El nombre sigue siendo el mismo, equivocado y simplista. Ahora lo es más porque la CFE, que antes representaba a la industria eléctrica nacionalizada, con la desnacionalización de esta pasó a ser otra vez una simple empresa. La generación y comercialización queda abierta a la participación privada, nacional y extranjera. La transmisión y distribución eléctrica se entregará a contratistas, el control de la energía será separado de la CFE. Queda una “comisión” empequeñecida y fragmentada.

En la misma iniciativa que contiene a la Ley de Pemex, Peña Nieto envió al Congreso la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ambas leyes secundarias reglamentarias de la reforma constitucional regresiva.

La exposición de motivos es la misma en las dos leyes. El mismo Peña lo dice, la reforma es “para que pueda participar el sector privado”. Esto representa la desnacionalización energética y su privatización. En materia eléctrica la pretensión es logra un mercado eléctrico competitivo. Para ello, la CFE será transformada en una “empresa productiva del Estado”

Esta es una figura jurídica inventada para justificar la privatización energética. Según Peña, la participación privada en el sector debe ser acompañada por el fortalecimiento de las empresas estatales. Por supuesto, no hay tal. Lo que existe es privatización de las industrias eléctrica y petrolera, lo que afecta a la totalidad de los procesos de trabajo. Pemex y la CFE dejaron de representar a la industria para convertirse ahora en empresas, dedicadas a realizar solo una pequeña parte de los procesos de trabajo.

Cualesquiera sea la denominación de la figura jurídica no hay fortalecimiento sino fragmentación y empequeñecimiento de Pemex y CFE. Para Peña esto es coherente. Antes la industria era nacionalizada y la habíamos integrado, hoy será privatizada y, consecuentemente, desintegrada.

El cambio es, ante todo, en el régimen de propiedad el cual de ser nacional volverá a ser privado. Los objetivos, por tanto, son diferentes. Antes, Pemex y la CFE eran parte del sector estatal de la economía. Hoy, este sector es inexistente pues fue liquidado, faltaba el sector energético ahora sujeto a la privatización. En consecuencia, prevalecerán los criterios de lucro y de ganancia por sobre los de beneficio social.

Peña mismo lo dice, su “figura” es para “crear valor económico” mediante un gobierno corporativo. La creación de valor económico no es excluyente en una empresa estatal que, sin embargo, tiene una orientación social no solo mercantil. En ambos casos, el desarrollo ocurre en el marco del capitalismo. La diferencia es que ahora Peña Nieto propone desarrollar el capitalismo de manera salvaje para la acumulación privada de capital y su distribución solo entre capitalistas omitiendo todo beneficio social.

De acuerdo a lo señalado por Peña, la “empresa productiva del Estado” tendrá un régimen jurídico especial, habrá un nuevo papel del Estado como “propietario”. Para Peña, Pemex y CFE deben ser consideradas como empresas autónomas y no como dependencias gubernamentales.

¿Esto es así o que consecuencias hay?

Peña se basa en las recomendaciones que le hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), encargada de dictar políticas públicas a los gobiernos sumisos.

Como antecedente, fueron años de campaña empresarial contra los Estados por participar en la economía de las naciones. Esto formó parte del largo sueño del imperialismo para derrotar al socialismo y sus conquistas nacionales. En la década de los 1990s lo logró en Europa oriental y extendió la ofensiva hacia todo el mundo. Nada estatal, todo privado fue la consigna.

En México, desde años antes había empezado a desmantelarse el sector estatal de la economía, que se había constituido como importante a lo largo de muchos años, impulsado básicamente por las nacionalizaciones petrolera y eléctrica.

De acuerdo a la campaña del capital, el Estado es corrupto, mal administrador y no debe intervenir en la economía nacional. Eso fue creído al pie de la letra por los gobiernos en turno. Más de mil empresas e industrias fueron privatizadas mediante mecanismos diversos. En unos casos, hubo venta directa, en otros fueron regalos. Luego, el capital perfeccionó los mecanismos y lo hizo mediante la transferencia de funciones estratégicas, a través de procesos de privatización furtiva. Fue, especialmente, el caso eléctrico pactado en el Anexo 602.3 del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (TLCAN).

De esta manera el Estado mexicano fue renunciando al control del sector estatal de la economía, el cual se sostenía por la propiedad nacional del sector energético. Pemex y la CFE eran denominadas empresas paraestatales pero, más que empresas representaban por ley a las respectivas industrias, siendo de alcance nacional. La diferencia está determinada por el alcance de los procesos de trabajo. Una industria realiza todas las fases de estos procesos, una empresa solamente una parte.

He aquí los principales aspectos del cambio regresivo. Por una parte, cambió el régimen de propiedad y, por otra, el alcance de los procesos de trabajo. Por ello es que Pemex y la CFE se volverán empresas, dejando de ser industrias las que serán privatizadas.

El Estado, entonces, no solamente renunció al control de las “empresas” estatales sino a su propiedad, no solo en el caso de las empresas estatales sino de las nacionales o nacionalizadas.

¿Cómo es que ahora, en vez de administrador el Estado pretende ser propietario? ¿De qué propiedad habla? NO es lo mismo nacionalización que estatización o mexicanización. En Latinoamérica, y ahora en México, se pervierten los conceptos en deliberada confusión conceptual. La diferencia surge de la existente entre nación, estado y gobierno que NO son lo mismo.-Teniendo presente que vivimos en una sociedad dividida en clases sociales, la nación es el conjunto de mexicanos vivientes, somos todos. El Estado es solo una parte, de hecho un aparato separado de la sociedad que se erige por encima de las clases sociales para administrar la violencia de una contra otra. ¿Quiénes forman al Estado? De entrada, los cuerpos de coerción, es decir, el ejército, marina, aviación y policías; también la burocracia, especialmente del gobierno en turno. El gobierno, por su parte, es el gabinete nombrado (no es electo) por el presidente en turno.

La nacionalización implica la propiedad de la nación, la estatización la del Estado y la mexicanización la propiedad privada de mexicanos, sean o no parte del gobierno. Si lo son, la propiedad sería gubernamental.

