La desnacionalización energética significa una enorme pérdida para la nación. Se pierde el derecho de propiedad colectiva, los recursos naturales, las funciones estratégicas, la infraestructura física, el servicio público de energía eléctrica, la autodeterminación nacional, la soberanía, la seguridad. Todo esto será sustituido por lo inverso, con mayor acumulación privada de capital, carencia de bienestar social, dependencia, sumisión y crimen. Ese pasado ominoso ya se vivió en México y lo habíamos superado. ¿Por qué lo permitimos otra vez? La rueda de la historia sí da marcha atrás. Los pueblos si se equivocan políticamente. Dejar la iniciativa en manos del Estado y sus gobiernos es un error catastrófico. La independencia de clase es fundamental.

La industria energética nacionalizada patrimonio colectivo de la nación

La energía es la base de la economía en cualquier parte del mundo. Históricamente, la humanidad organizó los procesos de trabajo para la satisfacción de necesidades humanas. Pero el capitalismo utiliza a esos procesos para la acumulación de capital, el lucro y la ganancia. La energía es el kernel del desarrollo capitalista, debiendo ser el kernel del desarrollo humano.

Es tesis del FTE de México que las tierras, las aguas, los bosques, los minerales, los energéticos, todos los recursos naturales, la biodiversidad y el espectro radioeléctrico solo deben ser de propiedad colectiva jamás privada. Esta tesis se contrapone al desarrollo capitalista, para el cual los recursos naturales son solo mercancías de las cuales se apropia.

Aún en el marco capitalista, las nacionalizaciones son un estorbo al capital. No obstante estar dentro del mismo sistema de circulación de mercancías, la renta energética no era de su propiedad total. Por ello, las nacionalizaciones desagradan al capital, su objetivo sine qua non es poseer la propiedad de la tierra y sus recursos, los medios de producción y la renta asociada a la ganancia.

Con la desnacionalización se pierde todo, empezando por la base económica. La tierra y sus recursos dejan de ser de la nación, estando en la superficie o en el subsuelo, en la plataforma terrestre o la marina. Las consecuencias son diversas, todas adversas a la nación viviente.

La desnacionalización energética no es poca cosa. Es la reversión de dos hechos históricos surgidos de la Revolución Mexicana, promovidos por los trabajadores y apoyados por el pueblo. La infraestructura implicada es muy vasta y de alcance nacional, mayor es el patrimonio referido a los recursos naturales energéticos.

Todo se esfumó de la noche a la mañana. El atraco legislativo fue una puñalada trapera contra la nación. El asalto está consumado pero no ha concluido. La legislación secundaria indicará las formas en que será repartido el botín. Lo grave es que, cualesquiera sean las formas, ya no se discutirá la propiedad, esta será privada en todos los casos.

Lo primero que compromete la desnacionalización petrolera son los recursos de hidrocarburos. Con la nacionalización, estos fueron propiedad de la nación, ahora solo serán de la nación los recursos del SUBSUELO, mismos que serán extraídos por el capital privado y, en la “boca” del pozo, dejarán de ser de la nación para volverse privados.

Si de extraer se trata, se empezará con las reservas probadas (1P) que, literalmente, se evaporarán. Mientras estén en el subsuelo serán de la nación, una vez extraídas dejarán de serlo. Si se encuentran más reservas, la cubicación y su cuantificación la harán las transnacionales, mismas que las contabilizarán y podrán registrar a su nombre en las bolsas de valores.

Una vez extraídos los hidrocarburos serán comercializados. Actualmente, el precio de extracción está abajo de los 7 dólares por barril y el precio de la mezcla de exportación es de 100 dólares por barril. Cualesquiera sea la proporción compartida, el capital transnacional recibirá una gran parte, sea en especie o en efectivo. Las corporaciones preferirán la primera opción para incrementar especulativamente el valor. La apropiación de la ganancia será cuantiosa.

Con la desnacionalización, las demás actividades serán privadas. Así, el procesamiento del petróleo crudo para elaborar productos petrolíferos (gasolinas, diesel, turbosina, grasas, naftas, etc.), su transporte y distribución mediante ductos, y su almacenamiento y venta serán privados. Lo mismo en el caso del gas natural y gas LP. Tratándose de la petroquímica, todo será privado para la elaboración de los múltiples productos.

A lo anterior debe agregarse la ingeniería de proyectos y la construcción, a cargo de contratistas y subcontratistas. La planeación será inexistente sustituida por el criterio discrecional de los órganos reguladores. Además, la infraestructura representada por la Red Nacional de Ductos será separada de Pemex y operada aparte poniéndola al servicio de los privados.

Toda a nueva infraestructura industrial, en mar y tierra, sustituirá gradualmente a la actual y será privada.

