La canadiense Goldcorp es una fuente de conflictos en el valle de Mazapil, Zacatecas. Ejidatarios de Las Mesas y Cedros hicieron un plantón a la mina de oro a cielo abierto. La policía procedió a desalojarlos. La empresa había amagado al gobierno estatal con suspender actividades. Lo que piden los quejosos es la renegociación de los contratos. Se trata, incorrectamente, de un problema monetario. La concesión debe ser cancelada.

El 21 de enero, en Zacatecas, unas 70 familias de las comunidades Las Mesas y Anexo Cedros, municipio de Mazapil, hicieron un plantón en el acceso principal de la mina de oro a cielo abierto Peñasquito de la empresa canadiense Goldcorp.

Los ejidatarios exigen una revisión del contrato que signaron con Goldcorp en 2006, cuando le arrendaron sus tierras en condiciones que ahora se vislumbra fueron muy desventajosas para los campesinos, afirmó Alfonso Herrera, abogado de los manifestantes.
La mina se ubica a 265 kilómetros de la capital de Zacatecas.

Unos 200 agentes antimotines y policías ministeriales desalojaron a los campesinos del ejido Las Mesas y el anexo Cedros que desde hace una semana bloqueaban el acceso principal de la mina de oro a cielo abierto Peñasquito, de la canadiense Goldcorp, luego que la víspera directivos de la empresa amagaron con suspender actividades y retirar su inversión del estado (Valadez A., en La Jornada, p.24, 25 enero 2014).

Los hermanos Epifanio y Mónico Morquecho, dirigentes de los ejidatarios, fueron detenidos y trasladados a la cárcel distrital del municipio Concepción del Oro –a 40 kilómetros de distancia–, bajo los cargos de daños, despojo y extorsión, según una denuncia penal que en su contra hizo la compañía, confirmó Arturo Nahle García, procurador de justicia del estado. No obstante Alfonso Herrera Gómez, abogado de los campesinos, aseguró que fueron detenidos sin orden judicial de por medio.

Encabezados por Jesús Pinto Ortiz, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, 150 integrantes de la Policía Estatal Preventiva, ataviados con equipo antimotines, así como medio centenar de policías ministeriales, desalojaron a los alrededor de 30 campesinos y sus familias.

Desde el jueves 16 de enero, los campesinos del ejido Las Mesas y el anexo Cedros impedían la entrada y salida de vehículos al complejo. La intención era llamar la atención de autoridades locales y federales para que obliguen a Goldcorp a renegociar los contratos de arrendamiento que firmaron con la trasnacional canadiense en 2006, cuando ese ejido se comprometió a rentarle 240 hectáreas a la compañía.

Sin embargo, las actividades extractivas y metalúrgicas no se detuvieron, porque tanto personal como proveedores y equipos podían entrar y salir al gigantesco centro minero (que abarca 5 mil 400 hectáreas del valle de Mazapil), por al menos otros tres accesos carreteros secundarios que existen en el lugar.

Luego del desalojo, a cinco kilómetros del acceso de Peñasquito, sobre la carretera que comunica a la localidad de Cedros con Mazapil, los ejidatarios revelaron que hace ocho años la canadiense Goldcorp se aprovechó de nuestra ignorancia, y mediante un contrato acordó un pago único de 10 mil pesos por cada hectárea que le rentaran para extraer oro durante 30 años.

Así quedó plasmado el acuerdo: 250 hectáreas a 10 mil pesos cada una; es decir, a un peso el metro cuadrado por tres décadas.

Fuentes de la Secretaría del Gobierno de Zacatecas revelaron que directivos de Goldcorp acudieron a la capital del estado para informar al gobernador Miguel Alonso Reyes que a partir de este viernes suspenderían sus actividades en Peñasquito y retirarían su inversión de Zacatecas, porque aquí no nos dan garantías jurídicas para trabajar.

Tras el desalojo, decenas de agentes antimotines vigilan la entrada principal al complejo minero que opera la trasnacional con sede en Vancouver.

Siete campesinos del ejido San Tiburcio resultaron heridos durante un desalojo realizado por policías estatales que acudieron al municipio de Mazapil para liberar el predio donde se ubica la nueva mina de oro a tajo abierto Camino Rojo, propiedad de la canadiense Goldcorp, que opera la mina Peñasquito, a 50 kilómetros (Valadez A., en La Jornada, p.38, 27 enero 2014).

Se reportó una situación muy tensa porque los campesinos se estarían reagrupando para volver a intentar detener las operaciones del complejo minero, no obstante la presencia de la policía antimotines.

Más de 300 ejidatarios de San Tiburcio se plantaron en las inmediaciones de la mina Caminbo Rojo, a un costado de la autopista Zacatecas-Saltillo, en la comunidad El Berrendo.

Los ejidatarios de San Tiburcio actuaron 24 horas después de que 38 familias de campesinos del ejido Las Mesas, quienes bloqueaban el acceso principal a la mina Peñasquito, fueron desalojados por los policías que fueron enviados a Camino Rojo.

Ambos grupos de labriegos exigen a Goldcorp renegociar los contratos por los cuales cedieron sus predios en renta o venta para operaciones mineras.

En el caso de la mina Camino Rojo, el 16 febrero de 2013 los campesinos del ejido San Tiburcio firmaron un contrato con Goldcorp para venderle mil 700 hectáreas a 74 millones de pesos, cantidad que se repartiría entre 366 ejidatarios. Así, 17 millones de metros cuadrados del semidesierto norte de Zacatecas, cuyo subsuelo es rico en oro, plata y zinc, fueron adquiridos por la minera canadiense a sólo 4.35 pesos por metro cuadrado, según el contrato.