Peña y asesores, sine embargo, confunden indistintamente a la propiedad del Estado con la del gobierno. En sus propias iniciativas de Ley se dice, y repite, que el gobierno “es el único dueño”). NO, gobierno y Estado no son lo mismo y Estado y nación, tampoco.

Pemex y la CFE eran de la nación. Con la desnacionalización, Peña Nieto decidió arbitrariamente que ambas entidades continúan pero ya no como de propiedad nacional sino del Estado, sin existencia de ningún sector estatal de la economía y con un carácter alejado de la política social.

La CFE fue creada mediante decreto del 14 de agosto de 1937, teniendo por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. La industria eléctrica mexicana había nacido privada, con la Mexican Light and Power Co. que desde 1905 abastecía de electricidad proveniente de Necaxa al Distrito federal y otros lugares de los estados de México e Hidalgo.

Creada durante la efervescencia nacionalista de los 30s, la CFE sin embargo no pasó de ser una “comisión”, cuyo erróneo nombre tomó del estilo gubernamental en turno, dado a formar comisiones de diverso tipo y alcance. En este caso, a nadie se le ocurrió nada coherente para la industria eléctrica en desarrollo. El propio SME de la época se limitó a proponer la formación de una “cooperativa eléctrica”.

En 1949 la CFE pasó a ser un organismo público descentralizado. El 1º de mayo de 1952, los electricistas de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas (FNTICE) proclamaron ante la nación que “Luchamos por la nacionalización de la industria eléctrica”.

El 27 de septiembre de 1960 se emitió el decreto nacionalizador. La industria eléctrica fue rescatada para la nación en un 98% de las acciones. Por cierto, en la iniciativa de Peña Nieto se OMITE toda referencia a la nacionalización eléctrica, para Peña esta NO existió jamás. Consecuentemente, tampoco existió ninguna consecuencia y no debe recordarse nunca. Al enemigo no basta con matarlo, hay que despedazarlo y olvidarlo, dicen los fascistas. Eso es lo que propone Peña en el caso energético.

Pero la nacionalización eléctrica no puede olvidarse, en primer lugar, porque fue propuesta de los trabajadores. En segundo lugar, porque desde el instante mismo en que se decretaba los electricistas de la FNTICE sacaron dos conclusiones importantísimas. Una, hacer la unidad sindical a nivel nacional lográndola al formar el STERM. Dos, integrar a la industria eléctrica nacionalizada, cuestión que logramos hacia 1976.

Un año antes, en 1975, conquistamos en plena lucha de la tendencia Democrática del SUTERM, a la primera Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE).

La integración de la industria eléctrica nacionalizada fue un proceso logrado con éxito por dos razones, una, por la existencia de una política industrial al respecto y, dos, por la presencia movilizada de los electricistas del STERM, luego SUTERM y más tarde Tendencia Democrática del SUTERM al interior de los centros de trabajo y en las calles y plazas públicas del país.

La integración de la industria eléctrica nacionalizada implicó tres grandes aspectos. Uno, la unificación de frecuencia a 60 ciclos por segundo en todo el país. Con anterioridad, había cerca de una docena de frecuencias aplicadas por las compañías extranjeras en sus respectivas regiones. Dos, la interconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en un solo Sistema Interconectado Nacional (SIN) en todo el país. Esto significó unificar al territorio a través de una sola red nacional de transmisión y distribución eléctrica. Tres, la organización del trabajo en todo el país, quedando pendiente solo la zona Centro controlada por el SME que se opuso siempre a la integración industrial.

Integrar a la industria eléctrica nacionalizada fue el principal acierto de los electricistas del STERM. Llevo 16 años lograrlo en medio de intensas discusiones en las asambleas locales. La integración se hizo como resultado de la experiencia histórica. Originalmente, los procesos de trabajo fueron organizados por la humanidad para satisfacer necesidades humanas. La mejor manera es mediante la integración de las fases que constituyen a tales procesos. Eso mismo lo ha hecho el capitalismo pero con objetivos siniestros para lograr una mayor explotación del trabajo al tiempo que aumenta la tasa y masa de ganancia y acumulación de capital.

La nacionalización es un proceso necesario para el desarrollo de los pueblos. No es la aspiración última pero alcanzar mayores estadios pasa por el dominio nacional de las economías. Esa fase de transición podrá ser más rápida o más lenta dependiendo de la rapidez con que la clase obrera se constituya en clase política para sí. Esto es clave, sin la participación obrera organizada y conciente no hay proceso nacionalizador que pueda sostenerse, pudiendo este estancarse e, incluso, retroceder.

Precisamente, la nacionalización eléctrica fue interrumpida violentamente por el Estado mediante la represión político-militar a la Tendencia Democrática del SUTERM. El imperialismo se opuso a la acción organizada de los trabajadores en un sector estratégico de la producción y utilizando provocadores quebró al movimiento.

A partir de ese momento no hubo resistencia, todos fuimos despedidos. En 1992, Salinas de Gortari realizó reformas regresivas a la LSPEE, en el marco del TLCAN. Con estas reformas, apoyadas por el SME, empezó la reversión de la nacionalización con un proceso de privatización furtiva que se prolongó hasta 2013, habiendo llegado a la fecha al 55.6% de privatización de la generación eléctrica total a nivel nacional.

Este año, Peña Nieto y partidos políticos decidieron finalizar el despojo a la nación y lo hicieron con la desnacionalización. En 2014, la legislación secundaria incluye a la Ley de la industria eléctrica, misma que sustituye a la LSPEE y una Ley para la CFE. Se trata de descuartizar a la CFE. El régimen especial consiste en legalizar el contratismo de todo tipo en todas las actividades.

La CFE queda reducida a encargarse solo de la menor parte de la generación eléctrica, la demás la hará abiertamente el sector privado, lo mismo que la comercialización.

El servicio público de transmisión y distribución eléctrica se dice que será público, significando con ello que será de acceso abierto a quien quiera utilizar las redes para transportar y distribuir la energía generada. Formalmente, el servicio estará a cargo de empresas subsidiarias de la CFE pero podrán cederlo en contrato para su operación, mantenimiento y vigilancia.

