La etnia yaqui se opone a la construcción del acueducto Independencia que suministraría agua de la presa El Novillo a Hermosillo, Sonora. El gobierno del estado continúa el proyecto e inicia campaña “negra”. Según los ejidatarios el proyecto beneficia solamente al sector industrial de Hermosillo.

La lucha se inició en 2010 cuando el gobierno estatal anunció la construcción del Acueducto Independencia, en Sonora. La “tribu” yaqui, como errónea y despectivamente le llaman los periodistas pues se trata de una etnia que no es lo mismo, se opuso de inmediato.

¿Por qué la oposición yaqui? Por la sencilla razón de que no fueron consultados y serán afectados. Como siempre los gobiernos deciden unilateralmente sin importarles el atropello a los derechos de los pobladores. Estos argumentan también que les serían sustraídos millones de metros cúbicos de agua del río Yaqui, mismo que les pertenece por ser los primeros pobladores de la región. Esto fue firmado en el decreto expedido por Lázaro Cárdenas en 1940.

Al gobierno de Sonora (PAN) no le importa lo que digan los demás y continúa con la obra que llevará el agua a Hermosillo. Como en múltiples ocasiones hay dos versiones. Una, la del gobierno, asegura que la obra beneficiará a la población de una ciudad carente de agua. Otra, los yaquis dicen que serán los industriales los únicos beneficiados.

Hasta ahora las posiciones han sido irreductibles. Los yaquis han seguido la vía legal mientras el gobierno de Sonora no argumenta sus razones. Los yaquis, con una historia política muy cuestionable, sí argumentan en este caso con bases, datos, números y hechos.

En entrevista con La Jornada, Mario Luna, vocero de la tribu, informó que con ese acueducto no sólo serán afectados los yaquis, sino varias comunidades de la zona, donde habitan alrededor de un millón de personas, por lo que desde hace varios años se han venido realizando acciones políticas y legales para detener la obra (Olivares E., Camacho F., en la Jornada, p2, 21 julio 2014.

“Aun cuando en los tribunales hemos ganado y nos han dado la razón, el gobierno no detiene el proyecto y ha emprendido una campaña de odio en nuestra contra”.

El 5 de mayo de 2011 las autoridades tradicionales yaquis, organismos empresariales, agrícolas y representantes de algunos de los ayuntamientos del Valle del Yaqui firmaron un “pacto simbólico” para la defensa del agua.

Ello ha generado “hostigamiento y represión” de las autoridades estatales. Los yaquis han sufrido “una campaña negra” promovida por los gobiernos estatal y del municipio de Hermosillo, acusándolos de ser los responsables de que esa urbe se quede sin agua potable, además que se han levantado procesos judiciales contra algunos y a muchas familias se les han suspendido los apoyos de los programas especiales para la atención de comunidades indígenas.

A los empresarios y productores no les ha ido mejor, indicó el vocero yaqui, “les han hecho auditorias, los han amenazado directamente, hasta de muerte, les han escamoteado los apoyos para la producción y se han documentado incluso personas levantadas”.

La historia de la lucha por el agua se remonta varias décadas atrás. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas se intentó construir una presa en la región, lo que ocasionó descontento generalizado y el riesgo de un levantamiento armado.

“Es ahí cuando Cárdenas, con su visión de estadista, logra calmar los ánimos de la tribu. En 1940, mediante un decreto presidencial, otorga la restitución de un tercio de los territorios que los yaquis reconocen como suyos, además de que 50 por ciento de las aguas de la presa Álvaro Obregón (que se sirve del río Yaqui) serían destinadas para uso exclusivo de nuestro pueblo, a lo que se debían sumar los escurrimientos y agua de lluvia que se acumularan abajo de la presa. El otro 50 por ciento se destinaría a los colonos de la región.”

Pero en 74 años ese decreto no se ha cumplido a cabalidad. Primero porque en la década de los 50 se construyó una presa hidroeléctrica, cuya agua acumulada sólo se destina para la producción de electricidad, además de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –dependiente del gobierno federal– “ha escamoteado” el recurso para los yaquis, asignándoles únicamente 250 millones de metros cúbicos al año, cuando la capacidad de la presa es de 800 millones de metros cúbicos.

“Al menos nos deberían tocar 400 millones de metros cúbicos. Además, el canal de conducción de esas aguas hacia nuestras comunidades no tiene siquiera la capacidad para conducir los 250 millones de metros cúbicos que ofrece la Conagua.

