La calificadora financiera Moody’s Investors Service dice que el cambio fiscal para Pemex, derivado de la reforma energética, afectará las finanzas públicas. Así será. Pemex entrega al erario más del 90 por ciento de sus ganancias operativas. Con la privatización, compartirá recursos, ganancias y renta. La afectación será a la educación, salud, seguridad social y, en general, a todos los programas sociales. En materia eléctrica no habrá beneficios, el concepto de servicio público de energía eléctrica fue eliminado.

Manita de gato, Reséndiz

Roberto González (en La Jornada, p.26, 21 diciembre 2013) escribió que Moody´s Investors Service, una de las principales calificadoras financieras, advirtió que las finanzas del gobierno federal, dependientes de los ingresos petroleros, “podrán verse afectadas” una vez que Petróleos Mexicanos (Pemex) cuente con un nuevo régimen fiscal a partir de los cambios que detonará la reforma energética.

Para Moody´s la reforma energética de Peña Nieto “fueron más amplias y de mayor alcance que lo esperado”, por haber aprobado contratos de ganancias compartidas, de producción compartida y mediante licencias.

Destaca también que, “las empresas participantes estarán en posibilidad de registrar el interés económico de sus contratos de acuerdo con las reglas de la Comisión del Mercado de Valores –el organismo regulador de la Bolsa en Estados Unidos–”.

La calificadora indica que “dado que una tercera parte de los ingresos del Estado mexicano son obtenidos actualmente de la explotación del petróleo, los futuros cambios en el régimen fiscal de Pemex, que le permitirán mantener una proporción mayor de sus ingresos y reducirán sus contribuciones al gobierno, “podría afectar negativamente a las finanzas del gobierno. Pero el aumento de la producción de petróleo esperado con la reforma debería compensar parcialmente esa disminución en las aportaciones”.

Moody´s dice que Pemex entrega al fisco 90 por ciento de las ganancias operativas que genera.

Por supuesto que las aportaciones de Pemex al erario público disminuirán. Eso no solamente ocurrirá por el cambio al régimen fiscal que le permitirá disponer de un mayor porcentaje de los ingresos obtenidos y la reducción de aportaciones al gobierno. El problema principal es que obtendrá menos ingresos por ventas y sus utilidades serán reducidas. Esto, tal vez, no se verá de inmediato pero sí en el corto plazo.

Pemex dejará de controlar el mercado petrolero nacional, ahora lo compartirá con las transnacionales y cada vez más. El petróleo de exportación no lo venderá Pemex sino contratistas del gobierno. Aún cuando la cotización de la mezcla mexicana sea alta, los ingresos obtenidos serán menores porque se compartirán las ganancias con las corporaciones.

De entrada, las ganancias de Pemex, y del Estado, irán a la baja. En 2011, la extracción del barril de crudo era de 6.12 dólares por barril. Para 2012, Pemex estimó un costo de 6.80 dólares por barril. Como ahora el petróleo será extraído por las transnacionales, mediante contratos de producción compartida o licencias, el costo seguirá siendo muy bajo pero caro para el Estado porque deberá pagar, preferentemente en especie, por cada barril extraído.

Aún cuando la producción se duplicara, lo cual sería un exceso, que podría llevar a un agotamiento prematuro de las reservas probadas, la proporción de utilidades que obtendría el Estado serán inferiores a las de las transnacionales. Más inferiores serán las de Pemex porque la mayor parte de los contratos se asignarán a las petroleras extranjeras.

En la medida en que el capital privado intervenga en las demás fases del proceso de trabajo (refinación de petróleo, procesamiento de gas, desarrollo de la petroquímica, transporte, distribución y almacenamiento de crudo y productos petrolíferos y petroquímicos), los ingresos de Pemex serán menores. Consecuentemente, con o sin nuevo régimen fiscal, sus aportaciones al erario público serán también menores.

En 2012, obtuvo un rendimiento operativo antes de impuestos y derechos por 907 mil 900 millones de pesos. Y entregó al gobierno por concepto de impuestos y derechos 902 mil 900 millones de pesos, esto es, el 99.5%. Ahora, será menos porque sus ingresos y utilidades disminuirán.

Moody´s señaló que, en cuanto al sector eléctrico, los cambios constitucionales “incrementarán la capacidad de generación con tecnologías más limpias, a través de la inversión privada, impulsará la eficiencia con mayor participación privada y reducirá los costos de la electricidad”.

Ese discurso manido es falso igual que la propaganda pagada de Peña. La capacidad de generación podrá incrementarse, se podrán utilizar tecnologías “más limpias” pero la inversión privada NO reducirá los costos de la electricidad. Que haya más generadores privados tampoco implica mayor “eficiencia”.

El rollo privatizador es muy simplista. Con la privatización, dicen, habrá mayor producción de gas. Con más gas, se generará más electricidad y esta será más barata. Ese mecanicismo está perforado por la incertidumbre. ¿Dónde está ese cuantioso gas? Asociado con el petróleo crudo. Si en la voracidad (sin transnacionales) se dilapidó el gas, quebrando literalmente a los activos productores, la voracidad (con transnacionales) será peor. Aunque hubiese mucho gas disponible, generar electricidad a partir de este energético implica centrales de ciclo combinado privadas, que venderán la energía a precios mayores a sus costos de producción, eso lo hacen todos los privados. Además, no habrá subsidios de ningún tipo.

Las tarifas pueden bajar en día de la inauguración de una central privada, al siguiente día será otra cosa. También pueden bajar coyunturalmente, mientras los privados se aprovechan del pago casi gratuito por la utilización de las redes eléctricas públicas, después incorporarán los costos de transmisión y los de distribución a sus costos de producción. Además, los precios de venta serán mayores a estos costos, incrementados con un porcentaje de ganancia.

De manera que ese discurso propagandístico es solo una trampa para obnubilar la percepción de la población. Una vez aprobada la legislación energética secundaria que los consumidores digan “misa”, si no pagan no hay servicio. Es la costumbre de los privados. Para ese momento, se habrá perdido a la industria eléctrica nacionalizada y, con ella, el concepto de servicio público de energía eléctrica. De hecho, el nuevo artículo 27 constitucional ELIMINO a este concepto, ya no existe. Eso es mucho más importante que una “rebajita” en las tarifas, que tampoco habrá.


Ref: 2014, elektron 14 (7) 1-2, 4 enero 2014, FTE de México.