Organizaciones y personas demandan a la Semarnat que de a conocer la manifestación de impacto ambiental del proyecto Cabo Dorado, a instalarse en el mismo lugar del fallido Cabo Cortés. Las empresas chinas que promueven el proyecto fueron sancionadas por el Banco Mundial por fraude y corrupción. Su representante en México fue funcionario de Fox y participó en la venta de los terrenos.

Cerca de 4 mil ciudadanos solicitaron vía electrónica y por correo postal a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que realice la consulta pública de la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto turístico Cabo Dorado, planeado en el mismo sitio del cancelado Cabo Cortés, cerca del arrecife Cabo Pulmo, Baja California Sur (en La Jornada, p.40, 14 abril 2014).

Hasta ahora se han recabado alrededor de 4 mil firmas a través de la petición en Internet “Queremos Cabo Pulmo Vivo” y se entregaron a la Semarnat 500 solicitudes escritas de personas preocupadas que demandan una reunión pública de información, dijo Judith Castro, de la comunidad de Cabo Pulmo. Organizaciones como Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Defensa Ambiental del Noroeste, Costa Salvaje y Greenpeace también solicitaron la consulta, con la finalidad de que las autoridades ambientales tomen en cuenta las opiniones de expertos y sociedad civil en relación a Cabo Dorado y así garantizar un proceso abierto, incluyente y transparente, dijeron.

Empresas chinas sancionadas por el Banco Mundial (BM) por corrupción y fraude son las que buscan construir el proyecto turístico Cabo Dorado, planeado en el mismo sitio donde se canceló hace dos años Cabo Cortés, colindante con el parque nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur (Enciso A., en La Jornada, p.38, 24 abril 2014).

Además, su representante en México es John McCarthy, director del Fondo Nacional de Turismo en el sexenio de Vicente Fox, quien conoce bien la zona, ya que antes representó a las empresas que promovían Cabo Cortés, y como funcionario público participó en 2006 en la venta de las tierras del predio El Rincón para ese frustrado desarrollo turístico. Por esas gestiones obtuvo un pago de un millón 550 mil dólares (La Jornada, 3 de noviembre de 2008).

El BM incluye en la lista de las empresas sancionadas con exclusión por ocho años de contratos para sus proyectos a China State Construction Engineering Corporation Limited (CSCEC), una de las grandes constructoras de viviendas en el mundo. Esta compañía fue inhabilitada el 12 de enero de 2009, y su sanción vence en 2015.

También aparece China Communications Construction Company Limited (CCCC), una de las mayores edificadoras de puertos en el país asiático, sancionada el 12 de enero de 2009; su castigo se levantará en 2017. Estas dos compañías y China Railway Limited, grupo de construcción de ferrocarriles, integran el conglomerado Beijing Sansong International Trade Group –de acuerdo con la página de Internet de este grupo–, el cual, junto con Glorious Earth Group, con sede en Irvine, California, constituyeron en México la empresa La Rivera Desarrollos, constructora de Cabo Dorado. En Australia, las mismas empresas promueven el proyecto Broadwater Marina, en Gold Coast, ciudad costera ubicada al este de ese país.

De acuerdo con la página de Internet del BM, se entiende por práctica corrupta de una empresa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier objeto de valor para influir en la actuación de un funcionario público en el proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato.

También define como “práctica fraudulenta” la tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de adquisiciones o ejecución de un contrato en perjuicio del prestatario, e “incluye prácticas de colusión entre oferentes, con el fin de establecer la oferta a los precios a niveles artificiales no competitivos y privar al prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta”.

Explica que una de sus políticas es que los licitadores que participen en contratos financiados por la institución observen “las más elevadas normas de ética durante la adquisición y ejecución de dichos contratos”.

En 2012, McCarthy acudió como parte de una comitiva con el ex presidente Vicente Fox a Pekín, para promover la inversión china en México. Allí hubo reuniones con la Cámara Internacional de Comercio de China y con el Sansong International Trade Group Washington, según reportes de medios asiáticos. Meses después de ese encuentro, el gobierno de Felipe Calderón canceló el proyecto Cabo Cortés para proteger el arrecife Cabo Pulmo.

En 2013, el presidente de Sansong Group, Paul Zhang, visitó al ex presidente Fox en México, en un encuentro en el que estuvieron presentes John McCarthy y Raúl Arriaga, ex subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo con la página oficial de Internet de este grupo.

El actual gobierno federal ha impulsado la relación comercial con China. Tan sólo en septiembre del año pasado, se llevó a cabo una reunión en el contexto de la cumbre de líderes del G-20, la tercera en menos de seis meses, informó en ese entonces la Presidencia de la República. Cabo Dorado considera la construcción de ocho hoteles y alrededor de 20 mil cuartos a unos kilómetros del parque nacional Cabo Pulmo.

Es excesivo el cinismo de los empresarios que promueven el desarrollo turístico en Cabo Dorado. Peor es el cinismo del gobierno. Los mismos ex funcionarios federales participaron de la venta de los terrenos del predio El Rincón para el proyecto turístico y ahora son representantes del consorcio empresarial promovente. No podía esperarse menos de Fox ni del actual gobierno.

Con Calderón el engaño del foxismo siguió y se tuvo que cancelar el proyecto Cabo Cortés, por las notorias deficiencias del estudio de impacto ambiental y los evidentes daños que serían causados.

Ahora, en el mismo lugar pero con otro nombre reaparecen las mismas intenciones empresariales, comandadas por chinos. La Semarnat local ha dicho que se analizará el impacto ambiental a nivel regional, lo que supone decisiones burocráticas locales probablemente favorables a los mencionados chinos.

¿Qué no sabe el gobierno de Peña Nieto de quiénes se trata? Ahora que el propio Banco Mundial ha puesto en evidencia las prácticas corruptas y fraudulentas de esos empresarios chinos, ¿qué esperan para rechazar ese proyecto? El mismo Banco Mundial informa que sancionó a esos tipos, ¿por qué el gobierno de Peña los tolera, también está coludido como el foxismo?

Hay un inocultable abuso de ciertos empresarios chinos y del gobierno mexicano. El impulso a las relaciones comerciales entre ambos países incluye el tráfico de influencias. Es la consecuencia de la política oficial antinacional.


Ref: 2014, elektron 14 (151) 1-2, 26 abril 2014, FTE de México.