Unos cuantos minutos les bastaron a los Senadores para aprobar en comisiones, en lo general y en lo particular y SIN quórum, los dictámenes de la legislación energética secundaria. El PRD fue excluido, las decisiones las tomaron el PRI, PAN y PVEM. Aprovechan la euforia futbolera y estando en “fuera de lugar” golean a México con autogoles. La Ley privatizadora de los hidrocarburos ya fue aprobada, también la ley eléctrica privatizadora. Nada los detiene, gobierno y partidos políticos traicionan a la nación.

Para los senadores del PRI, PAN y PVEM el futbol es muy sencillo. Todo consiste en marcar goles, aunque sea en su misma portería. Siempre están en fuera de lugar. “Sí se puede”, dicen. No hay árbitro que los controle. Se sienten dueños del balón y votan todo en contra de la afición. Esta se limita a mirar y gritar en las tribunas. Nadie les hace caso y siempre pierden. Marcador: Senado 2, México 0 y el partido apenas empieza.

La propuesta de nueva ley de hidrocarburos, cuya discusión en lo general concluyó en comisiones del Senado, va más allá de lo establecido en la reforma constitucional energética, ya que otorga contratos que permitirán a empresas extranjeras quedarse con la mayor parte de la renta petrolera y despojar de terrenos y propiedades a ejidatarios y comuneros, mientras que sus obligaciones laborales e impositivas son mínimas, advirtieron legisladores del PRD (Becerril A., Ballinas V., en La Jornada, p.13, 13 junio 2014).

Durante la discusión del dictamen la senadora perredista Dolores Padierna advirtió que la legislación posibilita que las trasnacionales petroleras ‘‘ganen por todos lados’’, mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) se extingue. A su vez, su compañero de bancada Alejandro Encinas advirtió que ‘‘se incendiará el campo’’ por la disposición que permite expropiar todas las tierras y propiedades que las trasnacionales requieran para explotar el petróleo y la electricidad.

Como en las sesiones recientes, perredistas y petistas intervinieron una y otra vez durante seis horas para exponer sus argumentos en contra de esa ley. Los senadores del PRI Ascención Orihuela, Miguel Ángel Chico y Ernesto Gándara participaron sólo para defender la iniciativa presidencial, pero sin entrar a debatir los cuestionamientos de los legisladores de izquierda.

Los panistas Francisco García Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas expusieron que propondrán cambios a fin de que se pague una indemnización justa a los propietarios afectados, además de una parte proporcional de las utilidades, aunque rechazaron ‘‘argumentos tremendistas’’.

Padierna Luna detalló que, contra lo establecido en el artículo 27 constitucional, esa ley de hidrocarburos no define ni regula los contratos que se otorgarán para explorar y explotar el petróleo y deja a discreción del Ejecutivo decidir las características que tendrán.

No se definen los límites que de la riqueza pueden llevarse las petroleras extranjeras y se introduce la figura de ‘‘utilidad operativa’’, que permite a las empresas la ‘‘recuperación de costos’’ y posibilita que ganen por la vía de inflar éstos y minimizar las utilidades, agregó la legisladora perredista.

Asimismo, mientras se mantiene el mismo régimen fiscal ‘‘depredador’’ que le quita a Pemex vía impuestos 70 por ciento de sus ingresos, en la ley de hidrocarburos se le obliga a pagar además un dividendo anual de 30 por ciento sobre sus utilidades.

En el caso de las petroleras extranjeras, la carga es mucho menor. De hecho, sólo deberán pagar un impuesto sobre la renta común, no un gravamen con base en la renta petrolera.

Otra prerrogativa a las empresas del exterior está en el artículo 133, el cual les da el derecho de aprovechar comercialmente el mapa que Pemex integró luego de llevar a cabo un reconocimiento y exploración en ciento por ciento del territorio, tanto terrestre como marítimo.

El senador Rabindranath Salazar (PRD) recalcó que las trasnacionales sólo estarán obligadas a incorporar 35 por ciento de insumos y productos hechos en México (contenido nacional), aunque Petróleos Mexicanos tiene actualmente 36 por ciento y en Brasil es de 70 por ciento.

El senador Alejandro Encinas (PRD) denunció que con esa ley no se requerirá llevar a cabo un proceso de licitación para la exploración y extracción de gas natural y se podrá adjudicar directamente a los titulares de concesiones mineras. ‘‘Es decir, todo para las trasnacionales y la oligarquía mexicana, a la cual se sumará el grupo económico del Estado de México. Todo a costa del bienestar y de los recursos de la nación’’, apuntó.

