La UNAM descubre fallas en los trámites, incompatibilidad con las disposiciones locales y subestimación de afectación ambiental. La manifestación de impacto ambiental (MIA) contiene errores graves e información falsa. La disponibilidad de agua sería insuficiente. El Consejo Consultivo de la Semarnat en Baja California Sur recomienda negar el permiso. La MIA carece de información sobre biodiversidad, dice la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. El gobierno del Estado señala que hay omisiones técnicas. En carta a Peña Nieto, los inversionistas retiran la MIA. El consenso es adverso. El proyecto Cabo dorado debe ser cancelado.

Cabo Pulmo, B.C.S.

Los acontecimientos relacionados con el nuevo intento de imponer un proyecto turístico en Cabo Pulmo, B.C.S., denominado Cabo dorado, han entrado en una fase crucial. El consenso es abrumadoramente en contra de tal proyecto. Múltiples razones científicas, técnicas, sociales y ambientales muestran que el proyecto es imprudente e innecesario. El gobierno en turno tiene la obligación de proceder en consecuencia negando el correspondiente permiso. De hecho, se ha tardado demasiado ante las contundentes evidencias.

A continuación, algunas notas de prensa relacionadas publicadas recientemente.

La manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto Cabo Dorado, planeado para desarrollarse en Baja California Sur, a un lado del arrecife más conservado del océano Pacífico, Cabo Pulmo, tiene errores graves e información falsa que subestiman los impactos al medio, advierte un análisis del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Enciso A., en La Jornada, p.37, 12 mayo 2014).

Las conclusiones a que llegó el instituto, luego del análisis de la MIA, son que el proyecto es incompatible con las disposiciones fijadas en el Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos y en el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del golfo de California.

Al igual que las evaluaciones de los expertos Exequiel Ezcurra y Octavio Aburto, indica que la MIA “contiene errores graves e información falaz que no solamente conducen a una subestimación de los impactos ambientales del proyecto, sino también lo invalidan como instrumento para dictaminar con veracidad los efectos del programa en la región”.

El análisis apunta que el plan contempla obras y actividades de construcción, operación y mantenimiento de hoteles, condominios, desarrollos habitacionales, restaurantes, servicios, campos de golf y una aeropista. Ello implica el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en más de una tercera parte del área del proyecto, mil 218 hectáreas, para desarrollo hotelero, vialidad, accesos, áreas comerciales e instalaciones de carácter comercial y deportivo.

Explica que el desarrollo no se puede considerar de baja densidad y poca demanda al ambiente, ya que 22 mil cuartos implican una población de entre 240 mil y 440 mil habitantes. Añade que la descripción que hace la MIA permite inferir que se incrementará la presión terrestre y marina, pero el documento omite las implicaciones.

Respecto del abasto del agua, que provendrá del acuífero Arroyo Santiago, el consumo será de 75 por ciento de la disponibilidad, pero pasa por alto que es el único que aún tiene disponibilidad en el municipio de Los Cabos. La MIA soslaya los efectos acumulativos y sinérgicos en relación con el consumo de agua de la población inducida por Cabo Dorado, ya que sólo quedaría 25 por ciento del líquido del acuífero para una población adicional de al menos un cuarto de millón de personas.

Asimismo, elimina el efecto del proyecto sobre la demanda de agua para la agricultura y que implicará una expansión de centros de población en la zona costera. Además de que está prohibida la construcción sobre dunas costeras, plantea analizar las zonas donde se podría extender el proyecto.

También se señala que cuenta con concesiones de la zona federal marítimo-terrestre para nueve accesos a la playa, de lo cual se desprende que habrá actividades recreativas y turísticas en el litoral, sobre todo en zonas definidas en el Programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional Cabo Pulmo. Ello también se deja de lado en la MIA.

La MIA del proyecto turístico Cabo Dorado no debe ser aprobada en las condiciones en que fue presentada a las autoridades, manifestó el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Baja California Sur (León R., en La Jornada, p.37, 12 mayo 2014).

El consejo, integrado por los sectores académico y social, así como por mujeres, jóvenes y organizaciones de la sociedad civil, analizó la MIA del proyecto, expediente número 03DSBS2014T0002, promovido por la empresa La Rivera Desarrollos BCS. Concluyó que la manifestación no contiene suficiente información que demuestre que no habrá impactos a los ecosistemas terrestres y marinos.

El coordinador del consejo, Francisco Guzmán Roa, aseveró que la MIA no presenta una “matriz de impactos”, en la que se pueda evaluar la viabilidad del complejo turístico.

Señaló que no considera el factor de cambio climático como elemento importante para proponer medidas de mitigación en los próximos 20 años, no toma en cuenta la biodiversidad donde se pretende desarrollar el proyecto y no considera estudios existentes. Además, omite registros sobre flora, fauna y especies que se encuentran en la zona de afectación.

