Ante la Suprema Corte Peña Nieto interpone controversia constitucional contra los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora, que no han aprobado la legislación secundaria en materia educativa. Se trata de imponer la agresión oficial. Necedad autoritaria, reviran los maestros de la CNTE y anuncian nuevas acciones.

Las siguientes son notas de prensa publicadas recientemente.

El Ejecutivo federal interpuso el lunes pasado (14 de abril) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) controversias constitucionales por la supuesta aplicación indebida de la reforma educativa en cuatro entidades: Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Sonora (Martínez F., en La Jornada, p.10, 16 abril 2014).

Entre los argumentos expuestos por la Presidencia de la República al presentar los recursos está que los congresos locales y/o los gobernadores no han acatado la letra y el espíritu de la enmienda constitucional, al autorizar esquemas particulares para regular el ingreso, evaluación y permanencia de los maestros.

El esquema de evaluación en la reforma educativa fue uno de los puntos centrales que provocó una prolongada e intensa movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico de la Presidencia de la República, advirtió que se analiza la forma en que se está aplicando la reforma en todo el país, por lo que no se descarta la interposición de nuevas controversias, al tiempo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) toma sus previsiones en caso de algún conflicto con los maestros.

Eduardo Sánchez, vocero del gobierno federal, dijo que al Ejecutivo corresponde velar que el orden constitucional prevalezca. Ante la pregunta de si hay algún plan de acción en caso de una reacción violenta de la CNTE, el funcionario dijo que la SEP está haciendo valoraciones en ese sentido.

Precisó que la Carta Magna prevé los cauces legales para manifestar inconformidades. La SEP continúa con el trabajo de evaluar la situación de la nómina magisterial.

Al menos en tres de los cuatro estados que, a juicio del Ejecutivo federal, las autoridades locales incurrieron en omisiones y excesos en la aplicación de la reforma educativa, la CNTE es la organización gremial mayoritaria.

Castillejos indicó que no se referiría a las eventuales motivaciones de cada gobernador o legislatura local para autorizar los cambios con el enfoque de referencia.

En el caso de Oaxaca, el Ejecutivo subrayó que hay una omisión total para armonizar, en un plazo máximo de seis meses, la legislación local a los preceptos constitucionales, específicamente lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

En Chiapas fueron impugnados ocho artículos de su legislación local, porque invaden facultades federales o modifican contenidos establecidos en las leyes generales en la materia. Por ejemplo, regula alimentos y bebidas (facultad federal) y admite participación sindical en programas de capacitación reservados exclusivamente a las autoridades.

Permite la readscripción del personal docente en funciones educativas, aun cuando, dijo, no acrediten las evaluaciones, y diseña éstas a pesar de ser una competencia exclusiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

En Michoacán se impugnaron cuatro artículos por causas similares. En Sonora, 27 artículos de la legislación local porque pondera los contratos colectivos de trabajo y documentos similares para la relación con los maestros, con lo que desconoce el espíritu y la letra de la reforma educativa.

Además, avala la separación del servicio con goce de sueldo; modifica los parámetros de ingreso y promoción, y reconoce el sistema de escalafón, cuando la reforma constitucional ordena los ascensos por medio de evaluaciones.

Autoriza la intervención de los sindicatos en el proceso de evaluación educativa, en contra de las disposiciones constitucionales y leyes generales de la materia, señaló el consejero jurídico.

Precisó que la SCJN daría 30 días a los estados para que respondan lo que a su derecho convenga, pero la definición final y los tiempos para ello son facultades exclusivas de los ministros.

En caso de que la SCJN dé la razón al Ejecutivo, Oaxaca deberá emitir las leyes locales de inmediato, acordes a la reforma constitucional, y en los otros estados se ordenaría la expedición de normas que cumplan con el mandato de la Carta Magna.

En entrevista por separado, dirigentes de Guerrero, Distrito Federal, Sonora y Oaxaca afirmaron que con esta decisión “se demuestra que el único interlocutor válido para el presidente Enrique Peña Nieto son las organizaciones empresariales, como Mexicanos Primero, quienes han exigido que se apliquen este tipo de medidas” (Poy L., en La Jornada, p.4, 17 abril 2014).

