La legislación secundaria en telecomunicaciones y energética serán enviadas Peña Nieto al Congreso como iniciativas preferentes, dice el PRD, el PRI lo niega. Pero PRI, PAN y PVEM pretenden dar celeridad a la desnacionalización energética hasta eliminar toda huella nacionalizadora. En un mes, se aprobarán 20 importantes leyes, entre otras, las nuevas leyes petrolera y eléctrica. Todas las iniciativas serán formuladas en las rodillas y aprobadas por diputados y senadores sin leer siquiera de qué se trata.

El presidente Enrique Peña Nieto pretende enviar como iniciativas preferentes las leyes secundarias de las reformas energética y de telecomunicaciones, lo que implica que a finales de marzo tendrían que estar aprobadas en el Congreso las modificaciones legales que concretarán la entrega del petróleo y la electricidad a particulares, denunció el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa (Becerril A., en La Jornada, p.11, 23 enero 2014).

Dijo que un día antes, durante una reunión de la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados, se dio por hecho ese escenario, así como la decisión del Ejecutivo de que el conjunto de leyes en materia energética se presenten en San Lázaro y al Senado, y sólo lleguen las leyes reglamentarias de la reforma política.

Barbosa resaltó que es evidente que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) quieren dar a la legislación secundaria la misma celeridad con la que se aprobaron las reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, con miras a devastar el patrimonio que aún quedaba a los mexicanos, que es el petróleo, el gas y la electricidad, toda vez que de acuerdo con la Carta Magna, cada cámara tiene un plazo de 30 días para votar las iniciativas preferentes del Presidente de la República.

Temas tan profundos, tan complejos, los quieren desahogar en plazos breves, porque los proyectos ya están construidos y quieren imponerlos desde las mayorías de 50 por ciento más uno, sostuvo.

Respecto a la pretensión de que sea a la Cámara de Diputados y no al Senado donde lleguen las más de 20 leyes reglamentarias energéticas, el coordinador perredista respondió que se quiere esgrimir la interpretación incorrecta de que los cambios constitucionales, por los se da marcha atrás a la expropiación petrolera y a la nacionalización eléctrica, son temas de ingresos.

A su juicio, sin embargo, Peña prefiere mandar a la Cámara de Diputados las leyes secundarias para poner en marcha la reforma energética, porque tiene un cálculo de más comodidad en el proceso legislativo.

Barbosa resaltó que el PRD insistirá en el tema de la consulta nacional sobre la reforma petrolera y buscará la unidad de la izquierda, a fin de concientizar a los ciudadanos de lo que hace el gobierno. Comentó que no acusan recibo de la negativa del dirigente del Morena, Andrés Manuel López Obrador, a ir con el PRD, toda vez que el movimiento en defensa del petróleo nos involucra a todos.

El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, aseguró ayer que el presidente Enrique Peña Nieto no enviará con carácter preferente las leyes secundarias de la reforma energética, por lo que el Congreso no estará sujeto al plazo de dos meses para aprobarlas (Becerril A., en La Jornada, p.14, 24 enero 2014).

Así, el priísta difirió de los señalamientos formulados el miércoles pasado por el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, de que en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se había dado como un hecho que la legislación secundaria en materia energética y de telecomunicaciones entraría con ese carácter.

Gamboa Patrón reveló además que hubo un compromiso inicial de PRI y PAN con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, para que las leyes secundarias de la reforma constitucional que abrió al capital privado la explotación del petróleo y la generación de electricidad irían primero al Senado, que sería cámara de origen.

Agregó que no ha hablado sobre el tema con el Presidente, pero confía en que Joaquín Coldwell le transmita la inquietud de los senadores del PAN, especialmente de Jorge Luis Lavalle, para que se cumpla ese compromiso.

Lo que sí le han dicho al Ejecutivo federal, detalló, es que en el Senado no caería bien que mandara las leyes energéticas como iniciativa preferente, ya que de acuerdo con esa facultad de Peña Nieto, las cámaras tendrían 30 días cada una para desahogarlas.

No se ha definido aún cuál será la cámara de origen, dijo, pero lo que puedo asegurar es que no serán preferentes, y vamos a tener todo febrero, marzo y abril para analizar las leyes secundarias de la reforma energética.

Asimismo, sostuvo que no habrá consulta nacional en torno a la reforma energética, ya que la única intención del PRD para impulsar ese mecanismo ciudadano es echar abajo las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.

El PRD dice una cosa, con cierto fundamente: el PRI dice lo contrario. Finalmente, lo importante no es el procedimiento administrativo sino el contenido. En unos cuantos días empezará el período extraordinario de sesiones y, prácticamente, se desconoce el alcance de las modificaciones.

Lo que viene es la improvisación para permitir todas las ocurrencias. El plan de trabajo está muy bien definido. Habiendo sido aprobada la reforma constitucional, en materia petrolera y eléctrica, que de un solo golpe desnacionalizó a ambas lo procedente, ahora para “respetar” a la Constitución, será la promulgación de leyes para la privatización. Esto es, apoderados del botín, los legisladores procederán a su repartición.

Dos leyes son de importancia fundamental. Una, la llamada Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo, reformada regresivamente por Zedillo y Calderón, en 1995, 1996 y 2008. Otra, la Ley del Servicio Público del Servicio Eléctrico, la que nosotros conquistamos en 1975 y que Salinas reformó regresivamente en 1992. En ambas leyes, se empezará por quitar TODA referencia a la industria nacionalizada, la cual no existe más, todo será privado.

En consecuencia, habrá un “nueva” Ley de Pemex y otra aplicable a la CFE. Para reglamentar la expropiación petrolera pasaron 20 aňos, en el caso de la nacionalización eléctrica fueron 15. Para hacer lo contrario, es decir, reglamentar la desnacionalización, el gobierno en turno se tomará solo unos días. PRI, PAN y PVEM se limitarán a votar, no serán partícipes de ninguna discusión, tienen asegurada la mayoría. Los cabilderos de las transnacionales ya hicieron su trabajo. El PRD intervendrá en tribuna, serán oídos pero no escuchados. Todas las votaciones se perderán.

¿Afuera? Seguramente un cerco para protestar pero sin poder impedir el atraco.

Peor relación política de fuerzas es difícil hasta de imaginar.


Ref: 2014, elektron 14 (39) 1-2, 28 enero 2014, FTE de México.