Por lo pronto, admitió dar trámite al recurso interpuesto por senadores del PRD. El tribunal resolverá sobre la constitucionalidad de la consulta popular sobre la reforma energética. En experiencias previas, el criterio de la Corte es adverso. Además, la Corte no es independiente sino parte del mismo Estado desnacionalizador.

Esto es, se trata apenas del procedimiento inicial. No hay todavía ninguna resolución al respecto. Lo importante, por ahora, es que la Corte aceptó tratar el asunto. ¿Qué resolverá? Está por verse. Todos los pronósticos son inciertos.

No nada más, hay incluso pesimismo no solo por las experiencias previas sino por la política de los partidos que son parte del mismo aparato estatal y han demostrado su inutilidad.

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite el recurso presentado por senadores del PRD para que el máximo tribunal resuelva sobre la constitucionalidad de la consulta popular respecto de la reforma energética y la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución (que abre la puerta a la iniciativa privada en las industrias petrolera y eléctrica), legisladores de ese partido señalaron que la decisión abre un litigio jurídico-político muy importante (Aranda J., Becerril A., Ballinas V., en La Jornada, p.9, 14 febrero 2014).

Ayer, durante la sesión de la SCJN, el presidente del máximo tribunal, Juan N. Silva Meza, dio entrada al recurso sobre la consulta y turnó el asunto al ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán para que elabore el proyecto de dictamen correspondiente. El trámite quedó registrado con el número 1/2004.

La solicitud de los perredistas tiene su origen en la petición que presentó el PRD a la Cámara de Senadores el 3 de diciembre pasado, acompañada de un millón 600 mil firmas, en la que demanda la realización de una consulta ciudadana sobre la reforma constitucional en materia energética.

El PRD fundamentó su petición en el artículo 35 de la Constitución, que señala que la SCJN resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.

En tanto, la admisión del asunto se fundamentó en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que faculta al presidente de la SCJN a designar un ministro para que elabore un proyecto de dictamen en casos trascendentes.

En su proyecto, Pérez Dayán debe establecer si la consulta que reclaman los senadores Alejandro Encinas, Manuel Camacho Solís, Dolores Padierna y Mario Delgado se admite o se desecha.

El PRD y los senadores perredistas sostienen que la reforma energética va en contra del espíritu de la Carta Magna de 1917, ya que la propiedad del petróleo pasará a poder de inversionistas nacionales y extranjeros.

Sostienen que la reciente reforma en materia de referendo prevé la eventual realización de una consulta, porque se trata de un asunto de trascendencia nacional que debe ser decidido por la ciudadanía y no sólo por los partidos (PRI, PAN y PVEM) que avalaron las reformas.

En tanto, priístas y panistas sostienen que la consulta que exigen varias organizaciones de izquierda (además del PRD, PT y Morena) sobre la reforma energética no puede llevarse a cabo porque se trata de un tema fiscal y la Constitución establece que ese tema no puede someterse a referendo.

Camacho Solís y Encinas coincidieron en que la admisión de la demanda a trámite no pudo llegar en mejor momento, ya que PRI y PAN tienen todo listo para aprobar la próxima semana una ley reglamentaria acotada para impedir que pueda someterse a consulta la modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.

La decisión de la Corte, es lo mejor que nos pudo pasar, cuando hay una voluntad política contraria al ejercicio de la consulta popular, recalcó Camacho. Dijo que representa una victoria importante para quienes luchan porque se respete el derecho de los mexicanos de ser consultados en temas de trascendencia nacional.

Encinas manifestó que confía en que la SCJN tutele y garantice el cumplimiento cabal de la Constitución y avance en el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a ser consultados

Esperar que la Corte “tutele” y “garantice” el cumplimiento de la Constitución (¿cuál?) es ilusorio. A lo más que se podría llegar es a que la Corte admitiera la constitucionalidad de la consulta. Pero, la petición de la misma deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara. Esa mayoría, formada por el PRI, PAN, PVEM y Panal es adversa a la consulta. En el hipotético caso, si se aprobara, habría que definir la pregunta a realizar. Esta sería ampliamente manipulada y solo admitiría las respuestas sí o no. Para que los resultados tengan carácter vinculatorio se requiere una participación ciudadana del 40% o más en los comicios de 2015, lo cual es muy difícil de lograr, a menos que hubiese una maniobra, no descartable, del mismo PRIAN que, incluso, podría bloquear a la consulta en el propio Senado.

De manera que no es prudente confiar en la Corte, tanto porque jamás se ha caracterizado por hacer valer la ley en favor de la nación, como por las experiencias previas cuyos criterios son adversos a la consulta. Además, la Corte no es ajena al Estado sino parte del mismo que decidió reformar regresivamente la Constitución para desnacionalizar a las industrias petrolera y eléctrica.

Esto es, no se trata de una privatización más, ni tampoco es preciso señalar que se “abren” las puertas al sector privado. No, las puertas estaban abiertas desde 1992, ahora lo que ocurrió es el regreso de las compañías extranjeras en materia petrolera y eléctrica.

Existe el agravante de que la Corte, generalmente, nunca atiende el fondo del asunto, siempre se queda en algún aspecto superficial. A la Corte le es muy fácil repetir que los legisladores tienen facultad para legislar e, incluso, reformar la Constitución como lo hicieron. Al respecto, los terceros perjudicados (PRI, PAN, PVEM, Panal) pueden acreditar que votaron, y que el PRD, PT y MC también lo hicieron.

Ilusionarse es muy sencillo, creyendo que los aparatos tienen alguna sensibilidad. No lo creemos. Hace falta la lucha social, misma que está ausente. Sin lucha social, organizada y movilizada en todo el territorio nacional, creer en aparatos tan desprestigiados como los partidos políticos o personeros como Camacho o Encinas es sinónimo del atraso político que ha hecho posible la desnacionalización energética.


Ref: 2014, elektron 14 (66) 1-2, 17 febrero 2014, FTE de México.