Fox profundiza a Salinas deformando más al concepto de servicio público de energía eléctrica. Sigue la fórmula de 1992 tendiente a destruir a la industria nacionalizada. Las propuestas de reformas a la LSPEE son anticonstitucionales. Se otorgarían a las empresas transnacionales TODAS las facultades que actualmente la Constitución les prohibe. La Red Eléctrica Nacional y el Centro Nacional de Control de Energía estarían al servicio de la industria eléctrica privada.
Lo que no es público es privado, basta declararlo y ¡ya!.
Formula simple para desnacionalizar
Fox pretende sorprender a la Nación diciendo lo contrario a lo que propone. Su iniciativa de reformas a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) es una adecuación de la legislación secundaria para privatizar a la industria eléctrica.
Existe un evidente manipuleo del discurso. Se mira parcialmente a la realidad, la que se fragmenta a propósito ocultando los objetivos. Pero la mentira no se puede sostener, por si misma se hace explícita.
La iniciativa de reformas a la LSPEE empieza con una declaración apantallante que pareciera verdad pero es solo la apariencia.
La redacción del artículo 1 es engañosa, porque la redacción es general pero correcta. Sin embargo, es una declaración apenas positivista, en los demás artículos la privatización es inocultable porque las propuestas contradicen TOTALMENTE lo dispuesto por la Constitución política del país.
De entrada se indica:
"Artículo 1°.- Corresponde exclusivamente a la Nación la prestación del servicio público de energía eléctrica. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
“Para los efectos de esta ley, se entiende por servicio público de energía eléctrica las actividades que realice el Estado, a través de entidades paraestatales, de manera continua, uniforme, regular y permanente, para el suministro de energía eléctrica que tenga por objeto satisfacer necesidades colectivas básicas”
Esta redacción es la única que Fox refiere en su discurso para decir que NO hay privatización eléctrica. Deliberadamente oculta lo demás. Por supuesto, Fox hace estas propuestas en el contexto de “dar” por aprobada su primera iniciativa de modificaciones constitucionales.
La principal modificación regresiva a la LSPEE está en el artículo 4. Este articulo es la profundización del artículo 3, mismo que representó la modificación más importante que en 1992 llevó a cabo Salinas de Gortari. Mediante esas contrarreformas se indicó:
ARTICULO 3º. No se considera servicio público:
- La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción;
- La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad;
- La generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de cogeneración, producción independiente y pequeña producción;
- La importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada exclusivamente al abastecimiento para usos propios; y
- La generación de energía eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica.
(D.O.F. 23 de diciembre de 1992).
Con esta disposición se inició la privatización eléctrica furtiva actualmente en marcha. Casi 200 permisos otorgados a las empresas transnacionales, constituyen alrededor de la tercera parte de la capacidad efectiva en operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Con el gobierno foxista se está creando una nueva industria eléctrica (privada) que sus dueños llaman Industria Eléctrica Mejicana y que los ha llevado a organizarse en la Asociación Mexicana de Energía Eléctrica.
Fox continuador de Salinas de Gortari propone profundizar la privatización eléctrica. Fox no toca el artículo 3 y más bien lo amplía en el siguiente. La fórmula es la misma: deformar más el concepto de servicio público hasta reducirlo a su mínima expresión.
En su primera iniciativa, Fox propone modificar la Constitución para terminar con la nacionalización de la industria eléctrica y dar paso a la privatización. En su segunda iniciativa, adecua la LSPEE precisando los términos de la privatización.
“Artículo 4°.- Tampoco se consideran servicio público las actividades de generación, importación, conducción, transformación y venta directa o indirecta de energía eléctrica a los usuarios con requerimientos de consumo superiores a 2,500 MW hora por año en actividades industriales, comerciales o de servicios, ni cualquier tipo de exportación de electricidad”
La propuesta es alevosa porque sustrae prácticamente TODAS las funciones a la industria nacionalizada para otorgárselas a las empresas privadas extranjeras.
Fox va más lejos que Salinas, porque el límite que se propone a los requerimientos de consumo significa que la industria y el comercio podrán generar y consumir la energía producida por el sector privado.
Esto quiere decir, que el 70 por ciento del consumo eléctrico nacional sería suministrado por la industria eléctrica privada. Se le abre totalmente las puertas a los particulares, hecho expresamente prohibido por la Constitución del país.
Más aún, en el caso de la exportación no se establece ningún límite. Con ello, se legaliza lo que actualmente ya ocurre, es decir, la generación de electricidad en territorio mexicano para su exportación a los Estados Unidos.
