De un solo manotazo dictatorial, sin diagnóstico, razones o datos, Peña Nieto desnacionalizó a las industrias petrolera y eléctrica para privatizarlas. Su discurso está basado en la mentira. Con la reforma energética constitucional, se pone fin a dos de las conquistas más importantes de la Revolución Mexicana. Más aún, Peña Nieto rompió unilateralmente con el Pacto político de la nación. Su gobierno sirve al capital extranjero.

Jamás había habido un presidente tan mentiroso y tan agresivo contra la nación. No, en los últimos 76 años. Pero, a partir de 2012, se empoderó un grupo de aviesas intenciones, encabezado por Peña Nieto, Videgaray, Chuayffet, Beltrones y Coldwell, asesorado por falsos expertos del ITAM-WWC que colaboran con el departamento de estado norteamericano.

El objetivo: destruir las conquistas sociales de la Revolución Mexicana y entregar el patrimonio energético de la nación al imperialismo.

La industria petrolera fue rescatada para la nación en grandes jornadas de lucha obrera y popular, durante el régimen de Lázaro Cárdenas. La industria eléctrica fue nacionalizada en 1960, durante la gestión de Adolfo López Mateos.

En ambos casos, la fuerza de los trabajadores y su movilización organizada hizo posible que, de un régimen privado, se pasara a uno de propiedad nacional. Las industrias petrolera y eléctrica contribuyeron al crecimiento industrial, económico y social del país.

Pemex ha aportado casi el 40% del presupuesto federal anual, a partir de los cuantiosos ingresos obtenidos, que le son sustraídos en exceso debido a un régimen fiscal ominoso. En 2013, la Secretaría de Hacienda le quitó a Pemex el 124% de su rendimiento operativo. Así, mientras Pemex más gana, Hacienda más le quita. En el caso de la CFE, el subsidio a las tarifas eléctricas, que debiera pagar el gobierno, se le carga al presupuesto de la CFE: El resultado: operación contable con números rojos, debido al alto costo de explotación ocasionado por la privatización eléctrica furtiva.

Estos altos costos se deben a dos razones principales, una a la creciente generación privada, a cargo de transnacionales como Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Alstom, Mitsubishi y otras, mismas que generan para la CFE mediante contratos de compra-venta de energía a 25 años prorrogables y, dos, por el elevado costo del gas natural, del cual México carece e importa a través de la española Repsol a precios de 21 dólares el millón de BTU debiendo ser a 3.5 correspondiente a la cotización en Norteamérica.

A lo anterior deben sumarse un conjunto de defectos atávicos y corruptos que terminaron por corroer a Pemex y a CFE, entre otros, el contratismo desmedido y el charrismo sindical.

Así, Pemex y CFE fueron sometidas por el gobierno a una fuerte campaña de desprestigio, que contó con el apoyo del SME y del PRD, siguiendo la táctica de Fujimori en Perú. La campaña fue exitosa y, entonces, Peña Nieto decidió dar el golpe final.

No es privatización, dijo una y otra vez, esa palabra no la conozco, repitió en los medios. Peña y Videgaray siempre dijeron a la sociedad que no habría privatización sino modernización. Acto seguido, los medios y los políticos se dedicaron a repetir la especie. Incluso, la publicidad oficial aseguraba que, con la reforma energética constitucional, habría reducción en los precios de las gasolinas y del gas natural, así como de las tarifas eléctricas.

Pero, durante las giras al extranjero, especialmente a Europa, Peña Nieto y Videgaray informaban a las transnacionales de sus planes. El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que la industria energética mexicana sería privatizada, lo mismo publicó el diario inglés Financial Times.

El 12 de agosto de 2013, Peña anunció su iniciativa de reforma constitucional. Modificar los artículos 27 y 28 constitucionales, era el objetivo. En el primer caso, se redefinían los procesos de trabajo petrolero y eléctrico, eliminándose la prohibición para otorgar contratos. En el segundo caso, las actividades de hidrocarburos, petroquímica básica y electricidad, dejarían de ser estratégicas, a cargo exclusivo del Estado, consecuentemente serán privatizadas.

Para completar el atraco, se elevó a régimen constitucional a los órganos reguladores, Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Reguladora de Energía (CRE), ambos propuestos por el Banco Mundial para privatizar las actividades petrolera, del gas y de la energía eléctrica.

En vista de que jamás fue presentado ningún diagnóstico, senadores y diputados acordaron 21 artículos transitorios a la reforma constitucional. En esos artículos definieron lo que sería la legislación energética secundaria proponiendo la desintegración industrial de todas las fases del proceso de trabajo petrolero y eléctrico, para su privatización.

El asalto a la nación fue promulgado el 20 de diciembre de 2013, pasando a revisar la legislación secundaria.

