La Asociación de Usuarios del Sistema de Aguas de Saltillo demanda al ayuntamiento local anular el contrato que, sobre distribución y cobro del agua, otorgó a la transnacional Aguas de Barcelona y su filial Aguas de Saltillo. El acuífero de la zona disminuyó ya 50 por ciento. En Ramos Arizpe se anuló un contrato similar. El costo se había duplicado con siete incrementos sucesivos. Piden una auditoria y remunicipalización.

La Asociación de Usuarios del Sistema de Aguas de Saltillo demandó al ayuntamiento anular el contrato que en 2001 firmó con la empresa Aguas de Barcelona para hacerse cargo, mediante la empresa Aguas de Saltillo (Agsal), de la distribución y cobro de servicio en la capital del estado (Ramos L., en La Jornada, p.23, 17 mayo 2014).

Rodolfo Garza Gutiérrez, presidente de la asociación, denunció que en 13 años Agsal saqueó los mantos freáticos de la región. En este periodo, dijo, el acuífero disminuyó 50 por ciento su capacidad y cuando el abatimiento sea total, “sencillamente se van a ir de la ciudad”.

En 2001, cuando se firmó el contrato, la participación oficial fue de 51 por ciento y la privada de 49 por ciento. En 2009 el alcalde Jorge Torres López destinó 12.8 millones de pesos para comprar acciones de Agsal y elevar la participación oficial. “Actualmente la relación está de 55 por ciento para el ayuntamiento y 45 para la empresa”, dijo Gloria Tobón Echeverría, integrante del organismo ciudadano.

De acuerdo con la asociación, el ayuntamiento que encabeza el panista Isidro López Villarreal “en estos momentos podría comprar alrededor de 15 por ciento de acciones adicionales al 4 por ciento que ya se adquirió. Es parte de los compromisos que firmó Isidro López”, manifestó Garza Gutiérrez.

En enero pasado, el alcalde de Ramos Arizpe, municipio conurbado con Saltillo, anuló el contrato con Aguas de Barcelona para administrar el sistema de aguas que estaba vigente desde 2012. El edil tomó la decisión al comprobar que el costo de servicio se duplicó y en algunos casos se triplicó en perjuicio de los usuarios.

“En Ramos Arizpe se homologaron las tarifas entre el 31 de diciembre de 2012 y el primero de enero de 2013; hubo aumentos en algunos casos al doble, al triple y casos en que se cuadruplicaron, todo fue un día para otro y a los usuarios les cobraron adeudos enormes.

“Esas violaciones al contrato que se documentaron en Ramos Arizpe son las mismas que se han dado en Saltillo. Hemos tenido siete incrementos de tarifas por encima de la inflación, contraviniendo el contrato de asociación. Estos aumentos se han dado poco a poco; en Ramos Arizpe fueron de un jalón”, aseguró Tobón.

La asociación de usuarios consideró que el gobierno municipal tiene motivos suficientes para echar abajo el contrato con Aguas de Barcelona, cuya vigencia termina en 2026, debido a violaciones a distintas cláusulas.

“Estamos pidiendo una auditoría técnica y una administrativa y si se encuentran violaciones graves, pedimos que se re municipalice. El mismo contrato lo estipula, que habría elementos para cancelarlo. Seguramente la empresa se iría a los tribunales internacionales, pero está plenamente demostrado que han violado el contrato de asistencia técnica, el de asociación, la ley de aguas nacionales, la del estado, lo han violado consistentemente durante los 13 años de vigencia del contrato. Está en manos del alcalde poner un alto a esta empresa”.

En 2006, la Procuraduría Federal del Consumidor aplicó una multa de un millón 600 mil pesos a Agsal por aplicar cobros indebidos a los usuarios y en 2010 el entonces alcalde Jericó Abramo Masso obligó a la compañía a reducir 50 por ciento el cobro por el servicio de recolección de tomas de agua, cuyo incremento fue en esa misma proporción y sin consentimiento de las autoridades municipales.

Saltillo y Ramos Arizpe son dos ejemplos de la sucia experiencia de privatizar los servicios del agua potable. La transnacional Aguas de Barcelona y su filial Aguas de Saltillo fueron beneficiadas en 2001 al otorgarles contratos para la distribución y cobranza del líquido. Unos años después la situación es intolerable.

¿Dónde están las inversiones que haría la transnacional? Simplemente, no existen. Todo se ha limitado a usufructuar el contrato a cambio de nada. El servicio es muy malo, se ha vuelto muy costoso, el acuífero ha sido saqueado.

Este escenario no es único, se repite por todo el país. Privatizar los servicios del agua es una medida incorrecta de política. Lo conveniente en Saltillo es anular el contrato como ocurrió en Ramos Arizpe. ¿Cómo debía de organizarse el servicio relacionado con el agua? Mediante la nacionalización del agua y su abastecimiento a cargo exclusivo del Estado, a través de un solo Organismo del agua a nivel nacional, con sus instancias locales.

Todo el proceso de trabajo hídrico debe ser integrado y las distintas fases de este proceso deben realizarse por administración directa.

Esta opción es necesaria. Seguir privatizando al agua traerá peores situaciones que las descritas. Debe privilegiarse el derecho social al agua, ejercido en condiciones de accesibilidad, continuidad y calidad. Eso no se puede hacer de manera privada sino solo por el servicio público de abastecimiento y suministro de agua.


Ref: 2014, elektron 14 (192) 1-2, 7 junio 2014, FTE de México.

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