energía, periódico del Frente de Trabajadores de la Energía

¿Quién los entiende? Primero abren la cloaca, revelan parte del cochinero, arman un escándalo mediático y prometen que, ahora sí”, todo será transparente y se procederá en consecuencia, “caiga quien caiga”. Todo ello para que poco después cierren las puertas con mil candados, se niegue todo tipo de información y, por si fuera poco, se “clasifique y reserve como confidencial” todo lo relativo al caso por ellos públicamente ventilado.

El ambiente anterior es aplicable a prácticamente todo lo que huela a “procuración de justicia” en contra de “peces gordos” (como un par de ex inquilinos de Los Pinos, los nenes de una autodenominada primera dama, varios procuradores generales de la República, secretarios de Hacienda, Energía y Función Pública, más unos cuantos directores generales de Pemex, entre otros), pero entre lo más reciente, que no lo último, destaca el caso de la empresa Oceanografía y el estercolero relacionado con ella y los jugosos contratos con Petróleos Mexicanos.

De por sí en este caso la “procuración de justicia” fingió demencia durante los larguísimos 12 años de gobiernos panistas, durante los cuales Oceanografía pasó de la quiebra inminente a la envidiable bonanza financiera, sin que ninguna autoridad osara investigar qué fue lo que allí pasó, no obstante las reiteradas denuncias de corrupción entre ese consorcio privado y Pemex, así como la ostentosa participación de los nenes Bribiesca como coyotes estelares. Vamos, hasta los integrantes de una comisión legislativa reiteradamente recibieron el portazo en plena cara por parte de los encubridores gobiernos foxista y calderonista.

Felizmente, los blanquiazules dejaron Los Pinos y a la residencia oficial llegó un “nuevo” gobierno de tres colores, el cual prometió limpiar la casa, exhibir a los culpables y actuar en consecuencia. Pero algo falló en el caso de Oceanografía, el que más tardaron en destapar oficialmente, que volver a tapar por la misma vía, a pesar de que en el cochinero está involucrado el erario, Pemex y un enorme ramillete de funcionarios, sin olvidar a los hijos políticos de un ex presidente de la República.

El detalle lo publicó La Jornada (Israel Rodríguez y Enrique Méndez): “Petróleos Mexicanos determinó que toda la información en torno a Oceanografía será clasificada y reservada como confidencial, por lo que solicitó a la Cámara de Diputados que todo asunto relacionado con esta empresa contratista de la paraestatal sea tratado con sigilo y secrecía, es decir, que se proceda con idéntica actitud a la de los dos gobiernos panistas. Y la petición no la hizo Fox o Calderón, mucho menos Martita, sino Emilio Lozoya, el director general de Pemex del “nuevo” régimen priísta.

La Jornada abunda: “de acuerdo con el oficio DG-UDL-22-2014 enviado a la Cámara de Diputados el pasado 7 de marzo y en respuesta a las preguntas formuladas por los legisladores al director general Emilio Lozoya, la información relativa a Oceanografía deberá mantenerse en secrecía, como lo prevé la condición jurídica de la investigación”, aunque más de un par de detalles de dicha investigación fueron divulgados por la Procuraduría General de la República el mismo día que esta institución intervino en la citada empresa privada, acusada de fraude, entre otros delitos. Y eso fue el último día de febrero pasado, y sólo a petición de la trasnacional financiera Citigroup.

Desde entonces la información fue fluyendo, los “peces gordos” blanquiazules desapareciendo y el director de Pemex exigiendo secrecía, aunque la paraestatal (aún propiedad del Estado mexicano) salga embarrada por los dos lados: el del asalto financiero por parte de la empresa privada y el de la corrupción de no pocos de sus funcionarios. Qué mejor ocasión que esta para que el nuevo director de Petróleos Mexicanos saque la escoba. Se supone que Lozoya “ordenó una investigación completa al interior” de la institución a su cargo “de todos los procesos y funcionarios involucrados en el trato con la empresa Oceanografía”, pero eso sí de forma “confidencial”, como si los mexicanos no tuvieran derecho de saber puntualmente quiénes atracan a la nación, de un lado y del otro.

Lozoya considera que “es importante señalar que atendiendo a los hechos relacionados con Oceanografía, Banamex y Pemex, de conformidad con la legislación vigente, toda aquella información relacionada con este asunto debe ser tratada y clasificada como reservada y confidencial, por lo que en ese sentido debe ser manejada por las partes involucradas con el sigilo y secrecía que la ley prevé de la cual están obligados por su condición jurídica”. Si es así, ¿entonces por qué destaparon el caso, organizaron conferencia de prensa, armaron show mediático y públicamente señalaron responsables, incluso con cargos de lavado de dinero? ¿En serio Emilio Lozoya creía que el pastel sólo se lo repartían Amado Yáñez y los nenes Bribiesca?

Como se comentó el sábado pasado en este espacio, hay todo un ejército de funcionarios y ex funcionarios a los que la autoridad debe investigar, sea por comisión u omisión, si en realidad quiere llegar al fondo del asunto en el caso Oceanografía, empresa que nadó en contratos de Pemex durante el par de administraciones panistas. Y allí están quienes integraron la comisión legislativa encargada de investigar el presunto tráfico de influencias de Martita y sus cachorros en el gobierno de su marido. De hecho, tal comisión afrontó “incumplimiento, lenidad y en ocasiones mala fe de instituciones de gobierno, e incluso presiones directas del entonces presidente Vicente Fox. La investigación (de la comisión legislativa) realizada entre abril de 2005 y enero de 2006 abarcó 10 secretarías de Estado, así como dependencias de éstas, entre ellas la banca de desarrollo, Infonavit, IMSS, Fovissste, Educal, Pemex, Luz y Fuerza del Centro, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, hospitales del sector salud, el DIF, Notimex y la propia oficina de la Presidencia”.