La desnacionalización de la industria eléctrica nacionalizada es el resultado de décadas de destrucción deliberada por los gobiernos en turno. Para culminar, el Estado fue ayudado eficientemente con la introyección del virus de Fujimori. Españoles, PRD y SME se encargaron de poner a la población en contra de la institución. La industria ha sido desnacionalizada y privatizada por el Estado, gobierno y partidos políticos. Obrador sigue golpeando sin ton ni son. Por supuesto, nadie asume la responsabilidad. ¿Habrá protestas contra las transnacionales?

La industria eléctrica fue nacionalizada para terminar con un escenario ominoso, caracterizado por la presencia de multitud de viejas compañías extranjeras, las que usufructuaban en concesión regiones enteras del país, en las cuales suministraban energía eléctrica pero impedían que hubiera expansión. Mal servicio, elevadas tarifas, multitud de frecuencias, mala calidad, apagones frecuentes, eran comunes en todo el país, donde solo una minoría tenía acceso a la electricidad.

Por eso, cuando se propuso la nacionalización eléctrica, que ocurrió en 1960, no se pensaba solo en un nuevo régimen de propiedad sino en las consecuencias que este traería al conjunto de la población. De allí que, anunciada la nacionalización, a los pocos días, el 8 de octubre de 1960 en San Luis Potosí, se convocó al último congreso de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas (FNTICE) y, al siguiente día, al congreso constituyente del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM). El hecho es de la mayor relevancia. Los anteriores 35 sindicatos, titulares de 70 contratos colectivos, se integraron en un solo sindicato nacional de industria. Fue la primera conclusión de los electricistas de la época: cristalizar la unidad sindical para hacer posible la nacionalización eléctrica. El SME fue invitado pero solo asistió el secretario general en turno en calidad de observador.

La segunda conclusión fue integrar a la industria eléctrica nacionalizada. Esta conclusión tiene enorme importancia. ¿Para qué nacionalizar a la industria eléctrica sino para ponerla al servicio del pueblo? Eso había que llevarlo a la práctica y hacerlo realidad. Para ello, se procedió a reorganizar el trabajo a nivel nacional. Las implicaciones laborales fueron resueltas en 1966, mediante la figura de la sustitución patronal a cargo de la CFE. El STERM logró la contratación colectiva de trabajo. Esto se hizo en el marco de la integración eléctrica. Lo mismo se propuso en 1969 al SME que rechazó la propuesta, apartándose de la integración.

La integración de la industria eléctrica se expresó en tres aspectos principales, a saber: la unificación de frecuencia a 60 ciclos por segundo, la interconexión del Sistema Eléctrico Nacional y la electrificación del país. De 8 frecuencias existentes se acordó que hubiera solo una, correspondiente a una sola industria. Para una sola industria, se acordó que hubiera una sola red interconectada en todo el país. Así, a la nacionalización correspondió una sola industria, un solo proceso de trabajo y, por lo mismo, un solo sistema eléctrico integrado e interconectado. Hacia 1976 habíamos logrado la casi total integración del sistema en todo el país, faltando solamente las penínsulas de Baja california y Yucatán que luego se integraron.

Durante 1971-72 se produjo un conflicto entre el STERM y el Sindicato Nacional de Electricistas (SNESCRM), afiliado a la CTM, que pretendió arrebatar el contrato colectivo al primero. Luego de amplias Jornadas Nacionales por la Democracia Sindical, el conflicto concluyó con la fundación del SUTERM, el que realizamos el 20 de noviembre de 1972, habiendo firmado con la CFE un contrato colectivo modelo y avanzado.

En 1973 y en 1974, los congresos del SUTERM propusimos al SME la integración. El nuevo sindicato se llamaría SME, el contrato colectivo logrado en 1972 con la CFE se entregaría al SME para que fuera el titular del mismo, el sindicato surgiría fuera de la CTM, cualquier duda se resolvería mediante el voto directo, universal y secreto. El SME rechazó la propuesta.

