El objetivo de la reforma energética de Peña Nieto es la desnacionalización petrolera y eléctrica para privatizar todas las fases de los procesos de trabajo. Lo demás queda momentáneamente en el aire. La trampa es clara: primero, cambiar el régimen de propiedad, luego, repartir el botín. Eso se indicará en la legislación secundaria. Por lo pronto, en los “nuevos” artículos 27 y 28 constitucionales la claridad privatizadora es abrumante. Lo que parece (deliberadamente) ambiguo se aclarará en las respectivas leyes. Habrá concesiones petroleras, disfrazadas de “licencias” u otro término para denominar a los nuevos contratos. El atraco es mayúsculo.

En una nota fechada en Nueva York, el anterior 20 de diciembre, el periodista David Brooks señaló que analistas internacionales creen que la ambigüedad en la reforma energética recién aprobada en México es deliberada. La referencia es a las llamadas “licencias”, nueva figura para los contratos petroleros a otorgar a las transnacionales. Estas prefieren a las concesiones, las que seguirán “formalmente” prohibidas por la Constitución con una “limitación”: siempre que los se trate de los hidrocarburos EN EL SUBSUELO, no así en la superficie.

Desde ahora están aprobados los contratos de producción compartida, favoritos de las corporaciones. También se incluye a las “licencias”, ENTRE OTROS tipos de contratos. Es decir, los contratos “tipo concesiones” no están excluidos.

La forma y modalidades a seguir para esos contratos se definirán en la legislación petrolera secundaria, específicamente, la nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. Como hay “nuevo” artículo 27 habrá “nueva” ley petrolera. La actual ha sido manoseada y maltrecha varias veces, la última en 2008. A la fecha ya se autoriza en esa ley el otorgamiento de contratos de TODO TIPO: ¿Qué contendrá la nueva? Peores cosas, ratificando en primer lugar lo indicado por el “nuevo” artículo 27, mayores especificaciones e, incluso, mayor ambigüedad para dejar la concreción de los modelos de contrato a la discreción de unos cuantos burócratas que mantendrán secretos a los contratos, seguramente con dos cláusulas clave, una, la confidencialidad y, dos, el derecho de las transnacionales a acudir a tribunales internacionales de su preferencia para resolver las controversias.

En su nota de prensa Brooks escribió que las empresas estadounidenses prefieren que los contratos petroleros sean “concesiones”. No quedó así en al reforma constitucional. Pero están satisfechas porque consideran que las “licencias” son equivalentes “con otro nombre”. Algunos analistas creen que la ambigüedad “es a propósito” y, para corroborarlo, esperan los detalles de la legislación secundaria.

En la interpretación de The Wall Street Journal (WSJ), a través de las “licencias las firmas toman control del petróleo a boca de pozo, pagando regalías e impuestos a México. Licencias imitan a concesiones, aunque las concesiones formalmente continuarán siendo prohibidas”.

El WSJ agrega que las reservas de petróleo y gas serán propiedad de México, pero “las firmas podrán registrarlas en sus cuentas contables como flujo de efectivo esperado, lo cual es crítico para que las empresas aseguren financiamiento de proyectos”.

Por su parte, The Washington Post reportó, el día que la reforma fue aprobada por el Senado, que el proyecto de ley “fue más lejos que lo que esperaban muchos analistas, y más allá de la propuesta original de Peña Nieto, al permitir una amplia laxitud para asociaciones con firmas extranjeras.

“Estamos definitivamente entusiasmados sobre la propuesta final. Es más amistosa con los inversionistas de lo que se creía previamente y ofrece contratos que son lo suficientemente flexibles para ser atractivos a inversionistas nacionales e internacionales”, comentó al diario Gabriel Lozano, economista en jefe en México para JPMorgan Chase. El economista agregó que la insistencia en llamar licencias en lugar de concesiones es en gran parte simbólica y en la práctica habrá poca diferencia para las empresas extranjeras. Pronosticó que se emplearán métodos de contabilidad creativos para darle la vuelta a las restricciones mexicanas sobre registrar las reservas como activos.

Hay otros individuos muy radicales como Duncan Wood, director del Woodrow Wilson Center, el que junto con el ITAM asesoran a Peña Nieto. Este individuo escribió en la revista Forbes que “sigue habiendo incertidumbre legal”.

Pero, para el bufete Mayer Brown no hay de qué preocuparse. “Según la interpretación del bufete, la nueva ley no impone restricciones sobre el registro de reservas, ya que empresas pueden “reportar para propósitos de contabilidad y financieros, la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados” con el entendimiento de que el Estado es dueño de los hidrocarburos en el subsuelo. Indica que bajo prácticas internacionales, sujeto a reglas de la jurisdicción particular, las empresas internacionales pueden mostrar volúmenes de reservas en sus cuentas financieras públicas aun si no tienen derecho a ser propietarios de los hidrocarburos que están en el subsuelo”.

Por todo esto, “el plan aprobado por el Congreso especifica que las empresas extranjeras obtendrán en gran medida lo que desean”, escribió el ex periodista especializado en asuntos energéticos y ahora asesor Robert Collier en la publicación Foreign Policy.

En efecto, el capital “no tiene de qué preocuparse”, el gobierno de Peña Nieto y legisladores les están entregando el petróleo mexicano gratuitamente. Por si faltaren condiciones, las transnacionales podrán detallarlas en la legislación secundaria. Y, si algunas siguiesen faltando las aplicarán unilateralmente en la práctica.

Eso será así porque Peña y legisladores del PRI-AN procedieron como carniceros, descuartizando a las industrias petrolera y eléctrica. Lo que vendrá será un desbarajuste total. Las “licencias” son un término inventado a propósito. Se aprobaron a nivel constitucional sin siquiera haberlas definido. Los órganos reguladores nefastos también adquirieron rango constitucional. Esas oficinas podrán definir y decidir lo que quieran, para eso las creó el Banco Mundial y para eso operan al servicio de las corporaciones.

Llámenles como les llamen, las “licencias” operarán en la práctica como concesiones. Estas serán tantas, cubriendo un amplio territorio del Golfo de México, que el gobierno mexicano no tendrá control. A partir de 2008, se entregaron 75 mil kilómetros cuadrados a Schlumberger para realizar sísmica 3D en el Golfo. No se habían inventado las licencias, solo había contratos que, sin embargo, le otorgan exclusividad a la corporación. Se trata de exploración pero ahora, con los cambios constitucionales, también puede ser en producción.

¿Quién va a supervisar a las transnacionales? ¡Nadie! ¿Quién las va a auditar? ¡Nadie! Aunque quisiera, el gobierno no tiene capacidad y, peor aún, no podrá porque su función será solo mirar de lejos y en silencio.


Ref: 2014, elektron 14 (5)1-2, 3 enero 2014, FTE de México.