Fox envió a la Cámara de Senadores una iniciativa de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). En al
exposición de motivos se dice que “esta iniciativa es parte de un
proyecto legislativo que tiene por objeto la regulación integral de la
industria eléctrica”.
El término
“regulación” es el utilizado por los organismos financieros
internacionales para referirse a la privatización. Como les asusta
enfrentarse a la verdad eluden llamar a las cosas por su nombre y prefieren
utilizar eufemismos. Lo mismo hace Fox.
Además del eufemismo, se usa
reiteradamente la mentira. Dice Fox que “Las reformas que se proponen,
robustecen y dan claridad a los principios constitucionales ya consagrados, pues
subsiste y se fortalece el servicio público de energía
eléctrica como área estratégica exclusiva del Estado”
¡Esto es totalmente falso!
La propuesta de Fox implica la
destrucción del servicio público de energía
eléctrica. Nada de lo que se indica en el párrafo precedente se
cumple. Primero, Fox desnaturaliza, desvirtúa y reduce el concepto de
servicio público. Le basta crear “figuras” y decir que
éstas NO constituyen servicio público para sustraerle las
funciones constitucionales a la industria eléctrica nacionalizada y
entregárselas al sector privado.
Fox desvirtúa a la propia
nacionalización y confunde a la industria eléctrica nacionalizada
con la empresa pública, en el presente caso, la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Fox y asesores
creen que el suministro de electricidad para la industria y el comercio no es
servicio público. Este correspondería, únicamente, casi al
consumo doméstico.
Se trata de una sucia maniobra para
desnacionalizar y privatizar en la medida en que las funciones del proceso de
trabajo eléctrico (generación, transmisión,
distribución y comercialización) podrán llevarlas a cabo
las empresas privadas transnacionales, mismas que adquirirían la
propiedad de la nueva infraestructura eléctrica.
Por lo demás,
Fox repite textualmente los “argumentos” de su primera iniciativa.
Su argumentación es de fotocopia. Los asesores carecen hasta de rollo.
¿Diagnóstico, bases reales? ¡Para nada!
Entre los argumentos de Fox está la demanda esperada de
energía eléctrica. A eso reduce “su
diagnóstico”. Quienes redactaron la iniciativa vuelven a repetir
que “En un escenario de crecimiento económico favorable, los
incrementos de la demanda eléctrica implicarían la necesidad de
instalar más de 32,000 MW de nueva capacidad de generación,
equivalente a más del 73% de la capacidad con que se cuenta
actualmente”.
Ese es, por supuesto, un escenario hipotético que
no puede servir de base para aprobar ninguna de las iniciativas foxistas.
¿Qué quiere decir un crecimiento económico favorable? No se
indica, podría pensarse en un crecimiento que al menos fuera positivo. En
este caso, la propuesta de Fox no procede porque con su política
económica el crecimiento del país ha sido de 0 (cero) o muy
cercano a cero. En su campaña “ofreció” de entrada
crecimientos sostenidos del 7% pero eso está lejos de cumplirse.
En
ese escenario hipotético, Fox dice que se requerirá instalar
“más de 32,000 MW” ¿Para cuándo? No lo indica,
habla por hablar. A partir de bases falsas, las conclusiones son evidentemente
falsas. Con esa lógica absurda, mañana podría decirse que
se requiere el doble o el triple. No importa cuanto, sobretodo si no indican
fechas, es previsible que al futuro se requerirá más de lo
existente actualmente.
La argumentación de Fox es, por eso, tramposa,
corrupta e inaceptable en todos sus términos. También hay
manipulación. Al afirmar que la nueva capacidad instalada sería el
73% de la actual, está expresando que ese sería el mínimo
nivel de privatización, ya que, la nueva capacidad eléctrica que
se construye en el país y la que se proyecta serían privadas. A la
fecha existe ya, ilegalmente, un 30% equivalente en manos
privadas.
Fox vuelve a repetir la torpe argumentación con la que
pretende justificar la deformación del concepto de servicio
público. Sus “cerebros” le han escrito que “Se
distinguen las necesidades básicas que demandan un servicio de manera
continua, regular y permanente, de las que no lo son”. Para Fox y Amigos
las actividades industriales y comerciales, de “un número
minoritario de usuarios” no requieren a la electricidad de “manera
continua, regular y permanente”
Quien escribió lo anterior no
es de este mundo, al menos lo desconoce. O, ¿podría poner un
ejemplo, tan solo uno, de algún proceso productivo industrial que no
requiera hoy en día de la energía eléctrica como necesidad
básica, continua, regular y permanente?