Sostuvo que, de acuerdo con el consumo diario que prevé la Comisión Nacional del Agua –300 litros por habitante–, la concesión de líquido autorizado, 4.5 millones de metros cúbicos anuales, no alcanzaría para desarrollar el proyecto y cumplir el artículo cuarto de la Constitución, en el cual se estipula el derecho que tiene la población de contar con agua suficiente y de calidad.

La MIA, según el organismo consultivo, olvida mencionar el manejo adecuado de los residuos sólidos y no propone medidas de mitigación por la contaminación que se producirá cuando el proyecto esté llevándose a cabo ni al término de éste.

En lo que se refiere a la infraestructura para la generación de energía, se da por hecho que la Comisión Federal de Electricidad tiene la capacidad instalada. Se habla de la construcción de hoteles, pero no se mencionan las características de diseño y, por tanto, no existen estudios sobre mecánica de suelos que demuestren si éstos se pueden construir donde plantea el proyecto.

Sobre la propuesta para construir campos de golf, no menciona cómo mitigar la contaminación por fertilizantes y productos similares que se usarán y aumentarán los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio en la zona.

El consejo estimó importante la construcción de proyectos como el de Cabo Dorado, que propicien un desarrollo económico y de bienestar social, “siempre y cuando exista equilibrio y se cumpla con lo que fijan las leyes y sus reglamentos”.

Según sus conclusiones, la MIA debe adecuar la capacidad del complejo turístico a los recursos hídricos que dice tener en las concesiones de los pozos ubicados en el acuífero de Santiago y que legalmente no demuestra.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó a la empresa El Anhelo Resorts SA de CV un título de concesión para el uso y aprovechamiento de 21.3 hectáreas de zona federal marítima, a fin de que construya una marina turística artificial en la comunidad de Buena Vista, municipio de Los Cabos, a 40 kilómetros del parque nacional de Cabo Pulmo (León R., en La Jornada, p.36, 14 mayo 2014).

El título de concesión, otorgado el 5 de diciembre de 2013 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo pasado, precisa que en la marina, con capacidad para 356 yates o mega yates, se invertirán 703.4 millones de pesos. La terminal forma parte del proyecto El Anhelo Resorts and Marina, que incluye un campo de golf y lotes residenciales.

La SCT condicionó las obras a que la empresa acredite la concesión de la zona federal marítima-terrestre en seis meses y a que obtenga la autorización de impacto ambiental.

Según el título de concesión de la SCT, la empresa acreditó la propiedad de 99 hectáreas colindantes con la zona federal marítima-terrestre, la cual está registrada en el municipio de Los Cabos con la clave catastral 4-03-073-0006.

De acuerdo con la solicitud de autorización de impacto ambiental presentada en diciembre de 2010, la empresa prevé construir un campo de golf, residencias, una marina y escolleras.

El titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Luis Fueyo, dijo que la opinión técnica que este organismo envió a la dirección general de impacto y riesgo ambiental de la Semarnat, coincide con los análisis de otros científicos en el sentido de que la MIA de Cabo Dorado carece de información sobre la biodiversidad del sitio del proyecto (Enciso A., en La Jornada, p.41, 22 mayo 2013).

En tanto, Gonzalo Hafter, pionero en la conservación ambiental en México, envió una misiva a Exequiel Ezcurra, uno de los expertos que cuestionan la MIA de Cabo Dorado, en la cual expresa que “estoy totalmente de acuerdo y le apoyo plenamente en su crítica”. Agrega que “siempre que pueda la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas debe tratar de que manifestaciones de impacto ambiental o cualquier otro documento que puede influir en una decisión que afecte nuestra diversidad estén bien hechas y satisfagan los requisitos de información verídica necesaria. En caso contrario, su presentación es maléfica, pues pueden servir de apoyo a decisiones erróneas”.

En conferencia de prensa para anunciar la convocatoria al reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza, Luis Fueyo dijo que se debe buscar que el arrecife Cabo Pulmo mantenga las características que hicieron que esta área natural protegida se incluyera en el listado Ramsar y que formara parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Añadió que el acuífero Santiago, del cual Cabo Dorado prevé obtener el agua para el desarrollo turístico, y todos los elementos ambientales se deben contemplar desde una perspectiva regional: “Este tipo de proyectos se tienen que ver como parte de una unidad ambiental regional, muchos recursos que ahí se tienen son soporte de comunidades que ya están ahí”.

En cuanto al impacto que tendrían los campos de golf en el arrecife coralino, dijo que al igual que cualquier otro proyecto se tiene que valorar el cambio de uso de suelo, qué tanto se afecta la vegetación primaria; el soporte en la demanda de agua que se requiere para mantenimiento del proyecto, y el uso de fertilizantes y agroquímicos para controlar plagas que afecten el césped. “Los efectos del arrecife dependen del tiempo de degradación de los agroquímicos, su capacidad de permear mantos freáticos y si corren al mar, puedan tener elementos ajenos al medio natural”.