En el caso de Peñasquito, los ejidatarios de Las Mesas reclaman la revisión de un contrato similar, por el cual rentaron sus tierras durante 30 años (también a Goldcorp) a un peso el metro cuadrado.

Campesinos del ejido San Tiburcio, municipio de Mazapil, reiteraron su demanda de renegociar la venta de sus tierras a la minera Goldcorp –que en febrero de 2013 pagó 2.56 pesos por metro cuadrado– y criticaron al gobierno del estado por desalojarlos del predio Camino Rojo (Valadez A., en La Jornada, p.35, 29 enero 2014).

Encabezados por integrantes de la mesa directiva del ejido, los campesinos confirmaron que siete de sus compañeros fueron golpeados por policías estatales.

Jesús Guadalupe Torres, regidor de Mazapil, denunció que se ordenó reprimir pese a que los ejidatarios hablaron con funcionarios de Goldcorp y les propusieron renegociar el contrato.
En esa ocasión los ejidatarios presentaron una copia del contrato de compraventa de sus tierras, según el cual Goldcorp les pagó sólo 64 millones de pesos por 2 mil 497 hectáreas, más 10 millones de pesos anuales.

A pesar de que los integrantes del comisariado ejidal reconocieron haber firmado ante notario público el contrato en esos términos, el regidor Jesús Guadalupe Torres reveló que un día antes del desalojo funcionarios de la trasnacional les advirtieron que debían cumplir como hombres y les ofrecieron negociar esta semana, pero el domingo al mediodía llegaron los policías estatales.

Luis César García, comisario ejidal de San Tiburcio, anunció: Vamos a hacer lo que hicieron nuestros compañeros del ejido Cerro Gordo, en Peñasquito (también propiedad de Goldcorp). Debemos obtener más dinero por nuestras tierras.

Campesinos del ejido San Tiburcio, del municipio de Mazapil, bloquearon tres instalaciones (un campamento para ingenieros, talleres de maquinaria y bodegas de servicios) de la compañía minera Camino Rojo, propiedad de la canadiense Goldcorp, para exigir la renegociación de la venta de tierras que hace un año realizaron en 2 mil 400 pesos por hectárea (en La Jornada, 1 febrero 2014).

Los campesinos están inconformes con sus representantes, incluido Luis César García, presidente del comisariado ejidal, pues aseguran que tomaron decisiones a espaldas de toda la asamblea, el máximo órgano de toma de decisiones.

Desde temprano, los ejidatarios bloquearon con sus viejas camionetas pick up los accesos a las instalaciones de Goldcorp-Camino Rojo que se ubican a un lado de la autopista Zacatecas-Saltillo. Desde el interior de los bodegones, trabajadores de la empresa tomaban fotos y video con una cámara de vigilancia montada en lo alto de una torre.

Jorge Alberto Pineda Herrera, uno de los inconformes, señaló: quisimos dialogar y llegar a acuerdos, pero ellos están mucho muy negados. Denunció que existía el compromiso de que serían recibidos por funcionarios del gobierno estatal. Pero luego de que policías estatales los desalojaron violentamente, las autoridades cancelaron la audiencia.

Juan Jesús Cardona Sánchez denunció que su hijo Manuel Guadalupe, que es ingeniero y trabajaba para Goldcorp-Camino Rojo, fue despedido porque su padre se manifestó contra la empresa canadiense.

Cardona Sánchez dijo que como ejidatarios de San Tiburcio han vuelto a contratar a nuevos abogados que encabecen su demanda jurídica para que se revisen los contratos, ya que los abogados anteriores han desistido o incluso han sido cooptados y contratados por la misma compañía minera para su servicio.

La protesta ocurre a una semana de que policías estatales desalojaron a ejidatarios de Las Mesas, que bloqueaban el acceso a la mina Peñasquito, también propiedad de Goldcorp en este mismo municipio de Mazapil. Dos días después los policías estatales desalojaron a ejidatarios de San Tiburcio dejando heridos a siete campesinos. En ambos casos los ejidatarios reclaman una revisión de los contratos con la trasnacional minera.

Goldcorp es una mina de conflictos sociales. Todo surge de la apropiación privada que hace de la tierra y del Oro. Eso, sin embargo, no se cuestiona por los ejidatarios. Lo que éstos piden es más dinero. Su argumentación se basa en que los contratos de renta o venta de las tierras fueron muy baratos, se han dado cuenta que la corporación obtiene millonarios ingresos. En consecuencia, también quieren más.

La respuesta de la empresa ha sido la represión mediante la policía estatal.

Sí, las tierras fueron rentadas o vendidas a precios de regalo. El error no fue el precio sino haberlas rentado o vendido. Goldcorp ha obtenido muchas ganancias y obtendrá más. El dinero no es el problema principal porque la corporación está en posibilidades de absorber cualquier protesta y renegociar los contratos aumentando las cantidades, finalmente inferiores a las ganancias. Ese círculo podría repetirse varias veces pero no resolverá el conflicto que volvería a reaparecer.

Lo correcto es cancelar todas las concesiones mineras, especialmente las de Oro, por innecesarias e inconvenientes. No es dinero lo que necesita la población sino desarrollo económico y social, especialmente, trabajo.

Por la vía de la monetarización, Goldcorp extraerá mucho Oro que venderá a precios internacionales. Al final, se llevará la riqueza. ¿Qué dejará? Solo pobreza, arrasamiento y tierras infértiles. El dinero otorgado ya no existirá.


Ref: 2014, elektron 14 (49) 1-4, 4 febrero 2014, FTE de México.

Protesta de ejidatarios contra Goldcorp en Mazapil, Zacatecas FOTO: A. Valadez

Policía en la mina Camino Rojo, en Mazapil FOTO: A. Valadez