Diversas organizaciones ambientalistas critican a Peña Nieto porque las leyes secundarias ignoran a las fuentes renovables. No es así, estas fuentes sí están consideradas y TODAS serán privatizadas. Para la geotermia, incluso, se propone una Ley específica. Ese “ambientalismo” solo adorna al capital, impulsa que se utilicen las fuentes renovables no importando que lo hagan las transnacionales, es el apoyo al capitalismo “verde”.

Las iniciativas de leyes secundarias en materia de energía presentadas al Congreso por el presidente Enrique Peña Nieto carecen de los instrumentos y consideraciones necesarias para que México incorpore las energías renovables en su matriz energética. Así lo señalaron el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace y la Iniciativa Climática Regional Latinoamericana (Larci, por sus siglas en inglés) en un encuentro con la prensa.

Las organizaciones consideraron que la legislación debe incluir, entre otros puntos, una hoja de ruta para cumplir la meta de que, en 2024, 35 por ciento de la energía que se genere en el país provenga de fuentes renovables, que se atienda el impacto social de las fuentes renovables de energía, pues se han generado conflictos sociales por la falta de consulta a las comunidades, y que se incentive con disposiciones fiscales a quienes generen este tipo de energía en el ámbito particular.

Además señalaron que los legisladores integrantes de la Comisión de Energía del Senado, encabezados por David Penchyna no han cumplido con su ofrecimiento de abrir a la sociedad una discusión pública sobre la legislación secundaria en la materia.

Daniel Chacón, de Larci, explicó que a la fecha no se ha aprovechado la riqueza en energías renovables, pues, por ejemplo, aunque el territorio mexicano recibe 3.2 veces más radiación solar que el de Alemania, éste país genera mil veces más energía que el nuestro con paneles solares.

María Colín, de Greenpeace, señaló algunos faltantes en las leyes. Por ejemplo, la ley de hidrocarburos en varios puntos menciona que “la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad”. Con tal redacción, expuso, no se respetan los derechos humanos ni garantizan la preservación ambiental.

La versión actual de la Ley de Industria Eléctrica no menciona la generación distribuida de energía, ni establece la creación de incentivos fiscales para los ciudadanos y organizaciones que producen más electricidad de lo que consumen y devuelven su excedente a la red. Por ello, señaló Colín, es necesario revisar la legislación y modificarla.

El tema de las fuentes renovables de energía es muy atractivo para la discusión y el negocio. Los más interesados son los empresarios transnacionales. Desde 2008, cuando fue aprobada la Ley de Energías Renovables, el Istmo de Tehuantepec se empezó a convertir en un cinturón de transnacionales, ocasionando multitud de conflictos sociales para apoderarse de la tierra, el agua y el viento.

De entonces a la fecha, los gobiernos en turno se han dedicado a satisfacer los intereses empresariales. Todo privado es la consigna política. ¿No lo saben las organizaciones ambientalistas?

Lo saben pero, al igual que Peña Nieto, quieren más y todo privado.

¿Por qué nadie critica la propiedad privada de estas fuentes? ¿No saben que hay un proceso acelerado de privatización del viento, el agua, la geotermia, la energía de los océanos (olas, mareas, corrientes submarinas), geotermia, agrocombustibles y radiación solar?

Sí lo saben, esa es su materia de trabajo. ¿Por qué, entonces, son acríticos? Porque esa es su función. Vociferan sobre las bondades de las energías verdes pero callan sobre el desastre que ocasiona el capitalismo verde.

Así, los ambientalistas son funcionales al Estado. Es correcto que se aprovechen las fuentes de energía renovable pero es incorrecto que lo hagan las transnacionales.

Las fuentes renovables de energía las debió utilizar la industria eléctrica nacionalizada, la misma que Peña Nieto desnacionalizó. ¿Dijeron algo los ambientalistas? ¡Nada! Simplemente callaron. En este momento su crítica no es a la regresión legislativa en materia energética, sino ante cuestiones accesorias.

Para estos ambientalistas, la desnacionalización energética no es ningún problema, su privatización tampoco. Lo que pretenden es servirle a Penchyna y le reclaman por tratarlos con la punta del pie. Pero no representan ninguna política alternativa solo adornan al capital como patiños del PRI y del PAN.

¿Quieren luchar auténticamente? Muy bien, empecemos por definir una posición respecto a la propiedad de los medios de producción de las energías verdes. ¿Propiedad pública o privada?

La propiedad privada es sinónimo de despojo, violencia, crimen. Considerar a las energías renovables como tarea de los ciudadanos y pedir incentivos fiscales es una propuesta muy débil, inviable e incorrecta.


Ref: 2014, elektron 14 (199) 1-2, 14 junio 2014, FTE de México.

¿De qué sirve a la nación que el viento sea utilizado y comercializado por Iberdrola?