Las nuevas empresas y sus subsidiarias tendrán autonomía presupuestal, es decir, formularán su propio proyecto de presupuesto y lo ejercerán directamente. También autorizarán sus controles externos (auditorias) y las remuneraciones personales. Con excepción de Pemex, se autoriza a esas empresas realizar proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. Nada de esto evita la desnacionalización energética ni la perversión de las ahora “empresas” Pemex y CFE basadas en un modelo privatizador.

La iniciativa del titular del Ejecutivo federal para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia energética contempla otorgar autonomía parcial a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Garduño R., en La Jornada, p.6, 4 mayo 2014).

La exposición de motivos de la reforma presidencial refiere que “la autonomía presupuestal no debe entenderse como la ausencia de toda regulación. Ni los órganos constitucionales autónomos que gozan de la más amplia autonomía están desprovistos de reglas mínimas sobre su operación y funcionamiento. Lo que garantiza la verdadera autonomía es que los órganos puedan autogobernarse y aplicar dichas reglas mínimas sin interferencias externas”.

Así, el régimen especial de autonomía propuesto sobre la reforma energética retoma algunos elementos del actual régimen que se aplica a Pemex, pero señala el gobierno que “va mucho más allá, pues incorpora nuevas actividades y flexibilidades, elimina las restricciones actuales con el fin de otorgar a las empresas productivas del Estado un marco jurídico propio”.

El documento aborda cuestiones hacendarias, por lo que los senadores desagregaron el paquete completo y entre las tres iniciativas que llegaron a la Cámara de Diputados se encuentra la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La triangulación obedece a que la Cámara de Diputados es la única instancia legalmente instruida por la Constitución para abordar temas fiscales y hacendarios.

Las disposiciones autonómicas para las empresas productivas del Estado que el gobierno federal propone en el Congreso son las siguientes:

Gozarán, junto a sus empresas subsidiarias, de autonomía presupuestal y sólo estarán sujetas al balance financiero y al techo de gasto de servicios personales que apruebe el Congreso.

Las empresas elaborarán sus proyectos de presupuesto de manera autónoma, “pero considerando la estimación preliminar de las variables macroeconómicas que para dicho fin elabore la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”.

De esa forma, con motivo de su autonomía presupuestal tanto Pemex como la CFE ejercerán su presupuesto directamente sin requerir autorización de la Secretaría de Hacienda, por lo que cada empresa podrá autorizar el aumento de su gasto derivado de ingresos excedentes.

Los consejos de administración de esas empresas podrán autorizar el presupuesto correspondiente a los programas y proyectos de inversión. Para la ejecución de estos se deberá contar con un mecanismo de planeación y de evaluación que considerará las necesidades de gasto a corto, mediano y largo plazos.

Respecto de las adecuaciones presupuestarias propias y las empresas subsidiarias, las llamadas empresas productivas del Estado autorizarán de manera autónoma dos controles externos (auditorías) que revisen la meta del balance financiero y el techo de servicios personales. Para ello se requerirá la autorización de la Secretaría de Hacienda.

También se otorga un régimen especial en materia de servicios personales, bajo el cual las empresas podrán determinar de manera autónoma la distribución del presupuesto destinado a dicho rubro.

Se autoriza a las empresas, con excepción de Pemex y sus subsidiarías, a realizar proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, previstos en la ley de presupuesto.

Con el fin de transparentar el ejercicio de los recursos de las empresas productivas del Estado, especialmente en materia de servicios personales, se incorporan diversas obligaciones de información y transparencia.

En las iniciativas legislativas de Peña Nieto se dice que Pemex y la CFE asumirán un nuevo marco jurídico. Para ello se inventa la figura de “Empresas productivas del Estado”, cuya propiedad asume el propio Estado o gobierno, pues se maneja indistintamente aún cuando gobierno y Estado no son lo mismo.

Peña dice que el Estado tendrá un nuevo papel, el de “dueño” en vez de administrador. ¿Cómo es que adquirió la propiedad? Por decreto, mediante decisión unilateral de Peña y legisladores. La industria energética nacionalizada era de propiedad nacional, es decir, de la nación, no del Estado y menos del gobierno. Ahora, podrá ser de propiedad privada. Precisamente, para eso se hizo la reforma constitucional regresiva.

En el caso de Pemex y CFE, el cambio constitucional implica que dejen de representar a las industrias petrolera y eléctrica nacionalizadas para ser ahora solo empresas, dedicadas a realizar solo una parte del proceso de trabajo. Ambas conservan el nombre pero no las funciones, las cuales serán fragmentadas y parciales.

El “nuevo” marco jurídico es un invento para hacer de Pemex y CFE empresas sujetas al derecho privado y hacerlas funcionar como empresas privadas. Las nuevas relaciones del Estado con estas empresas son perversas. El gobierno se asume como gerente y socio de las empresas las que, incluso, deberán pagar un “dividendo estatal”.

Pemex y CFE competirán con las transnacionales, funcionarán con base en contratos y permisos privados otorgados por el mismo gobierno y podrán asociarse con otras empresas y/o transnacionales, en México y en el extranjero.

La llamada autonomía es una simple apariencia. Será una especie de autonomía administrativa para la formulación y aplicación de los presupuestos y su distribución, especialmente en materia de remuneraciones. Es decir, habrá autonomía para ejercer “incentivos perversos” pues el aparato burocrático de estas empresas recibirá remuneraciones a discreción, como lo recomienda la OCDE.

¿Y la política energética, cuál será? De entrada NO habrá política nacional, la única “política” será la del mercado capitalista basado en la ganancia y el lucro. Los objetivos nacionales se abandonan, por ello la desnacionalización. Si se pretendiera tener fines de beneficio social no habría necesidad de desnacionalizar ni privatizar nada.


Ref: 2014, elektron 14 (172) 1-2, 17 mayo 2014, FTE de México.