 |
|
|
Fue promulgada la reforma energética constitucional. Los artículos 27 y 28 constitucionales fueron destrozados, el artículo 25 pervertido. Las industrias eléctrica y petrolera, así como los recursos naturales energéticos cambian su régimen de propiedad, de ser nacional ahora será privado. Las actividades antes estratégicas dejan de serlo para privatizarlas. La privatización se eleva a rango constitucional. La “nueva” es otra Constitución, la surgida de la Revolución Mexicana feneció, el gobierno traicionó a la nación.  El escudo de Peña Nieto y transnacionales
El 20 de diciembre de 2013 se publicó el
decreto de la reforma energética de Peña Nieto, aprobada por las
Cámaras de senadores y diputados, así como la mayoría de
los congresos locales, mediante la cual se desnacionaliza a las industrias
petrolera y eléctrica. De entrada se indica:
Artículo Único.- Se
reforman los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; el
párrafo sexto del artículo 27; los párrafos cuarto y sexto
del artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo,
recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 27; un
párrafo octavo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:
Artículo 27 Con relación al artículo 27 constitucional el
párrafo 6º ahora indica (en negrillas nuestras las reformas en
materia energética):
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. y, el nuevo párrafo 7º señala: Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. Artículo 28 En el caso del artículo 28 constitucional, el nuevo
párrafo 4º queda así:
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. Se adicionó al párrafo 6º lo indicado en los siguientes términos: El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos. así como un párrafo 8º que dice: El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley. Artículo 25 En el caso del artículo
25 constitucional, el nuevo párrafo 4º
indica:
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar. Se reformó el párrafo 6º que dice: Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. así como el párrafo 8º que indica: La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución. Transitorios El decreto desnacionalizador incluye 21 artículos transitorios referidos a
la legislación
secundaria.
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente Decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley. Tercero. La ley establecerá la forma y plazos, los cuales no podrán exceder dos años a partir de la publicación de este Decreto, para que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado. En tanto se lleva a cabo esta transición, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan facultados para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 que se reforma por este Decreto. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad podrá suscribir los contratos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 27 que se reforma por virtud de este Decreto. Cuarto. Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente Decreto, entre ellas, regular las modalidades de contratación, que deberán ser, entre otras: de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia, para llevar a cabo, por cuenta de la Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares, en términos de lo dispuesto por el artículo 27 de esta Constitución. En cada caso, el Estado definirá el modelo contractual que mejor convenga para maximizar los ingresos de la Nación. La ley establecerá
las modalidades de las contraprestaciones que pagará el Estado a sus
empresas productivas o a los particulares por virtud de las actividades de
exploración y extracción del petróleo y de los demás
hidrocarburos que hagan por cuenta de la Nación. Entre otras modalidades
de contraprestaciones, deberán regularse las siguientes: I) en efectivo,
para los contratos de servicios; II) con un porcentaje de la utilidad, para los
contratos de utilidad compartida; III) con un porcentaje de la producción
obtenida, para los contratos de producción compartida; IV) con la
transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido
extraídos del subsuelo, para los contratos de licencia, o V) cualquier
combinación de las anteriores. La Nación escogerá la
modalidad de contraprestación atendiendo siempre a maximizar los ingresos
para lograr el mayor beneficio para el desarrollo de largo plazo. Asimismo, la
ley establecerá las contraprestaciones y contribuciones a cargo de las
empresas productivas del Estado o los particulares y regulará los casos
en que se les impondrá el pago a favor de la Nación por los
productos extraídos que se les transfieran.
Quinto. Las empresas productivas del Estado que cuenten con una asignación o suscriban un contrato para realizar actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, así como los particulares que suscriban un contrato con el Estado o alguna de sus empresas productivas del Estado, para el mismo fin, conforme a lo establecido en el presente Decreto, podrán reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, que se encuentren en el subsuelo, son propiedad de la Nación. Lo dispuesto en el
párrafo anterior será aplicable a Petróleos Mexicanos y sus
organismos subsidiarios durante el periodo de transición a que se refiere
el transitorio tercero del presente Decreto.
Sexto. La Secretaría del ramo en materia de Energía, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, será la encargada de adjudicar a Petróleos Mexicanos las asignaciones a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución. El organismo
deberá someter a consideración de la Secretaría del ramo en
materia de Energía la adjudicación de las áreas en
exploración y los campos que estén en producción, que
esté en capacidad de operar, a través de asignaciones. Para lo
anterior, deberá acreditar que cuenta con las capacidades
técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y
extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. La solicitud se
deberá presentar dentro de los noventa días naturales siguientes a
la entrada en vigor del presente Decreto.