Esto conducirá a fraccionar el funcionamiento de las redes nacionales. La CFE no solamente será fragmentada sino sometida a un proceso de extinción, con un servicio cada vez más deficiente y caro.

Extractor en el cuarto de máquinas, Central Hidroeléctrica El Cajón FOTO: J. C. González

Se definen en el primer artículo que,

Esto es, se trata de “regular” a la nueva figura, la “empresa productiva del Estado”. La CFE deja de ser entidad paraestatal. Más aún, antes representaba a la industria eléctrica nacionalizada. Hoy, esta no existe más. En consecuencia, Peña Nieto abrogó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) y la sustituyó por una nueva para regir en la industria eléctrica privatizada.

En el siguiente párrafo se indica que

Se trata de una autonomía parcial limitada a la facultad para formular su propio presupuesto y aplicarlo.

Se dice en el siguiente

En el siguiente párrafo se indica que la Comisión “tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero”.

La primera parte es la copia de lo indicado en la Ley de Pemex para justificar la figura inventada de “empresa productiva del Estado”. Al igual que antes, de manera contradictoria se le llama “empresa ... del Estado” pero se afirma que es “de propiedad exclusiva del Gobierno”. La confusión es evidente. Estado y gobierno NO son lo mismo. Se nota enseguida que estas leyes fueron escritas en los despachos del ITAM, desconocedores de la teoría del Estado.

La confusión no es fortuita sino deliberada porque forma parte del atraco descomunal a la nación. La industria eléctrica que Peña Nieto desnacionalizó era de propiedad nacional, es decir, de la nación. Con la reforma constitucional regresiva se avaló el cambio en el régimen de propiedad que, como antaño, volverá a ser privado en amplias fases del proceso de trabajo eléctrico.

De esta manera, la industria eléctrica nacionalizada, antes integrada, será desnacionalizada y nuevamente fragmentada en un escenario peor al existente antes de la nacionalización.

Se mantiene el nombre de “Comisión”, denominación impropia y obsoleta que proviene de la época en que la industria eléctrica mexicana era extranjera. En 1937, Lázaro Cárdenas creó por decreto a la CFE y, como acostumbraba, a todo le llamaba “comisión”. Así le pusieron a la CFE. Con la nacionalización de 1960, la CFE pasó a representar en los hechos a la industria eléctrica nacionalizada y se mantuvo el nombre. En la LSPEE de 1975, el gobierno insistió en la tradición de ese nombre incorrecto.

Hoy, Peña Nieto lo reitera con la intención de confundir más a la población, haciéndole creer que no hay cambios. NO es así, los cambios son radicales y nocivos. Pemex también conserva el mismo nombre pero sus funciones no son las de antes. Igual con la CFE, la “Comisión” sigue en cuanto al nombre pero sus funciones son distintas.

Se establece la finalidad de la CFE en los siguientes términos.

El objetivo de esta “Comisión” es meramente empresarial y para generar valor económico, dice Peña, “para el Estado mexicano como su propietario”. ¿No que el dueño exclusivo es el gobierno? Los asesores de Peña confunden gobierno y Estado y lo utilizan indistintamente. Eso es incorrecto. Se pretende una legislación sucia que le otorgue al gobierno, incluso al Estado, una propiedad que NO es suya.

Creer que con la productividad se van “a minimizar los costos de la industria eléctrica” es ilusorio y falso. Para empezar, en este caso, la CFE ya NO representa a NINGUNA industria. En segundo lugar, los costos de producción NO se pueden minimizar por decreto en ninguna parte. Menos aún con una empresa como la CFE; fragmentada y privatizada en exceso.

En la última parte, el “mandato” a que se obliga la CFE es suicida. “Garantizará el acceso abierto”, dicen los asesores del ITAM. ¿A qué y a qué? No lo indican pero se refieren a la transmisión y a la distribución eléctrica, cuyas redes nacionales siguen en manos de la CFE si bien pronto serán sustraídas. ¿Cómo garantizar la operación eficiente del sector eléctrico, si el control de la energía ya no lo hará la CFE? El CENACE será separado de la Comisión en un organismo aparte.

En cuanto a “garantizar la competencia”, eso se hará en contra de la propia CFE, no depende de esta y se hará en la medida en que la privatización en marcha aumente.

Antes, la CFE representaba a la industria eléctrica nacionalizada y se encargaba de la totalidad de las fases del proceso de trabajo eléctrico a nivel nacional. Todas estas actividades estaban integradas en el mismo Sistema Interconectado Nacional. Hoy, con la industria desnacionalizada la situación es otra.

Se dice en el siguiente artículo:

Se adiciona el siguiente párrafo:

La CFE podrá realizar la generación y comercialización eléctrica, incluyendo la importación y exportación, de acuerdo a lo indicado en la Ley eléctrica. Esto es, mediante permisos otorgados por la Sener y la CRE pudiendo existir un permiso para cada central. La CFE opera un parque de generación constituido por 157 centrales: termoeléctricas, hidroeléctricas, geotermoeléctricas, carboeléctricas y una nucleoeléctrica, con una capacidad de generación propia de 169,550.0 GWh, habiendo una capacidad privada interna de 105,634 GWh en la modalidad PIE a cargo de transnacionales.

A la fecha, la CFE genera solamente el 44.4% de la capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional, el resto lo hacen las transnacionales y sus filiales. Con la nueva industria desnacionalizada, la privatización aumentará. Desde 1995, el Banco Mundial pidió al gobierno de Zedillo que fuera privatizada el 100% de la generación. Hoy, esa es la pretensión de Peña Nieto.

A partir de 1992, la importación y exportación de electricidad es privada y la tendencia es a aumentar, la CFE abandonó esa función.

La privatización interna, en operación, de la CFE seguirá. Los actuales 30 proyectos en la modalidad PIE, 25 termoeléctricos y 5 eoloeléctricos, serán ratificados en su totalidad.

