Fraude por más de 585 millones de dólares. La empresa recibió préstamos de Banamex supuestamente garantizados con facturas por cobrar de Pemex. Oceanografía falsificó documentos de la paraestatal para obtener financiamiento con el banco de Citigroup. Pemex contrata casi la tercera parte de la flota para trasladar combustible en el sureste. Este es el resultado de la política antinacional que ha corroído a la petrolera mexicana. Peor será con la desnacionalización petrolera de Peña Nieto y partidos políticos.

Pemex opera con más de 10 mil contratistas de todo tipo, pequeños y grandes, para realizar multitud de servicios. En esta ocasión se trata de un contratista muy poderoso que realiza las actividades que debe hacer Pemex. Pero el gobierno hace tiempo decidió no realizar sus actividades por administración directa sino por contratistas, nacionales y extranjeros.

El actual escándalo con Oceanografía es el resultado de esa política corrosiva. En este caso, se trata de acciones encubiertas protegidas por Vicente Fox pues los hijos de Martha Sahagún están directamente involucrados en el tráfico de influencias. Felipe Calderón (PAN) también es co responsable, así como lo han sido los presidentes del PRI en turno. Todos han sido impulsores de una política petrolera antinacional. Peña no está exento de responsabilidad, al contrario. La desnacionalización petrolera aprobada en 2013 será peor, un verdadero saqueo a la nación, tanto en recursos naturales como en efectivo. Con el escándalo de Oceanografía Peña simula el combate a la corrupción, que se había excedido, pero la política petrolera es la misma, no ha cambiado.

En la prensa nacional se publicó amplia información respecto al asunto.

Con base en una denuncia presentada por el Banco Nacional de México (Banamex), la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación por desvío de recursos y fraude por más de 585 millones de dólares en contra de los directivos de la empresa Oceanografía SA de CV, la cual recibió préstamos que supuestamente estaban garantizados con facturas por cobrar a Petróleos Mexicanos (Pemex) que en realidad no tenían garantía (Castillo G., en La Jornada, p.5, 1 marzo 2014).

El Ministerio Público Federal aseguró la citada compañía y designó como administrador de la misma al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados (SAE).

Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, señaló que el aseguramiento de la empresa Oceanografía tiene como antecedente el pasado 11 de febrero, cuando ‘‘la Secretaría de la Función Pública (SFP), a solicitud del órgano interno de control de Petróleos Mexicanos, sancionó a la empresa naviera por haberse encontrado irregularidades en el otorgamiento de fianzas previstas en la normatividad en materia de contrataciones públicas.

‘‘Ante ello, el Banco Nacional de México, al ser un acreedor de dicha empresa, inició junto con Pemex una revisión y cotejo de la información que Oceanografía presentaba al banco y que acreditaban supuestas cuentas por cobrar a cargo de Petróleos Mexicanos. Como resultado de dicha revisión se advirtieron inconsistencias en la documentación, que constituyen conductas tipificadas como delitos’’.

Las implicaciones son serias, no se trata de un asunto trivial, se configura lavado de dinero.

De acuerdo con información de funcionarios de la PGR, la empresa Oceanografía solamente contaba con la posibilidad de cubrir unos 100 millones de dólares de los más de 585 millones que solicitó como préstamo a Banamex.

El fraude también provocó que la institución bancaria reportara pérdidas por 2 mil 880 millones de pesos de utilidad neta. Las irregularidades, dijo, fueron hechas del conocimiento de la Procuraduría General de la República y se inició una averiguación previa que llevó a que el Ministerio Público Federal ordenara el inmediato aseguramiento de Oceanografía.

Murillo Karam explicó que estas acciones tienen la finalidad de ‘‘preservar las fuentes de empleo, los documentos de la empresa, la contabilidad, los activos, recursos, el patrimonio afectado del banco y la posibilidad de restituir los daños’’.

Apuntó también que el aseguramiento busca ‘‘proteger la operación ordinaria de la empresa y los derechos que pudieran pertenecer a cualquier afectado de los hechos denunciados y por los delitos que pudieran existir’’.

Señaló que la PGR se encuentra trabajando con la colaboración de las autoridades hacendarias, financieras y del propio banco, a fin de que a la brevedad se establezcan las responsabilidades penales que en su caso correspondan ‘‘y recuperar lo más pronto posible los fondos desviados por quienes cometieron estos delitos, así como proteger y preservar el trabajo y los derechos de los empleados de esa compañía’’.

Al ser interrogado si se investiga a los hermanos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún (hijos de Martha Sahagún Jiménez, esposa del ex presidente Vicente Fox), el funcionario sólo dijo que la indagatoria está comenzando. También refirió que no se ha concluido el monto del dinero desviado o defraudado por la empresa Oceanografía.

Hace unas semanas, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que las fianzas a pagar por los contratos otorgados a la empresa Oceanografía generaron una afectación de más de 3 mil 400 millones de pesos.

La compañía tiene como principal accionista al propietario del Club de Futbol Querétaro, Armando Yáñez. La PGR no anunció que vaya a realizar acciones que afecten al mencionado club deportivo.

La empresa Oceanografía SA de CV –que posee 27 por ciento de la flota que Petróleos Mexicanos (Pemex) utiliza para trasladar combustible– falsificó más de 160 documentos de la paraestatal para obtener financiamiento (Castillo G., en La Jornada, p.6, 2 marzo 2014).