Todo se hizo mediante engaños. Peña dijo que Pemex no se privatizaba. En efecto, Pemex sigue incluso conservando el nombre, lo mismo la CFE. Pero lo que SÍ se privatizó fue a la industria petrolera y a la eléctrica. Ahora, Pemex y CFE son solo empresas, siendo antes industrias. Es decir, antes se ocupaban de TODAS las fases de los procesos de trabajo, ahora lo harán solamente de una parte.

Lo demás lo harán las transnacionales. Ese era el plan; reformar regresivamente a la Constitución para que el capital privado, principalmente extranjero, intervenga en las industrias petrolera y eléctrica, las cuales de tener propiedad nacional pasarán nuevamente al régimen privado.

¿Cómo participarán las corporaciones? Mediante contratos de diverso tipo, a saber, de utilidad compartida, de producción compartida y mediante licencias. El pago de los contratos podrá ser en efectivo o en especie. Generalmente, los segundos son los preferidos de las transnacionales a través de obtener la mayor proporción posible.

Más aún, las transnacionales podrán registrar, con fines contables y financieros, las reservas de hidrocarburos a su nombre, ante las Bolsas de Valores extranjeras. La única restricción es que deberán poner, en letras chiquitas, que la propiedad de los hidrocarburos (EN EL SUBSUELO) es de la nación.

Esta es una flagrante burla. En el subsuelo, los hidrocarburos carecen de valor de uso y valor de cambio. Este se adquiere cuando los hidrocarburos son extraídos, a partir de cuyo momento, la propiedad será de las corporaciones.

Toda esta política está orientada a extraer mucho petróleo, en tierra y en mar, rebasar los actuales 2.5 millones de barriles diarios de crudo y llegar a 3 y a 3.5 en los próximos años. Esa producción de petróleo NO se necesita, habida cuenta que la demanda nacional es apenas de la mitad. Lo que se necesita es procesar internamente a ese petróleo para obtener gasolinas y petroquímicos.

Pero el gobierno piensa al revés. Incluso, apuesta en la producción de gas a partir de las lutitas. El objetivo es devastar amplias zonas territoriales previamente entregadas a las transnacionales. Los recursos de lutitas NO están probados, son recursos prospectivos, es decir, no descubiertos. ¿En qué se basa el gobierno? En lo que le dice el departamento norteamericano de energía, mismo que en los Estados Unidos se ha equivocado en 96%.

Además, la explotación de lutitas trae consigo innumerables problemas. Se trata de perforaciones masivas. Decenas de miles de pozos deben ser perforados utilizando grandes cantidades de agua, de 10 a 20 millones de litros por pozo. Esa agua queda muy contaminada porque se utilizan 500 compuestos químicos diversos, la mayoría cancerígenos.

Esta técnica, conocida como fracturamiento hidráulico, libera metano y contribuye al calentamiento terrestre global alterando artificialmente al clima, el desencadenamiento dinámico provoca miles de sismos inducidos y los daños a la salud son severos, en piel, sangre, pulmón y otros órganos, debidos a los agentes cancerígenos.

En el caso eléctrico, también se autorizaron constitucionalmente los contratos. Hoy, las transnacionales podrán generar y comercializar directamente la energía que quieran. Además, podrán participar mediante contratos en la transmisión y distribución de electricidad por todo el país.

Por lo que hace a la petroquímica, actividad eminentemente transformadora del petróleo y el gas, simplemente queda fuera de la industria petrolera por decisión burocrática de los legisladores. Para estos, la petroquímica no forma parte de la industria petrolera, consecuentemente, será privatizada en su totalidad,

No nadamás, también será privatizada la refinación de petróleo, el procesamiento del gas, el transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos, productos petrolíferos, petroquímicos y agrocombustibles.

Tratándose de las fuentes renovables de energía (agua, viento, geotermia, energía de los océanos como las olas, mareas y corrientes submarinas, y de radiación solar, la propuesta de Peña Nieto, apoyada por el PRI, PAN, PVEM y Panal consiste en privatizarlas en su totalidad, legalizando la privatización furtiva y el despojo previo de las tierras.

Debe señalarse que, al momento, mediante 740 permisos privados, el 58% de la generación eléctrica total a nivel nacional ya es privada. Este es el nivel de la privatización furtiva.

Aprobada la reforma constitucional, las transnacionales elaboraron 17 leyes que constituyen la legislación secundaria. Encerrados, primero senadores y luego diputados, aprobaron todas las leyes. No solamente ratificaron la privatización constitucional sino que la ampliaron.

