, elektron 14 (244) 1-2, 21 julio 2014, FTE de México.