La estrategia de la administración federal, dijeron, “confirma que el mensaje es: o acatas lo que digo o estás en contra mía”.

Maestros de la sección 22 de Oaxaca señalaron que hay un “repudio generalizado” a la medida de interponer una controversia constitucional contra el estado, cuando “se ha dicho claramente que en Oaxaca estamos en proceso de consulta al magisterio y a las comunidades para construir una ley estatal en materia educativa acorde con nuestras necesidades”.

David Guadalupe Valenzuela, dirigente magisterial en Sonora, señaló que la medida es una “necedad autoritaria. No han aprendido, pese a la jornada nacional de lucha con la imposición de la reforma educativa, que no tienen el camino libre ni fácil”.

Ramos Reyes Guerrero, dirigente de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), afirmó que los maestros disidentes están en “total desacuerdo” con las decisiones aprobadas por los legisladores federales y estatales, “porque fue resultado de un proceso de imposición, sin escuchar ninguna de nuestras propuestas y sin dar la menor importancia a lo que realmente le importa a los mexicanos, su educación”.

Por ello, enfatizó que la CNTE continuará con la aplicación de un plan único de acción en todo el país y que se retomará con la salida, este 28 de abril, de cinco marchas-caravana que recorrerán el territorio nacional en una jornada de brigadeo que concluirá este 9 de mayo en las principales ciudades del país.

Enrique Enriquez, secretario general de la sección 9 del Distrito Federal, afirmó que la decisión del Ejecutivo federal de interponer controversias constitucionales contra cuatro entidades “es resultado de la presión de grupos empresariales para que el gobierno federal les haga la tarea”, y afirmó que “responderemos a este ataque con organización”.

La CNTE retomará sus acciones de protesta en 26 estados del país como parte de su jornada de lucha. Anunció que se convocará a miles de maestros a participar en paros y marchas, pero también coordinadas y simultáneas en todo el territorio nacional, a fin de fortalecer la oposición a la reforma educativa (Poy L., en La Jornada, p.31, 26 abril 2014).

En conferencia de prensa, dirigentes del magisterio disidente informaron que este primero de mayo entregarán un pliego petitorio con 10 ejes estratégicos ante la Secretaría de Gobernación, en el que se contempla la defensa de la educación pública; alcanzar mejores condiciones de trabajo para impartir la docencia; seguridad en el empleo; acceso a mejores servicios de salud para profesores en activo y jubilados, y respeto a la bilateralidad entre patronal y trabajadores, entre otros.

Los secretarios generales de Michoacán, Juan José Ortega Madrigal; del Distrito Federal, Enrique Enríquez Ibarra, y de Oaxaca, Rubén Núñez Ginés, exhortaron al gobierno federal a privilegiar el diálogo, si es que le interesa la gobernabilidad en el país, y advirtieron que ya nos conocemos. Tenemos muy claro con quiénes vamos a tratar, sabemos quiénes cumplen o no sus acuerdos.

Acompañados de Juan Alejo, de la sección 11 del Distrito Federal, y de César Hernández, de la Coordinadora Magisterial Mexiquense, los líderes sindicales aseguraron que a partir del próximo lunes iniciarán una jornada nacional de brigadeo, por medio de cinco caravanas que partirán de Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Michoacán, con las que recorrerán todas las secciones sindicales del país.

El fin, agregó Núñez Ginés, es acumular fuerzas, no sólo magisteriales, sino obreras, campesinas y de la sociedad, para enfrentar la reforma educativa en todos los rincones del país. Tras concluir ese proceso, que se realizará del 28 de abril al 9 de mayo, se convocará a una asamblea nacional representativa para analizar todas las propuestas recabadas e incluirlas en un plan de acción, en el que no se descarta la convocatoria a nuevos paros de labores.

Enfatizó que el regreso al Zócalo capitalino deberá ser una decisión consensuada con todo el magisterio, una vez que concluya el proceso de brigadeo y consulta, pues también se someterá a discusión la participación de la CNTE en la nueva central obrera.


Ref: 2014, elektron 14 (153) 1-3, 27 abril 2014, FTE de México.

Marcha en el Distrito federal, 25 de marzo de 2014 FOTO: H. González.