Mediante la Ley de hidrocarburos sustituyeron a la anterior (1958, reformada en 1995, 1996). Se definió burocráticamente a una nueva ley para ajustarla a la privatización. Esta ley precisa que habrá contratos privados, así como los términos para el pago. En todos los casos se favorece al capital extranjero, el gobierno mexicano NO sabe cuál será la renta petrolera a compartir, todo queda a la discreción posterior de la Secretaría de Hacienda.

La industria petrolera nacionalizada deja de existir y se vuelve un desbarajuste. Para recolectar los hidrocarburos, en los puntos de producción, el gobierno acudirá a contratistas. Para la comercialización de los mismos, también. Lo menos que puede esperar es un descontrol absoluto y una opacidad mayúscula.

Se reafirma que todo el proceso de trabajo petrolero será privatizado, es decir, la refinación de petróleo, el procesamiento de gas, la petroquímica completa, el transporte, distribución y almacenamiento de petróleo, petrolíferos, petroquímicos y agrocombustibles, incluyendo las estaciones de servicio o gasolineras.

En materia eléctrica se derogó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (1975), desapareciendo este concepto. La nueva Ley de la industria eléctrica es para la industria privatizada, la cual será desintegrada en su totalidad.

A través de sus respectivas leyes, Pemex y CFE serán descuartizadas por la vía del contratismo y la creación de innumerables filiales. Ahora se les llama “empresas productivas del Estado”, eufemismo de las nuevas empresas privadas, las que conservan el nombre pero no las funciones.

Durante la “discusión” parlamentaria surgieron voces para que el Estado asuma el costo de los pasivos laborales en ambas empresas. El asunto quedó en veremos. Pero la intención es rescatar a ambas para quebrarlas ipso facto. Por lo pronto, habrá modificaciones sustanciales a los Contratos Colectivos de Trabajo.

Los órganos reguladores (CNH y CRE) fueron ampliamente fortalecidos, incluso financieramente. Serán los encargados de instrumentar la privatización energética.

También se definió una Ley de ingresos de hidrocarburos, con amplias facilidades y exenciones a las transnacionales, así como mayores cargas fiscales a Pemex, incluyendo el pago de un dividendo estatal. Asimismo, se incluyó un Fondo Petrolero supuestamente para el ahorro de los ingresos obtenidos, todavía sin fondos y sin controles, por más que Videgaray ponga como aval a Carstens.

¿Qué significa todo esto? La desnacionalización de las industrias petrolera y eléctrica, y su privatización. Peña y Videgaray dijeron que no habría privatización. Fue algo peor: el robo cínico y descarado a la nación, como no había ocurrido en los 500 años anteriores.

La sociedad mexicana fue engañada mediante un discurso falso. El PRI de ahora toma a la política en su nivel primitivo y corrupto. La mayoría PRI, PAN, PVEM; Panal no es representativa, fue comprada previamente por los cabilderos de las transnacionales y traicionaron a México.

La llamada izquierda es políticamente inexistente. Lo que hizo esta formación fue muy limitado, reducido a algunas declaraciones, siempre desdeñando la lucha social. Además, con anterioridad se embarcaron en el Pacto contra México, que firmaron junto a Peña y el PAN; ahora allí están los resultados, son cómplices de la traición.

En medio de la debacle ha sido notorio el silencio de la intelectualidad, casi todos han preferido encerrarse en sus seis paredes, meterse debajo de la cama y dejar las opiniones para el futuro. Los partidos políticos se han descalificado una vez más, lo mismo las Cámaras que deben ser disueltas, los sindicatos sumisos y corruptos siguen callados, los medios son cómplices del poder. Hay excepciones, por supuesto,

El momento es aciago para México. ¿Qué hacer? Organizarnos y movilizarnos para rescatar lo perdido, que solo podrá hacerse mediante la re-nacionalización energética. Esta, como lo ha propuesto el FTE de México tiene cinco banderas: 1. Propiedad colectiva de la nación sobre sus recursos naturales e infraestructura industrial, 2. Utilización racional de los recursos naturales y espacio radioeléctrico, 3. Política energética independiente, 4. Integración de los procesos de trabajo, 5. Control obrero y social de la producción.

Lo más importante: necesitamos organizarnos a nivel nacional, en una sola organización estructurada y entrelazada, capaz de responder orgánicamente en cualquier parte para hacer posible la re-nacionalización, en el contexto de la dualidad de poderes y la construcción de una sociedad solidaria.

Ahora será más difícil porque no se ha sabido defender lo que teníamos. Pero la re-nacionalización es necesaria y si lo es se hará.


Ref: 2014, elektron 14 (259) 1-4, 5 agosto 2014, FTE de México.

Publicado también en el diario La Calle de Toluca, 5 agosto 2014.

Activo petrolero Ku-Maloob-Zaap en la Sonda de Campeche. Aerogeneradores privados en el Istmo de Tehuantepec

Frente de Trabajadores de la Energía,
de México