De no haber sido intervenida por el gobierno, Oceanografía pudo haber detenido el transporte de hidrocarburos paralizando la exportación durante un mes. La dependencia de los contratistas es absoluta. Oceanografía posee el 27 por ciento de la flota petrolera al servicio de Pemex. Esta empresa defraudó a la paraestatal mexicana, falsificando documentos para obtener financiamiento de Banamex. Con la reforma de Peña, la dependencia será del 100 por ciento, el transporte y la comercialización serán actividades privatizadas.

Barco de Oceanografía

El caso Oceanografía puso en riesgo la operación de Petróleos Mexicanos (Pemex); por eso el gobierno federal intervino de manera inmediata la empresa naviera, ya que de no haber continuado con la transportación de hidrocarburos la paraestatal hubiera tenido que suspender sus actividades por más de 30 días, revelaron funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional (Castillo G., en La Jornada, p.3, 25 junio 2014).

Asimismo, señalaron que Amado Yáñez Osuna, principal accionista de Oceanografía, ya cubrió los adeudos que tenía por más de 200 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El empresario cedió al gobierno federal sus derechos sobre Oceanografía y la posibilidad de que se pusiera en concurso mercantil para que se recapitalice la naviera; entregó los recursos que se obtuvieran de la venta del equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro y otros que estaban en sus cuentas para solventar las deudas.

Sin embargo, las autoridades consideraron que la afectación a la planta laboral de Oceanografía y los daños probables a Pemex podrían afectar primero a los trabajadores y ocasionar, al mismo tiempo, que al no tener una empresa activa los hidrocarburos se quedaran almacenados, y se tendría que detener toda la planta petrolera del Golfo de México y de la sonda de Campeche, ya que no habría quien trasladara los productos de la paraestatal.

La empresa Oceanografía SA de CV –que posee 27 por ciento de la flota que Petróleos Mexicanos utiliza para trasladar combustible– falsificó más de 160 documentos de la paraestatal para obtener financiamiento. En sus operaciones con Banamex se presentaron documentos alterados de los convenios que suscribía con Pemex, con base en los cuales disfrazó sus niveles de operación y ganancias.

El escándalo financiero comenzó el pasado 11 de febrero, cuando el órgano interno de control en Pemex Exploración y Producción dio a conocer públicamente que Oceanografía entregó fianzas que no cumplieron con el 10 por ciento del monto de contratos asignados.

La Jornada publicó que en su declaración ministerial ante la Procuraduría General de la República (PGR) Martín Díaz Álvarez , socio de Amado Yáñez, negó formar parte del grupo que fraguó el desfalco en contra de la institución bancaria, y destaca que a partir de la llegada de Mario Ávila (Lizárraga), amigo de Yáñez, a la subdirección de Mantenimiento y Logística de Pemex, los contratos comenzaron a fluir de forma ‘‘inesperada, irreal e increíble’’, donde ciento por ciento de la flota con la que se contaba o contrataba directamente Yáñez era puesta en algún contrato de forma inmediata.

Las fuentes refirieron que durante el arraigo al que fue sometido Yáñez Osuna durante más de 50 días en su residencia en Acapulco, se llevaron a cabo diligencias ministeriales durante las cuales el empresario fue aceptando ceder sus bienes para ir cubriendo los adeudos que tenía con instituciones hacendarias, de salud y de vivienda para los trabajadores.

El accionista principal de Oceanografía fue acusado penalmente de haber cometido un fraude por 5 mil millones de pesos en contra de Banamex, pero gracias a que no fue acusado de un delito grave pudo obtener su libertad tras pagar una fianza de más de 80 millones de pesos.

Luego del descubrimiento del fraude, la PGR intervino todas las instalaciones de Oceanografía y a cuatro meses de que arrancó este asunto la empresa ya se encuentra sujeta a concurso mercantil, y en caso de que este proyecto se concrete, se estima que el nivel de prestación de servicio a Pemex se incremente de 37 a 45 por ciento de la transportación de hidrocarburos, señalaron los funcionarios entrevistados.

Asimismo, señalaron, se determinó que los recursos que generó la venta del equipo de futbol de primera división Gallos Blancos de Querétaro fueron destinados al pago de las deudas y a la cobertura de salarios de los más de 11 mil trabajadores de Oceanografía y del propio equipo deportivo.

El dueño de la contratista de Pemex es un individuo privilegiado y protegido personalmente por Peña y Videgaray. Nunca fue detenido sino arraigado en su mansión de Punta Diamante en Acapulco. Goza de libertad bajo caución pues el delito imputado “no es grave”. Más aún, se anuncia que una vez realizado el concurso mercantil de Oceanografía, los “nuevos dueños” podrán incrementar el servicio a Pemex.

Eso es evidente. La reforma desnacionalizadora de Peña Nieto plantea la privatización del transporte de hidrocarburos. Si ya más del 27% del transporte marino está en manos de contratistas, ahora podrá ser el 100%. De hecho, la recolección de petróleo y gas en los puntos de extracción en cada pozo, el almacenamiento y transporte de los mismos serán entregados a contratistas.

En tales condiciones, ¿podría haber riesgo de parálisis petrolera? Obviamente. Por ello el trato privilegiado con el defraudador, el gobierno cede al chantaje y al fraude. Con la reforma de Peña, el gobierno perderá el control sobre lo poco que decidió retener. Claro, eso facilita el trato entre delincuentes para “justificar” el robo a la nación.

Con la desnacionalización de la industria petrolera, de acuerdo a la nueva Ley en la materia, el gobierno realizará las funciones que antes hacía Pemex a través de contratistas, a sabiendas de la corrupción que asocian. Ese es un serio error. Desde luego, al gobierno no interesa, le importa el negocio turbio y mientras más opaco sea mejor.

Reiteramos que se trata de un gran robo pues no habrá manera siquiera de aplicar controles, lo previsible es el desbarajuste. En ese escenario, solamente unos cuantos funcionarios, coludidos con los contratistas, sabrán lo que ocurra.


Ref: 2014, elektron 14 (224) 1-2, 1 julio 2014, FTE de México.