Al respecto, su compañero de bancada Luis Sánchez expuso que la exploración y explotación de hidrocarburos que se realiza en 12 estados y 300 municipios representa más de 400 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional. Se generará inestabilidad en comunidades y pueblos que verán expropiadas sus tierras por ‘‘utilidad pública’’ en favor de empresas privadas.

La ley de hidrocarburos, la principal de la reglamentación en materia energética, quedó discutida en lo general y en lo particular en el Senado, en una reunión de comisiones dictaminadoras de la que se retiró el PRD, ante la ilegalidad y el abuso en que han incurrido PRI y PAN, según denunció el coordinador Miguel Barbosa, antes de abandonar la sesión junto con los demás legisladores de izquierda (Becerril A., en La Jornada, p.14, 14 junio 2014).

Perredistas y petistas explotaron, luego de cuatro días de asistencias virtuales, en las que no hubo quórum porque los senadores del PAN se presentaron a ratos, en una simulación, ya que están más interesados en los negocios que tienen en una mesa paralela con el gobierno federal, denunció Manuel Bartlett.

Ahí se quedan para hacer lo que quieran con la legalidad; no vamos a tolerar su comportamiento cínico, gritó Barbosa a los presidentes de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera, David Penchyna y Raúl Gracia, respectivamente, luego de la ríspida reunión, en la que estos últimos descalificaron la opinión de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el sentido de que el procedimiento que aprobaron para dictaminar las leyes energéticas viola el reglamento del Congreso.

La reunión comenzó a las 2:30 de la tarde; a las 4 se levantó el PRD y Penchyna declaró un receso de una hora, que prolongó por tres. Antes, en conferencia de prensa, el priísta dejó claro que aun sin los legisladores de izquierda iban a continuar los trabajos, ya que el próximo día 23 deben estar ya discutidos los cuatro dictámenes de las leyes secundarias.

Sostuvo que el receso fue sólo para llamar a la cordura a los perredistas, a quienes acusó de chantaje, chicanas y tácticas dilatorias, ya que han alargado la sesión en los últimos tres días, en los que han tenido uso de la palabra por 800 minutos.

Sin los perredistas y petistas, el PRI, junto con Acción Nacional y el PVEM, pudieron concluir sin problemas esa ley, ya que no se discutieron las 408 reservas que los primeros habían inscrito para modificar los artículos en que se abre la puerta para que las trasnacionales accedan a la renta petrolera y puedan apoderarse de tierras y bienes ejidales y comunales.

Bartlett comentó que es la primera vez que concluye la discusión de un dictamen sin que se vote. Y no lo hacen porque están sujetos al chantaje del PAN, que no les ha garantizado los votos hasta lograr lo que están negociando con el gobierno federal, destacó.

Al final, Gamboa reconoció que va a ser necesaria una controversia, en la que el Poder Judicial defina si es legal la forma en que las comisiones dictaminadoras procesan las leyes en materia energética.

La pretensión de despojar a propietarios, comuneros y ejidatarios de tierras y bienes en los que haya yacimientos de petróleo y gas se extendió también para el caso de instalaciones eléctricas (Becerril A., en La Jornada, p.13, 14 junio 2014).

En el proyecto de dictamen de nueva ley para ese sector, dado a conocer por los presidentes de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera, David Penchyna y Raúl Gracia, respectivamente, se señala que el gobierno decretará, en un plazo de 10 días, la expropiación de terrenos y propiedades requeridos por las empresas nacionales y extranjeras que tengan contrato para generar y comercializar electricidad, en caso de que no hayan llegado a un acuerdo sobre la indemnización respectiva.

La iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado sobre la nueva ley de la industria eléctrica no consideraba llegar a expropiar tierras y propiedades, pero en el proyecto de dictamen que ya circula en el Senado se incluyó esa medida, junto con otras modificaciones.

En el capítulo VII, título segundo, del proyecto de dictamen se autoriza a las trasnacionales eléctricas a negociar con los dueños de los predios la contraprestación que les deberán pagar por rentar o comprar los terrenos donde construirán instalaciones de electricidad, generadores o ductos, pero el valor de los terrenos se acordará con un organismo oficial, de acuerdo con la Secretaría de Energía, no con los propietarios.

Entre las modificaciones hechas a la propuesta original de Peña Nieto está precisamente que procederá la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria eléctrica.

