Muy bonito nombre con pobre contenido. La mayoría legislativa rechazó todas las reservas de la oposición y aprobó la Ley federal de consulta popular. Todas las restricciones fueron ratificadas. Pero el PRD dice que es un triunfo de la izquierda. Lo veremos pronto. En el caso de la reforma energética, la pertinencia de la consulta está en manos de la Suprema Corte. Aún si su dictamen fuera favorable, los demás requisitos conducen a impedir tal consulta. Esta no será posible sin movilización social a nivel nacional.

La crítica y franco rechazo a la minuta de Ley Federal de Consulta Popular, promovida por diputados de oposición, no fructificó en modo alguno y el pleno camaral aprobó en lo general y en lo particular el decreto que reglamentará la reforma político-electoral (Méndez E., Garduño R., en La Jornada, p.11, 7 marzo 2014).

En comisiones, una mayoría de diputados priístas, verdes y panistas dejaron que los opositores a la minuta manifestaran su rechazo al contenido de la misma. Poco expresaron quienes defendían el texto y a la hora de la votación se impuso la tendencia para no cambiar ni modificar la redacción hubo 19 votos en favor y 4 en contra.

El texto fue presentado desde la tribuna. Se ponderó que la consulta popular tendrá razón de ser cuando persistan temas considerados de trascendencia nacional, y éstos contengan elementos que repercutan en la mayor parte del territorio o impacten significativamente a la población.

La citada trascendencia se calificará a sí –o no– por la mayoría de los integrantes de cada cámara del Congreso, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos. En este último caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la que determiné si procede o no.

La minuta considera que podrán solicitar una consulta popular el Presidente de la República, 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso, o los ciudadanos, en un número al menos de 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Aquellos temas que no podrán ser objeto de consulta popular serán: la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 del mismo ordenamiento; los de materia electoral; los ingresos y gasto del Estado; seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas.

Durante el debate la ley fue cuestionada por el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC).

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, calificó la aprobación de la Ley Federal de Consulta Popular como un triunfo de la izquierda y sostuvo que dicho instrumento permitirá a los ciudadanos manifestarse a favor o en contra de cualquier tema de trascendencia nacional, incluida la reforma energética (Damián F., en Milenio, 9 marzo 2014).

Defendió así el voto de la mayoría de los diputados perredistas a favor del proyecto, aunque admitió que la nueva ley es perfectible.

Según el PRD, la ley es una herramienta fundamental siendo que ni siquiera permite la difusión en medios electrónicos por parte de los promotores. También dice que promueve la participación ciudadana y es una alternativa de la democracia directa. ¡Simple demagogia! Aureoles agregó que la consulta es un instrumento para legitimar algunas acciones del gobierno federal en turno. En esto tiene razón.

Con relación a la consulta sobre la reforma energética desnacionalizadora de Peña Nieto se verán las supuestas bondades de la Ley. Primero, la Suprema Corte decidirá sobre la pertinencia de la consulta. Aún cuando la Corte la aceptara, el resto del procedimiento es muy desfavorable. Finalmente, la consulta puede servir para lo que señala Aureoles: legitimar el atraco de Peña Nieto.

No hay consulta popular, en ninguna parte del mundo, que funcione sin la acción organizada y movilizada del pueblo, previamente a la consulta. La política de aparato conduce al fracaso del pueblo y el éxito de la burocracia estatal.

El PRD es el más interesado en esta Ley, Cuauhtémoc Cárdenas es el más activo promotor de la consulta energética para el 2015. Como van las cosas, la incertidumbre es muy alta. Sin lucha cualquier consulta es insuficiente, incluso inviable. El PRD está alejado de la lucha social y carece de los mecanismos mínimos para informar a la población votante. A su vez, sus votos están lejos de lograr el 40% del total que haría vinculantes los resultados. Eso creyendo, hipotéticamente y a priori, que la pregunta sería formulada siquiera decentemente. No será así. Más bien se corre el riesgo de que se manipule y la consulta sirva para “legitimar” a Peña, el desnacionalizador de las industrias energéticas de México.


Ref: 2014, elektron 14 (93) 1-2, 9 marzo 2014, FTE de México.

Refinería de Tula. La defensa del petróleo en manos de los partidos políticos es un fiasco. FOTO Reuters