En materia de transmisión y distribución eléctrica la función de la CFE será “prestar el servicio”, se dice, “en términos de la legislación aplicable” ¿Cuál? La nueva Ley de la industria eléctrica. Es decir, formalmente, la CFE prestará el servicio pero no lo hará directamente. ¿Qué hará entonces? “Garantizar el acceso a quien lo solicite, básicamente la multitud de empresas generadoras privadas que serán sincronizadas a la red. Según la reforma constitucional y la ley, la operación, mantenimiento, ampliación, vigilancia de las redes eléctricas nacionales estarán a cargo de los Transportistas y Distribuidores. ¿Quiénes son esos? Empresas subsidiarias y/o contratistas de la CFE. Así que, por el momento, la CFE tendrá la responsabilidad de los 800 km de redes eléctricas de transmisión, subtransmisión y distribución solo para cederlas por partes a la multitud de Transportistas y Distribuidores que terminarán por descuartizar a la industria eléctrica y a la propia CFE.

La importación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible (¿Uranio enriquecido, por ejemplo?) indican que seguirá la actual política antinacional. ¿Cómo comprar gas natural e importarlo? ¿No que con la reforma desnacionalizadora y privatizadora la producción de gas será tanta que hasta las tarifas eléctricas bajarán? Más pronto cae un hablador que un cojo, dice el refranero mexicano. Ni Peña Nieto puede sostener sus mentiras.

¿Desarrollar proyectos de ingeniería? Ese es solo rollo. La CFE lo hizo y muy bien hasta 1976, después todo se cedió al contratismo, hoy NO hay ingeniería de proyectos y tampoco habrá con una industria privatizada. Consecuentemente, tampoco hay construcción, todo fue cedido al contratismo nacional y extranjero.

¿Investigación de fuentes de energía? Eso lo hizo la CFE hasta 1976, después entregó todo al capital privado, hoy las fuentes renovables de energía utilizadas (viento, agua, solar) están privatizadas. La política antinacional consiste, precisamente, en aumentar tal privatización.

¿Investigación y desarrollo tecnológico? ¿Cuál, dónde? La CFE NO realiza investigación y desarrollo ni lo hará. El Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) hace tiempo que incumple sus deberes, simplemente NO tiene proyectos relevantes de investigación y desarrollo. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), separado de la industria eléctrica, tampoco tiene proyectos relevantes. Peor aún, con la privatización eléctrica, el IIE, el IMP y el ININ salen sobrando.

Comercializar productos, es la única ocurrencia que se les ocurre a los tecnócratas para los institutos. ¿Y los proyectos técnico-científicos, dónde están? ¿Y la política energética nacional? Simplemente, NO existe nada.

SIN proyectos, ¿qué recursos humanos “altamente calificados” puede haber? ¡Ninguno! Además, ¿para qué los quieren si las mafias internas impiden la contratación de esos recursos?

La prestación o provisión del servicio “de telecomunicaciones” es una burla. Los 60 mil km de redes nacionales de fibra óptica fueron quitados a la CFE para privatizarlos. Quienes prestarán ahora ese servicio serán los privados.

La participación accionaria en otras empresas, nacionales y/o transnacionales, se propone para auspiciar turbios negocios en favor de los nuevos “propietarios”. Lo mismo la realización de actividades en el extranjero. ¿A quién le rendirían cuentas? ¡A nadie! En el extranjero ni siquiera se aplican las leyes mexicanas.

En suma, el objeto que se propone para la CFE es sumamente limitado, declarativo y fragmentado. La “Comisión” asume un papel literal, como si fuera 1937, cuando apenas empezaba la industria eléctrica pública. Esto es, una empresa más de generación y comercialización eléctrica y ya sin perspectivas de desarrollo.

El control de la energía es una función que se quita a la CFE, ahora el CENACE será un organismo aparte. La transmisión y distribución eléctrica quedan suficientemente disfrazadas, a cargo nominal de la CFE pero entregadas al sector privado por la vía del contratismo, lo que llevará a descuartizar funcionalmente las redes nacionales en multitud de operadores y comercializadores privados. La propuesta original de las agencias imperialistas era la creación de un operador independiente para la transmisión y distribución, que no fuera la CFE. Finalmente, no habrá uno sino muchos operadores.

El siguiente artículo lo confirma.

Las disposiciones al respecto son explícitas.

Esto indica el descuartizamiento explícito de la CFE que, de ser una INDUSTRIA INTEGRADA ahora será una empresa descuartizada de una industria desintegrada y privatizada. La CFE será reorganizada internamente y podrá constituir multitud de empresas subsidiarias y filiales. Más aún, podrá celebrar miles de contratos privados para realizar sus funciones, incluso las llamadas falsamente “estratégicas”. Es decir, la parte del proceso de trabajo eléctrico a cargo de la CFE podrá ser privatizado vía el contratismo, tratándose de la ingeniería, construcción, generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Esto es, en todo podrá haber contratos. Y así será. El modelo planteado por Peña Nieto conduce a la pulverización industrial y, en el caso de la CFE, a la destrucción hasta hacerla solo una “comisión”.

Esto no queda aquí. En el siguiente artículo se reafirma y amplía.

La relación de la CFE con el gobierno federal será la de cualquier otro contratista. De hecho, la Comisión podrá no realizar sus actividades por administración directa. Esto era antes y fue por poco tiempo. Con el nuevo modelo todo está diseñado para transferir las funciones y la renta al sector privado.

Esto se vuelve a reafirmar en el siguiente artículo.

Así, todo podrá realizarse mediante contratos. La argumentación es, incluso, demagógica. Peña dice que serían bajo el esquema de generar “una mayor rentabilidad y productividad”. Si eso fuera cierto, debía prohibirse al contratismo. Este solo es fuente de encarecimiento en los costos, deficiente servicio, malos materiales y corrupción. Jamás el contratismo ha sido garantía de nada y siempre ha sido una fuente de saqueo a todos los niveles.

