En Jalisco también hay grupos armados que protegen la explotación de minerales de hierro que embarcan por el puerto de Manzanillo. Se trata de una actividad plenamente ilegal tolerada por las autoridades. Las comunidades nahuas y sus representantes se oponen al saqueo y son amenazados por los sicarios.

La minería en México se ha vuelto no solamente una actividad ilegal sino en manos de delincuentes.

Mineras protegidas por grupos armados continúan la explotación ilegal de minerales –sobre todo hierro– en el sur de Jalisco y trasladan las rocas en camiones desde el territorio nahua de Ayotitlán para triturarlo y embarcarlo en el puerto de Manzanillo, Colima, aseguró Jaime Hernández Lamas, abogado del consejo de mayores de los nahuas del ejido de Ayotitlán y Hernández (Partida J.C., en La Jornada, p.17, 6 marzo 2014).

El también integrante de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara explicó que a pesar que desde 2012 existen denuncias de la actividad ilícita de las minas, en la actualidad “todas siguen trabajando, pasan los camiones llenos de material a todas horas”.

El representante visitó hace unos días la zona centro del municipio jalisciense de Cuautitlán de García Barragán, que colinda con Michoacán y Colima. Señaló que aunque autoridades federales decomisaron miles de toneladas de mineral y aseguraron maquinaria ligada a grupos del crimen organizado en Lázaro Cárdenas, la ruta de Manzanillo sigue operando sin problemas, según atestiguó el abogado y activista universitario.

Los indígenas de Ayotitlán, ejido que abarca parte de la sierra de Manantlán, considerada reserva de la biosfera, denunciaron desde 2012 el saqueo y han presentado denuncias ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Procuraduría General de la República, pero el problema continúa.

Hernández Lamas dijo que él presentó una denuncia en agosto de 2012 por el saqueo imparable de minas como Piedra Imán, Cañada Verde o Roble Ancho, y la presencia de grupos armados que protegen los embarques y amenazan a los indígenas que se oponen.

Jesús Hermenegildo García, presidente del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco, AC, presentó otras dos denuncias en mayo, una de ellas ante la PGR, por encargo de las poblaciones afectadas.

El único resultado hasta hoy es que varios líderes nahuas fueron amenazados por hombres armados que acudieron hasta sus hogares, lo que hizo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pidiera medidas cautelares a la policía de Cuautitlán y la estatal para garantizar la integridad de los indígenas.

Las minas fueron reabiertas a finales de junio, luego de que sujetos armados recorrieron las casas de los líderes nahuas opositores al saqueo y advirtieron a los lugareños que quien se opusiera sería levantado.

El saqueo minero en México ocurre porque la secretaría de economía otorga a las corporaciones mineras las respectivas concesiones, mismas que las autorizan a apropiarse de todos los minerales que quieran, los que extraen y comercializan libremente. Para justificar las concesiones, la Semarnat autoriza las llamadas manifestaciones de impacto ambiental, aún cuando sean irreales. Las comunidades no cuentan en ningún sentido.

En el presente caso, sin embargo, la situación está peor. No hay empresa que de la cara, probablemente porque no existe formalmente. Por lo general, todas las mineras disponen de sus propias fuerzas represivas, verdaderas “guardias blancas” a su servicio. También cuentan con el apoyo de las fuerzas públicas del Estado. La situación no es de ahora, hace años que se ha denunciado esta ilegalidad sin éxito. Por cierto, el hierro jalisciense también se va a China.

Pero el caso Jalisco es peor aún pues los propios grupos armados se encargan de la explotación minera. Es un caso similar al de Michoacán, donde las minas de hierro son explotadas por criminales y los minerales exportados a China por el propio puerto de Lázaro Cárdenas. En el presente caso, los minerales salen por Manzanillo.

¿En cuántas otras partes el crimen se encarga de la explotación minera? Ni el gobierno lo sabe. Pero sí lo tolera. Actualmente, se han concedido más de 27 mil concesiones a las corporaciones mineras, principalmente transnacionales y mayoritariamente canadienses. El Estado no sabe qué hacen, no tiene manera de supervisarlas, la propia Auditoria Superior de la Federación carece de medios para auditarlas, vaya ni inspectores hay.

Por supuesto, esta minería no trae consigo ningún crecimiento económico, ni desarrollo social, ni empleo. Esto es, ningún beneficio a las comunidades, todo es apropiación privada.

¿Qué hacer ante estas circunstancias? Muy sencillo: cancelar las concesiones mineras, todas, por ser nocivas a la nación.


Ref: 2014, elektron 14 (92) 1-2, 9 marzo 2014, FTE de México.

Mina de hierro El Terrero FOTO: Profepa