El gobernador del Estado de México envió al congreso del estado una iniciativa para perseguir penalmente a los maestros que falten a sus labores o acudan a manifestaciones. Propone el despido, inhabilitación y hasta cárcel por 10 años. No solo es un exceso sino una propuesta ridícula de un individuo desequilibrado. Hubo protestas de inmediato. Un día después, Eruviel retiró su iniciativa.

El gobernador Eruviel Ávila Villegas planteó al Congreso local reformar las leyes locales para sancionar penal y administrativamente a los maestros que falten sin causa justificada, a fin de garantizar el derecho a la educación “con estricto apego a la ley” (Dávila I., en La Jornada, p.34, 15 enero 2014)

La propuesta incluye modificaciones a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que impondrían rescisión de contrato e inhabilitación para ocupar cargos públicos a los profesores que acudan a manifestaciones en horarios laborales.

También cambiaría los códigos Penal y de Procedimientos Penales para sancionar el abandono de funciones con penas de cinco a 10 años de prisión.

El paquete de iniciativas ingresó la noche del lunes (13) a la Legislatura mexiquense, que de inmediato le dio trámite para integrarlo a la agenda del periodo extraordinario de sesiones que se desahogará el 17 de enero.

En la exposición de motivos, el gobernador relata que en meses pasados “millones de alumnos de todos los niveles escolares se quedaron sin clases, ya que en 25 estados los maestros tomaron vialidades, negándose a aceptar las reformas en materia educativa a nivel federal”, mientras en la entidad algunos profesores afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del estado de México (SMSEM), así como a las secciones 17 y 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) “abandonaron las aulas varios días, incumpliendo su obligación de impartir educación, provocando así una violación y transgresión al derecho humano a la educación, así como a otros derechos de terceros”.

La reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios señala que será causa de rescisión para los docentes usar tiempo laboral en actividades ajenas a su empleo, así como abandonar las clases en días y horas no autorizados por el calendario aplicable y sin previa autorización.

También prohibiría a los sindicatos coaccionar a los servidores públicos agremiados para que acudan a manifestaciones.

En la propuesta de modificaciones al Código Penal se tipifica el delito de abandono de funciones, en el cual incurriría el docente que sin causa justificada deje sus labores dentro del horario establecido, con intención de realizar cualquier acto ajeno a sus funciones. Esta conducta sería castigada con penas de cinco a diez años de prisión y multa de 30 a 150 días de salario mínimo.

Si un burócrata coacciona a maestros o educandos para que acudan a actos públicos ajenos a la educación, enfrentaría una pena de seis a 12 años de cárcel e inhabilitación durante un periodo de dos a ocho años para ocupar cargos públicos.

En cuanto al Código de Procedimientos Penales, se indica que si un acusado se acoge al proceso abreviado se le aplicarán las penas mínimas previstas en la ley.

Al siguiente día se informó que, Eruviel Ávila Villegas, cedió a la presión del SNTE y del SMSEM y retiró su propuesta para castigar con cárcel, despido e inhabilitación a los profesores que falten a sus labores para participar en manifestaciones (Dávila I., en La Jornada´p.30, 16 enero 2014).

En una carta, el secretario de Educación, Raymundo Martínez Carbajal, solicitó a la Junta de Coordinación Política del Congreso local el retiro de la iniciativa de reformas al Código Penal, al de Procedimientos Penales y a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que ya había sido incluida en la agenda del periodo extraordinario de sesiones.

Ante la inminente aprobación de la iniciativa, que ya contaba con el respaldo de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Acción Nacional, los dirigentes de las secciones 17 y 36 del SNTE y diputados de Nueva Alianza se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Educación para pedirles una explicación sobre lo que consideraban un exceso.

La iniciativa generó inconformidad entre maestros federalizados y estatales, quienes consideraron que se pretendía violar sus derechos a la libre expresión y a la libre manifestación. “No calcularon bien, porque las cosas habían estado tranquilas, sin muchas movilizaciones por la reforma educativa, pero las bases se pusieron muy intranquilas”, dijo un integrante de la directiva del SMSEM.

Desde luego, se fue en banda. Quiso quedar bien con su jefe Peña Nieto y hasta la oposición del charrismo sindical concitó. El mensaje iba dirigido contra la CNTE pero en su embriaguez Eruviel generalizó la agresión.

Lo traicionó el subconciente. El gobernador mexiquense, ahijado de Peña, quisiera ver a los maestros tras las rejas para evitar sus protestas. Es evidente que busca la represión. Por ahora, el gusto le duró apenas 24 horas.

Eruviel y Peña Nieto gobiernan como tiranos. A los maestros pretenden darles trato de criminales y, a éstos, los protegen. La mafia de Atlacomulco, comandada por Chuayffet y Montiel traiciona a la nación y pretenden castigos penales contra los maestros por defender sus intereses sociales y ejercer el derecho a la libre manifestación.

¿Qué reforma "educativa" es esa que criminaliza a los maestros? La educación en México está en manos de sátrapas. Bien harían Chuayffet, Peña y Avila en pensar dos veces sus burradas antes de someterlas a la votación de sus empleados.

Esa reforma "educativa" es ilegítima, ni siquiera es educativa, por eso el gobierno quiere imponerla por la fuerza. No podrá. Es un contra sentido aplicar una reforma sin el concurso de los propios maestros.

Protesta en Toluca contra la refirma educativa, junio 2013 FOTO: MVT

Ref: 2014. elektron 14 (26) 1-2, 16 enero 2014, FTE de México.