Además, la actual privatización se legalizaría en todos sus términos. La nacionalización habría concluido simplemente con una desnacionalización. Esta no solamente implicaría el cambio de propiedad sino la desintegración y eventual destrucción de la industria nacionalizada.
Privatización coordinada por la CRE
Para llevar adelante los planes del imperialismo Fox propone que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se encargue de la privatización con poderes plenipotenciarios.
En el artículo 6 de su iniciativa indica que, además de las nuevas disposiciones de la LSPEE, “las entidades se sujetarán “a los términos y condiciones que expida la Comisión Reguladora de Energía relativos a la prestación de los servicios de conducción de la energía eléctrica que presten a través de la Red Nacional de Transmisión y de las redes de distribución...”
La CRE, entidad privatizadora por excelencia, la responsable operativa de la privatización eléctrica furtiva, adquiría rango de supraentidad. En el artículo 8 de la propuesta foxista se indican importantes funciones a cargo de esa comisión.
“Artículo 8°.- Corresponde a la Comisión Reguladora de Energía:
“I. Expedir los términos y condiciones a que deberán sujetarse la prestación de los servicios de conducción de energía eléctrica a través de la Red Nacional de Transmisión y de las redes de distribución, así como el suministro de energía eléctrica que las entidades destinen a la prestación del servicio público;
“II. Elaborar y expedir las metodologías para el cálculo de las tarifas por la prestación de los servicios de conducción y el suministro de energía eléctrica a que se refiere la fracción I anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 54, y fijar, ajustar y reestructurar las tarifas correspondientes, en los términos de esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
“III. Expedir las reglas para el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional y para la operación del despacho de generación, con base en criterios técnicos y económicos; ...
“X. Otorgar, modificar y revocar los permisos, registros y autorizaciones a que se refiere esta ley;...”
Por entidades se entiende a las empresas paraestatales, es decir, CFE y LFC, exceptuando al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) organismo que se propone separar de la CFE. De manera que, la CRE está diseñada para controlar, regular y aniquilar a la industria pública, y favorecer EN TODO a la industria privada.
Privatización furtiva de la red eléctrica
El atraco desnacionalizador se hace explícito tratándose de la transmisión y distribución eléctrica. En este caso, no se propone la privatización formal de la red eléctrica de transmisión pero sí la privatización dizfrazada. Simplemente, esa infraestructura nacional se pone al servicio de las transnacionales.
“Artículo 9°.- Las entidades prestarán el servicio de conducción de energía eléctrica a través de la Red Nacional de Transmisión y de las redes de distribución, en forma general y continua, a otras entidades, a los permisionarios y a los usuarios a que se refieren los artículos 40 y 48 de la presente ley, independientemente de que la energía sea o no destinada a la prestación del servicio público”
De manera que, con solo estas “reformas” el sector privado podría generar, TRANSMITIR, transformar, conducir y comercializar energía eléctrica. La nacionalización otorgó estos derechos a la Nación pero Fox ahora propone entregarlos al capital extranjero.
A las empresas públicas las deja al nivel mínimo y completamente desnaturalizadas.
La industria privada generaría la mayor proporción de la energía eléctrica a nivel nacional. CFE y LFC jamás volverían a generar, ambas serían convertidas en simples revendedoras. Por si fuera poco, darían todas las facilidades para la transmisión eléctrica.
“Artículo 10.- Las entidades estarán obligadas a conectar o interconectar a la Red Nacional de Transmisión o a las redes de distribución y a permitir el uso de dichas redes, a los permisionarios y a los usuarios a que se refieren los artículos 40 y 48, cuando se satisfagan los requisitos que se establezcan esta ley y en sus disposiciones reglamentarias.
No solamente se le otorgan inusitadas facultades a las transnacionales, también se somete a las empresas públicas para que las extinga el contrario. Lo que se propone es “quebrar a CFE y LFC”.
La red eléctrica nacional no se privatiza porque el sistema eléctrico nacional está interconectado y no se puede fraccionar tan fácilmente. Eso impide la privatización de la red. Una nueva red, además de costosa representaría grandes problemas y muchos riesgos para el suministro confiable de la electricidad.
La propuesta de Fox consiste, entonces, en apropiarse de la red en los hechos de manera que, los grandes empresarios estarían literalmente “colgados”, como enormes “diablitos”. En la práctica se trata de una privatización corrupta. Fox declara reiteradamente que NO es privatización porque el mismo es corrupto.