“Por ello, cuando en 2010 nos enteramos de la construcción del Acueducto Independencia, lo primero que nos viene a la mente es que si en 70 años no han cumplido el decreto del presidente Cárdenas ¿qué pasará al agregar a otro usuario de estas aguas?, planteó Luna.

Los dueños originarios de esos recursos fueron los últimos en enterarse –por las notas de prensa– del proyecto del acueducto. Las autoridades estatales no los consultaron para llegar a un consenso, aun cuando esto es una obligación asentada en diversas normativas internacionales.

“Si se pretende hacer una megaobra que de alguna forma pueda afectar a los pueblos indígenas y al medio ambiente, tenemos derecho a una consulta y a que soliciten el consentimiento (para su construcción) previo, libre e informado. Eso fue violentado. Aparentaron una consulta pública en Hermosillo, a la que fue una comisión yaqui para fijar nuestra posición; ahí agredieron a huevazos a nuestros compañeros.”

Los opositores al Acueducto cierran carreteras, realizan varias caminatas a Ciudad Obregón, marchan hasta la capital del estado, se han reunido con legisladores federales y, además, han iniciado procesos judiciales contra esa construcción.

Los agricultores del Valle del Yaqui fueron los primeros en ampararse, primero contra la licitación y después contra la construcción; mientras los yaquis lo hacen contra la compraventa del agua. “Ha sido amparo tras amparo, todos los hemos ganado y ninguno se ha cumplido”.

Sumado a ello –informó Luna– existe una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra esta obra, la cual está por resolverse. Asimismo, la Corte ordenó detener el acueducto en caso de que se detecten afectaciones directas.

“Esa resolución es muy ambigua y la construcción no se ha detenido. La SCJN deja a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Conagua el criterio para que valoren si nos afecta o no, pero esas instancias ya habían aprobado un manifiesto de impacto ambiental sin otorgar el derecho de consulta a la tribu yaqui, de ahí que sean juez y parte. Aun así solicitan una sentencia aclaratoria, la cual se ratifica a mediados de 2013.”

Recientemente, el juzgado octavo de distrito con sede en Ciudad Obregón ordenó cerrar el Acueducto para proteger el derecho del pueblo yaqui a conservar sus recursos naturales. Tras la impugnación de ese fallo, el juez hace una sentencia aclaratoria para ratificar su resolución. “Es justo cuando las autoridades del estado inician una campaña en nuestra contra, ya que hablan de que tendrá que haber tandeos de tres horas para algunas colonias, culpándonos a nosotros de ese problema”.

Mientras los procesos judiciales avanzan, el Acueducto Independencia –de 173 kilómetros de longitud– ha comenzado desde hace nueve meses la etapa de prueba, extrayendo “volúmenes de agua que nunca volveremos a ver. El recurso se ha acumulado en un reservorio de la zona industrial de Hermosillo, debido a que el sistema de aguas estatal no cuenta con potabilizadoras suficientes para tratar esas grandes cantidades y enviarlas a la red de agua potable de la capital del estado”, sentenció el vocero yaqui.

De acuerdo con Luna, pese a que las autoridades del estado aseguran que la intención es beneficiar a todos los pobladores de Hermosillo, “la realidad es que esta agua es para los industriales”.

Recordó que esta ciudad se surte de la cuenca del río Sonora, pero sólo 8 por ciento del recurso procedente de ese reservorio es para consumo de los ciudadanos; el resto abastece a los campos agrícolas y ganaderos.

“No les hace falta agua, pero en lugar de compartirla lo que quieren es llevar el recurso desde otra cuenca. Además, no se están construyendo plantas tratadoras ni potabilizadoras; tampoco se ha rehabilitado la red de agua potable de la ciudad, que, de acuerdo con la comisión estatal del agua, tiene una pérdida de 40 por ciento, por lo que inyectarle más sería reventarla.”

Pero curiosamente, una vez que se anunció la construcción del Acueducto Independencia, el sector industrial comenzó a asentarse en la región. “La planta Ford se amplió a casi el doble de su capacidad; se instala también la segunda planta más grande en Latinoamérica de la productora de cementos Holcim Apasco, anunciando todo un desarrollo inmobiliario; llega Heineken, la cervecera más grande del orbe, y la refresquera Big Cola; mientras Coca Cola y Pepsico anuncian la ampliación de sus instalaciones. ¿Cómo es posible que en una ciudad donde no hay agua llegue tal nivel de industria?”

