La expropiación de los terrenos necesarios para la exploración y extracción de hidrocarburos será una facultad de la secretaría de energía en favor de las corporaciones transnacionales. Habrá “servidumbre legal”. Un contrato en materia petrolera o eléctrica incluirá el derecho para las corporaciones a posesionarse de la tierra y sus recursos. Peña Nieto propone generalizar el despojo a la nación.

En la zona económica exclusiva habrá despojo territorial y de hidrocarburos

Como parte de los incentivos a las petroleras extranjeras para que inviertan en México, en la ley de hidrocarburos propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto se otorga a la Secretaría de Energía la facultad de ordenar la expropiación de los terrenos que resulten necesarios para el adecuado desarrollo de los proyectos de exploración y explotación de petróleo y gas que llevarán a cabo empresas privadas nacionales y foráneas (Becerril A., en La Jornada, p.9, 11 mayo 2014).

La iniciativa, incluida en el paquete enviado por el Ejecutivo federal al Congreso para la legislación reglamentaria de la reforma energética, crea una nueva figura jurídica denominada “servidumbre legal de los hidrocarburos”, mediante la cual las trasnacionales podrán apropiarse de terrenos, bienes muebles y derechos requeridos para explorar y explotar petróleo y gas, cuando no hubieran llegado a un acuerdo sobre el precio a pagar con los dueños.

“Las servidumbres legales de hidrocarburos se decretarán en favor del asignatario o contratista para la adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes y derechos necesarios” para realizar las actividades que ampara su contrato, señala el artículo 95 de esa ley.

En el 91 se precisa que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública, por lo que “tendrá preferencia sobre cualquier otra que implique aprovechamiento de la superficie o del subsuelo”. Asimismo, procederá “la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial, o la expropiación de terrenos”.

Los dueños de los predios, instalaciones o derechos, como el de vía, están obligados a pactar la compra o renta de los mismos; de lo contrario, desde el gobierno se los impondrán. La ley de hidrocarburos prevé un acuerdo negociado con la empresa extranjera sobre el precio de sus propiedades.

Sin embargo, ahí también los consorcios llevarán ventaja, toda vez que se señala el pago de una “contraprestación” que “deberá ser proporcional a las necesidades del contratista, conforme a las actividades que quiera realizar”, y podrá ser cubierto con “pagos en efectivo o en especie, incluyendo compromisos para formar parte de los proyectos y desarrollos de la comunidad”.

En caso de no lograr un acuerdo entre los consorcios extranjeros que vendrán a explotar el petróleo y los dueños de los terrenos y bienes que pretendan adquirir o rentar, se empezará un proceso de mediación ante el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, pero en caso de que persista el desacuerdo, la Secretaría de Energía dará inicio al proceso de expropiación de los predios o a la constitución de una servidumbre legal de hidrocarburos, por vía administrativa.

Esa servidumbre legal de hidrocarburos “comprenderá el derecho de tránsito de personas; el de transporte, conducción y almacenamiento de materiales para la construcción, vehículos, maquinaria y bienes de todo tipo; el de construcción, instalación o mantenimiento de infraestructura, o la realización de obras y trabajos necesarios para el adecuado desarrollo y vigilancia de las actividades amparadas por virtud de un contrato o asignación, así como aquellos que sean necesarios para tal fin”, detalla el artículo 102 de la ley de hidrocarburos.

Se señala que esas servidumbres legales de hidrocarburos “se regirán por las disposiciones del derecho común federal, y las controversias relacionadas con las mismas, cualquiera que sea su naturaleza, serán competencia de los tribunales federales.

Para los dueños de los terrenos expropiados habrá una indemnización, fijada a partir de peritos valuadores privados, que las partes deberán pagar. El mecanismo será igual en el caso de contraprestaciones para bienes sujetos a ese mecanismo de “servidumbre legal de hidrocarburos”.

Lo señalado por Becerril es correcto y cierto. El FTE lo ha analizado en detalle.

Como los leguleyos del gobierno y transnacionales no tienen manera de convencer a sus poseedores para que les entreguen la Rosa Blanca, Peña Nieto lo decide por ellos en la Ley de hidrocarburos. A partir de un contrato asignado, la Sener le otorgará a las transnacionales petroleras no solo el uso sino el derecho a posesionarse de la tierra Y DE SUS RECURSOS del subsuelo y/o superficie aérea.

Para aquellos mexicanos que tengan la desgracia de vivir en esos lugares, el contrato a las transnacionales significará la pérdida de la tierra, cualesquiera sea el régimen de posesión.

Este será solo el principio del robo. Si se encuentra petróleo o gas, las corporaciones se lo apropiarán, al fin que la propiedad de la nación será solamente cuando se encuentren en el subsuelo no así en la superficie terrestre o marina.

¿Qué pasara en el mar? Simple, el gobierno cuadriculará los 575 mil kilómetros cuadrados del aún llamado Golfo de México, empezando por las aguas someras, luego las intermedias y después las profundas y ultraprofundas. Formará bloques territoriales que otorgará a las corporaciones para extraer todo lo que sea posible, sin importar ninguna afectación a la vida marina.

En el caso de la exploración y extracción del aceite y gas de lutitas, cuyas reservas oficiales están cuestionadas, el saqueo empezará por la apropiación de grandes extensiones de terrenos para llevar acabo perforaciones masivas. Eso lo harán las transnacionales. Si, finalmente, no encuentran nada por lo menos se habrán apoderado de la tierra con la cual podrán especular.

En el caso eléctrico, el actual despojo quedará legalizado. En lo sucesivo, un permiso privado de generación eléctrica incluirá el derecho otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que las transnacionales se apoderen de la tierra y sus recursos.

El despojo legalizado está planteado. ¿Que hay qué hacer? ¡Defender la tierra y sus recursos! Para ello, es fundamental la organización, estructurada y entrelazada a nivel nacional. Habrá conflicto, por supuesto. El Estado utilizará a sus cuerpos de coerción, las transnacionales a sus nuevas “guardias blancas” paramilitares.

La situación que viene será difícil pero no es opcional. Habrá que enfrentarla y será mejor creando las condiciones para tener una mejor relación política de fuerzas.


Ref: 2014, elektron 14 (183) 1-2, 28 mayo 2014, FTE de México.