Funcionarios de la PGR revelaron que la firma naviera alteró los convenios que suscribía con Pemex con base en los cuales disfrazó sus niveles de operación y ganancias.

Según las fuentes consultadas, Oceanografía habría alterado al menos 150 estimaciones de volúmenes de combustible a transportar, lo cual le permitía obtener cada dos meses dinero de Banamex, con el compromiso de pagar en cuanto la paraestatal cubriera los servicios.

Señalaron que el pasado 11 de febrero, el órgano interno de control en Pemex Exploración y Producción dio a conocer públicamente que Oceanografía entregó fianzas que no cumplieron con el 10 por ciento del monto de contratos asignados.

La Secretaría de la Función Pública informó que dentro del expediente 0039/2013, notificado a Oceanografía el 10 de febrero, se impuso una multa de 24 millones 31 mil 974 pesos y una inhabilitación por un año nueve meses, que comenzó el 12 de febrero pasado y concluirá el 12 de noviembre de 2015.

Una vez que la inhabilitación se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación, Citigroup ordenó a Banamex, una de sus empresas, que revisara los convenios con Oceanografía, que de acuerdo con su portal es una compañía “mexicana líder en servicios costa afuera en el Golfo de México para la industria petrolera. Tenemos más de 40 años de experiencia trabajando para Pemex.

“Proporcionamos servicios integrados de ingeniería geofísica marina, buceo de saturación, operación de vehículos sumergibles manejados a control remoto, mantenimiento a estructuras marinas y construcción de ductos submarinos. Somos la primera empresa de buceo en los campos petroleros costa afuera en el Golfo de México”.

En ese contexto, los funcionarios consultados señalaron que Oceanografía presta fundamentalmente servicios de transporte marítimo para petróleo a Pemex.

Se estima que renta 27 por ciento de los buques que la paraestatal requiere para transportar el hidrocarburo, ya que la zona de operación se localiza en la Sonda de Campeche.

La firma cuenta con instalaciones en Campeche, Tabasco y Veracruz. En Ciudad del Carmen están sus oficinas corporativas (las cuales fueron intervenidas por la PGR) y, según la información disponible, Oceanografía cuenta con “la mayor flota de bandera mexicana para la prestación de servicios al sector petrolero. Integrada por 38 embarcaciones que representan 70 mil 862 toneladas de arqueo bruto”.

Con esos antecedentes, Banamex aceptó firmar convenios de financiamiento que permitieran a la firma tener solvencia inmediata.

Según los datos obtenidos que constan en la denuncia presentada por Banamex ante la PGR, tras la inhabilitación, Banamex decidió cotejar con Pemex las estimaciones contratadas, y descubrió que había documentos falsificados en los que se alteraron los volúmenes de carga y, por tanto, los recursos que obtendría Oceanografía.

Tras descubrir –con el cotejo de los documentos– que la empresa sólo contaba con facturas que amparaban 185 de los 585 millones de dólares entregados a Oceanografía, decidió presentar la denuncia penal ante la PGR.

Lo que sucede en Oceanografía es un caso de corrupción por tráfico de influencias. Es evidente que Fox está involucrado, a través de los hijos de Sahagún. No es el único caso. Gobernantes priístas y panistas se han comportado igual. ¿Por qué ahora la PGR procede? Uno, por que el contratista se excedió y, dos, para simular el combate a la corrupción. Así como al Chapo, al Peña le suspendió sus vacaciones y lo detuvo, lo mismo hará con Yáñez a quien acusan de fraude. Pero, la política petrolera, basada en el contratismo, es la misma. Esta política es antinacional pero no ha variado ni variará.

Con la desnacionalización petrolera y la privatización del proceso de trabajo petrolero, las transnacionales y el gobierno serán partícipes de un mismo desbarajuste que saquear a la nación y beneficiará a unos cuantos.

Si para el transporte de combustible, Oceanografía falsificaba los documentos y datos. ¿Qué no harán los contratistas de Videgaray encargados de “recolectar” el petróleo crudo producido por las transnacionales? ¿Qué no harán los contratistas encargados de comercializar el petróleo crudo en el extranjero?

¿No había nadie en Pemex que supervisara al contratista? No al parecer, pues pasaron varias décadas para que el gobierno se diera cuenta. ¿Quién supervisará a las transnacionales en alta mar? ¿Acaso las transnacionales, y sus filiales y demás contratistas, no podrán alterar la documentación financiara, contable, bitácoras y demás registros? ¿Quién supervisará a los contratistas del gobierno? ¡Nadie!

Lo mismo ocurrirá con el llamado Fondo petrolero. ¿Quién supervisará que los informes de las transnacionales sean correctos, que el pago de impuestos, derechos y regalías sean los adecuados y correctos? ¡Nadie! Y, el destino de ese Fondo, ¿quién lo decidirá? Todo será unilateral.

El gobierno no ha presentado sus iniciativas de modificaciones a la legislación energética secundaria. Ni siquiera los despachos del ITAM se han puesto de acuerdo. ¿Por qué? Porque su política antinacional es incoherente, además de antinacional y pro imperialista.


Ref: 2014, elektron 14 (80) 1-4, 3 marzo 2014, FTE de México.

Oceanografía, ejemplo nefasto de la política basada en el contratismo petrolero

El contratismo corroyó a la industria nacionalizada, peor será con la privatización