En 1975-76 se produjo un nuevo conflicto al interior del SUTERM que desembocó en nuevas Jornadas Nacionales por la Democracia Sindical, encabezadas por la Tendencia Democrática, cuyas principales aportaciones fueron programáticas. Esa lucha conmovió a la sociedad mexicana y representa el movimiento obrero más importante del último medio siglo.

El 22 de diciembre de 1975 fue promulgada la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). Esta ley fue discutida en multitud de asambleas y era impulsada para afirmar a la nacionalización eléctrica. De allí incluso su nombre. A través de esa ley, la CFE pasó a representar a la industria eléctrica nacionalizada en todo el país. El nombre CFE es incorrecto pero correspondía a la institución existente encargada de asumir la responsabilidad formal en la materia.

Con motivo de la Huelga Eléctrica Nacional, proyectada para las 18 hs. del 16 de julio de 1976, cuatrocientos mil esquiroles apoyados por veinte mil soldados ocuparon todas las instalaciones eléctricas y nucleares del país. El servicio fue alterado, hubo disturbios y conflictos pero el charrismo sindical se impuso con el apoyo del Estado en su con junto. De fuerte impacto resultó la traición del SME, a cargo de su secretario general en turno, quien operó la división en la Tendencia Democrática de las secciones Puebla y Guadalajara.

Seis semanas después fuera de los centros de trabajo, el conflicto se resolvió en forma humillante. En poco tiempo, todos los veinte mil electricistas de ese momento fuimos reemplazados, algunos fuimos despedidos de inmediato.

Con la represión político-militar contra la Tendencia Democrática del SUTERM el Estado interrumpió violentamente la nacionalización eléctrica, la unidad sindical y la contratación colectiva de trabajo única. Esa represión estuvo encabezada por Luis Echeverría, presidente en turno, Porfirio Muñoz Ledo, secretario del trabajo y presidente nacional del PRI, Hermenegildo Cuenca Días, secretario de la defensa, Pedro Ojeda Paullada, procurador general, Fidel Velázquez, secretario general de la CTM y otros.

Luego de la represión a la Tendencia la economía del país se deshizo, empezaron los ciclos de devaluaciones monetarias, aumentó la inflación y el país entró en una crisis persistente.

Hacia 1992, Salinas de Gortari promovió reformas regresivas a la LSPEE, contando con el apoyo del SME que, en aquel Pacto de Necaxa propuso, incluso, suspender la marcha del 1 de mayo para “no molestar al señor Presidente” y lo cumplió. A cambio, Salinas le creo al SME una empresa (Luz y Fuerza del Centro, LFC) en las peores condiciones, con una planta industrial envejecida, una enorme deuda de las compañías extranjeras y sin capacidad de generación eléctrica que la obligó a comprar la energía en bloque.

LFC surgió a partir de las viejas compañías extranjeras en liquidación. En 1960, el acuerdo nacionalizador fue recuperar el 98% de la industria, quedando el 2% de acciones en manos de las compañías. Esas acciones debían extinguirse hacia 1999, pasando a poder del Estado, consecuentemente, debía integrarse la industria. Pero el SME siempre se opuso a la integración, siempre con pretextos vacuos. Para darle vuelta al acuerdo nacionalizador, Salinas propuso que LFC en liquidación pasara a ser una empresa aparte y así fue. La nacionalización fue pervertida.

Con las reformas regresivas a la LSPEE empezó la privatización eléctrica furtiva. Mediante 6 figuras inventadas, “que no son parte del servicio público” se autorizó a los privados la generación eléctrica. Para ello, en 1993, fue creada la Comisión Reguladora de Energía (CRE) encargada de otorgar los permisos privados. Empezó así la reversión de la nacionalización. En 2013, la privatización furtiva llegó al 55% de la capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional. Este nivel marca una verdadera desnacionalización por ser peor al existente antes de la pre nacionalización, cuando el 46% de la generación era privada y el 54% era pública, a cargo de la CFE.