Desde luego, si todo podrá hacerse por contratistas, el trabajo lo realizarán trabajadores contratistas y subcontratistas del outsourcing, sujetos al trabajo precario y sin derechos sociales. La gran mayoría de electricistas saldrán sobrando.

El artículo 9 se refiere al patrimonio de la CFE, el cual estará constituido por los bienes, derechos y obligaciones adquiridos o que se le hayan asignado, transferido o adjudicado ... así como los rendimientos de sus operaciones y los ingresos recibidos por cualquier otro concepto.

La Comisión es, jurídicamente, un nuevo organismo. En su patrimonio recibirá los bienes de que ahora dispone. Peña aprovecha para “legalizar” la asignación o adjudicación de los bienes de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) a la CFE en 2009. De hecho, confirma que hubo “transferencia” de bienes, lo cual le otorgaba al SME el derecho a la sustitución patronal que, absurdamente, fue rechazada por el mismo sindicato y, desde luego, por el gobierno en turno.

De acuerdo al siguiente artículo:

En el tercer párrafo de este artículo se indica:

Este esquema es deliberadamente perverso y muy alejado de la “competencia y operación eficiente del sector”. La operación será, a la inversa, deficiente precisamente como resultado de la desintegración industrial. En la generación podrá haber una o varias empresas, si se quiere agrupadas por tipo pero diferenciadas entre sí. Entonces podrá haber tantas empresas como se quiera.

Para la operación, mantenimiento y vigilancia de las redes eléctricas nacionales, el esquema será el mismo. ¿Cuántas empresas podrá haber? Las que quieran, la red es tan extensa (800 mil km) que la pueden hacer “cachitos” al gusto, no en el sentido físico pero sí en el funcional. En el caso de la transmisión, con 9 centros de carga, podrá haber al menos 9 empresas. Y, en el caso de la distribución, por lo menos mil empresas y empresitas, encargadas de este servicio en las principales ciudades del país. Bastará que la CRE defina zonas geográficas y ya, cualquier transnacional podrá encargarse, vía los contratos otorgados por la correspondiente subsidiaria o filial de la Comisión.

Tratándose de la comercialización habrá el mismo desbarajuste. En cada población podrá haber una empresa comercializadora, el país es muy grande y podrían ser miles.

Todo esto no tiene nada que ver con la eficiencia. Se trata de un modelo deliberadamente desordenado para favorecer al capital privado.

Según el artículo 11, la Comisión será administrada por un Consejo de Administración y un Director General. Según el artículo 12, el Consejo será el órgano supremo de administración de la Comisión, responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de la Comisión, subsidiarias y filiales.

Entre las funciones principales están: la conducción central y la dirección estratégica de las actividades empresariales, económicas e industriales de la Comisión, subsidiarias y filiales; establecer directrices, prioridades y políticas relativas a la producción, productividad, comercialización, desarrollo tecnológico, investigación, administración general y protección ambiental, finanzas, presupuesto y otras; aprobar el Plan de Negocios; aprobar las inversiones; aprobar la celebración de alianzas estratégicas y asociaciones; aprobar las contrataciones; aprobar los estados financieros y contables; aprobar las previsiones económicas contractuales; aprobar las políticas de remuneraciones; cancelación de adeudos y constitución de reservas contables; establecer políticas para el desmantelamiento de instalaciones industriales; vigilar que la Comisión no contraríe el acceso abierto; nombrar y remover a los directivos; y, otras.

Según el artículo 13, el Consejo se integrará por 10 consejeros, siendo el secretario de Energía quien lo presidirá y tendrá voto de calidad. También lo integrará el secretario de hacienda, 3 consejeros del gobierno federal designados por el Ejecutivo, 4 consejeros llamados “independientes” designados por el Ejecutivo federal y 1 consejero designado por los trabajadores de la CFE y subsidiarias.

A diferencia de Pemex, donde se eliminó la presencia del sindicato en el Consejo de Administración, en el caso de la CFE se concede al SUTERM un consejero. La propuesta es intrascendente. NO es papel del sindicato participar en la co administración de la empresa. ¿Qué hará el SUTERM en este Consejo? Avalar todas las decisiones contra la Comisión, sumiso a una política que no le es propia. Evidentemente, para eso están las cúpulas del sindicato, para inclinarse dócilmente al Estado y gobierno en turno.

Luego se indican los requisitos para ser consejero y se establece que el período de los “independientes” será de tres años escalonados. Los consejeros no tendrán relación laboral con la CFE pero sí recibirán una remuneración. El Consejo sesionará trimestralmente de manera ordinaria.

Los consejeros no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pero sí serán responsables de los daños y perjuicios ocasionados a la Comisión, pudiendo ser removidos.

En el artículo 39 se señala que el Consejo de Administración contará con los siguientes comités; 1. Auditoria, II. Recursos humanos y remuneraciones, y III. Estrategia e inversiones.

En el artículo 44 se establece que, corresponde al Director general la gestión, operación, funcionamiento, y ejecución de los objetivos de la Comisión, sujetándose a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración.

Entre sus funciones están: Administrar y representar legalmente a la empresa; ejecutar los acuerdos y decisiones del Consejo; formular el Plan de Negocios; enviar a Hacienda la información presupuestal y financiera; administrar el patrimonio de la empresa; suscribir los contratos colectivos de trabajo; y, otras.

Según el artículo 45, el Director general será nombrado por el Ejecutivo federal, el cual podrá removerlo discrecionalmente.

De acuerdo al artículo 48, la vigilancia y auditoria en la Comisión, subsidiarias y filiales se realizará por: El comité de auditoria, la auditoria interna y el auditor externo. En los siguientes artículos se indican las funciones respectivas.

En este rubro se establece el régimen especial de la nueva figura empresarial. En el artículo 57 se indica que, la Comisión podrá contra con empresas productivas subsidiarias y con empresas filiales, para dar viabilidad económica, jurídica u operativa a un negocio específico.

El primer tipo de empresas se definen enseguida.

Lo dispuesto por la Ley de la Industria Eléctrica implica la desintegración total. Así se propone que operen las subsidiarias de la CFE, fragmentando más sus limitadas funciones. Además, funcionarán de manera independiente, como una suma de empresas o negocios.