Pero los yaquis y sus aliados no claudicarán en su lucha. Continuarán con las movilizaciones –en breve se prevé una caravana hasta la ciudad de México–, seguirán insistiendo por las vías legales para echar atrás ese proyecto, insistirán las veces que sean necesarias que las resoluciones judiciales que les han favorecido se cumplan, solicitarán “respetuosamente” a la SCJN que en el marco de sus tiempos resuelva la controversia constitucional. “Son nuestros recursos, es nuestro derecho y los seguiremos defendiendo”, finalizó el vocero yaqui.

El pueblo yaqui ha mantenido por siglos una constante lucha por sus derechos. Estudios antropológicos ubican la llegada de esta tribu a lo que hoy es el Valle del Yaqui, al sur de Sonora, hace más de 2 mil años (Camacho F., en La Jornada, p.3, 21 julio 2014).

En el año 1533 los colonizadores españoles tuvieron el primer encuentro con la tribu yaqui. La expedición liderada por Diego de Guzmán se enfrentó con los habitantes de la zona, dejando cientos de muertos entre los indígenas, mientras que los detenidos fueron usados como guías para el resto de las exploraciones.

En el siglo XVII, los jesuitas lograron la evangelización de estos pueblos indígenas, sin embargo, también se dio una combinación con ritos que los yaquis mantenían de forma ancestral. A mediados del siglo XVIII, ante la pretensión de los colonizadores de apoderarse de las tierras fértiles de la región sur de Sonora, los yaquis se coordinaron con otras tribus indígenas para defender sus territorios.

Al considerarse una nación autónoma, los yaquis no se suman a la guerra de Independencia iniciada en 1810. Varios años después hubo levantamientos indígenas en la zona con el propósito de que se les de trato de nación separada de México.

Quizás el mayor de los abusos contra esta etnia se dio durante el porfiriato. Los intereses del gobierno de Porfirio Díaz por las tierras y los recursos del río Yaqui generaron una guerra contra este pueblo, causando un “genocidio” y una deportación masiva de hombres, mujeres y niños a las plantaciones de Yucatán y Quintana Roo, para usarlos prácticamente como esclavos.

Durante la Revolución se lograron acuerdos para que los yaquis ingresaran a las filas del ejército de Álvaro Obregón. Este grupo indígena sólo exigía su propio autogobierno, pero Obregón al darse cuenta de la riqueza de sus tierras trató de expulsarlos para cederlas a colonos agrícolas. Se lanzaron bombardeos contra esa región.

Tal fue el impacto de estos dos sucesos que en el primer censo del país, en 1890, se contabilizaron cerca de 30 mil yaquis, pero en el conteo posterior al movimiento revolucionario sólo sumaron 5 mil habitantes.

Lázaro Cárdenas les restituyó, en 1940, parte de sus territorios originarios.

Actualmente el pueblo yaqui mantiene un gobierno basado en usos y costumbres con una estructura civil-militar. El gobierno es una autoridad tradicional dividida en ocho pueblos y en cada uno de ellos existe un gobernador tradicional, un capitán, un comandante, un secretario y un pueblo mayor.

Los yaquis no se sumaron a la guerra insurgente de independencia y eso los descalificó para siempre. Durante la Revolución Mexicana se sumaron a las filas de Obregón, subordinado de Carranza, quienes pronto los traicionaron. Estos dos errores políticos no pueden soslayarse.

Hoy, los yaquis dicen defender el agua pero para sí no para los demás, con una visión exclusivamente local. Pero la lucha por el agua es de mayora alcance. Se entiende que una etnia que todavía se rige por los usos y costumbres, no puede resolver por sí sola el problema y menos tener un proyecto nacional. Tan es así que, correctamente ha buscado aliados y apoyos solidarios.

La solidaridad no se regatea pero esta debe ser política para que el movimiento pueda avanzar. Las luchas locales no tienen salida. Se necesita de una lucha a escala nacional. El problema del agua está en todo el país. Es la lucha contra la privatización del agua a cargo de gobiernos y transnacionales. Al respecto, los yaquis no han dicho nada y eso no está bien.

Los yaquis han dado muestra de cordura y han seguido la vía legal. Muy bien, pero no debe omitirse que la movilización y la solidaridad deben extenderse. Una lucha local podría ganarse pero persiste el problema de fondo. ¿De quién es el agua, de quién es la propiedad? ¿El derecho al agua es para todos o para unos cuantos?


Ref: 2014, elektron 14 (255) 1-4, 1 agosto 2014, FTE de México.

Acueducto Independencia, en Sonora FOTO: hermosillo.holahey.com