Desde 1995, el Banco Mundial había entregado al gobierno de Zedillo un memorándum confidencial en que propuso privatizar el 100% de la generación eléctrica. Zedillo intentó reformar la Constitución en 1999 enfrentando una fuerte oposición, encabezada por el SME, SUTIN y FTE. Zedillo fracasó y Fox volvió a intentarlo sin éxito.

En 2008, Calderón propuso una reforma energética que, sin reformar a la Constitución, significó la generalización de la privatización a todas las fuentes energéticas, principalmente, las renovables. La privatización eléctrica furtiva aumentó y la CFE entró en franco declive y quiebra.

Al año siguiente, el gobierno de Calderón determinó la extinción por decreto de LFC, cuyas instalaciones fueron ocupadas por la Policía Federal. Los trabajadores quedaron a la deriva. El conflicto fue enfrentado por la representación sindical en las peores condiciones. Siempre se aferraron a que les “regresaran su empresa”, negándose a la sustitución patronal a cargo de la CFE. Cuando un juez determinó que esta sustitución procedía, el sindicato la solicitó pero era tarde, el término había prescrito, la Corte anuló el amparo en 2012 y autorizó a la Junta de Conciliación y arbitraje a poner firme el laudo de 2010 que dio por terminadas las relaciones laborales, individuales y colectivas con LFC.

Los electricistas del SME nunca quisieron a la CFE, la llamaban “la otra empresa”, allí había charros. Creían que en LFC todo era vida y dulzura, allí “no había charros”. Claro, allí eran intocables y hacían lo que querían. Pero, cuando Calderón dio el golpe, no acertaron a responder correctamente.

Hubo múltiples errores, todos catastróficos, que llevaron al sindicato al colapso. Uno de los aspectos más graves fue el industrial, en el cual el sindicato reveló la carencia absoluta de política eléctrica. No obstante ser un sindicato muy antiguo, que surgió a la par con la industria eléctrica, el sindicato siempre se orientó por una vía economicista y sindicalera. La industria eléctrica empezó en México siendo extranjera y, por supuesto, privada. Aún cuando se extendió por el país, no ocurrió lo mismo con el sindicato pues desde muy temprano este prefirió concentrarse en la capital, siempre como sindicato de empresa.

En el interior del país se desarrolló la industria eléctrica y fueron creados multitud de sindicatos. Hasta 1925, el SME agrupó a una docena de sindicatos pero pronto se replegó abandonando para siempre el proyecto nacional.

Cuando se produjo la nacionalización, la demanda vino del interior del país. Cuando se hizo la unidad sindical fueron los electricistas del interior los promotores. Cuando se propuso integrar a la industria eléctrica nacionalizada, la hicimos los electricistas de la provincia, el SME jamás tuvo una visión nacional de la industria, consecuentemente, tampoco del sindicato y viceversa.

La tradición smeíta siempre fue la de un sindicato de empresa que jamás se transformó, negándose explícitamente en varias ocasiones aún en las condiciones más inmejorables.

Por ello, cuando la empresa LFC desapareció la respuesta fue “regrésenosla”, lo cual era y es inviable. Desde 1960, cuando fue nacionalizada la industria eléctrica estaba previsto que las viejas compañías serían extinguidas. Pero nunca se hicieron preparativos para la transformación, al contrario, se negaron reiteradamente.

El decreto de Calderón indicaba que la CFE se encargaría de prestar el servicio público de energía eléctrica en el centro del país por así corresponderle hacerlo en todo el país. Eso lo indica la ley eléctrica de 1975. Eso, sin embargo, fue rechazado explícitamente por el SME. Con ello, renunciaron a la sustitución patronal a cargo de la CFE, la que pasó a sustituir a LFC con las instalaciones eléctricas y funciones de esta.

El derecho implicaba que la relación laboral no se disolviera y TODOS los trabajadores pasaran a ejercer sus derechos en el nuevo organismo, cuyo contrato colectivo de trabajo es muy similar al existente en LFC. Pero el SME se negó una y otra vez hasta que el derecho prescribió. Cuando pidieron la sustitución patronal, luego que un juez lo había determinado en un amparo, había pasado más de un año. Por eso fue muy fácil para la Suprema Corte modificar tal amparo.

