Aprobada la reforma constitucional que desnacionaliza a las industrias eléctrica y petrolera, la claque se apresta para repartir el botín. En la cloaca se prepara el aquelarre, 21 leyes le darán forma jurídica a los 21 artículos transitorios ya aprobados. Como carniceros, el PRI-AN y partidos satélites descuartizarán a la ley petrolera y a la eléctrica, y adecuarán las demás a la privatización “constitucional”. El patrimonio energético a repartir no es Peña Nieto ni de los legisladores, es de la nación. ¡Manifestémonos contra el despojo!

El aquelarre, de Francisco Goya, 1798

No era motivo de la reforma constitucional pero en ausencia de propuesta sobre la legislación secundaria, el PRI, PAN, PVEM y Panal acordaron los términos de la misma en 21 artículos transitorios. Lo que importaba al gobierno era garantizar los votos necesarios para desnacionalizar a las industrias petrolera ye eléctrica. Después, vendría lo demás. Para asegurarse, el PRI cedió a lo que el PAN pidió. Así, ambos acordaron la privatización energética constitucional para luego repartirse el botín.

Las 21 leyes serán adecuadas porque están en situación contradictoria. Hasta antes de la reforma, la ley “suprema” era absurdamente la legislación secundaria pues, este permitía la privatización mientras la Constitución la prohibía. En tales condiciones los gobiernos en turno impulsaron procesos de privatización furtiva por anticonstitucional.

Pero, a partir de diciembre de 2013, la situación cambió. Las nuevas disposiciones contenidas en los artículos 27 y 28 constitucionales legalizaron a la privatización furtiva y, más aún, la elevaron a rango constitucional. Ahora, par el gobierno la “nueva” Constitución es la norma “magna” y la legislación secundaria debe corresponderse con la primera, no al revés.

En consecuencia, las leyes secundarias serán ajustadas para hacerlas “congruentes” con los nuevos artículos 27 y 28 constitucionales. Se trata, en breve descripción, de afirmar la privatización energética, total y absoluta, con la pretensión de hacerla irreversible.

La legislación actual está muy maltrecha, luego de haber sido manoseada en varias ocasiones. Es una legislación contradictoria y privatizadora. Sin embargo, la nueva será peor. Ya no está en discusión si se privatiza o no la industria energética, eso está decidido, el patrimonio energético de la nación se entregará a las transnacionales. Ahora, se trata de definir las modalidades y las reglas para la repartición del botín.

La primera en ser descuartizada será la Ley reglamentaria del artículo 27 “constitucional” en el ramo del petróleo. Esta ley se promulgó en 1958, 20 años después de la Expropiación. Lo primero que harán los legisladores será volver a “definir”, bajo criterios políticos no técnicos, a la industria petrolera y TODA será privada, esto es, TODAS las fases del proceso de trabajo petrolero.

La siguiente ley a destruir será la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), promulgada en 1975, 15 años después de la nacionalización. Esta ley, de nuestra coautoría, la conquistamos en plena lucha de la Tendencia Democrática, fue discutida en multitud de asambleas y promovida durante años. El STERM insistió mucho en su necesidad. Decíamos que esta ley era importante, precisamente, para afirmar a la nacionalización. Era incongruente que la legislación secundaria, en la industria nacionalizada, estuviera regida por un status jurídico históricamente superado. En la ley que reclamos los electricistas del STERM; luego SUTERM; se ponía de relieve la importancia del servicio público de energía eléctrica, tanto que así se acordó que debía llamarse la ley reglamentaria. Hoy, que la industria ha sido desnacionalizada esta ley le estorba al imperialismo y será abrogada para sustituirla por otra referida a la industria privatizada.

Estas dos leyes se relacionan con la Ley de Pemex, misma que no obstante ser privatizadora en su versión 2008, ahora lo será más. En el caso de la CFE, habrá una nueva ley con nuevo estatuto orgánico. Pemex y CFE dejarán de ser organismos públicos descentralizados para volverse “empresas productivas”, invento falsificado de los legisladores. En consecuencia, también será modificada la Ley de entidades paraestatales que ya no aplica.

Asimismo, dado que la privatización energética ah sido elevada a rango constitucional, y los organismos reguladores también adquieren ese rango, se modificarán la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

También será modificada la Ley de la Administración Pública Federal, específicamente el artículo 33 referido a las funciones y atribuciones de la Secretaría de Energía, a la que se le confieren las facultades para otorgar contratos petroleros.

Estos no serán los únicos casos.

