Con la legislación energética secundaria, la CFE operará como holding eléctrico. Pero no será para su integración sino a la inversa, para la desintegración industrial total. Mediante esa figura, el capital se apropiará de la propiedad de la industria eléctrica, ahora desnacionalizada por Peña Nieto a nivel constitucional. El plan empieza por la generación, ya privatizada furtivamente en 55.24%, y seguirá con el control de energía, la transmisión y distribución eléctrica. El escenario proyectado será peor que el de antes de 1960.

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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) que busca transformar a la paraestatal en una empresa productiva del Estado tiene en las prácticas corporativas la construcción de una holding eléctrica donde se participe de manera activa en una serie de negocios, se compita en un mercado abierto y regulado, con los nuevos participantes del mercado (Carriles L., en El Economista, 4 abril 2014).

Con el cambio legal, la compañía mantiene al 100% su actual sistema de operación en todas las áreas, pero modifica sus criterios creando, por ejemplo, la comercialización para el sector doméstico, donde se aplica un subsidio al consumo y área para los grandes consumidores —mayoristas— que podrán adquirir la electricidad de la CFE u otro generador porque, a partir de la reforma, este mercado está abierto a la competencia.

La CFE debe realizar actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización de servicio básico, comercialización distinta a la de servicio básico y las actividades auxiliares o conexas a la industria eléctrica de manera independiente entre ellas.

“Para este efecto establecerá la separación que se requiera entre sus divisiones, regiones, empresas productivas subsidiarias y filiales para salvaguardar el acceso abierto, la operación eficiente de la industria eléctrica y la competencia”, se consigna en el artículo 10.

El nuevo Consejo de Administración (CA) de la entidad, planteado en la Ley CFE, será el responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de la empresa, pero además de lo que hagan las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales.

El CA de la CFE debe establecer, según el artículo 12 de la Ley CFE: “La conducción central y la dirección estratégica de las actividades empresariales, económicas e industriales de la CFE, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales”, refiere el proyecto.

Debe “aprobar las directrices, estrategias, prioridades y políticas generales relacionadas con las inversiones de la CFE, sus empresas productivas, subsidiarias y empresas filiales, y con la celebración de alianzas estratégicas y asociaciones con personas físicas o morales, debiendo indicar en ambos casos aquéllas que por su importancia o trascendencia deban ser autorizadas por el propio Consejo”.

El CA de la Ley CFE estará integrado por tres comités: Auditoría, Remuneraciones y Estrategia e Inversiones y con 10 consejeros, de los cuales cinco serán del gobierno federal, incluyendo al presidente del mismo, que será el secretario de Energía y el titular de Hacienda.

Habrá cuatro consejeros independientes, que no tendrán carácter de servidores públicos, sus funciones son a tiempo parcial y no podrán trabajar en ningún nivel del gobierno y un consejero designado por el sindicato de electricistas.

Las reformas constitucionales alcanzadas a fines de 2013 en el sector energético buscan desarrollar un nuevo modelo energético mexicano, donde uno de los temas principales es que el sector deberá abrirse a la competencia y las dos empresas del sector -Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad- deberán trabajar bajo un marco de transparencia y mejores prácticas.

El Estado se mantiene como el rector de la política energética a través de la Secretaría de Energía, que entre sus asignaciones posee desde la Ronda Cero hasta las licitaciones de bloques petroleros en la Ronda Uno y también establecerá los términos para fomentar el acceso abierto del sector eléctrico.

En la parte de electricidad se establece que se debe crear el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), un organismo descentralizado que va a funcionar como operador del sistema eléctrico nacional.

De acuerdo con las atribuciones del Cenace, deberá operar el mercado eléctrico mayorista, el acceso a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución; es decir, asume una operación que en este momento tiene la CFE, quien debe transmitirla.

Este modelo lo que hace es ampliar la apertura del sistema eléctrico iniciado en la reforma de 1992 y queda de la siguiente manera:

Se abre la generación y distribución de electricidad para que los privados puedan participar libremente en el mercado, bajo la tutela de la CRE.