El problema principal para aceptar a la CFE es que esta había intervenido a LFC. Eso era inaceptable por definición. Entonces, visceralmente, todo el ímpetu de la lucha se volcó contra la CFE. Para los 44 mil smeítas, “que mantenían iluminada a la ciudad más grande del mundo” les parecía insoportable haber sido sustituidos por unos cuantos miles de contratistas del outsourcing que, en condiciones miserables, seguían “iluminando a la ciudad”.

Entonces, se inició una fuerte campaña orquestada por Esparza y cía. en contra de la institución CFE. Empresa patito, de corrupción mundial, dijeron. Con ello revelaron que desconocían a la industria eléctrica nacionalizada. Su odio contra esta les impidió mirar lo que realmente significa y representa la CFE. Claro, en LFC no existió generación eléctrica y los smeítas creían que en CFE tampoco había, no se imaginaban siquiera lo que significan Laguna Verde, Mazatlán o Tuxpan. Si tan solo vieran (por fuera) a esas instalaciones nunca le hubieran llamado “patito” a la CFE.

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) estaba constituido por cientos de centrales eléctricas de alta potencia, más de 800 mil km de redes de transmisión y distribución de diversos voltajes, un Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), un Laboratorio de Pruebas, Equipos y Materiales (LAPEM), así como un Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE).

Aún sometida a una severa privatización furtiva, corroída por la corrupción y el contratismo, la institución CFE ha sido el kernel para el desarrollo industrial, económico y social del país. Sin la CFE no hubiéramos logrado el acceso para más del 98% de la población a la electricidad.

En vez de defender a la institución CFE, el SME prefirió el ataque. Golpear a los contratistas fue la consigna. Donde quiera que se les viera había que pegarles y así lo hicieron. Además, había que golpear a los vehículos de la empresa, desbaratar cajeros automáticos y apedrear oficinas. Así ocurrió, motivando más de mil denuncias policíacas contra los smeítas.

Hay que formar “comités de usuarios” se les ocurrió. ¿Para qué? Nunca supieron precisarlo pero les funcionaba muy bien para atacar a la CFE. La ocasión fue propicia con motivo de errores en recibos de pago. “No paguen” fue la primera propuesta y muchos no pagaron, con el tiempo la cuenta aumentó. “Hay que ampararse” se les ocurrió a otros smeítas y promovieron el amparo. ¿Ante quién? Nadie sabía. “Si les cortan, nosotros los reinstalamos” dijeron en el grupo de ingenieros. Vinieron los cortes y todos se hicieron ojo de hormiga, salvo vivales que cobraban por el servicio.

Hasta mesitas pusieron por doquier para “asesorar” a los usuarios, hicieron blogs, instructivos, todo para reunir quejas contra la CFE. Se juntaron bastantes quejas. ¿Qué hacer? Terminaron canalizando las quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En su impaciencia, el SME formó incluso una asamblea de usuarios”. Con ello, tuvieron dos virtudes, una mantener la campaña contra la CFE y, dos, tener una caja de resonancia que repetía todas las ocurrencias smeítas. Se estaban grillando solos pero se sentían orgullosos de golpear a la CFE. Golpeaban a la institución pero no a la política eléctrica antinacional ni a la administración en turno. Esto es, el SME confundió a la institución con la política eléctrica privatizadora y la administración en turno corrupta.

“Péguele a la CFE” era la consigna generalizada. Varios smeítas lo tomaron con fe supersticiosa, creían que así defendían “a su empresa” (LFC) y que estaban luchando. La cúpula sindical feliz porque le resultó muy sencillo calentar los ánimos y desviar violentamente la energía contenida contra la CFE, la culpable de que estuvieran fuera del trabajo.

Tan creían que la CFE era la culpable que, Esparza demandó a Alfredo Elías Ayub “por haber despedido” a los smeítas. Los abogados de la CFE se rieron y respondieron que Ayub NUNCA había tenido relación laboral con el SME. Efectivamente, no fue Ayub sino Calderón el que emitió el decreto de extinción.

