Las leyes de Pemex y de la CFE que envió Peña Nieto serán aprobadas por el Senado sin cambios sustanciales. Los privados quieren un capítulo anticorrupción en las empresas públicas pero no lo aceptan para sí. Las ahora empresas, antes industrias, funcionarán como privadas. Todo es simple cosmetología. La política energética antinacional a favor del capital está intacta. La desnacionalización es plena.

Tal cual las envió Peña Nieto, los senadores aprobarán las leyes que constituyen la legislación energética secundaria. Las leyes fueron hechas por despachos ajenos a las Cámaras, al gusto de las transnacionales y socios menores nacionales. Simplemente, se ratifica la consecuencia de la contra reforma constitucional. Está a punto de consumarse la desnacionalización energética y el inicio de su privatización.

Este acto de traición a la nación ocurre por diversas razones, entre otras, la entrega de los legisladores y sus partidos políticos, junto con el gobierno en turno, al capital transnacional. Otra razón es la ausencia política de la izquierda que impide estructurar la organización y movilización a nivel nacional. Lo peor es que, salvo honrosísimas excepciones, los medios, universitarios, sindicatos y artistas viven en el mundo de la seudo concreción, todos escondidos, callados y sumisos.

En consecuencia, el aquelarre en las Cámaras ocurre con toda tranquilidad, la claque vota en la cloaca. De vez en cuando se oyen lamentos izquierdosos de pataleo SIN que haya ninguna consecuencia, sirven de escenografía a la repartición del botín.

En suma, la desnacionalización energética ocurre de la manera más penosa posible. Unos cuantos deciden el rumbo de la nación y la traicionan.

Las comisiones senatoriales de Energía y de Estudios Legislativos Primera mantienen, en el dictamen de las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto para transformar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en empresas productivas del Estado, la disposición que faculta a los consejos de administración de ambas empresas a establecer políticas, bases, lineamientos y procedimientos para “el desmantelamiento, la enajenación, la afectación en garantía o el gravamen de sus instalaciones industriales, sus subsidiarias o en su caso sus filiales” (Ballinas V., en La ornada, p.5, 8 julio 2014).

Asimismo, y para atender los reclamos de la iniciativa privada, el dictamen que expide las leyes de Petróleos Mexicanos y la de la Comisión Federal de Electricidad –que reforma y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal de las Entidades Paraestatales, la de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la de Obras Públicas– incluye un capítulo para garantizar el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y la transparencia tanto en Pemex como en la CFE.

En el dictamen, que fue publicado en la Gaceta del Senado, se subraya que el consejo de administración será el órgano máximo de decisiones estratégicas en cada una de las empresas; entre sus facultades tendrá la conducción central y dirección estratégica de las actividades comerciales de su grupo corporativo; la evaluación y seguimiento a los sistemas de contabilidad, control, seguridad y auditoría (...), así como evaluar y vigilar el desempeño de las mismas y deberá aprobar los informes que presente el director general en cada una de ellas.

Se indica además que cada uno de los consejos de administración estará integrado por diez miembros. Serán consejeros del gobierno federal e independientes, todos ellos propuestos por el Ejecutivo, y en el caso de los independientes, ratificados por el Senado. Se propone que para la CFE uno de los consejeros sea propuesto por los trabajadores.

Asimismo, los senadores ratifican en el dictamen propuesto que a los trabajadores de ambas empresas no se les otorguen utilidades, y en ambos casos serán los consejos de administración los que aprueben las previsiones económicas para las negociaciones del contrato colectivo de trabajo.

Se realizaron 50 modificaciones a las iniciativas del Ejecutivo; entre otras, se destaca que, debido a que el régimen jurídico que ahora se asigna a Pemex y a la CFE se asemeja al de empresas privadas, se comparte la necesidad de sujetarlas a obligaciones de transparencia que atiendan específicamente a funciones de tal naturaleza, como es la presentación de informes sobre su situación financiera, administrativa, económica y jurídica.

En el capítulo de combate a la corrupción, las dictaminadoras refieren que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no resulta suficiente para combatir las prácticas de corrupción, primero en virtud de sus funciones eminentemente empresariales (creación de valor económico), y en segundo lugar, dada la nueva relación que tendrán con el Ejecutivo federal.

Se propone sujetar tanto a Pemex como a CFE a las obligaciones específicas contenidas en la Ley del Mercado de Valores, ya que ello permitirá una adecuada rendición de cuentas y evaluación de sus actividades y desempeño. De igual forma, en el dictamen se plantean nuevas disposiciones que permitirán prevenir y sancionar situaciones irregulares que pudieran presentarse durante todo el proceso de las diversas contrataciones que realicen las empresas productivas del Estado.

Así, se crea una sección especializada en medidas para garantizar la integridad en las contrataciones que realicen Pemex, la CFE y sus respectivas empresas productivas subsidiarias. Se sugiere instaurar un sistema de denuncias y quejas anónimas, mediante el cual cualquier persona podrá denunciar actos u omisiones, y se contempla que Pemex y la CFE cuenten con sistemas de información sobre sus proveedores y contratistas, mismos que tendrán que actualizarse periódicamente y contener información de los últimos cinco años de los contratos celebrados.

También, las comisiones dictaminadoras realizaron cambios para dotar a las empresas (Pemex y CFE) de flexibilidad que les permita competir en igualdad de circunstancias frente a terceros que participen en sus respectivos sectores.

Entre otros cambios, no se consideró pertinente que el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) transfiera sus recursos a Pemex, como lo propuso el Ejecutivo federal, dado que el Estado mexicano debe contar con un organismo autónomo que se encargue de la investigación y el desarrollo tecnológico de la industria petrolera, diferenciándose claramente de la empresa.

Con una política energética antinacional NO habrá ninguna transparencia de funciones. Menos cuando se asigna a Pemex y CFE, a través de las leyes respectivas, la autorización para descuartizarlas. La política en favor del capital transnacional no se toca, lo demás es simple cosmetología legislativa.

La voracidad del capital es abominable y traerá más pobreza y penuria para el conjunto de la nación. Recuperar lo perdido será más difícil pero se hará si la mayoría nos decidimos a lograrlo.


Ref: 2014, elektron 14 (231) 1-2, 8 julio 2014, FTE de México.