Oficialmente es la secretaría de hacienda y la presidencia de la República quienes se encargan de elaborar las iniciativas de modificaciones y adiciones. Junto está el despacho de Pedro Aspe y el ITAM, trabajando horas extras para turnarlas a las Cámaras en febrero cuando comenzará el período extraordinario de sesiones.

De acuerdo a la información publicada por V. Ballinas (en La Jornada, p.9, 31 diciembre 2013), las leyes que se modifican son: la Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional –en la que se busca, entre otras cosas, establecer las contraprestaciones e indemnizaciones por ocupación o afectación superficial–; la de Petróleos Mexicanos –para constituirla en empresa productiva del Estado–, definir su administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación, régimen de remuneraciones y responsabilidades.

De la Comisión Federal de Electricidad –para transformarla también en empresa productiva del Estado– definir su administración, organización funcionamiento, procedimientos de contratación, régimen de remuneraciones y responsabilidades y abrogar la Ley del Servicio Público de Energía; la de la Industria Eléctrica; la de Geotermias; la de la Comisión Reguladora de Energía; de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la de Minería.

También se trabaja en la modificación de otras leyes, tales como la Orgánica de la Administración Pública Federal; la Federal de Entidades Paraestatales; la General de Deuda Pública; la Federal de Responsabilidades Administrativas.

De igual forma, se reforman las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de Ingresos sobre Hidrocarburos; del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la de Coordinación Fiscal; la Federal de Derechos; de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y del Medio Ambiente.

Ballinas escribió que, a los senadores se les entregó ya un documento en el que se enlistan las leyes que serán modificadas y con qué objetivos. Por ejemplo, se detalla que se enmienda la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional para precisar que la exploración y extracción de hidrocarburos la podrán realizar empresas privadas naciones y extranjeras, además de que se debe establecer ahí la regulación de los contratos.

Es decir, se deberán incluir los contratos que ahora se permitirán: de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida y de Licencias. Se deberá establecer que la empresa Petróleos Mexicano puede asociarse con particulares.

De igual forma se detalla que se permitirá la inversión privada y competencia en el tratamiento y refinación del petróleo, así como en toda la cadena productiva: transporte, almacenamiento, distribución, de gas, gasolina y diesel.

Los cambios a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional son también para precisar la coexistencia con la minería –en el gas asociado con las minas de carbón–; definir ahí las facultades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), misma que se encargará de las licitaciones.

Por lo que se refiere a la Ley de la Industria Eléctrica, se apunta que se encargará de la planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de trasmisión y distribución; las modalidades de contratación para el servicio público de trasmisión y distribución y disposiciones para el Centro Nacional de Control de Energía.

En el documento se precisa que se deben adecuar las leyes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la ley de Minería, esta última para decretar la coexistencia con actividades petroleras en el tratamiento de gas asociados a las minas de carbón.

Subraya que los cambios a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos persiguen precisar el régimen fiscal contratos y asignaciones; depreciación de activos petroleros; fiscalización de contratos, destino de los ingresos, contribuciones y aprovechamientos para CRE, CNH y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial.

Está próximo el aquelarre. Sanguinarios, gobierno y partidos políticos tiene prisa en “legalizar” la contra revolución burguesa. En tres meses desmontarán a lo más importante de la historia surgida de la Revolución Mexicana. Regresarán las transnacionales de rapiña.

¿Cuál será la respuesta de la oposición? Probablemente la misma que hasta ahora, superficial y limitada. ¿Cuál debiera ser? La lucha social territorial con acciones simultáneas en todo el país. Inicialmente, no debe modificarse regresivamente ninguna ley más. Por el contrario, debe revocarse la reforma constitucional.

Como el asunto no es jurídico ni siquiera de razones técnico-económicas, sino de fuerza, está en la agenda construir la organización social que haga posible re-nacionalizar a México.

El momento es aciago y la relación de fuerzas desfavorable. No obstante, hay que pronunciarse, movilizarse y replantearse la lucha en su conjunto. Serán tres meses de ignominia legislativa. La resistencia pasiva o la sola protesta, son insuficientes. Lo peor es permanecer ajenos, callados, expectantes, encerrados entre seis paredes.

Llamamos a la movilización territorial, en calles y plazas públicas del país, todos los sábados, culminando una primera Jornada el 18 de marzo, 76 aniversario de la Expropiación petrolera. La Jornada debe estar precedida por una intensa discusión colectiva, en asambleas, reuniones, foros y una intensa campaña de prensa y propaganda propias.

El énfasis debemos ponerlo en la acción independiente debidamente organizada. Importa la política, especialmente, la construcción de organización, cuidando dentro del movimiento el futuro del mismo.


Ref: 2014, elektron 14 (11) 1-3, 6 enero 2014, FTE de México.