La CFE era el patrón sustituto natural de los smeítas pero como no lo quisieron, se dedicaron a atacar a la institución. Después de mil casos, dijeron que sí querían, como para recibir un premio por su mal comportamiento. No hubo tal premio que era un derecho al que patearon por seguir una política equivocada.

Pero lo que sí lograron fue la introyección del virus de Fujimori. Es decir, a partir de errores y abusos atribuibles a los contratistas españoles encargados de la facturación en la CFE, se volcó el descontento de la población contra la institución nacionalizada, sin tocar a la política eléctrica ni a la administración en turno. Para el SME, no existe política eléctrica antinacional, ni contratismo, ni corrupción. Lo único que ve es a la CFE y, entonces, hay que atacarla.

La campaña cayó muy bien en los círculos del gobierno, fue una ayuda gratuita y efectiva. El gobierno venía desprestigiando a la industria eléctrica nacionalizada destruyendo literalmente a la CFE. A la institución la puso en estado de quiebra financiera con pérdidas contables cada vez mayores. La privatización operativa a cargo de transnacionales aumentó cada vez.

El gobierno se negó a pagar los subsidios eléctricos y lo hizo con cargo al presupuesto de la CFE ocasionándole déficit. A la fecha, una alta proporción de los subsidios eléctricos los paga la CFE no el gobierno. Además, este es el que fija las tarifas no la CFE. Con la privatización furtiva las tarifas han aumentado y se culpa a la CFE siendo responsable la secretaría de hacienda.

La campaña contra la CFE fue retomada por el PRD cuya política consiste en negociar a nombre de los usuarios. Siempre plantea “borrón y cuenta nueva”. De esa manera se hace de clientes y los renueva constantemente. Para ello, el partido utiliza a su aparato y sus diputados toman la labor como gestión. Para muchos es su actividad principal. Claro, el PRD es un grupo oportunista, carente de política eléctrica y desconocedor de la industria, incapaz de haber entendido la nacionalización.

Sin embargo, la política del PRD se extendió a varios estados del país y en todas partes se reprodujo lo mismo: atacar a la CFE. Contaminado por el virus de Fujimori, el PRD lo propagó.

¿Por qué virus de Fujimori? Por tratarse de un mecanismo que se infecta al ser aceptado. Fujimori introyectó la percepción entre la población de que la industria eléctrica peruana era cara, mala y debía privatizarse. Llevó a cabo la campaña culpando a la industria pública de todos los males. Cuando le preguntó a la población si debía privatizarla, todos contestaron que sí, y la privatizó.

Ese mismo virus fue introyectado en México por el SME y el PRD. Al gobierno le sirvió de mucho porque sus planes eran privatizar a la industria eléctrica en su totalidad. Cuando Peña Nieto anunció la privatización eléctrica, ¿alguien dijo algo? El SME y El PRD ni media palabra, los usuarios tampoco. No podían, evidentemente, porque siempre sostuvieron lo contrario. Cómo, ahora, defender a la CFE?

Ni PRD ni SME, ni “usuarios” supieron qué hacer, tampoco les importó. Ambos fueron utilizados por el gobierno, el que finalmente propuso la desnacionalización eléctrica. El 20 de diciembre fue promulgada la reforma constitucional. Ya no hay más industria nacionalizada. La CFE sigue existiendo pero en otras condiciones, ya no representa a la industria eléctrica nacionalizada, ahora es una simple empresa eléctrica más en vías de extinción. ¿Eso querían el SME y el PRD? Pues lo han logrado.

Falta la legislación secundaria pero no tarda, en los próximos días los diputados y senadores TERMINARAN con la LSPEE, misma que será abrogada. En su lugar aprobarán una ley eléctrica privatizadora. ¿Eso querían el SME y PRD? Lo han logrado y habrá consecuencias.

¿Cuál es la principal consecuencia de haber atacado a la CFE hasta destruirla? La desnacionalización eléctrica.