En el siguiente párrafo se indica:

De acuerdo con lo indicado, la “prestación” del servicio de transmisión y distribución será en toda la República, donde están instaladas los actuales 800 mil km. de redes nacionales, en los 9 centros de carga. La extensión es suficiente para crear geográficamente multitud de empresas subsidiarias y/o filiales las cuales, a su vez, darán el servicio a contrato. Con los mismos criterios discrecionales con que hicieron la Ley, los funcionarios podrán crear desde una o dos hasta miles de empresas y empresitas por doquier.

En el caso de la generación eléctrica podrá haber una empresa subsidiaria por cada central existente, lo cual implica cientos de empresas y empresitas. Para la comercialización también habrá empresas separadas. En el territorio nacional podrían ser multitud de empresas.

Tratándose de la generación nucleoeléctrica, Laguna Verde será convertida en empresa subsidiaria aparte, pudiendo ser no una sino dos empresas.

La intención es tener empresas “independientes” con contabilidad y presupuesto separado

Respecto a las empresas filiales se indica:

Este artículo es copia del propuesto para la Ley de Pemex y prevé el caso para que la CFE pueda crear este tipo de empresas, en México y/o en el extranjero. Se busca promover a la CFE como empresa transnacional de rapiña que pueda operar en otros países para saquearlos, a la vez, que se realizan negocios turbios.

En el siguiente párrafo se dice que, las empresas filiales tendrán la naturaleza jurídica “conforme al derecho privado” del lugar de su constitución o creación. Esto garantiza la opacidad pues no habrá obligación de informar a nadie ni menos de aplicar las leyes mexicanas donde no procede hacerlo.

En el artículo 60 se establece que la creación, fusión o escisión de empresas productivas subsidiarias y filiales será autorizada por el Consejo de Administración a propuesta del Director General.

Se indica en el artículo 61 que, la estructura corporativa, las políticas y acciones de la Comisión deberán asegurar que sus empresas subsidiarias y filiales fomenten el acceso abierto, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia.

Para ello, deberán ofrecer energía eléctrica y productos asociados de las centrales eléctricas que representen en el mercado mayorista en condiciones de competencia y sin restricción. También, otorgar el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución sin discriminar indebidamente. Esto es, además de competir en condiciones desiguales con las transnacionales, la CFE debe servirles a estas, especialmente poniendo las redes eléctricas a su disposición.

En el artículo 62 se dice que las empresas subsidiarias o filiales podrán contar con un Consejo de Administración. Según el artículo 65, la liquidación de las empresas subsidiarias será acordada por el Consejo de Administración de la Comisión.

En el artículo 69 se indica que las empresas subsidiarais y filiales deberán alinear sus actividades al Plan de Negocios de la Comisión. Según el artículo 73 podrá haber transferencia de centrales eléctricas entre las empresas subsidiarias o filiales o la fusión entre empresas que controlen a centrales.

Dice el artículo 74 que la Comisión y sus empresas subsidiarias contarán con un régimen de remuneraciones especial, distinto del previsto en el artículo 127 constitucional.

De acuerdo al artículo 75 corresponde al Consejo de Administración definir las remuneraciones, el otorgamiento de incentivos o de percepciones extraordinarias. En el artículo 76 se indica que la contratación de personal deberá requerir la publicación y recepción de solicitudes vía internet.

Este régimen especial de remuneraciones es perverso y corrupto. Por supuesto, se propone ejecutarlo alejado de cualquier objetivo nacional, ahora inexistente. Se trata de corromper más a las cúpulas, de acuerdo a las recomendaciones de la OCDE.

Al igual que en el caso de Pemex, a Ochoa Reza el director de la CFE podrán pagarle lo que quieran. Eso no hará que el economista del ITAM aprenda como funciona un foco y menos como opera un reactor nuclear de potencia. El conocimiento del electrón y de la ingeniería no se puede comprar.

Se indican varios artículos referentes a las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras. Según el artículo 79 estas se llevarán acabo por regla general por concurso abierto pero pueden emplearse otros procedimientos.

Se dice en el artículo 85 que todos los bienes inmuebles de la Comisión y subsidiarias estarán sujetos al régimen de dominio público.

De acuerdo al artículo 87, al personal de la Comisión y subsidiarias se aplicará la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidos Públicos. Independientemente, según el artículo 88 habrá responsabilidad por los daños y perjuicios que llegaren a causar.

En el artículo 94 se establece que la Comisión y empresas subsidiarias entregarán anualmente al Gobierno federal un dividendo. Para ello se seguirá un procedimiento. En el mes de julio de cada año, el Consejo de la Comisión enviará a la Secretaría de Hacienda un reporte sobre la situación financiera de la Comisión y subsidiarias. La Secretaría determinará el monto que la Comisión y subsidiarias deberán entregar al Gobierno federal. Según el artículo 95 el remanente que no sea entregado será reinvertido.

En el artículo 97 se indica que la Comisión y subsidiarias se sujetarán a las leyes aplicables en materia de transparencia. En el artículo 104, sobre Otras disposiciones, se indica que las controversias serán competencia de los tribunales federales. Sin embargo, se podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, en términos de la legislación mercantil y tratados internacionales firmados por México.

En el artículo 105 se indica que la Comisión y subsidiarias entregarán a la Sener la información que les sea requerida, lo mismo que a la CRE. De acuerdo al artículo 106, el Gobierno federal hará una evaluación anual “como propietario” de la Comisión sobre el desempeño de la misma.

Otra vez más, el Gobierno se atribuye una propiedad que no tiene. En la forma en que lo hace se trata de un verdadero robo a la nación.

De acuerdo al artículo 107, las utilidades obtenidas por la Comisión serán destinadas al financiamiento del gasto público y no habrá reparto de utilidades entre los trabajadores aunque sí otros incentivos.

De acuerdo al artículo cuarto, la Comisión y el CENACE continuarán prestando sus servicios actuales durante la reestructuración de ambos organismos.

