energía, periódico del Frente de Trabajadores de la Energía

El “aseguramiento” de la empresa Oceanografía y la presunta investigación por desvío de recursos, fraude y, eventualmente, lavado de dinero cometidos por los dueños de ese consorcio, de inmediato provocaron el escándalo mediático: el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió proceder en sentido contrario al de sus dos predecesores panistas, prometió “llegar al fondo” y que “no habrá impunidad” (con los nenes Bribiesca Sahagún en primera fila).

El anuncio oficial de tal proceder se hizo apenas unos días después de la “sorpresiva” renuncia (7 de febrero) de Carlos Morales Gil a la dirección de Pemex Exploración y Producción (en la que se mantuvo intocado por casi una década), a quien de una u otra suerte asociaban con los citados nenes de Martita en eso de los padrinazgos y el coyotaje a la hora de asignar contratos en la paraestatal, y de que la Secretaría de la Función Pública (11 de febrero) decidiera inhabilitar a Oceanografía como proveedora del gobierno federal.

El asunto se consideraba “enterrado” (los sepultureros, claro está, fueron Fox y Calderón). Sin embargo, suficiente fue que una trasnacional estadunidense (Citigroup, ella misma de largo historial delictivo) resultara afectada por las truculentas prácticas de Oceanografía, para que el gobierno federal reviviera el caso y la PGR investigara lo que, dicho sea de paso, estaba más que investigado desde muchos atrás (comisión legislativa incluida).

Bombo y platillo, pues. Pero uno de los presuntos implicados en todo esto, “sorpresiva” pero muy oportunamente presentó su renuncia e hizo maleta; la cabeza visible de Oceanografía, Amador Yáñez, tuvo todo el tiempo del mundo para hacer lo propio; la Secretaría de la Función Pública se lavó las manos antes de estallar el escándalo, y el actual director general de Pemex ya decretó que “no se han identificado daños” en contra de Pemex.

Todo en tiempo y forma para que, en el mejor de los casos, los presuntamente implicados sólo salgan raspados mediáticamente. De hecho, los directores de esta gran orquesta de coyotaje e impunidad ni siquiera son mencionados por la autoridad investigadora: Vicente Fox, Marta Sahagún y Felipe Calderón, sin olvidar a los ejecutores en la parte gubernamental. ¿Realmente Oceanografía y los nenes Bribiesca Sahagún hubieran amasado voluminosa fortuna sin padrinos de ese tamaño?

En la edición de ayer, La Jornada (Roberto Garduño y Enrique Méndez) publicó que “la Secretaría de Hacienda –que durante la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón condujo el actual gobernador del Banco de México, Agustín Carstens– se negó a seguir ‘la ruta del dinero’ manejado por los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, como pidió en los inicios del gobierno calderonista la comisión especial de diputados que investigó el presunto tráfico de influencias de Marta Sahagún y sus hijos en el gobierno de Vicente Fox. El informe que presentó la comisión señaló que después de que funcionarios de todas las dependencias de la administración foxista ocultaron información sobre los negocios de los hijos de Marta Sahagún y de Manuel Bribiesca, la única instancia para determinar y confirmar el tráfico de influencias era Hacienda. Sin embargo, la solicitud se archivó en la dependencia, a pesar de que el informe fue enviado a la Presidencia de la República”.

En el curso de la investigación, señaló el citado informe, “los diputados afrontaron ‘incumplimiento, lenidad y en ocasiones mala fe’ de instituciones de gobierno, e incluso presiones directas del entonces presidente Vicente Fox. La investigación (de la comisión legislativa) realizada entre abril de 2005 y enero de 2006 abarcó 10 secretarías de Estado, así como dependencias de éstas, entre ellas la banca de desarrollo, Infonavit, Fovissste, Educal, Pemex, Luz y Fuerza del Centro, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, hospitales del sector salud, el DIF, Notimex y la propia oficina de la Presidencia”, pero ninguna autoridad movió un dedo.

En este contexto, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto la situación parece no modificarse, pues la acusación de la procuraduría a cargo de Jesús Murillo Karam se centra en la empresa Oceanografía y el presunto fraude por ella cometida en contra de la trasnacional Citigroup. Nada más. Ningún funcionario público de los dos gobiernos panistas (comenzado por Vicente y Felipe) aparece siquiera mencionado en la denuncia y actuación de la PGR, y muchos son los que por mangas o por guangas participaron en todo esto.

Como señala el informe de la comisión legislativa, con Calderón en Los Pinos la Secretaría de Hacienda se “negó a seguir la ruta del dinero”. Pero también en tiempos de Fox, y en ambos casos las cabezas visibles en la citada dependencia pertenecen a la sagrada familia del sector público financiero: Francisco Gil Díaz y Agustín Carstens, ya con Calderón. Pero después de ellos ocuparon el puesto Ernesto Cordero, hoy en pos de la presidencia panista, y José Antonio Meade, actualmente al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Con Fox, la Secretaría de Energía tuvo cuatro titulares: Ernesto Martens Rebolledo, el propio Felipe Calderón, Fernando Elizondo Barragán y Fernando Canales Clariond, y en su turno cada uno de ellos presidió el consejo de administración de Pemex, paraestatal que en ese sexenio tuvo dos directores generales: Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corso, ahora en función empresarial tras el “modernizado” oro negro mexicano, al igual que Gil Díaz y Reyes Heroles González Garza. ¿En serio ninguno se enteró de los chanchullos de Oceanografía y del coyotaje de los nenes de Martita?

Con Calderón, por Energía pasaron Georgina Kessel, José Antonio Meade y Jordy Herrera, y presidieron el consejo de administración de Pemex, donde Jesús Reyes Heroles González Garza y Juan José Suárez Coppel ocuparon la dirección general. Pero la PGR no los menciona. Tampoco a los cinco titulares de la Función Pública durante la docena trágica (Francisco Barrio, Eduardo Romero Ramos, Germán Martínez Cázares, Salvador Vega Casillas y Rafael Morgan Ríos). Los mismo en la PGR: Rafael Macedo de la Concha, Daniel Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora (hoy embajador de México en Estados Unidos), Arturo Chávez y Marisela Morales (ahora despacha como cónsul de México en Milán, Italia). Y nadie sabe nada, según la versión oficial.

Entonces, si la investigación va en serio, el procurador y sus sabuesos tienen mucha tela de donde cortar.