El Senado aprobó la Ley de los órganos reguladores en materia energética. La Comisión Nacional de Hidrocarburos /CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), oficinas del Banco Mundial para la privatización energética fueron elevados a rango constitucional y tendrán su propia ley. La privatización furtiva queda legalizada, al igual que el despojo previo. De inmediato, los diputados procedieron a votar sin leer. La traición contra México tiene prisa, nombres y apellidos.

Junto con el contrato y permiso que otorguen se incluirá la respectiva declaración de utilidad pública. Así, no solamente se avala el despojo previo de la privatización furtiva, ahora se garantiza el dominio de tal despojo. La pesadilla no tiene precedente. El gobierno de Peña Nieto revierte completamente a la expropiación petrolera (1938) y nacionalización eléctrica (1960).

Ahora, los propios trámites para que las transnacionales se apoderen de las tierras, aguas y recursos energéticos serán realizados por estos órganos reguladores, dedicados a regular la privatización.

La CNH autorizará los contratos para la exploración y producción de hidrocarburos (petróleo, gas). La CRE otorgará los permisos a los particulares en materia de generación eléctrica, así como de refinación de petróleo, transporte, distribución y almacenamiento de petróleo, productos petrolíferos y petroquímicos.

El propio gobierno federal se encargará de “dar certeza” jurídica a las transnacionales autorizando el despojo a priori. Será como ocurre con las concesiones mineras. Una vez otorgadas, las corporaciones tendrán el derecho a extraer lo que quieran.

La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, aprobada ayer en el Senado, mantiene en su artículo 33 la disposición de que junto con los contratos que se otorguen a las empresas extranjeras para la explotación de petróleo, recibirán también la respectiva declaración de utilidad pública, lo que les permitirá ocupar los terrenos en que se vaya a desarrollar su proyecto (Becerril A., Saldierna G., en La Jornada, p.4, 22 julio 2014).

Ese artículo, que los legisladores del PRD y PT propusieron modificar, faculta a las comisiones Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Reguladora de Energía (CREA) a promover además “los actos jurídicos” que se requieran para hacer efectiva esa declaratoria de utilidad pública, que operará en todos los tipos de propiedad, tanto privada como social, e incluso pública, para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y tendido de infraestructura eléctrica.

Fue un tema abordado exclusivamente por senadores del PRD y PT. La perredista Dolores Padierna advirtió que toda la legislación secundaria de la reforma energética renuncia a la soberanía en la materia, ya que en la misma se abdica de la propiedad y disfrute del petróleo y la electricidad, e incluso de la propiedad, ya que más de la mitad del territorio “queda a expensas de los intereses de los poderes trasnacionales y de la élite del poder en México”.

“Van a aniquilar la propiedad social”, recalcó. Dijo que ese artículo 33 conducirá al despojo de tierras, que los propios órganos reguladores van a tramitar. “Cada contrato, cada permiso entregado a las trasnacionales, será suficiente para que procedan a los trámites de despojo”.

El también perredista Adán Augusto López advirtió que con esa disposición los predios requeridos para explotar yacimientos de gas o petróleo o para edificar instalaciones eléctricas “serán expropiados, aunque el nombre de ese mecanismo sea ahora ocupación temporal”.

Entre las modificaciones que avalaron los priístas y sus aliados estuvo suprimir la disposición que permitía que ex directivos y socios de empresas petroleras extranjeras pudieran presidir la CNH y la CRE, los órganos reguladores que tienen, entre sus funciones, asignar los yacimientos que corresponderá a Petróleos Mexicanos (Pemex) explorar y explotar, y otorgar los contratos a las empresas extranjeras.

Los órganos contarán con un consejo consultivo, en el que podrán participar representantes de asociaciones que agrupen a contratistas y permisionarios.

Criticaron también que la ley, en su artículo 29, establezca que los órganos reguladores podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos de sus servicios. Es decir, para autofinanciarse podrán disponer de los ingresos por las asignaciones y contratos que autoricen.

Al mismo tiempo, en el artículo 32 se ordena a la Cámara de Diputados dotar a esos órganos de presupuesto, con lo que se aseguran recursos por doble vía.

Los perredistas y petistas reservaron todos los artículos referidos a las facultades de los órganos reguladores, entre ellos el de comercializar toda la información estratégica de Pemex, entre ella los datos respecto de los 5 mil pozos con que cuenta y los más de 50 mil que están en desarrollo.

Resaltaron que es un acervo que debe preservarse, porque se ha constituido con una alta inversión pública. Advirtieron asimismo que otra facultad que debería desaparecer es la que se da tanto a la CNH como a la CRE de poner a remate los bienes tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, vía el otorgamiento de permisos de generación de electricidad y de transformación industrial para la operación de petroquímicas, ductos, gasoductos y refinerías.

El senador perredista Luis Sánchez advirtió que la Presidencia de la República tendrá el control de esos órganos reguladores, desde los que se posibilitarán los grandes negocios energéticos. Ninguna de las reservas de los perredistas fue aceptada a discusión.

La mayoría legislativa tiene muy bien ensayado el guión. Qué la oposición haga todas las reservas que quiera. Eso se resuelve muy fácilmente: basta votar en contra. Entonces, podrá haber la inconformidad que se quiera. Lo que cuenta es la aplanadora. Así, en unos cuantos minutos queda resuelto el problema.

El cinismo es mayúsculo. En esta ocasión se otorgó a la CNH y CRE facultades extraordinarias, en el nivel de plenipotenciarias y omnímodas, es decir, dictatoriales, para disponer a discreción del territorio (terrestre y marino), y de todos los recursos naturales, prácticamente a cambio de nada.

La CRE ya desnacionalizó el 58% de la generación eléctrica total a nivel nacional, y buena parte del proceso de trabajo del gas natural. El resto lo hará con la mano en la cintura. Similarmente, procederá la CNH.


Ref: 2014, elektron 14 (248) 1-2, 25 julio 2014, FTE de México.