En transmisión y suministro los objetivos de la política es que el Estado mantenga el monopolio sobre la transmisión y el suministro eléctrico. Sin embargo, se permite que los particulares financien, instalen, mantengan, gestionen, operen o amplíen la infraestructura necesaria para ello.

Lo ha señalado oportunamente el FTE, ahora lo ratificamos. Le llaman holding por ser una palabra agringada apantallante pero, ¿cuál es la acepción que se toma? ¿La integración? No, por supuesto, sino a la inversa, se propone la desintegración. Esa es la fórmula “mágica” de Peña Nieto para desnacionalizar a la industria eléctrica. A la fecha, tal desintegración es abrumadora, especialmente, en la generación eléctrica. Aparte de la privatización furtiva en operación, la nacional alcanza el 55.24% de la generación total. Debiendo ser solo una entidad, existen más de 700 empresas y empresitas por doquier, algo peor que antes de 1960 cuando fue nacionalizada la industria eléctrica.

Con la reforma de Peña Nieto, habrá muchas más empresas, todas privadas, especialmente, transnacionales. La desintegración será total empezando por la generación eléctrica, la principal fase del proceso de trabajo eléctrico, misma que podrá llegar al 100%. A la fecha, la CFE genera el 44.81%, luego de haber alcanzado el 98%. La situación de ahora es peor a la de la pre-nacionalización.

El concepto de holding que se maneja por el gobierno consiste en que el capital privado se apropie de las diversas fases del proceso de trabajo. Lo que importa al capital es la adquisición de la propiedad. Al respecto no hay problema, la reforma de Peña ha cedido la propiedad antes nacional para que ahora sea privada, es decir, el derecho del capital a la propiedad ya tiene rango constitucional. En consecuencia, los capitalistas pueden adquirir lo que quieran. Las funciones estratégicas ya no lo son, ahora son privatizables; los recursos naturales están sujetos a la privatización, trátese de las fuentes renovables y no renovables; la infraestructura industrial será completamente de propiedad privada. ¡Qué bonito holding!

¿Cómo se creará ese holding? A través de los bancos, mediante la fusión del capital bancario e industrial. Nada menos. Esa es la base del imperialismo mismo. Esos holdings serán el resultado de la coalición de varias empresas y bancos para asegurar la apropiación.

En consecuencia, no será la CFE un holding para su integración sino para la desintegración total. Los demás, constituirán holdings para apropiarse de todas las fases del proceso de trabajo eléctrico.

Empezarán con la generación eléctrica pero seguirán con lo demás hasta dejar a la CFE, literalmente, hecha nada, con tan pocas actividades y posibilidades que será reducida a una “comisión”.

No nada más, la propia CFE será reestructurada internamente, sujeta a nuevas disposiciones legales y operativas. La CFE funcionará como empresa, habiendo sido industria.

El artículo Décimo primero transitorio de la reforma de Peña Nieto indica:

Esto es, la actual Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), la que conquistamos en 1975 con la Tendencia Democrática, será abrogada. En su lugar, habrá una nueva ley eléctrica orientada exclusivamente a la privatización, la nacionalización no existe más. El manoseo a esa ley en 1992 palidece ante la agresión severa de Peña Nieto a la nación.

Ahora, la generación eléctrica podrá ser privada en su totalidad, sin considerar modalidades. Bastará que una transnacional lo decida y su filial procederá a generar y comercializar energía eléctrica en cualquier parte del país. En este escenario, la CFE generará cada vez menos pasando a ser una empresa más; en breve plazo, la española Iberdrola será la dominante, seguida de Gas Natural Fenosa.

Pero el atraco no quedará allí. De acuerdo a la reforma de Peña Nieto, los 800 mil km de redes eléctricas nacionales, que nosotros construimos, están en peligro. Ahora, “los particulares” podrán encargarse del “financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura” de transmisión y distribución eléctrica.

¿Cómo se hará? Mediante la creación de un “operador independiente”, esto es, aparte de la CFE. A esta se quitarán las redes nacionales de transmisión y distribución eléctrica en todo el país. Con ello, la CFE se reducirá aún más pero esa importante infraestructura de la nación será privatizada.