En el artículo quinto se indica que la Comisión establecerá la separación legal, contable y estructural para las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización dentro de un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley. La transmisión de los bienes, derechos y obligaciones no requerirá formalizarse en escritura pública.

De acuerdo al artículo sexto, en un plazo que no excederá de seis meses, la Comisión y el Sistema de Enajenación y Administración de Bienes (SAE) transferirán al CENACE los bienes para el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional y la planificación de la ampliación y modernización de la Red nacional de Transmisión y de los elementos de las Redes Generales de Distribución que tengan impacto regional o nacional, para constituir su patrimonio y cumplir con su objeto.

Se indica que la transferencia que se realice incluirá los recursos del Centro Nacional de Control de Energía de la Comisión, incluyendo el Centro Nacional (CENAL) y de las áreas de control de Mexicali, Hermosillo, Gómez Palacio, Monterrey, Guadalajara. Distrito federal, Puebla y Mérida, así como la Coordinación de Planificación de la Subdirección de Programación y los demás que determine la Secretaría.

Según el artículo noveno, los contratos existentes subsistirán en los términos pactados.

En el artículo décimo se indica que los derechos de los trabajadores serán respetados.

Indica el artículo décimo tercero que, los artículos 94 al 96 de esta Ley entrarán en vigor el 1 de enero de 2015, por lo que el dividendo estatal comenzará a cobrarse en el ejercicio fiscal 2016.

Durante los ejercicios fiscales 2014 y 2015 serán aplicables las facultades previstas en el artículo 26 párrafos cuarto y quinto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el artículo sexto de la Ley de Ingresos de la federación.

Se reforma el artículo tercero de la Ley de Entidades Paraestatales para incluir a las empresas productivas del Estado, así como el artículo cuarto de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

Central nucleoeléctrica Laguna verde

La Ley de la CFE propuesta por Peña es nociva a la nación y debe ser rechazada en su totalidad.

Esta Ley, al igual que la Ley de la industria eléctrica, desnacionalizan a la industria eléctrica de los mexicanos en consonancia con la reforma constitucional regresiva.

La industria eléctrica integrada ahora será desnacionalizada y desintegrada. De un solo golpe concluyen 53 años de industria nacionalizada. La CFE dejará de representar a esta y pasará a convertirse en una empresa más, ahora solo de carácter empresarial con un régimen especial, supuestamente de propiedad estatal.

La Ley de la CFE es inconveniente para la nación por diversas razones:

El modelo que propone Peña Nieto consiste en descuartizar a la CFE, de suyo limitada y fragmentada. De entrada, será una empresa de generación eléctrica en competencia con las transnacionales. La transmisión y distribución eléctrica será realizada por filiales a través de contratistas. El control de energía pasará al CENACE. La comercialización eléctrica se hará cada vez más limitada. Con el mercado mayorista, los grandes clientes saldrán de la CFE, como lo han venido haciendo desde 1992, y se asociarán con transnacionales.

La CFE será reorganizada y podrá tener miles de subsidiarias y filiales. El escenario proyectado será mil veces peor al de antes de la nacionalización. Habrá compañías extranjeras por doquier. Consecuentemente, no habrá planeación eléctrica ni control.

En materia de generación eléctrica, la CFE se encargará de operar sus actuales centrales, constituyendo una empresa por cada una, con contabilidad y presupuesto separados. Varias unidades están en obsolescencia y serán retiradas del parque de generación sin reponerlas. La privatización interna, actualmente, en 33.4% seguirá aumentando con proyectos PIE a cargo de transnacionales. La mayor proporción de la generación será termoeléctrica, convencional o a base de gas natural.

Son 157 centrales de generación con una capacidad efectiva propia de 39 mil 362 MW. A los privados que generan para la CFE les corresponden 14,554.0 MW con 30 centrales.

En la transmisión eléctrica se trata de 50 mil 858 km de redes con voltajes de 151, 230 y 400 kV. En subtransmisión son 48 mil 162 km con voltajes de 69, 85, 115 y 138 kV. En distribución son 667 mil 555 km con tensiones de 34.5, 23, 13.8, 6.61 kV y baja tensión.

Hay, además, 207 mil 448 MVA de transformación en subestaciones eléctricas para atender más de 36.4 millones de usuarios. Son 109 servicios con subestaciones eléctricas, 890 líneas de transmisión a 400 kV, 2 mil 371 líneas de alta tensión de 65 a 138 kV, 374 subestaciones de transmisión con 139 mil 917 MVA. 780 servicios de subestaciones en 69 a 230 kV. 1 mil 755 subestaciones de distribución con 47 mil 525 MVA.

Asimismo, son 8 mil 559 circuitos de media tensión, de 24 a 34.5 kV, 230 mil 776 servicios con transformadores hasta 34.5 kV y 1 millón 183 mil 124 transformadores de distribución con 39 mil 356 MVA, así como 259 mil 599 km de baja tensión.

Se trata, entonces, de un sistema eléctrico de los más extensos del mundo. Integrarlo nos llevó varios años y destruirlo llevará poco tiempo. En lo inmediato las redes no se pueden fraccionar físicamente. La modalidad que ha encontrado el gobierno es hacerlo funcionalmente. Para ello las pondrá al servicio privado, cualesquiera empresa podrá conectarse a la red en términos del llamado acceso abierto. Más aún, cualquier empresa privada podrá utilizar las redes de transmisión y distribución para distribuir la energía generada entre sus clientes.

De acuerdo al modelo descuartizador de Peña Nieto, podrá haber tantas subsidiarias con sus respectivos contratistas como se quiera, sea definiendo niveles de tensión a transportar y/o zonas geográficas. En el caso de la distribución para la baja tensión, la pulverización de empresas podría ser mayúscula con empresas y empresitas por doquier en todo el país en la modalidad de contratistas de distribución. Además, habría miles de contratos para operar la subtransmisión y las subestaciones eléctricas.

En la comercialización la proliferación de empresas podría ser excesiva, unas comercializando a sus propias centrales y otras ofreciendo el suministro básico por regiones y/o localidades.

