En la sierra norte de Puebla un centenar de comunidades constituyeron la Asamblea territorial contra la Minería. Las mineras están despojando a las poblaciones sin dejar ningún beneficio a las comunidades ni al país. En Puebla hay 375 concesiones, con 143 mil hectáreas, para la explotación de oro, plata, cobre y manganeso. La mayor parte de los proyectos están asignados a Minera Autlán que también desarrolla proyectos hidroeléctricos privados. Esas concesiones mineras deben ser canceladas.

Cerca de un centenar de comunidades de la Sierra Norte de Puebla acordaron constituir la Asamblea Territorial contra la Minería. Los grandes consorcios mineros nacionales y extranjeros están despojando de los recursos naturales a la población; en Tlatlauquitepec, por ejemplo, se pretenden perforar cerros y entubar los ríos para un proyecto hidroeléctrico de uso exclusivo de las minas, explicaron representantes de los afectados (Pérez M., en La Jornada, p.46, 28 enero 2014).

En Puebla, abundaron, hay 375 concesiones que involucran 143 mil hectáreas; 90 de ellas con una superficie de 120 mil hectáreas se localizan en las comunidades de la sierra norte. Los permisos que obtuvieron son para exploración y extracción de oro, plata, cobre y manganeso; además, se autorizaron ocho proyectos hidroeléctricos para dotar de energía eléctrica y agua a esos proyectos de muerte.

En conferencia de prensa, Wilfrido Hernández, de la dirección colectiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN), comentó que los proyectos mineros se expanden también en Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Tabasco, Guerrero y Querétaro. En este año, dijo, el gobierno pretende concesionar a las mineras 40 millones de hectáreas. De aprobarse casi 100 millones de hectáreas –la mitad de la superficie del país– estará en manos de dichas empresas.

Esos desarrollos mineros no dejan ningún beneficio económico a las comunidades ni al país, pues pagan en promedio 1.5 por ciento de impuesto federal y aunque con la reforma fiscal se pretende que paguen 7.5 por ciento es dudoso que lo hagan, pues se amparan y amenazan con retirar sus inversiones.

Hernández expuso que la mayoría de los proyectos mineros en Puebla están asignados a Minera Autlán, de Javier Hernández Larrea y a la empresa canadiense Almaden Minerals, en cuya web destaca: México es una de las zonas menos desarrolladas y más potenciales para la exploración geológica en el mundo y presenta en su portafolio empresarial 15 proyectos mineros en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Guerrero y Oaxaca.

Agregó que los comuneros de San Miguel Aquila, Michoacán, tienen conflictos con la empresa italo argentina Ternium, la cual explota yacimientos de fierro en 128 hectáreas, 55 más de las autorizadas por la comunidad, pero además pretende ampliar la superficie de explotación. La empresa empezó a dar algunas regalías a los comuneros tras las protestas y movilizaciones que realizaron, pero después llegó el crimen organizado a extorsionar a los campesinos, explicó.

En Chiapas, Oaxaca y Veracruz los afectados han protestado por la destrucción que generan las mineras; sin embargo, dijo, la resistencia en las comunidades crece a pesar de las amenazas, secuestros y asesinatos de quienes se oponen a esos proyectos que están destruyendo los recursos naturales y contaminando el agua, abundó Hernández.

Las comunidades poblanas tienen toda la razón y han tomado una iniciativa correcta. La minería privada, nacional y extranjera, es sinónimo de despojo tanto del territorio, las tierras, las aguas y demás recursos naturales. El medio ambiente y la salud de las poblaciones son las principales afectaciones. La minería deja tras de sí un desastre, la riqueza se va y la pobreza se queda.

Solamente la organización independiente de la población en defensa de sus derechos sociales puede hacer posible un desarrollo armónico y digno. Las concesiones mineras son sinónimo de coloniaje, significan el regalo del gobierno a las corporaciones, haciendo abstracción de la vida y existencia de las poblaciones.

Una concesión minera, que cuesta entre 5 y 111 pesos la hectárea, es decir, casi nada, le otorga el derecho a las mineras para arrasar con todo lo que encuentre a su paso, extraer los minerales y comercializarlos en el mercado internacional. Todo a cambio de nada.

Para llevar adelante los trabajos de explotación minera, las corporaciones cuentan con el apoyo del Estado en sus tres niveles de gobierno, incluyendo a la fuerza pública. El saqueo minero está oficializado. Esta política es antinacional, autorizada por la propia Constitución política en contra de la nación.

La conclusión de las comunidades de la sierra norte de Puebla es correcta. Se necesita de la unidad y de la organización para impedir el atraco del gobierno y transnacionales. La experiencia en la región debe servir para extenderla a nivel nacional, coordinarse con otros movimientos e integrar un solo frente unificado que expulsa a la minería que no solo no contribuye al desarrollo económico y social, ni siquiera es necesaria.


Ref: 2014, elektron 14 (52) 1-2, 7 febrero 2014, FTE de México.

Vista de la sierra norte de Puebla