Se resalta en el proyecto de dictamen que las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas.

Que la Federación y los gobiernos de los estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal contribuirán al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia.

Asimismo, define que las empresas nacionales y extranjeras podrán acordar la adquisición, uso, goce, servidumbre o afectación de la modalidad idónea para el desarrollo de su proyecto eléctrico, entre ellas el arrendamiento, ocupación superficial, comodato, compraventa y permuta.

La contraprestación comprenderá pago en efectivo o en especie, o el compromiso de contratación del propietario o titular del bien o derecho de que se trate.

En menos de una hora –sin la presencia de los senadores del PRD– la mayoría de PRI, PAN y PVEM concluyó la discusión en lo general y lo particular del segundo dictamen de legislación reglamentaria de la reforma energética, con la aprobación de tres leyes que permitirán no sólo avanzar en el desmembramiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el despojo de terrenos y bienes en favor de las corporaciones extranjeras, sino en la privatización del agua, para beneficiar a las empresas de geotermia (Becerril A., en La Jornada, p.2, 15 junio 2014).

A las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera, que presiden el priísta David Penchyna y el panista Raúl Gracia, les bastaron 55 minutos para avalar las leyes de la industria eléctrica, de energía geotérmica, las dos de nueva creación y modificar la de Aguas Nacionales, que no se votaron, ya que eso quedó pendiente para el final, cuando se concluya el análisis de los cuatro dictámenes de la legislación reglamentaria en materia energética.

“Es una vergüenza que el Senado avalara que a ejidatarios y comuneros se les obligue a entregar sus tierras a empresas extranjeras, con la amenaza de que de lo contrario se las expropiarán con gran celeridad, y encima que se abra la posibilidad de que les puedan pagar en especie o contratándolos. De propietarios pasarán a ser peones encasillados de las trasnacionales eléctricas y petroleras”, declaró el legislador perredista Alejandro Encinas.

El artículo 4 de dicha norma señala que las actividades de energía geotérmica “son de utilidad pública, preferente sobre cualquier uso o aprovechamiento del subsuelo de los terrenos, y procederá la ocupación o afectación superficial, ya sea total, parcial, la simple limitación de los derechos de dominio o la expropiación, previa declaración de utilidad pública”. Nada de ello se discutió en la reunión de comisiones dictaminadoras.

No hubo debate, sólo presentación de posturas de los grupos parlamentarios, en la que destacaron que no se privatizará la CFE y que la intención es modernizar el sector y ampliar las redes de transmisión. La senadora Ninfa Salinas, del PVEM, sostuvo que la intención es bajar los costos de la energía eléctrica.

Los perredistas dieron a conocer un análisis de las leyes ayer discutidas, por el que concluyen que no se garantiza un suministro energético suficiente ni la disminución de los precios de la electricidad, como el gobierno ha sostenido en sus campañas publicitarias sobre la reforma energética.

Destacan que aunque la propaganda oficial sostiene que la CFE se fortalece, la realidad es que se avanza a su debilitamiento, toda vez que se deja solos a los usuarios domésticos, y por medio del cuarto transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica se ahonda en el desmembramiento, al ordenar que se separará horizontalmente, con los criterios que determine la Secretaría de Energía.

En el artículo 115 se enuncia la obligación de dicha dependencia de informar a los interesados en los proyectos de infraestructura eléctrica sobre la presencia de “grupos vulnerables” en el área donde llevarán a cabo sus negocios, con el fin de poner en práctica acciones necesarias para salvaguardar sus derechos. Sin embargo, en el artículo 117 se permite que las empresas puedan presentar sus propios proyectos de evaluación del impacto social que tendrían sus actividades, “lo que sólo va a crear estudios a modo” de las contratistas.

Sería lo mejor que pueda pasar. Por más llamados a la cordura que haya, nada sirve. El PRI, PAN y PVEM ya decidieron traicionar a México y no existen reglas parlamentarias que se los impidan. Por supuesto, ese circo no le sirve a la nación. Las decisiones del Senado son lógicas. Primero votaron las reformas constitucionales regresivas, ahora solamente votan la repartición del botín. A nivel de aparato nada se puede hacer, es esencial la lucha social, lamentablemente inexistente.


Ref: 2-14, elektron 14 (201) 1-4, 16 junio 2014, FTE de México.

Activo petrolero Ku-Maloob-Zaap. Gobierno y partidos políticos contra la nación