La comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, se opone a la instalación de una mina de Oro y Plata. Exigen una zona libre de minería en la región. En protesta los comuneros se apoderaron de los manantiales y cortaron el agua del servicio municipal. La policía estatal desalojó violentamente a los pobladores. El Registro Agrario Nacional (RAN) se niega a reconocer las decisiones de la asamblea comunal.

En rechazo a la instalación de una mina de oro y plata en su localidad, comuneros de Zacualpan, municipio de Comala, cerraron las bombas de la Comisión Intermunicipal de Alcantarillado y Agua Potable de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov), lo que dejó sin líquido a 80 por ciento de los más de 300 mil habitantes de ambas localidades (Flores J.C., en La Jornada, p.30, 13 marzo 2014).

Los comuneros demandan que el Congreso local declare Zacualpan zona libre de minería y que la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional les entreguen el acta de la asamblea del 23 de febrero, cuando se destituyó al anterior comisariado de bienes comunales y se eligió a uno nuevo. Con el documento pretenden iniciar procedimientos jurídicos.

Epifania Zamora, integrante de esa mesa directiva, pidió “comprensión” a los usuarios, a quienes pretenden dejar sin agua hasta que las autoridades reconozcan el acta de la elección. Advirtió que no permitirán la reapertura de válvulas hasta que el gobernador Mario Anguiano dialogue con ellos.

El servicio se suspendió a las 6 horas y continuaba así al cierre de esta edición.

Zamora Agregó que no permitirán que se instale la mina de oro porque su operación requerirá el uso de compuestos tóxicos que contaminarán el manantial.

El secretario de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, y el titular de la Ciapacov, Óscar Valencia Montes, no lograron acuerdos con los manifestantes, por lo que ordenaron usar equipo de emergencia, pozos profundos y reservas de agua para mantener el servicio. El manantial de Zacualpan aporta más de 80 por ciento del agua que se usa en la zona metropolitana

Unos cien agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la procuraduría del estado desalojaron a pobladores de Zacualpan, municipio de Comala, que la mañana del jueves se apoderaron de los manantiales y equipos de bombeo que abastecen de agua a la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez (Flores J.C., en La Jornada, p.25, 14 marzo 2014).

Con una tanqueta, toletes y escudos los policías retiraron a los indígenas que controlaban el equipo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov). Dos niños y varias mujeres resultaron con lesiones leves. Varios elementos de la PEP se quedaron a vigilar el equipo de bombeo, que se restableció el viernes por la mañana.

A las 6 de la madrugada del jueves, indígenas de Zacualpan tomaron el control de las válvulas del Ciapacov para demandar al Registro Agrario Nacional (RAN) reconocer la asamblea del pasado 23 de febrero, en la que los comuneros destituyeron al entonces presidente del comisariado de bienes comunales, Carlos Guzmán Teodoro, a quien acusan de estar relacionado con empresarios que pretenden instalar y operar una mina en esa comunidad.

En esa asamblea, dijeron, se declaró territorio libre de minería a Zacualpan y se eligió a Epifania Zamora Teodoro nueva presidenta del comisariado, por lo que entre sus demandas se encuentran que el RAN la reconozca.

De instalarse la mina, alegaron, contaminaría el manantial de Zacualpan y dejaría sin agua a más de 300 mil habitantes del estado.

A pesar de que Ciapacov puso a funcionar equipo de emergencia, unos cien mil habitantes se quedaron sin agua potable a partir de las 13 horas del mismo jueves.

Los manifestantes pedían la presencia del gobernador Mario Anguiano, quien envió al secretario de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, para negociar la liberación del equipo, pero el desalojo ocurrió alrededor de las 19 horas, mientras se negociaba. Más tarde, Rueda Sánchez recibió a una comitiva de habitantes de Zacualpan en el palacio de gobierno, quienes se comprometieron a no tomar de nueva cuenta las instalaciones de Ciapacov; que las personas que aún se mantenían en las inmediaciones se retirarían a sus casas y se privilegiaría el diálogo.

Por parte del gobierno, Rueda Sánchez asumió la tarea de analizar con los responsables de la seguridad en la entidad la disminución de la presencia policial en la zona de Zacualpan y que en el lugar del conflicto hubiera pocos policías para salvaguardar las instalaciones de Ciapacov.

Los habitantes de Zacualpan advirtieron que realizarán un plantón permanente fuera del palacio de gobierno si no se atienden sus demandas.

Gabriel Martínez, representante de la organización ecologista Bios Iguana, sostuvo que entre los requisitos que impone el RAN para reconocer a la nueva directiva está el listado de la votación. “Es una cortina de humo para ganar tiempo y que la Comisión Nacional Forestal otorgue un apoyo de 3 millones de pesos al anterior presidente del comisariado, Carlos Guzmán Teodoro”, explicó.

Asimismo, el RAN pide las actas de asamblea anteriores, sin embargo no las tiene la comunidad porque Carlos Guzmán las posee para registrarlas ante la delegación de la Procuraduría Agraria. “Son actos deliberados para buscar pretextos”, señaló.

La acción de los comuneros de Zacualpan fue una decisión firme que al gobierno del Estado pareció radical y respondió con la violencia. Desde luego, esos burócratas desconocen a sus propios representados y, con su omisión política, provocan la explosividad social de las comunidades.

Una mina de Oro servirá para el enriquecimiento empresarial a costa de la vida de las comunidades de la región pues pone en peligro a los manantiales, fuente de abastecimiento de agua en la zona. ¿No lo sabe el gobierno o, quiere que todos mueran envenenados por el cianuro? ¿La represión policíaca podrá descontaminar al agua destruida por la minera?

Hay evidente ineptitud gubernamental. La medida tomada por los comuneros es seria pero debiera tomarse como advertencia. Parece que las autoridades se empeñan en hacer caso omiso a las razones y derechos. ¿Quieren que despierte el México bronco?

Los comuneros, a su vez, deben tomar experiencia de lo ocurrido. El Estado está del lado de las corporaciones. Las medidas locales son importantes pero insuficientes, es necesario articular la lucha a nivel nacional, acumular fuerzas y proceder en consecuencia sin acciones precipitadas ni improvisadas. El agua se niega a la minera pero no a la población. Esta es parte de la misma lucha y hay que unificarla. La defensa del agua concierne a todos, la que debe salir es la minera. Colima debe ser territorio libre de minería, más aún, toda la nación mexicana y mesoamericana. Esta propuesta es razonable y correcta, y hay que cuidarla.


Ref: 2014, elektron 14 (110) 1-3, 21 marzo 2014, FTE de México.