No hay ni es posible NINGUNA reforma energética “limpia”. La privatización NO es limpia en ninguna parte del mundo. La argumentación “ambientalista”, apolítica y neutral, sirve al capital y al gobierno. La política ambiental independiente no es acrítica.

El gobierno federal debe garantizar que la legislación secundaria que surja de la reforma energética promueva la transición y asegure la sustentabilidad, por medio del cumplimiento de las metas de 35 por ciento de participación de la parte renovable para 2024, así como la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) en 30 por ciento para 2020, aseguraron organizaciones ambientales y de la sociedad civil (Arellano C., en La Jornada, p.12, 13 febrero 2014).

Las leyes secundarias, explicaron, deben determinar la hoja de ruta para disminuir el uso de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica, lo que beneficiará a la población y al medio ambiente.

No por ser ambientalista se tiene la razón y menos cuando se es mal ambientalista. Esto es, no basta auto-llamarse ambientalista para serlo. El ambientalismo ha devenido una moda con discurso demagógico que sirve al capital y gobiernos para obnubilar a la sociedad y engañarla sistemáticamente.

Dicen preocuparse por el ambiente y el clima, incluso, piden un planeta más limpio. Así, en general, la propuesta es indiscutible. Pero, por supuesto, jamás se refieren a las causas del desastre, mismas que soslayan. Incluso, las toleran a cambio de que los toleren. Evidentemente, eso es lo que hace el capital. Simular la misma preocupación pero decidir en la práctica lo contrario.

Los ambientalistas en cuestión piden al gobierno una legislación energética secundaria “que promueva la transición y asegure la sustentabilidad”, términos manidos. ¿Cuál transición, qué sustentabilidad? La humanidad no está preparada para ninguna transición energética; actualmente, la dependencia del carbón, el petróleo y el gas, es enorme y no hay geopolítica que indique lo contrario en el corto plazo.

Qué en México se cumpla la meta de 35% de participación de fuentes renovables en 2024, implica repetir el mismo discurso oficial del gobierno. Hablar de reducir en 30% para 2020 las emisiones de GEI es algo totalmente irreal, habida cuenta que no existe siquiera ningún acuerdo internacional al respecto.

Pedir que la legislación energética secundaria determine la disminución de combustibles fósiles para la generación eléctrica es iluso. Los diputados y senadores ni están preocupados por el asunto ni les importa. Más aún, TODOS los planes oficiales están orientados a seguir utilizando ese tipo de combustibles, especialmente, el gas natural en plantas de ciclo combinado. Peor aún, la misma reforma energética propone la explotación del gas de lutitas (shale) con todos los agravantes para la devastación ambiental. Por cierto, para esos ambientalistas, el fracturamiento hidráulico no existe.

En todos los casos, hay preocupación por el medio ambiente pero no por la privatización. Esta ni siquiera se menciona. A los ambientalistas no les importa de quién es la propiedad, tampoco la política a seguir. Con ese discurso, tales grupos sirven de comparsa al gobierno, su discurso es muy a propósito, siempre asimilable y tergiversable.

Todo queda en el ilusionismo. Ninguna ley secundaria podrá impedir lo que la Constitución misma autoriza. La reforma de Peña Nieto desnacionalizó a las industrias eléctrica y petrolera para privatizarlas. Al capital NO le interesa, jamás le ha interesado, ningún planeta limpio. Al capital le interesa solo la ganancia.

En conferencia realizada en un hotel de la ciudad de México, Xtabay Padilla, del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, explicó que las leyes secundarias deben estar dirigidas a lograr la eficiencia en la generación y uso de energía, la reducción en combustibles fósiles y el desarrollo de metodologías que incorporen beneficios de los proyectos de generación y empleo del sector energético, así como el financiamiento de proyectos sustentables y con impactos sociales positivos.

Para Mariana Castillo, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la reciente aprobación de la reforma energética no propicia un cambio estructural sobre los modos de producción y consumo de la energía en México. El gobierno no ha hecho un diagnóstico profundo e integral sobre el sector, su situación actual, así como sobre los escenarios de consumo y producción, tomando en cuenta no sólo los factores energéticos y tecnologías disponibles, sino también los costos a la salud, al medio ambiente y a la sociedad, subrayó.

Dicha información es esencial, dijo, para que el gobierno junto con actores no gubernamentales, pueda elaborar una política energética incluyente que influya positivamente en todos los sectores.

Lillian Sol, del Centro de Transporte Sustentable EMBARQ México, manifestó que el país asumió metas de reducción de emisiones de GEI por medio de la Ley General de Cambio Climático, así como límites de participación máxima de combustibles fósiles en la generación eléctrica, según lo señala la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento a la Transición Energética, por lo que, agregó, se espera que las leyes secundarias garanticen lo que ella determina, a fin de que en 2020 se tenga una reducción de 30 por ciento de emisiones de GEI y 50 por ciento para 2050.

¿Cuál eficiencia? La legislación energética secundaria está orientada a reafirmar la propiedad privada en el sector, de acuerdo a lo indicado por los nuevos artículos 27 y 28 constitucionales. ¿Proyectos sustentables? Todas las propuestas consisten en PRIVATIZAR TODOS los recursos naturales: viento, agua, geotermia, energía de los océanos, radiación solar, biocombustibles.

Que la reforma energética de Peña no propicia un cambio estructural sobre los medios de producción de la energía, es una apreciación falsa. El principal cambio está en la propiedad de esos medios de producción que, de ser nacionales ahora serán privados; en consecuencia, la orientación cambia radicalmente, para basarse ahora en el lucro y la ganancia privadas.

Qué el gobierno “junto” con ONG’s elabore una política energética “incluyente” es un simple rollo. Primero, NO corresponde al gobierno y menos a las ONG’s elaborar ninguna política energética. Segundo, el gobierno ya tiene su política al respecto y es antinacional por privatizadora. Tercero, las ONG’s NO tienen política energética, su negocio es otro.

No es política “incluyente” sino independiente lo que se necesita. ¿Qué política incluyente puede haber con una industria energética privatizada, sin planeación y sin ninguna responsabilidad social? En manos privadas lo único que puede esperarse es que el planeta sea arrasado antes de lo previsto, cada vez más contaminado y más autodestruido. La alternativa es la Política Energética Independiente, basada en la propiedad colectiva de los medios de producción y recursos naturales, y su explotación racional mediante la integración de los procesos de trabajo, con una política orientada al beneficio social.


Ref: 2014, elektron 14 (65) 1-2, 16 febrero 2014, FTE de México.