Abrir totalmente al sector privado extranjero la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, propone Fox. Eso, es totalmente contrario a lo dispuesto por la Constitución política del país. Sería la desnacionalización de la industria eléctrica de México. Rechazamos la propuesta y llamamos a la lucha de todos los mexicanos para defender a la Nación. ¡Abajo el gobierno foxista!

El gobierno de Fox dió primero la noticia en el extranjero antes de informar al Congreso de la Unión. La correduría norteamericana Merrill Lynch informó al respecto, otro tanto se publicó en El País de España para el regocijo de los inversionistas gachupines.

Antes de que la propuesta de Fox llegara al Senado, los medios nacionales informaron de la pretensión. Publicaron que se trataba de un proyecto de “reforma estructural del sector energético” y se proponía modificar a los artículos 27 y 28 constitucionales. (Becerril A, Ballinas V, en La Jornada 140802). De acuerdo con esas versiones la propuesta corresponde a los señalamientos previos hechos por el secretario de energía y el propio director de la Comisión Federal de Electricidad.

Además de pretender modificar a la Constitución, el proyecto foxista incluye reformas y adiciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a la Ley Orgánica de la CFE y la del Centro Nacional de Control de Energía.

La propuesta de Fox en materia eléctrica profundiza las contrareformas llevadas a cabo por Salinas de Gortari y destruye a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). ¡Salinitas se quedó chico ante la arbitrariedad de Fox!

Además de legalizar constitucionalmente a la privatización eléctrica furtiva que el foxismo lleva acabo en la práctica, al margen de la ley, se plantea una nueva figura jurídica adicional a las establecidas en 1992. Estas figuras no se consideran parte del servicio público de energía eléctrica, deformando deliberadamente a tal concepto.

La nueva figura es denominada "autoconsumidor de electricidad” De acuerdo con ésta, los capitalistas privados podrán sustraerse del servicio público para adquirir su energía eléctrica vía contratos bilaterales con generadores públicos y privados o directamente en el despacho de generación.

También se propone que, se eleve a rango constitucional el derecho de libre acceso de las empresas privadas a las redes públicas de transmisión y distribución eléctrica.

De esta manera, se daría paso a una nueva industria eléctrica totalmente privada, misma que ya se construye aceleradamente en la ilegalidad a través de multitud de permisos otorgados.

Al sector privado pasarán las funciones para generar, distribuir y comercializar energía eléctrica, con el libre acceso a la red nacional de transmisión. El sistema eléctrico nacional dejaría de ser propiedad de la Nación para entregarse a los capitalistas privados extranjeros.

Eso es, ni más ni menos, lo contrario a lo dispuesto actualmente por la Constitución y que constituye la parte final del párrafo sexto del artículo 27 constitucional incorporado con motivo del decreto de nacionalización eléctrica del 27 de septiembre de 1960.

De esta manera, la industria eléctrica nacionalizada quedaría reducida a prácticamente nada. La CFE y LFC permanecerían como empresas estatales encargadas de funciones mínimas, pues les sustraerían las fundamentales. De acuerdo con el nuevo concepto deformado del servicio público de energía eléctrica, dichas empresas se dedicarían a atender solamente a los pequeños consumidores, los grandes consumidores industriales y comerciales quedarían a cargo de las empresas privadas. Esos grandes consumidores representan actualmente el 70 por ciento de los ingresos de la CFE.

En las modificaciones planteadas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se prevé otorgar a empresas privadas concesiones hasta por 30 años para generar y vender el fluido a los grandes usuarios, mismas que podrán ser prorrogadas en una o más ocasiones.

"De manera tramposa se asegura que la CFE y Luz y Fuerza del Centro (LFC) seguirán prestando el servicio público e incluso se modernizarán, pero en realidad se les condena a desaparecer", porque los grandes consumidores del fluido eléctrico se asignarían a las empresas privadas, ha dicho el senador priísta Oscar Cantón Zetina.

