Venden protección y/o extraen minerales directamente, coludidos con transnacionales. No solo es Michoacán sino varios estados más, se dijo en un seminario realizado en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los criminales participan de actividades empresariales y son los “guardias blancas” de las corporaciones mineras.

Lingotes de oro obtenidos a partir de sangre humana

En México el crimen organizado se ha involucrado en el lucrativo negocio de la minería, ya sea “vendiendo” seguridad a las corporaciones mineras o participando en forma directa en la extracción y comercialización de minerales en los estados, denunciaron académicos, investigadores y legisladores locales (Valadez A., en La Jornada, p.26, 13 abril 2014).

Durante el “Seminario internacional sobre megaminería, extractivismo y desarrollo en América Latina”, organizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el diputado Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo, señaló que sólo en esta entidad “las empresas mineras están utilizando al crimen organizado para silenciar a la gente”.

Integrantes del crimen organizado se han coludido en el norte del estado con importantes empresas mineras, dijo, para “venderles seguridad”, y las corporaciones les pagan a cambio de mantener a comunidades rurales enteras sin quejarse ya de las mineras.

“Las corporaciones están utilizando al estado, al crimen organizado; están atropellando todo, hay mucha corrupción e impunidad en todos los niveles”, afirmó Regis Adame.

Lo más grave, agregó, es que también los delincuentes han comenzado a amagar personalmente a ejidatarios cuando buscan asesorarse para emprender acciones legales contra las compañías, o a los transportistas cuando éstos intentan obtener un mejor pago por el transporte de minerales, pues les pagan lo mismo que hace tres años, a pesar de la inflación y el incremento de los combustibles.

El estadunidense Darcy Tetreault, investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, recordó los casos donde se ha confirmado que el crimen organizado participa directamente en el sector minero.

“Como buenos empresarios, los líderes de cárteles han diversificado sus actividades económicas, incluyendo la minería”.

Tetreault recordó cómo en octubre de 2012, el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, “después del asesinato de su hijo, señaló la complicidad de los empresarios mineros con concesiones en el estado” con el crimen organizado.

En Michoacán, dijo, se conoce ahora que el cártel de Los caballeros templarios “participaron en la minería en varios niveles. Primero, en la extorsión a empresas como Ternium, Arcelor Mittal y Minera del Norte; segundo, impulsando la extracción ilegal en predios irregulares; tercero, corrompiendo a funcionarios de la aduana de Lázaro Cárdenas, y, cuarto, realizando acuerdos con compradores chinos al margen de la ley”.

De igual forma, refirió, en la sierra de Manatlán, en los límites de Jalisco y Colima, “desde hace varios años grupos armados con maquinaria sacan en promedio cien camiones diarios (cargados cada uno con 33 toneladas de hierro no procesado) al puerto de Manzanillo”.

Lo expresado en el seminario organizado por la UAZ es alarmante pero no es nuevo, las mismas características han prevalecido los últimos 500 años. En años recientes era sabido que las mineras transnacionales estaban ligadas al crimen, a través de sus propias “guardias blancas”, sicarios a sueldo encargados de reprimir y asesinar a los opositores. Eso ha ocasionado crímenes diversos, que siguen en la impunidad sin que haya cambiado en nada la política de las corporaciones que son apoyadas por sus respectivos gobiernos.

Precisamente, el gobierno mexicano es responsable en primera instancia de esta situación criminal. El crimen existe porque está protegido por el Estado. El gobierno en turno sigue otorgando concesiones mineras, las que han operado por siglos, siempre al margen y en contra de la nación. La propia Constitución política permite la privatización minera, consecuentemente, la legislación secundaria.

La secretaría de economía, prácticamente, regala los recursos minerales del país, cobra por concepto de derechos la cantidad de entre 5 y 124 pesos la hectárea concesionada. Con esa concesión, el gobierno otorga a las corporaciones el derecho a extraer la riqueza del subsuelo, procesarla y comercializarla. Las empresas obtienen enormes ganancias, pero su contribución al erario es casi nula y, al desarrollo social, es cero.

Para realizar la explotación de los yacimientos mineros, subterráneos y a cielo abierto, las mineras despojan a las comunidades. La renta y/o venta de la tierra es miserable. Junto con la tierra se apropian de otros recursos, especialmente, el agua utilizada para la perforación en húmedo y para el procesamiento mineralúrgico. Los residuos son cuantiosos, miles, millones de toneladas de mineral con un amplio arrasamiento ambiental, de flora y fauna, y la contaminación de las tierras, aguas y atmósfera. Lo más grave es la afectación a la salud de las poblaciones vecinas con daños irreversibles.

El gobierno tolera todas las irregularidades. Las manifestaciones de impacto ambiental no existen, son falsas o sumamente deficientes. Más aún, el gobierno ni siquiera está informado sobre las actividades que realizan las mineras. Tampoco tiene capacidad para supervisarlas. La propia Auditoria Superior de la Federación lo ha dicho: carece hasta de inspectores y cuando audita a las mineras lo hace solo a una ínfima cantidad de estas. Aún así lo que ha encontrado son multitud de irregularidades de todo tipo.

¿Qué hay que hacer? Uno, impedir la minería transnacional en todos los lugares. México debe ser un país libre de minería. Es prioritario el cuidado del agua y de la vida. Dos, deben cancelarse TODAS las concesiones mineras otorgadas. Tres, si hay necesidad justificada de explotar a algunos minerales específicos, esto debe hacerse exclusivamente por el Estado de acuerdo a una Política Mineralúrgica Independiente.

Estas medidas son apenas las mínimas para terminar con el colonialismo minero. Es necesario ir al fondo del asunto para evitar que prosiga el crimen en sus diversas modalidades.


Ref: 2014, elektron 14 (147) 1-2, 22 abril 2014, FTE de México.