En el caso eléctrico, por tratarse de una forma secundaria de energía, serán comprometidos en principio, TODOS los recursos naturales energéticos primarios. Además de los hidrocarburos (petróleo, gas) se incluyen al agua, el viento, la geotermia, el carbón, la energía de los océanos (corrientes marinas, mareas, olas) y la radiación solar. El caso del uranio estaría excluido si bien en la explotación de minerales radiativos podrán otorgarse contratos a los particulares.

El proceso de trabajo eléctrico será totalmente privatizado tratándose de la generación eléctrica pues las transnacionales podrán instalar las plantas que quieran y comercializar libremente la energía producida. El concepto de servicio público de energía eléctrica deja de existir.

La desnacionalización eléctrica significa el fin de la nacionalización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), mismo que el gobierno reduce a la transmisión y distribución eléctrica. A la fecha, existe un Sistema Interconectado Nacional (SIN), con unificación de frecuencia, que no puede ser destruido fácilmente. Pero las redes serán puestas al servicio privado para transportarles y distribuirles la energía generada. Lo mismo ocurrirá con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Además, la transmisión y distribución son concesionables a través de contratos, de los cuales podrá haber miles por todo el país desestabilizando a las redes. Por el momento el gobierno no puede fraccionarlas pero lo hará en cuanto pueda.

Evidentemente, la ingeniería de proyectos, la construcción y las telecomunicaciones serán actividades exclusivamente privadas. La investigación será nominal, en el mejor de los casos. La planeación quedará a cargo de las decisiones discrecionales de los órganos reguladores.

Toda la nueva infraestructura industrial será de propiedad privada. La renta eléctrica será para las filiales de las transnacionales que la trasladarán a sus matrices.

La desnacionalización implica la privatización energética en todas las fases del proceso de trabajo y ocurre mediante tres mecanismos principales para la transferencia al capital de: 1) funciones, 2) recursos natrales, 3) infraestructura industrial.

Con la nacionalización, las funciones de los procesos de trabajo se consideraban constitucionalmente estratégicas, a cargo exclusivo del Estado. Al dejar de ser estratégicas, las realizarán los particulares. Esta transferencia de funciones le otorga al capital las facultades que antes no tenía.

Los procesos de trabajo están determinados por las materias primas. Para realizarlos, los recursos energéticos primarios se pondrán gratuitamente a disposición de las corporaciones. En el caso del petróleo y el gas, la nación tendrá la propiedad cuando estén en el subsuelo. Algo similar podrá decirse de la geotermia y del carbón. Pero, ¿dónde queda la propiedad de la nación tratándose del agua, del viento, de la energía de los océanos, o del Sol? ¿Acaso también en el subsuelo? En estos casos la transferencia de la propiedad de la nación a propiedad privada es inmediata.

Para el cambio en el régimen de propiedad, el gobierno decidió fragmentar a los procesos de trabajo. La intención es transferir la propiedad de las funciones e infraestructura por partes. La desnacionalización implica la desintegración industrial. Después, podrá volverse a integrar pero bajo la propiedad privada.

Lo anterior marca una enorme pérdida para la nación que conquistó a las industrias petrolera y eléctrica no nada más el 18 de marzo de 1938 y el 27 de septiembre de 1960. Esas son las fechas simbólicas pero la lucha empezó antes y culminó después. Fue determinante lo ocurrido después para construir la infraestructura nacional. El concepto de servicio público permitió el acceso a la electricidad del 98% de la población. El financiamiento petrolero significó el apoyo a la educación, salud y programas sociales para varias generaciones.

a) Dominio de la nación

Con la desnacionalización este se pierde por la entrega al capital de las reservas de hidrocarburos, las fuentes energéticas y la renta energética. Con la nacionalización, se estableció el “dominio directo de la nación” en materia de hidrocarburos y de energía eléctrica. Hoy ese dominio es inexistente y apenas parcialmente declarativo. En el caso de los hidrocarburos, la propiedad es de la nación estando en el subsuelo. Y, ¿en los demás casos? El dominio será privado, lo que incluye la propiedad y la obligación constitucional de apoyar ese régimen.

b) Soberanía nacional

Al entregar al capital el patrimonio, el territorio y las decisiones de la nación, se pierde la soberanía. Los recursos naturales energéticos, las funciones estratégicas para su transformación, la infraestructura física y la renta asociada eran de la nación. Con la desnacionalización serán del capital privado, en tierra y mar, lo que implica ceder el territorio pues tales actividades se consideran del interés público y tienen prioridad sobre cualquier otro uso del suelo. Así, en el mejor de los casos, el subsuelo es de la nación pero el suelo es de las transnacionales, las que podrán reclamar que el subsuelo también les pertenece. Además, ya se apropiaron del espectro radioeléctrico, con la desnacionalización lo harán también de los recursos energéticos del espacio terrestre y marino. Con el poder económico en sus manos, las transnacionales asumirán el poder político, esto es, las decisiones de la nación serán enajenadas, empezando desde ahora con las reformas constitucionales que hacen obligatorio el apoyo al sector privado. No habrá, entonces, nada relacionado con la soberanía.