Sí, el párrafo 4º del artículo 28 constitucional indicaba que las actividades relacionadas con la electricidad se consideraban estratégicas. De acuerdo al párrafo 4º del artículo 25 constitucional, estas actividades se realizan a cargo exclusivo del Estado. Pero de acuerdo a la reforma de Peña Nieto eso no existe más. Ahora son estratégicas solamente el control de energía, la transmisión y distribución eléctrica las que, sin embargo, pueden ser objeto de contratismo en la operación, construcción, expansión y mantenimiento.

Precisamente, el párrafo 6º del artículo 27 constitucional, surgido de la nacionalización eléctrica de 1960, definía que corresponde a la nación la generación, transmisión, distribución y comercialización que tenga por objeto la prestación del servicio público de energía eléctrica. Esto es, fue nacionalizado todo el proceso de trabajo eléctrico. Se decía también que en esta materia no se otorgarán concesiones ni contratos.

Hoy la situación es muy diferente. La generación puede ser privada en su totalidad. Consecuentemente, también la comercialización de la misma. El Centro Nacional de Control de Energía Cenace) se sustraerá a la CFE constituyéndose en un organismo aparte encargado de darle servicio a las transnacionales. La transmisión y distribución eléctrica también serán separadas de la CFE para darles servicio a los privados e, incluso, privatizar estas funciones por la vía del contratismo pues ahora podrán otorgarse contratos.

En este esquema, la CFE seguirá funcionando incluso con el mismo nombre. Pero la institución será otra. La CFE ya no representa a la industria eléctrica nacionalizada que no existe más sino a una empresa eléctrica estatal, cada vez más privatizada y endeble.

Por supuesto, el concepto de servicio público de energía eléctrica desaparece. Si se mantuviera sería solamente nominal, en los hechos no puede existir más al no existir industria eléctrica nacionalizada.

Este plan demoledor no surgió de la nada ni ocurrió en unos cuantos días. La aprobación de las reformas regresivas si se hicieron en unas cuantas horas, incluso, minutos. Pero fueron años de agresión sistemática. Dígase lo que se quiera pero en 53 años de industria nacionalizada, el SME siempre se negó a la integración industrial. Los resultados están a la vista. De 53 años de nacionalización eléctrica, el PRD jamás entendió este proceso. En la culminación de la agresión, el gobierno contó con la ayuda del SME, PRD y “usuarios”. Si dicen que no es cierto lo que es público, nunca lo desmintieron. Más aún, a la fecha siguen en automático con la misma campaña, lo cual es grotesco.

Por primera vez, la CFE fue declarada como autoridad responsable para efecto de que sus actos puedan ser impugnados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, por ende, en el juicio de amparo, resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Notimex, en El Financiero y Reforma, 30 enero 2014).

Sin embargo, el acuerdo fue restringido solo a los actos del organismo cuando realice visitas de verificación y determinación por diferencias de consumo del fluido eléctrico, por ser el caso que resolvieron los ministros, sin darle un alcance más general.

Los ministros aclararon que la jurisprudencia donde se declara que la CFE no es autoridad responsable para la procedencia de los recursos y juicios administrativos relacionados con el aviso por suministro de energía y el ajuste en el monto del consumo derivado de órdenes de verificación, cobro o corte de este y su ejecución sigue vigente.

Eso significa que los ministros abrieron la puerta a la impugnación de algunos actos de la CFE, pero la mantienen cerrada para otros, así que el usuario deberá identificar si su impugnación cae en un caso o en otro, pues de ello dependerá el destino de su recurso.

De esta manera, los usuarios podrán impugnar actos de la CFE por medio del juicio contencioso administrativo.

Fue entre 2010 y 2011 que la Suprema Corte estableció que la CFE no es autoridad y, por tanto, no se podía interponer contra la misma, juicios contenciosos o amparos.

La modificación ocurrió luego que en abril de 2013 fue reformada la ley de amparo que permite juicios incluso contra particulares. No obstante, el criterio se refiere solo a las visitas de verificación, no así a otros actos como los cortes de luz o requerimientos de pago.