CENACE al servicio de la industria eléctrica privada
La privatización es, de hecho, total y absoluta. En la propuesta de reformas a la LSPEE se incluye lo concerniente al CENACE, organismo que se pone totalmente al servicio de la CRE precisamente para garantizar TODAS las condiciones a la empresa privada.
“Artículo 49.- El Centro Nacional de Control de Energía, organismo descentralizado de la administración pública federal, será responsable del control operativo del Sistema Eléctrico Nacional y de la operación del despacho de generación, lo que deberá realizar de conformidad con las reglas que al efecto expida la Comisión Reguladora de Energía”
“Para el cumplimiento de lo anterior, el Centro Nacional de Control de Energía:
“I. Determinará la configuración de la Red Nacional de Transmisión y de las redes de distribución;“II. Determinará, en todo momento, el nivel de generación de las centrales eléctricas que estén conectadas a la Red Nacional de Transmisión y a las redes de distribución;
“III. Someterá a la Secretaría de Energía las necesidades de expansión del Sistema Eléctrico Nacional;...
“VI. Ordenará las maniobras físicas necesarias para garantizar la confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, conforme a las reglas a las que se refiere la fracción III del artículo 8°;...
“XI. Operará y mantendrá actualizados sistemas de información relativos al despacho de generación, incluido uno electrónico, y difundirá informes sobre el desempeño y evolución del mismo con la periodicidad y en los términos que se determinen en las disposiciones reglamentarias correspondientes;...
“XIII. Propondrá a la Comisión Reguladora de Energía las reglas para el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional y la operación del despacho de generación...”
La privatización eléctrica que propone Fox es de “ensueño” para el capital privado. Tratándose de las tarifas, se otorga a la CRE la facultad de determinar las metodologías para el caso del suministro de energía por parte de las empresas estatales, responsables del “servicio público” ampliamente reducido.
Pero, no se indica lo mismo tratándose de las empresas privadas. A estas se dejará en libertad para fijar sus propias tarifas, además de otorgarles todo tipo de facilidades.
“Artículo 54.- La Comisión Reguladora de Energía expedirá las metodologías para el cálculo de las tarifas por los servicios de conducción de electricidad a través de la Red Nacional de Transmisión y redes de distribución.
“La Comisión Reguladora de Energía conjuntamente con la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, determinará las metodologías para el cálculo de las tarifas para el suministro por parte de las entidades, de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio publico”
Estrangulamiento de CFE y LFC
Para explicitar el estrangulamiento de la empresa estatal se propone continuar el saqueo de recursos económicos derivados de su operación.
En principio se le sustraen a la empresa pública importantes usuarios que significan del orden del 70 por ciento de sus ingresos.
Pero, además del desmantelamiento se insiste en la asfixia económica vía la obligación del pago de “aprovechamientos”, medida originalmente propuesta por De la Madrid y precisada por Salinas de Gortari (D.O.F. 31 de diciembre de 1986 y D.O.F. de 23 de diciembre de 1992).
“Artículo 67.- La Comisión Federal de Electricidad estará obligada al pago de un aprovechamiento al Gobierno Federal por los activos que utiliza para prestar el servicio público de energía eléctrica.
“El aprovechamiento a que se refiere este artículo se determinará anualmente en función de la tasa de rentabilidad establecida para el ejercicio correspondiente a las entidades paraestatales. Dicha tasa se aplicará al valor del activo fijo neto en operación del ejercicio inmediato anterior reportado en los estados financieros dictaminados de la entidad y presentados ante la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Contra el aprovechamiento a que se refiere este artículo, se podrán bonificar los subsidios que el Gobierno Federal otorgue a través de la Comisión Federal de Electricidad, a los usuarios del servicio público de energía eléctrica”
Por separado, en sendas iniciativas se considera la legislación propia de la CFE, CRE y CENACE. A partir de lo dispuesto por la LSPEE que Fox pretende modificar regresivamente, las demás iniciativas no son sino el corolario de la privatización eléctrica foxista.
De la simple lectura de las iniciativas se advierte un planteamiento deliberado para la destrucción de la industria eléctrica nacionalizada. En el discurso Fox podrá decir lo que quiera, sus documentos y hechos revelen claramente un agresivo plan de privatización.
Central termoeléctrica de ciclo combinado Samalayuca II FOTO: tigerpress<
La posición de los trabajadores y pueblo de México no puede ser sino una sola: ¡Rechazo total y absoluto a las iniciativas de Fox en materia eléctrica!