Hubo violaciones al proceso e irregularidades que ponen en riesgo la soberanía, dice el senador Manuel Bartlett (PT). Son 4 violaciones de procedimiento y 11 de fondo. Es un virtual golpe de Estado. El artículo 27 fue vulnerado para que México pierda el control de sus recursos energéticos. Peña Nieto debe ser juzgado por traición a la patria. Si la Corte rechaza la petición se acudirá a instancias internacionales.

Legisladores del Partido del Trabajo (PT), encabezados por el senador Manuel Bartlett, presentarán ante la Suprema Corte de Justicia una demanda de amparo en contra de la reforma energética, con el argumento de que hubo violaciones subsecuentes a todo el proceso legislativo y graves irregularidades que ponen en riesgo la soberanía nacional y la independencia del país (Becerril A., en La Jornada, p.13, 23 enero 2014).

En conferencia de prensa, Bartlett y el asesor jurídico de ese partido, Jaime Cárdenas, detallaron cuatro violaciones al procedimiento y 11 de fondo, entre éstas últimas que bajo el nuevo régimen de contratos México pierde el control de sus recursos energéticos y tiene que compartir la renta petrolera con trasnacionales.

Asimismo, la reforma “violenta la soberanía nacional, porque los tratados de libre comercio firmados por el gobierno mexicano –especialmente el de América del Norte– protegen las inversiones extranjeras e impiden que las normas nacionales puedan regularlas, y todas las controversias con las petroleras multinacionales serán dirimidas fuera del país”.

Comentaron que su argumentación es por completo distinta a la que esgrimieron un grupo de intelectuales, que también demandó un amparo contra la reforma energética, ya que se centran en las violaciones al procedimiento legislativo que se llevó a cabo con toda celeridad, sin permitir que se discutiera una reforma de esa magnitud, que abre la puerta a la privatización total del petróleo y la electricidad.

Bartlett recalcó que el Constituyente Permanente –las cámaras del Congreso, las legislaturas locales y el Ejecutivo federal– no tienen competencia para aprobar una reforma de esa magnitud, y debió hacerlo un Constituyente originario.

Hizo notar que PRI y PAN modificaron en la madrugada –del 10 de diciembre– el dictamen, sin discutirlo en comisiones, y lo pasaron directamente al pleno. “Se trató de un texto, al que llamaron adendum”, donde se vio la mano de los intereses extranjeros y sus abogados, para ir a fondo en la privatización.

Hubo además una celeridad inusitada en los congresos locales, ya que en la mayoría de los estados se omitió la discusión en comisiones, para pasar el dictamen directamente a su votación en el pleno. En algunos casos su aprobación tomó tan sólo tres, siete o 10 minutos”, pese a que se trató de un documento de 300 páginas.

Otra violación al procedimiento legislativo, detalló, fue que la iniciativa no contó con el impacto presupuestal que tendrá, y aunado a ello la declaratoria de la reforma no la formuló la Comisión Permanente.

El senador petista recalcó que por todas esas barbaridades, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe considerar nula de pleno derecho esa reforma, cuya aprobación fue un escándalo y una vergüenza.

Bartlett agregó que van a demostrar que tal como se aprobó esa reforma, es un virtual golpe de Estado, ya que un grupito de dirigentes se reunió con Peña Nieto y acordaron cambios que van en contra del espíritu de la Constitución.

Se violenta, ejemplificó, el artículo 27 constitucional, ya que se prevé un régimen de contratos, asignaciones y licencias contrario al contenido del mismo, por el que México perderá el control de sus recursos energéticos, mismo que pasará a manos extranjeras.

A su juicio, el Presidente de la República puede ser acusado de traición a la patria, de acuerdo con el artículo 123 del Código Penal Federal.

Por su parte, el responsable jurídico del PT, Jaime Cárdenas, explicó que en caso de que la Corte sólo responda a consignas y no dé entrada a esta demanda de amparo, recurrirán a instancias internacionales y a la impugnación de cada contrato. Advirtió que de no revertirse la reforma, existe el riesgo de conflictos sociales.

Cárdenas Gracia explicó que en el contenido del amparo se pide la derogación del artículo 61 fracción primera de la Ley de Amparo, donde se establece que ese recurso es improcedente contra reformas a la Constitución.

El juicio de amparo es el único mecanismo que tenemos los mexicanos para someter a revisión el cambio de una norma constitucional, por ello pedimos que se derogue, indicó.

El derecho de amparo en México está muy cuestionado. Puede decirse que tal derecho NO existe porque, aunque está escrito no se respeta y, por lo mismo, no se puede ejercer.

En el presente caso, el propio artículo 61 fracción primera de la Ley de Amparo niega la posibilidad de que este sea otorgado tratándose de reformas constitucionales. Esto implica que la petición será rechazada por la Corte. No sería la primera vez. La Corte ya tiene muy bien definido su criterio al respecto.

ARTICULO 61. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE:
I. CONTRA ADICIONES O REFORMAS A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;


En el presente caso, hay motivos adicionales. Como señala Bartlett lo que hubo fue un golpe de Estado y la Corte es parte de ese Estado; al igual que legisladores, los ministros fueron cabildeados por las transnacionales y prefirieron callar. Los ministros están muy lejos de aquellos que en 1938 le dieron la razón al STPRM en contra de las compañías petroleras extranjeras y la huelga petrolera desembocó en la Expropiación. Hoy, los ministros son los primeros en avalar la traición a la nación.

Juzgar a Peña Nieto por traición a la patria tendrá que hacerse en términos del Código Penal pues no existe legislación aplicable al respecto.

En ambos casos, deberá acreditarse fehacientemente la denuncia. Elementos existen pero certidumbre no la hay. La acción requiere ser apoyada por la lucha social. Esta es la principal limitación existente. Tal lucha no está presente.

En el futuro inmediato podrá haber protesta pero nada más. Lo que hace falta es construir la organización social en todo el país que haga posible revertir la contra reforma energética desnacionalizadora de Peña Nieto.

La Corte casi nunca entra al análisis de fondo, en este caso, la desnacionalización de las industrias petrolera y eléctrica. Con todas las agravantes y consecuencias, simplemente argumenta que los legisladores tienen facultad para legislar. Si lo hicieron bien o mal es su responsabilidad que debe corregirse por ellos mismos, a través de las propias Cámaras.
El amparo es un recurso jurídico, nada más. Lo mejor sería acompañarlo con la acción organizada de los mexicanos en todo el territorio nacional. El PT es muy poco para estas tareas.


Ref: 2014, elektron 14 (44) 1-2, 2 febrero 2014, FTE de México.