¿Cuál fue la argumentación del ministro ponente, Fernando Franco González Salas?

González Salas detalló que la CFE, como autoridad, impone actos de manera unilateral ya que es la única empresa que ofrece el servicio de luz a las familias mexicanas, con lo que los particulares no cuentan con una opción de cambiar las condiciones que se establecen por parte de la paraestatal en sus contratos.

Esto es, para ese ministro la política eléctrica antinacional no existe, la administración corrupta en turno tampoco, el problema es que la CFE sea una industria (no empresa) única a nivel nacional. Al ministro le extraña que haya solo un organismo en la industria eléctrica nacionalizada integrada. Entonces, para ponerse a modo con Peña Nieto le da a la CFE el trato de una empresa más, como lo acaban de determinar diputados y senadores al desnacionalizar a la industria eléctrica.

Entonces, los usuarios podrán denunciar a la CFE por malos servicios, generalizaron los medios al publicar que la denuncia puede hacerse “cuando preste un servicio deficiente o afecte los derechos humanos de los usuarios” (Mosso R., en Milenio, 30 enero 2014).

¿La resolución de la Corte es correcta? Aparentemente sí, pero es la apariencia. Visto superficialmente, ya son varios los casos de inconformidad de los usuarios sin que sean siquiera oídos en defensa. Con respecto al total de usuarios el número de afectados no es significativo. Sin embargo, no debiera haber un solo caso de inconformidad por error o abuso.

El problema es que la Corte no analiza el fondo del asunto e impone criterios personales estrechos. Al ministro ponente le disgusta que la CFE exista como industria nacionalizada, la prefiere privada. Ya lo está, ahora hay que impugnarla. Eso forma parte de la misma política eléctrica antinacional seguida por el gobierno en turno. En unos cuantos días se confirmará esta apreciación. Los legisladores aprobarán una nueva ley eléctrica, que abrogará a la LSPEE, con características propias de la industria privada. Se cumplirá así la pretensión del ministro ponente, al existir no una sino miles de empresas eléctricas privadas para que los usuario tengan la “libertad” de escoger.

¿Con eso se resolverá el conflicto? Jamás, al contrario, se agudizará. El problema no es que existan más suministradores y que siendo privados garanticen mejor servicio. Será a la inversa. El problema es de política eléctrica, la seguida por el gobierno es antinacional y corrupta.

Impugnar a la CFE implicará que haya miles de amparos y juicios, independientemente de cómo se resuelvan. El plan no es resolver sino destruir totalmente a la CFE. Esa es parte de la campaña para favorecer que otras empresas como Iberdrola, Fenosa y otras se encarguen del servicio eléctrico. ¿A esas empresas podrá demandárseles? ¡Nunca! Ya actualmente la experiencia es basta. Haber, dejen de pagar el gas a Fenosa y verán que pasa. Al siguiente día cortan el servicio. Después, hay que pagarlo y, además, pagar la reconexión, o no hay gas. ¿Ante quién o quiénes se puede uno quejar? Ante nadie.

Pero en la superficialidad, los diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se congratularon por el fallo de la Suprema Corte, de que los usuarios de ese servicio sí podrán impugnar actos de la CFE, como visitas de verificación, por medio del juicio contencioso administrativo (Ramírez B.T., en La Jornada, p.38, 31 enero 2014).

Los diputados Esthela Damián, Efraín Morales y Daniel Ordóñez aseguraron que esta resolución provocará una avalancha de demandas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, instancia encargada de tramitar el juicio que un usuario promovió para impugnar una visita de verificación de la CFE, con la finalidad de detectar si existían diferencias entre el consumo que registró un medidor y el consumo real.

Los legisladores destacaron que la SCJN, al concluir que la CFE actúa como autoridad, puso fin a tres años de reclamos de miles de usuarios, que inútilmente recurrieron a la Procuraduría Federal del Consumidor o a demandas civiles para litigar, en un plano de igualdad, contra la paraestatal.