En su nuevo escrito, la
fotocopia es parcial porque recortó parte del texto utilizado en la
primera iniciativa. Pero el contexto es el mismo. En el presente caso,
también consideran que la electricidad no es una necesidad
básica para los industriales. Al contrario, “favor” es el que
le hacen a México al apropiarse de su patrimonio.
Con esas
barbaridades tratan de justificar la elevación al nivel de ley de dos
conceptos paralelos de servicio de energía eléctrica, el
público y el privado aunque a éste último no le llaman
servicio. En la práctica es lo mismo, lo que interesa es la
creación de una nueva industria eléctrica privada paralela a la
estatal.
Privatización y desnacionalización
Pero, por más que mientan sus propios argumentos los
denuncian. Los redactores del Banco Mundial le escribieron a Fox, para que
repita: “La reforma propuesta introduce un esquema en el que los usuarios,
que por sus necesidades particulares tanto económicas como de consumo,
tendrán la oportunidad de optar por fuentes alternas de suministro, es
decir, generar por si mismos la energía que requieren, o bien, optar por
adquirirla a un tercero mediante contratos de largo
plazo”
Esto quiere decir, sencillamente, que
la industria estatal pasaría a un segundo o tercer plano para dar paso a
la nueva industria eléctrica privada, misma que hoy en día es ya
la segunda en importancia después de CFE, LFC está en vías
de ser eliminada. Esto ha ocurrido sin ninguna modificación
constitucional ni nuevas reformas a la legislación secundaria. Todo ha
ocurrido en la práctica. De aprobarse la iniciativa legislativa de Fox,
la industria estatal desaparecería en breve plazo.
“Lo anterior
ratifica el espíritu del texto constitucional, en el sentido de que
existe un servicio público cuya prestación corresponde
exclusivamente a la Nación, y reconoce también, las necesidades no
colectivas ni básicas, en relación con las cuales no se justifica
la obligación de su atención exclusiva por parte del Estado y por
ello se les da certidumbre”
Por supuesto que NO se ratifica
ningún “espíritu constitucional”, al contrario, se
transgrede impunemente. Al mismo tiempo se repiten expresiones estúpidas
como señalar el reconocimiento de “necesidades no colectivas ni
básicas” referidas a los consumidores industriales y comerciales.
¡eso, simplemente, no es cierto!
La privatización en manos de la CRE
A la fecha, la privatización eléctrica furtiva se ha
llevado a cabo a través de la Comisión Reguladora de
Energía. Para eso fue creada, para regular la privatización.
Ahora, Fox propone elevar esas tareas al nivel de ley, legalizando la entrega
del patrimonio nacional al extranjero.
El discurso mentiroso de Fox se cae
solo. Dice. “La iniciativa que se presenta, desarrolla las atribuciones
que corresponderán a la Secretaría de Energía y a la
Comisión Reguladora de Energía, con el objeto de clarificar las
atribuciones que corresponderá ejercer a cada autoridad, en beneficio de
la seguridad jurídica, tanto de las entidades paraestatales que prestan
el servicio público de energía eléctrica, como de los
particulares”
La “seguridad jurídica” representa la
legalización de los múltiples fraudes en que han incurrido todas
las empresas eléctricas transnacionales que operan en México,
así como los funcionarios del gobierno, especialmente de la
secretaría de energía y de la CRE.
La apropiación
privada de la red eléctrica es explícita según lo indica
Fox. “En el esquema propuesto, prácticamente todos los usuarios y
generadores usarán las redes nacionales de transmisión y
distribución por lo que será necesario que el Estado garantice un
libre acceso y uso no discriminatorio y, en esa virtud, el control y
operación del sistema serán determinantes para garantizar a los
usuarios que se encuentren fuera del servicio público que tendrán
acceso a su energía”
La red eléctrica nacional para los particulares
A la red eléctrica nacional los privatizadores no pueden
destruirla ni fragmentarla, entonces, proponen cederla simplemente, ponerla al
servicio de la industria privada.
La Red Nacional de Transmisión y
las redes de distribución serán utilizadas por las empresas
transnacionales mediante convenios de conexión, interconexión y
uso de las redes.
Las empresas estatales, en tanto sigan existiendo,
solamente serían revendoras de la energía generada por los
particulares y estarían al servicio de los requerimientos privados, de
entrada con la transmisión eléctrica.
En la exposición
de motivos se hacen pocas referencias a las redes pero, en el decreto de ley, se
explicitan las intenciones: cederlas obligadamente a los
particulares.