c) Seguridad nacional

Entregar las fuentes de energía, incluido el espectro radioeléctrico de la nación, al capital significa la pérdida de seguridad nacional para dar certeza al crimen, aumentar la militarización, avalar el espionaje y la violencia con la pérdida de las garantías individuales y colectivas, así como de las libertades democráticas, poniendo el control de los recursos en manos de las tropas norteamericanas. La desnacionalización energética implica negocios de muy alta escala, con ganancias privadas exorbitantes que se protegen no solo por las disposiciones constitucionales sino mediante las armas, destacadamente el crimen de alto impacto. La otra cara de la desnacionalización será la militarización contra la población para proteger los abusos del capital, la criminalización de la protesta, la represión social y la impunidad. México se volverá un país sin ley sujeto a la arbitrariedad.

La desnacionalización energética es un hecho político de contrainsurgencia. Es parte de la contra revolución burguesa. La nacionalización se revierte y se restablece la explotación colonialista. No solo se suprime a la nacionalización sino a la nación misma. Lo que está ocurriendo es un verdadero golpe de Estado. El crimen asume el poder sin cuidar las formas y lo hace de momento incruentamente pero con tendencia genocida en breve plazo. Se trata de un golpe dentro del propio Estado, asumido por el gobierno en turno, legisladores, ejército, marina y ministros de justicia.

El Estado que se configura es criminal, característica del Estado burgués, al servicio de la acumulación privada de capital que será más cuantiosa mientras mayores sean las inversiones. Eso significa que los grandes capitalistas extranjeros serán los que ganarán más, la burguesía local sigue asumiendo un papel rastrero en el nivel de socio menor.

Esa acumulación de capital no estará basada en ninguna productividad ni competitividad sino en el crimen. Para extraer más petróleo no se necesitaba ninguna desnacionalización energética. Extraer todo el petróleo crudo que se pueda es la política más absurda por suicida. Dos razones principales lo indican, una, los hidrocarburos son un recurso natural no renovable y finito. Su formación en la Tierra duró miles de años, en los últimos 100 el capitalismo ha dilapidado la mitad y proyecta terminar con el resto en las siguientes tres décadas. Es por tanto un error dilapidar las reservas para apuntalar una insaciable economía imperialista del despilfarro y de la guerra. Dos, “quemar” petróleo es la forma más absurda y torpe no solo por ser altamente contaminante para el planeta sino porque ese recurso se puede transformar industrialmente en multitud de productos petroquímicos necesarios para la vida cotidiana.

La desnacionalización conduce a seguir una Política Energética Imperialista, caracterizada por la depredación ambiental en tierra y mar para dilapidar las riquezas naturales que constituyen un patrimonio colectivo. La afectación será a la propia naturaleza y a la vida humana de la población viviente.

Para imponer el nuevo escenario, el capital solo podrá hacerlo mediante la represión social. Esto plantea, entonces, la necesidad de articular una lucha con método, sin improvisaciones ni espontaneísmo. La tarea es para titanes no para aficionados ni empíricos ingenuos.

Con la industria energética desnacionalizada, las formas burguesas entrarán en mayor crisis, su democracia basura será aborrecida, creer en el voto será simple falacia. Entonces, los gobiernos procederán a “gobernar” mediante el sometimiento compulsivo.

Con la sucia aprobación constitucional de la reforma energética por diputados y senadores, sin discusión ni menos análisis, en apenas algunas horas o minutos, y su promulgación igualmente atropellada, el gobierno del PRI-AN y partidos satélites no tuvieron el más mínimo rubor para traicionar a la nación y a sus históricas conquistas. No es que se carezca de opciones, es que no se quiso atender ninguna que no fuera la desnacionalización, de acuerdo al compromiso de compra-venta del voto con los cabilderos de las transnacionales.

Los legisladores que votaron son simples desconocidos, mediocres y lúmpenes. ¿Por qué se les permitió decidir contra la nación? ¿Dónde estaba el ejército, supuesto garante de la soberanía? ¿Dónde estaba la marina, los ministros y los jueces? ¿Y la intelectualidad “sesuda” y centavera? El himno nacional mexicano empieza diciendo: “Mexicanos al grito de guerra ...” y en sus estrofas dice: “Más si osare un extraño enemigo / profanar con su planta tu suelo / piensa Oh patria querida que el cielo / un soldado en cada hijo te dio”. ¿Dónde estaban los hijos-soldados de la patria? Las transnacionales no solamente profanan el suelo patrio, se lo roban, Peña Nieto se los regaló para invitarlos a una invasión. ¿Es que se nos ha olvidado hasta el himno o ya no es necesario?


Ref: 2014, elektron 14 (8) 1-4, 4 enero 2013, FTE de México.