Explicaron que aunque la resolución se refiere únicamente al tema de las visitas de verificación de la CFE, litigios relacionados con los cortes de luz, requerimientos de pago y cobros excesivos podrían correr la misma suerte y ser impugnados.

A raíz de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, y al hacerse cargo del servicio la CFE, los capitalinos se vieron abrumados con notificaciones por presuntos adeudos de 5 mil y hasta más de 15 mil pesos, por el supuesto ajuste de tarifas, indicaron.

Desde luego, los problemas no se debieron a que desapareció LFC. El problema no es regional sino nacional creado por los contratistas españoles encargados de la facturación.

La cosa no queda allí. El daño a la industria eléctrica nacionalizada, ya inexistente, incluye a López Obrador, quien se dedica a golpear a la CFE sin ton ni son.

Con motivo de los gasolinazos mensuales insiste en promover un apagón de 2 horas. Casi nadie lo hace, salvo algunos de sus familiares y amigos cercanos. Ni siquiera tiene forma de medir el impacto. Pero dice que se trata de afectar económicamente al gobierno. Esto implica que la CFE sería la afectada en sus finanzas. ¿Para qué y por qué? Obrador no sabe explicarse.

La CFE NO es la responsable de que las gasolinas aumenten, su función no es producir ni importar ni distribuir productos petrolíferos. En todo caso la función es de Pemex. Con más precisión, el problema es de política petrolera antinacional porque se vende cara la gasolina que se importa, asimismo muy cara, debido a que en el país no se producen suficientes gasolinas.

López Obrador está fuera de sus cabales, lo mismo que Esparza y smeítas, los perredistas y reporteros que les acompañan dedicados a la campaña de Fujimori anti CFE. Ah, pero dicen que defienden a la industria nacionalizada. Claro lo dicen de dientes afuera, siendo co responsables de la debacle energética.

Gracias a esa errónea política, el gobierno ya desnacionalizó a la industria eléctrica y está a punto de descuartizarla. ¿Hay alguna autocrítica? Ninguna. ¿La habrá? Jamás. Su ardid es muy simple: tirar la piedra, esconder la mano y decir después “yo no fui”. Eso es típicamente smeíta.

¿Con la misma enjundia reclamarán a las transnacionales? No, por supuesto. ¿Por qué no lo hacen ahora? Ni siquiera se acuerdan que hay transnacionales, menos de sus abusos.

Los hechos muestran que tratándose de la izquierda hay una nefasta política. Tratándose de los smeítas hay una nefasta política sindical, 53 años de nacionalización eléctrica les pasaron de noche, siempre oponiéndose con pretextos a la integración industrial. Ni siquiera un discurso pudieron articular. Obrador se dice opositor a Peña Nieto, no solo sin política energética sino con política errática, defiende a la industria nacionalizada atacándola. El PRD llama a la defensa del petróleo siendo funcional al Estado con una política privatizadora. Esa no es política de izquierda.

Sin industria eléctrica nacionalizada, los escenarios políticos nacionales serán más difíciles. La sola legalización de la privatización furtiva significa una agresión severa a la nación. Ahora volverán las viejas compañías extranjeras, con todos sus abusos, vicios y crímenes. Teníamos industria nacionalizada, jamás se entendió y menos defendió.

Lo que sigue es la Re-nacionalización energética. ¿Qué dirán? Que la apoyan, de palabra, y les gustaría subirse al carro. ¿Para qué? Para volver a traicionar a la nación. Se oye fuerte. Es lo menos que puede decirse de esa falsa izquierda y de ese sindicalismo nominal.


Ref: 2014, elektron 14 (51) 1-8, 6 febrero 2014, FTE de México.

La nacionalización de la industria eléctrica fue propuesta de los electricistas en lucha. 53 años después, la industria ha sido desnacionalizada por el gobierno de Peña Nieto, sin lucha electricista ni de la izquierda. La oposición carece de política eléctrica y su plan ha sido apoyar funcionalmente al Estado