Greenpeace divulgó otras comunicaciones que revelan que el ex presidente Vicente Fox, John McCarthy –ex titular de Fonatur durante el sexenio del anteriormente mencionado– y Paul Zhang, promotor de la inversión en Cabo Dorado, han cabildeado a favor del proyecto con funcionarios de la Secretaría de Economía.

El proyecto turístico Cabo Dorado no coincide con la vocación establecida en el Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos, no cuenta con ninguno de los trámites en materia urbana a los que se refiere la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur y propone intensidades de uso de suelo distintas a las políticas de desarrollo municipal, señaló el gobierno del estado en una opinión técnica enviada el pasado 2 de abril a la Semarnat, difundida por organizaciones civiles (León R., en La Jornada, p.34, 26 mayo 2014).

Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo (ACCP), Costasalvaje, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Defensa Ambiental del Noroeste, Greenpeace y el Grupo de los Cien revelaron que el documento –firmado por el secretario estatal de Desarrollo, Joel Ávila Aguilar– señala diversas omisiones en la MIA, como que no se demuestra la interconexión de los tres predios del proyecto, no se especifica el proceso de salinización de los acuíferos, al hacer uso del agua, y los datos sobre disponibilidad del recurso en el acuífero de Santiago no son correctos.

Las organizaciones civiles puntualizaron que, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la opinión técnica del gobierno de BCS, enviada a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Semarnat, sería suficiente para negar la autorización en materia de impacto ambiental, por lo que reiteraron su postura de que la Semarnat no apruebe el proyecto, porque sería ir contra la ley.

Afirman que existen impactos asociados al desarrollo del proyecto que no se revisan en la MIA, como el establecimiento de un centro de población y el consecuente flujo adicional, entre otras situaciones, a una demanda superior a la disponibilidad del acuífero de Santiago, que generaría graves problemas de abastecimiento de agua, aunado a un desarrollo no planeado y un crecimiento exponencial de todo tipo de servicios.

En una carta abierta dirigida al presidente de la República, Enrique Peña Nieto; al titular de la Secretaría Semarnat, Juan José Guerra Abud; al gobernador del estado de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, y al presidente municipal de Los Cabos, Baja California Sur, José Antonio Agúndez Montaño, así como a todo el público interesado, los inversionistas del proyecto Cabo Dorado dieron a conocer su decisión de retirar la MIA e interrumpir el proceso de evaluación sobre la misma, de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y su reglamento, así como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (Sánchez A., en La Jornada en internet, 30 mayo 2014).

Las empresas Glorious Earth Group y Beijing Sansong International Trade Group, de Estados Unidos y China, respectivamente, señalan que esta decisión se dio con base “a las importantes preocupaciones que se han generado en torno al proyecto Cabo Dorado en relación a los riesgos que pudiera implicar para el medio ambiente y la preservación del Parque Nacional Cabo Pulmo”.

Asimismo, en el documento plantean que en un futuro próximo reiniciarán “este procedimiento con un nuevo proyecto y una nueva MIA, que tome en cuenta en forma detallada las críticas fundadas que se han manifestado y las cuales hemos escuchado con el mayor respeto y detenimiento”.

Al desplegado de prensa de los inversionistas hubo respuesta inmediata.

La Semarnat tiene desde el 29 de mayo el resolutivo de la MIA del proyecto Cabo Dorado, por lo que es falso que los inversionistas se hayan retirado del proceso de evaluación, señalaron las organizaciones Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo (ACCP), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Costa salvaje, Defensa Ambiental del Noroeste (DAN), Greenpeace y el Grupo de los 100 (Sánchez A., en La Jornada, p.31, 31 mayo 2014).

Por su parte, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) exhortó al presidente Enrique Peña, a proteger de manera definitiva Cabo Pulmo y su zona terrestre adyacente para asegurar la conservación de esta reserva marina única en el mundo. Las organizaciones aclararon que el retiro del proyecto de Cabo Dorado “demuestra lo que durante casi tres meses denunciaron más de 100 científicos, organizaciones civiles y habitantes de las comunidades de la región de Cabo del Este: el proyecto era insostenible debido a los impactos ambientales, económicos y sociales por la construcción de un desarrollo tan invasivo”.

Además, agregan, la Semarnat “debe reconocer las falsedades y graves omisiones de la MIA de Cabo Dorado” y denunciar ante la PGR la probable existencia de delitos previstos en el Código Penal Federal.


Ref: 2014, elektron 14 (188) 1-5, 3 junio 2014, FTE de México.

Playa en Cabo Pulmo, B.C.S.

El ambiente marino de Cabo Pulmo FOTO: Xinhua