Fox supera a su maestro privatizador
De “pasadita”, en un solo párrafo, tratando de
esconder lo principal, en la exposición de motivos se hace referencia a
una cuestión crucial.
“En otro apartado de la iniciativa se
desarrollan las actividades del servicio público de energía
eléctrica, así como aquellas que no tienen esta
característica. En el entendido, que no se propone modificación
alguna a los textos hasta ahora vigentes. Por tanto, en este capítulo se
adicionan, por una parte, las disposiciones relativas a los nuevos permisos que
permitirán la generación, conducción y venta de
energía eléctrica -fuera del concepto de servicio público-
a los grandes usuarios, definidos como aquéllos cuyos consumos excedan de
2,500 MW hora por año”
Esta es una de las modificaciones
más importantes que Fox propone a la LSPEE. De igual manera que Salinas,
el camino que sigue Fox es el de inventar “figuras” a las cuales NO
considera parte del servicio público de energía eléctrica.
En esa lógica, le basta declarar qué NO es servicio público
y ¡Ya! De esa manera, se podría decir que NADA es público y
¡Ya!, todo se privatiza.
Por supuesto, dice Fox que “no se
propone ninguna modificación a los textos vigentes”. Obviamente, el
actual artículo 3 de la LSPEE constituye lo esencial de las
contra-reformas de Salinas, mismas que ahora se profundizan con el
artículo 4 de Fox.
Con la nueva figura propuesta por Fox, se
sustraerían de la industria eléctrica nacionalizada un 70 por
ciento equivalente del consumo eléctrico nacional y, por tanto, un nivel
similar de ingresos. Con esa medida, la industria estatal no solamente
habría perdido sus funciones esenciales sino que entraría en un
período degenerativo y sistémico rumbo a un eventual colapso por
asfixia económica.
El Cenace para garantizar la privatización
El actual Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se
desnaturaliza con la iniciativa de Fox, se sustrae de la CFE y se pone al
servicio de las empresas privadas. Estas serían las principales
generadoras y, por tanto, las que requerirían más de la red
eléctrica nacional.
“Por ello, será indispensable que la
entidad encargada de operar y controlar el Sistema Eléctrico Nacional,
así como llevar a cabo el despacho de generación, sea
independiente tanto de las empresas privadas y sociales de generación,
como de las entidades prestadoras del servicio público”, propone
Fox.
“Por lo anterior, en la iniciativa se desarrollan detalladamente
el contenido de las reglas que habrá de aplicar el Centro Nacional de
Control de Energía, como órgano responsable del control operativo
del Sistema Eléctrico Nacional y de la operación del despacho de
generación. Además, de manera paralela a esta iniciativa, se
plantea la creación de dicho Centro como organismo público
descentralizado de la Administración Pública Federal, con
patrimonio y personalidad jurídica propios”
Las tarifas a cargo de la CRE
“En otro orden de ideas, el proyecto que se somete a su
consideración dedica un capítulo específico a las tarifas
por concepto de servicios de conducción de energía
eléctrica, a través de la Red Nacional y de las redes de
distribución, así como de la propia energía que se
suministre como parte del servicio público. Igualmente se dispone el pago
por los diversos servicios que habrá de prestar el Centro Nacional de
Control de Energía”
Esto es, la CRE además de regular la
privatización sería la encargada de fijar las tarifas para el uso
de las redes eléctricas y, además, de la “energía que
se suministre como parte del servicio público”. Es decir, la CRE
pasaría a convertirse en la autoridad máxima en materia
eléctrica. En ese esquema, las empresas estatales serían un
estorbo.
Termina la exposición de motivos señalando
“En todo momento, las empresas públicas conservan los
activos de transmisión y distribución y se encargarán de
proveer el sistema físico por el cual se llevarán a cabo las
transacciones de energía eléctrica” y concluye, “De
aprobarse por esa Soberanía, las reformas y adiciones que aquí se
describen establecerían las bases para la segmentación y
delimitación de las actividades que corresponden al servicio
público y aquellas en las que podrán concurrir los sectores social
y privado”
Más clara ni el agua, Fox empieza invocando la
Constitución y termina proponiendo otra pues la
“segmentación” de actividades no es sino la
desintegración y privatización. Ese esquema organizacional es
contrario a la nacionalización, es su opuesto. Sería el regreso al
pasado y tal vez peor, con una industria eléctrica privada dominante
así sea mediante el fraude y la corrupción que le son
inherentes.
La propuesta de Fox tiene nombre y apellido:
Desnacionalización y Privatización