Si ahora, constitucionalmente, puede haber todo tipo de contratos en materia eléctrica y si la transmisión y distribución se encargará a los particulares, lo que estos harán será descuartizar a la industria. Eso será inmediato, especialmente, con la distribución eléctrica pues les bastará definir regiones geográficas, como lo hace actualmente la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el caso de la distribución de gas natural y gas LP. En este caso, no serán 14 regiones sino al menos mil, dando lugar a otras tantas empresas y empresitas encargadas de distribuir y comercializar, de manera privada, a la electricidad generada mayoritariamente por privados.

La gravedad del asunto no queda aquí. La reforma desnacionalizadora de Peña Nieto propone desintegrar todo y empezarán por desincorporar de la CFE al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Con ello, la CFE será reducida sustancialmente y el Cenace pasará al servicio del capital privado.

El artículo Décimo sexto transitorio, inciso b), señala:

Esto es, el Cenace dejará de pertenecer a la CFE, en lo sucesivo una empresa usuaria más, ahora será un organismo aparte. Eso sí, para su operación la inicial CFE deberá apoyar al Cenace, después será “independiente”.

Lo que hará el Cenace son actividades especializadas orientadas a dar servicio a las empresas privadas, ahora propietarias de la industria.

La reforma constitucional regresiva de Peña Nieto es suficientemente clara, al haber introducido tramposamente 21 artículos transitorios que sustituyen a la legislación secundaria. El plan era dar el golpe constitucional, que ya se hizo, después solo será repartido el botín.

Con el primer golpe, gobierno y legisladores previeron los términos del aquelarre que ocurrirá en la cloaca legislativa. La industria eléctrica será, literalmente, descuartizada.

La legislación energética secundaria aún no se conoce, la han mantenido en secreto. Sin embargo, es previsible lo que ocurrirá.

Los despachos privados del ITAM no han terminado de ponerse de acuerdo en el descuartizamiento de la industria eléctrica nacionalizada pero lo harán. No les costó nada haberla construido pero les es muy fácil destruirla.

El descuartizamiento eléctrico tendrá la forma jurídica de una “nueva” ley eléctrica que regirá a la industria ahora privatizada. En esa ley se autorizará la generación privada y su comercialización a plenitud, se creará un operador independiente para la transmisión y distribución eléctrica y se constituirá aparte al centro Nacional de Control de Energía. Aparte estará la ley CFE.

¿De qué se encargará la CFE? Solamente de una parte de la generación, a través de su planta industrial envejecida y la dominada por transnacionales. ¿Quién tendrá el control del Sistema Eléctrico Nacional? ¡Nadie! Dirán que los cinco burócratas grises de la CRE o que la Sener misma. ¡No podrán! Lo que la desnacionalización proyecta es un escenario similar al de la pre-nacionalización, caracterizado por el abuso, la corrupción, el mal servicio, incluidos apagones frecuentes, y las altas tarifas.

Literalmente, de tres patadas, Peña Nieto puso fin a 53 años de nacionalización eléctrica. Lo que ahora se propone configura un escenario ya superado históricamente, incluso, más grave aún. Es un verdadero crimen.

¿En la ley se puede amortiguar el golpe, poner algunas restricciones? ¡No se puede! La legislación secundaria reglamenta a la primaria, representada por la Constitución. Esta es la ley magna, por eso el interés del gobierno en el primer golpe. En las leyes secundarias solamente se ratificará lo señalado en la reforma constitucional, especificando cómo será repartido el botín. No hay manera de “limitar” la reforma pues la legislación secundaria devendría en “inconstitucional”.

Además, ¿quiénes podrían poner algún candado? ¿Los diputados y/o senadores? ¡Jamás! Son ellos, los mismos que aprobaron la reforma constitucional. Todos están cabildeados por las transnacionales. Ese congreso debe ser disuelto por traicionar a México.

Entonces, ¿qué habría que hacer? Luchar organizados e independientes a nivel nacional. Se dice fácil pero no lo es. Para empezar debemos construir la organización social territorial. No basta decirlo hay que hacerlo.


Ref: 2014, elektron 14 (142) 1-4, 17 abril 2014, FTE de México.