Según la argumentación de Fox, la propuesta “responde a la necesidad de elevar a rango constitucional, para dar mayor seguridad jurídica, el derecho de los particulares a realizar inversiones tendientes a generar y aprovechar total o parcialmente el fluido eléctrico que produzcan, y el de los particulares de llevar a cabo también inversiones en instalaciones industriales que generen electricidad requerida por los organismo públicos CFE y Luz y Fuerza del Centro, a efecto de estar en posibilidad de cumplir con el propósito para el que fueron creados".

Esto significa que la CFE y LFC, ambas empequeñecidas, quedarían como simples revendoras de la energía producida por el sector privado, con todas las agravantes del caso que llevarían a incrementar desmedidamente las tarifas eléctricas.

Eso sí, Fox propone que la CFE y LFC tengan “autonomía de gestión”, inútil propuesta orientada a quebrar a tales empresas desde ahora puestas en el camino de la extinción deliberada. Según comentarios de Merrill Lynch, CFE y LFC aportarían al fisco como empresas privadas.

Un aspecto que interesa mucho al foxismo es lo referente a la Comisión Regulador de Energía, la que hace el juego sucio para la privatización furtiva. En su propuesta, Fox propone reforzar a esa comisión facultándola para fijar tarifas y metodología de precios. En el colmo agrega que a tal comisión se le darán “atributos para representar los intereses de los usuarios”.

Por otra parte, se propone una nueva ley orgánica del Centro Nacional de Control de Energía para convertirlo en un órgano independiente que garantice el despacho eléctrico. Así se completa el cuadro desnacionalizador.

El 16 de agosto, la propuesta de Fox llegó al Senado de la República. En el caso de la propuesta eléctrica incluye reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución, así como a cuatro leyes reglamentarias. Esa propuesta no se dio a conocer de inmediato sino días después pero, “se trataría de la propuesta en materia de electricidad incluida en el Proyecto de Modernización Integral del Sector Energético, en el que se plantean cambios y adiciones al párrafo sexto del artículo 27 y al párrafo cuarto del 28 constitucionales, así como a leyes secundarias para crear un mercado paralelo de energía y dejar en manos de particulares el abasto de los grandes consumidores de ese recurso” (Becerril A, Cuéllar M, Castellanos A, Dávalos R, en La Jornada 170802).

La modificación al artículo 27 que propone Fox señala que, “Los particulares podrán generar energía eléctrica para consumo propio y para el Estado. Este garantizará el acceso y uso no discriminatorio de la Red Nacional de Transmisión y de las redes de distribución" Esto significa, simplemente, destruir en sus términos al actual párrafo sexto del artículo 27 para terminar con la nacionalización eléctrica.

En la propuesta de modificación al artículo 28 se dice que, “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; minerales radioactivos y generación de energía nuclear...” esto es, se suprime “la electricidad”sustituyéndola por el nuevo concepto, deformado y reducido, de “servicio público de energía eléctrica”.

En declaraciones a la prensa Fox dijo “No hay privatización ni se pierde soberanía” Su cinismo y soberbia no tienen límites, pero el pueblo de México lo pondrá en su sitio.

Fox se siente seguro porque piensa que cuenta con el apoyo del charrismo sindical pero sus cálculos políticos son erróneos. Esas mafias sindicales no son los únicos actores en la lucha de clases y no representan a los trabajadores ni son dueños de la industria eléctrica nacionalizada.

Ha dicho que, hasta ahora, hay 17 plantas eléctricas que operan con participación privada y que el sindicato está de acuerdo. No hizo precisiones pero es evidente que se refiere a los charros del SUTERM, principalmente. Agregó que los particulares construirán plantas como las que ya están en marcha. Esto es, la privatización eléctrica furtiva seguirá, según Fox.

Pero el pueblo de México y los trabajadores no estamos de acuerdo con Fox. Nuestra posición es de rechazo total a la privatización eléctrica.

¡Venceremos!

Electricistas, defensores de la industria nacionalizada FOTO: m27_sme