La burocracia en turno de la Conagua participa de actos criminales contra la nación. Anunció que favorecerá la explotación del gas de lutitas (shale). Para ello, promoverá cambios a la legislación sobre el agua. Absurdamente, plantea limitar el acceso al líquido por el “interés social, orden público y seguridad nacional” en favor de las transnacionales. A eso le llama “derecho humano al agua”. Las reformas regresivas ya fueron aprobadas por los diputados en comisiones. Se privatizará la gestión y administración del agua.

Fracking hidráulico

En una nota de prensa de Angélica Enciso se da cuenta que:

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) busca cambiar la legislación para favorecer la explotación de gas shale, con lo que se utilizarán millones de litros de agua, pese a que el país está catalogado como de baja disponibilidad del líquido por el Instituto Mundial de Recursos. Utiliza de pretexto el derecho humano al agua, garantizado en la Constitución desde 2012, para impulsar megaobras privatizadoras, trasvases, construcción de presas, macroplantas de tratamientos y desalinizadoras, entre otras obras, advierten analistas (Enciso A., en La Jornada, p.15, 10 marzo 2014).

Para reglamentar el cambio del artículo cuarto de la Constitución, el organismo federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de la ley general de aguas y modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) para ser aprobadas previamente a la celebración del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, lo cual ya fue acordado con la junta directiva de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

Esto es contrario a la reforma constitucional, la cual establece la obligación de contar con una ley general de aguas, en lugar de la Ley de Aguas Nacionales, para cumplir con el derecho humano al líquido, pero la Conagua pretende mantener el esquema vigente de sobrexplotación y hace a un lado que la inclusión del derecho humano en el recurso requiere de “un cambio profundo al sistema de administración y gestión del agua para hacer efectivo el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”, señala Miguel Ángel Montoya, asesor del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en materia de gestión integral del agua.

La LAN, vigente desde 1992, ha fomentado el uso intensivo del recurso, la sobrexplotación de al menos 130 acuíferos, la concentración de derechos de agua para favorecer a empresas como las inmobiliarias Casas ARA y GEO, que disponen de concesiones agrícolas que han utilizado múltiples veces para mostrar que cuentan con factibilidad de agua para decenas de miles de viviendas, advierte Elena Burns, del Centro para la Sustentabilidad Centli de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Explica que el borrador de la ley general de aguas plantea que el acceso de los mexicanos al recurso quedará limitado por el “interés social, orden público y seguridad nacional”; se establece el sistema financiero del agua, que recogería los ingresos logrados por el cobro del suministro, establecido como “prestación convenida”, no como derecho humano; se elimina que el recurso es propiedad de la nación y en su lugar se pone que es del Estado, se propone un director general de la Conagua transexenal, que empezaría funciones el primero de febrero de 2015, para un periodo máximo de 12 años.

Además, el derecho humano se garantizará mediante un “consejo general para el derecho humano al agua”, que se integrará con 12 funcionarios federales, tres estatales y tres municipales, un representante de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento y uno de la Confederación de Cámaras Industriales.

Es decir, están incluidas la industria y los operadores del agua, “los paladines de la privatización del agua y los que se han beneficiado del modelo expoliador del líquido”, señala Montoya. “Es el fortalecimiento de la privatización, no sólo de los servicios de agua potable y saneamiento y de la infraestructura hidráulica, sino de la propia gestión y administración de las aguas”.

Indica que se propone continuar con los trasvases, práctica que rompe las condiciones hidrológicas para la conservación del agua y pone en riesgo a los ecosistemas asociados a su producción, por lo que de no prohibirse debería estar permitido sólo para casos excepcionales y previstos en la ley, como los de una emergencia hídrica.

Detalla que las disposiciones contenidas en la propuesta de ley general de aguas se ajustan a la propuesta de reforma que se propone a la LAN, misma que se concentra en desarrollar el sistema de transmisión de derechos y dedica un apartado a las disposiciones para la explotación del gas shale”, que fue incluido en la reforma energética, y que el uso indiscriminado de millones de metros cúbicos de agua limpia o de primer uso, que se mezclarán con químicos para fracturar las rocas a profundidad y obtener el gas, “hará imposible la reutilización de esa agua y ecológicamente inmanejable su disposición y manejo”, advierte.

La propuesta de la Conagua, ya aprobada por los diputados en Comisiones, constituye un verdadero crimen. Se trata de la privatización total del agua, en todas las fases del proceso de trabajo hídrico. El objetivo es favorecer la apropiación del agua por parte de las transnacionales encargadas de la extracción de gas natural mediante el fracking hidráulico.

Eso significa garantizar a las corporaciones la disponibilidad de agua para la perforación de miles de pozos, utilizando altos volúmenes de agua, del orden de 20 a 70 millones de litros por pozo. No sería solo el derecho privado a la utilización de agua fresca sino la producción de aguas residuales y la contaminación de los mantos freáticos.

De acuerdo a los planes del gobierno, los recursos del gas shale son recursos prospectivos, es decir, NO descubiertos y se pretende la perforación de pozos en las cuencas de Chihuahua, Sabinas, Burro-Picachos, Burgos, Tampico-Mizantla y Veracruz, para extraer tanto gas natural como petróleo crudo.

Esas regiones se caracterizan por su baja y extremadamente baja disponibilidad de agua. Es decir, existe disponibilidad baja en las cuencas centrales del Norte y Golfo norte, y escasez crítica en el Río Bravo. A nivel nacional la disponibilidad media de agua es BAJA.

En tales condiciones, el agua disponible debe utilizarse para el consumo de los seres vivos. En México y en el mundo, el agua utilizable para los procesos biológicos puede acabarse. Será más pronto si continúa la política criminal seguida por los gobiernos en turno. Peña Nieto no solamente traiciona a la nación al haber desnacionalizado a las industrias petrolera y eléctrica, en su afán de favorecer drásticamente la acumulación privada de capital, principalmente extranjero, es partícipe de un crimen de lesa humanidad.


Ref: 2014, elektron 14 (98) 1-2, 13 marzo 2014, FTE de México.