Gas natural – Fenosa insiste en imponer su proyecto eoloeléctrico privado en Juchitán, Oaxaca. Por segunda ocasión, sicarios al servicio de la transnacional española incendiaron el campamento de resistencia contra la construcción del parque eólico Bii Hioxhoo en tierras comunales. El despojo y la violencia van de la mano. Eso es lo que acaba de legalizar Peña Nieto y partidos políticos.

La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) denunció que la madrugada de este martes (28 de enero) sicarios de la empresa Gas Natural Fenosa, al mando de Óscar Toral, Héctor Guillén y Ricardo Morales, el primero desde la empresa Constructoral, incendiaron por segunda vez el campamento de resistencia contra la construcción del parque eólico Bii Hioxhoo en tierras comunales de Juchitán, Oaxaca (Rojas R., en La Jornada, p.42, 29 enero 2014).

La organización demandó la intervención urgente de grupos de derechos humanos, estatales, nacionales e internacionales y del Alto Comisionado de la ONU para aplicar con todo el rigor las leyes nacional e internacional a los violadores de los derechos humanos e indígenas por la construcción ilegal de la obra citada, con la que su pueblo está siendo cercado de manera inhumana y al mismo tiempo despojado con violencia de los recursos naturales por la instalación ilegal de los parques eólicos.

Por su parte el sacerdote Alejandro Solalinde, mediador entre la APPJ, la Secretaría de Energía (Sener), la empresa Gas Natural Fenosa y el gobierno de Oaxaca, advirtió que puede haber un baño de sangre ante la cerrazón con la que han actuado la empresa y las instancias oficiales, porque los indígenas zapotecas de la APPJ van a defender con su vida sus tierras, ya que incluso el representante del gobierno estatal, Javier Jiménez, puso como condición que no se trate el tema agrario en las negociaciones.

El defensor de derechos humanos informó que su papel de mediador se inició a mediados de 2013 y que en las negociaciones con la Sener han participado la subsecretaria Lourdes Melgar, un representante de la empresa y el citado Javier Jiménez por el gobierno estatal. Algo que quedó establecido en la última reunión que tuvimos en la Sener (en septiembre de 2013) es que no se hizo la consulta que marca el Convenio 169, entonces se requiere que se haga, porque eso es lo que invalida todas las concesiones que el mismo gobierno ha dado para las eólicas (...) de origen está viciado el proceso, por eso es que están tan preocupados, porque saben que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos les van a tumbar todo su proceso y le darían la razón a la APPJ, señaló.

De Javier Jiménez –desconocido como interlocutor por la APPJ– afirmó que está en un conflicto de intereses porque era funcionario en el gobierno de Ulises Ruiz, y al mismo tiempo, siendo notario, legalizó el cambio (de constancias) de terrenos comunales como títulos de propiedad privados, algo para lo que no tenía competencia, GN Fenosa les llamó propietarios y ya con eso justificó todo lo que tenía que hacer, pero sin hacer la consulta, comentó el sacerdote.

GN Fenosa está en una situación muy irregular. Ahora pretende imponerse por medio de la violencia. Primero procedió mediante la corrupción y el engaño, hizo circular dinero, compró voluntades y alteró el uso del suelo. No es que no haya habido consulta previa, es que no se necesita ninguna consulta. El proyecto, sencillamente, debe ser cancelado, las tierras no se venden ni se rentan. Tampoco es un asunto de derechos humanos sino de derechos sociales.

La consulta es engañosa. Para algunos sectores esa consulta es sinónimo de democracia. No hay tal. Si la comunidad no está de acuerdo en perder sus tierras la consulta es innecesaria, para eso existen las asambleas generales, resolutivas y soberanas. Si alguna comunidad está de acuerdo, como las hay, ninguna consulta sirve de nada. Más aún, en un sistema político antidemocrático y autoritario como el mexicano, la consulta puede servir para validar el despojo. Las comunidades no están preparadas para ese ejercicio.

La situación es más grave porque la reciente reforma energética aprobada por los partidos políticos, significa la desnacionalización de las industrias petrolera y eléctrica. Además, se legaliza la privatización eléctrica furtiva, de la cual forma parte el proyecto de GN Fenosa.

Ante esta situación, lo que importa es la lucha social, organizada e independiente. La privatización eléctrica de Peña Nieto tiene como objetivo el despojo de la riqueza nacional a cargo de las transnacionales. En la legislación secundaria se profundizará el atraco. Es el momento para manifestarse en contra de estos planes pues las comunidades serán las primeras afectadas.


Ref: 2014, elektron 14 (53) 1-2, 7 febrero 2014, FTE de México.

¡Fuera de Juchitán y de México Gas Natural – Fenosa!