Todo esto producirá un escenario ominoso ya superado, con un mal servicio y muy costoso, problemas con la estabilidad de las redes y carencia de controles.

Los costos serán necesariamente elevados. Ahora habrá desglose y se indicarán los costos de generación, de transmisión, de distribución y de comercialización. Los costos de generación no serán los de producción sino aumentados con un porcentaje de ganancia. Igualmente, habrá costos de transmisión y distribución, actualmente simbólicos (3 centavos de pesos el kW año); aún siendo precios bajos debidos al porteo, el costo se adicionará, lo mismo que el de la comercialización. En consecuencia, el costo total de la electricidad jamás bajará, será a la inversa, aumentará.

En el caso de la CFE, el deterioro será mayor. Una razón es que seguirá contratando la generación con las transnacionales, a las que comprará la energía generada que luego revenderá. El precio de compra será alto y la reventa más alta. Si la CFE sigue asumiendo el cargo del pago de subsidios a los usuarios domésticos, seguirá operando con pérdidas contables. Si ese subsidio se suprimiera, la elevación de las tarifas sería descomunal. En cualquier caso, la CFE perdería.

Eso es lo que quiere el gobierno, terminar de quebrar a la CFE para favorecer la privatización plena no solo de la generación sino también del resto del proceso de trabajo eléctrico.

La situación es tan grave que pretendiendo hacer de la CFE una empresa productiva, el mismo gobierno no se atreve a indicar el dividendo estatal que deberá pagar al gobierno, cuestión que sí queda precisa en el caso de Pemex.

El interés social del gobierno NO existe salvo el referido a favorecer la acumulación privada de capital para distribuirlo entre varios capitalistas. La propuesta para la CFE y Pemex consiste en el funcionamiento empresarial carente de política energética, La política del gobierno consiste en no tener política y dejar a sus empresas al criterio del mercado para que sean arrolladas por las transnacionales.

La corrosión del contratismo es superior a la corrosión generalizada de los materiales de construcción que ocurre en toda central. El contratismo es el mecanismo para transferir la renta al capital privado. Solamente con eso, el desarrollo de Pemex y de la CFE está seriamente cuestionado.

Lamentablemente, el gobierno procede con toda impunidad porque nadie le hace frente. El SUTERM, al que fundamos en grandes jornadas de lucha aquel 20 de noviembre de 1972, ha olvidado su propia historia. Hoy vegeta usufructuando las conquistas que logramos antaño, sometido a los gobiernos en turno. Son ya varias generaciones de electricistas que no han hecho absolutamente nada siquiera para defender las conquistas, tanto laborales como industriales.

Con la reforma energética, la CFE conservará su nombre pero jurídicamente será otra institución. Eso implica cambios contractuales y sindicales. De entrada, habrá sustitución patronal por acuerdo político. Eso quiere decir que, en lo inmediato, los electricistas conservarán sus derechos. Pero no por mucho tiempo, pronto serán remplazados por los trabajadores del outsourcing en todo el país.

El Contrato Colectivo de Trabajo que conquistamos en 1972 será descuartizado. De ser un contrato único ahora habrá uno por cada subsidiaria, todos en condiciones desiguales.

Al SUTERM lo fundamos como sindicato nacional de industria y así debe continuar, con las modalidades del caso. Antes, contrataba con la industria eléctrica nacionalizada, hoy esta no existe. Más aún, la industria será desintegrada. Eso implica un serio reto sindical para agrupar a los trabajadores en todo el país, ubicados en multitud de empresas. En principio, habrá una pulverización de contratos y contratitos pudiendo, incluso, existir varios sindicatos y sindicatitos.

Por el lado de las cúpulas sindicales no se puede esperar nada bueno. Hasta ahora se han alineado del lado de la traición. Los trabajadores, por su parte, han estado omisos sin mover un solo dedo, solo esperando la agresión.

La situación es lamentable. Si al interior de los centros de trabajo reina la apatía, en el conjunto de la sociedad no es mejor.

Los medios, cámaras empresariales, banqueros, partidos políticos, todos están embarcados en un discurso superficial y borroso orientado a concluir con una reforma lesiva a la nación. La intelectualidad sigue callada, la burocracia universitaria está en el diversionismo cómplice con el Estado.

Peor aún, luego de haber servido funcionalmente el Estado y gobiernos en turno, smeítas y perredistas siguen con la absurda campaña antiCFE. Eso mal define a esa supuesta “oposición”. Pero la mayoría sigue callada, ni siquiera expectante sino ajena a la agresión descomunal.

Perder a la industria energética nacionalizada no es un juego. Si, habrá que recuperarla pero no será sencillo. El proceso no empezó ahora pero tampoco hubo ninguna respuesta mayoritaria. Luego de la represión político-militar contra la Tendencia Democrática del SUTERM vino el reflujo del cual jamás salimos, no obstante algunos momentos fugaces.

Pocos hemos mantenido la congruencia política, los demás se han apartado algunos distanciándose hasta de la lucha clasista, incluso del nacionalismo, sin entender los procesos nacionalizadores. Pero estos son necesarios y convenientes para las naciones. Quien lo entiende mejor es el propio capitalismo por eso los destruye. Y, la principal referencia está en la propiedad. Hoy sigue vigente la cuestión: propiedad colectiva o privada. Los trabajadores nos definimos como clase con relación a la propiedad y rechazamos la propiedad privada de los medios de producción.

Para expresar nuestra posición es que tenemos propuestas programáticas. En el caso energético, la Política Energética Independiente que, en materia eléctrica, incluye a la Ley eléctrica del FTE.

Esta política alternativa es fundamental como referencia para oponernos a la desnacionalización energética de Peña Nieto y a la legislación secundaria respectiva. También es la bandera para la siguiente fase de lucha. Ayer, luchamos por la nacionalización de la industria eléctrica, hoy luchamos por la re-nacionalización.

¡Viva la Tendencia Democrática!

¡Este puño sí se ve!

Subestación eléctrica Tuxpan

Frente de Trabajadores de la Energía,
de México