La Secretaría del ramo en
materia de Energía revisará la solicitud, con la asistencia
técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y emitirá
la resolución correspondiente dentro del plazo de ciento ochenta
días naturales posteriores a la fecha de la solicitud de Petróleos
Mexicanos, estableciendo en la misma la superficie, profundidad y vigencia de
las asignaciones procedentes. Lo anterior tomando en cuenta, entre otros, los
siguientes aspectos:
a) Para asignaciones de exploración de hidrocarburos: en las áreas en las que, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, Petróleos Mexicanos haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración, será posible que, con base en su capacidad de inversión y sujeto a un plan claramente establecido de exploración de cada área asignada, continúe con los trabajos en un plazo de tres años, prorrogables por un período máximo de dos años en función de las características técnicas del campo de que se trate y del cumplimiento de dicho plan de exploración, y en caso de éxito, que continúe con las actividades de extracción. De no cumplirse con el plan de exploración, el área en cuestión deberá revertirse al Estado. b) Para asignaciones de extracción de hidrocarburos: Petróleos Mexicanos mantendrá sus derechos en cada uno de los campos que se encuentren en producción a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. Deberá presentar un plan de desarrollo de dichos campos que incluya descripciones de los trabajos e inversiones a realizar, justificando su adecuado aprovechamiento y una producción eficiente y competitiva. Para la determinación de las características establecidas en cada asignación de extracción de hidrocarburos se considerará la coexistencia de distintos campos en un área determinada. Con base en lo anterior, se podrá establecer la profundidad específica para cada asignación, de forma que las actividades extractivas puedan ser realizadas, por separado, en aquellos campos que se ubiquen en una misma área pero a diferente profundidad, con el fin de maximizar el desarrollo de recursos prospectivos en beneficio de la Nación. En caso de que, como
resultado del proceso de adjudicación de asignaciones para llevar a cabo
las actividades de exploración y extracción del petróleo y
de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos a que hace
mención este transitorio, se llegaran a afectar inversiones de
Petróleos Mexicanos, éstas serán reconocidas en su justo
valor económico en los términos que para tal efecto disponga la
Secretaría del ramo en materia de Energía. El Estado podrá
determinar una contraprestación al realizar una asignación. Las
asignaciones no podrán ser transferidas sin aprobación de la
Secretaría del ramo en materia de
Energía.
Petróleos Mexicanos
podrá proponer a la Secretaría del ramo en materia de
Energía, para su autorización, la migración de las
asignaciones que se le adjudiquen a los contratos a que se refiere el
artículo 27, párrafo séptimo, de esta Constitución.
Para ello, la Secretaría del ramo en materia de Energía
contará con la asistencia técnica de la Comisión Nacional
de Hidrocarburos.
En la migración
de las asignaciones a contratos, cuando Petróleos Mexicanos elija
contratar con particulares, a fin de determinar al particular contratista, la
Comisión Nacional de Hidrocarburos llevará a cabo la
licitación en los términos que disponga la ley. La ley
preverá, al menos, que la Secretaría del ramo en materia de
Energía establezca los lineamientos técnicos y contractuales, y
que la Secretaría del ramo en materia de Hacienda será la
encargada de establecer las condiciones fiscales. En estos casos, la
administración del contrato estará sujeta a las mismas autoridades
y mecanismos de control que aplicarán a los contratos suscritos por el
Estado.
Séptimo. Para promover la participación de cadenas productivas nacionales y locales, la ley establecerá, dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto, las bases y los porcentajes mínimos del contenido nacional en la proveeduría para la ejecución de las asignaciones y contratos a que se refiere el presente Decreto. La ley
deberá establecer mecanismos para fomentar la industria nacional en las
materias de este Decreto.
Las
disposiciones legales sobre contenido nacional deberán ajustarse a lo
dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por
México.
Octavo. Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente Decreto se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas. La ley preverá los
términos y las condiciones generales de la contraprestación que se
deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial o,
en su caso, la indemnización
respectiva.
Los títulos de
concesiones mineras que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de este
Decreto y aquellos que se otorguen con posterioridad, no conferirán
derechos para la exploración y extracción del petróleo y
los demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, sin
perjuicio de los derechos previstos en sus propias concesiones. Los
concesionarios deberán permitir la realización de estas
actividades.
La ley preverá, cuando
ello fuere técnicamente posible, mecanismos para facilitar la
coexistencia de las actividades mencionadas en el presente transitorio con otras
que realicen el Estado o los
particulares.
Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de establecer que los contratos y las asignaciones que el Estado suscriba con empresas productivas del Estado o con particulares para llevar a cabo, por cuenta de la Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, serán otorgados a través de mecanismos que garanticen la máxima transparencia, por lo que se preverá que las bases y reglas de los procedimientos que se instauren al efecto, serán debidamente difundidas y públicamente consultables. Asimismo, la ley
preverá y regulará:
a) Que los contratos cuenten con cláusulas de transparencia, que posibiliten que cualquier interesado los pueda consultar; b) Un sistema de auditorías externas para supervisar la efectiva recuperación, en su caso, de los costos incurridos y demás contabilidad involucrada en la operación de los contratos, y c) La divulgación de las contraprestaciones, contribuciones y pagos previstos en los contratos. Décimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico a fin de establecer, entre otras, las siguientes atribuciones de las dependencias y órganos de la Administración Pública Federal: a) A la Secretaría del ramo en materia de Energía: establecer, conducir y coordinar la política energética, la adjudicación de asignaciones y la selección de áreas que podrán ser objeto de los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; el diseño técnico de dichos contratos y los lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación; así como el otorgamiento de permisos para el tratamiento y refinación del petróleo, y procesamiento de gas natural. En materia de electricidad, establecerá los términos de estricta separación legal que se requieren para fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico y vigilará su cumplimiento. b) A la Comisión Nacional de Hidrocarburos: la prestación de asesoría técnica a la Secretaría del ramo en materia de Energía; la recopilación de información geológica y operativa; la autorización de servicios de reconocimiento y exploración superficial; la realización de las licitaciones, asignación de ganadores y suscripción de los contratos para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos; la administración en materia técnica de asignaciones y contratos; la supervisión de los planes de extracción que maximicen la productividad del campo en el tiempo, y la regulación en materia de exploración y extracción de hidrocarburos. c) A la Comisión Reguladora de Energía: en materia de hidrocarburos, la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos. En materia de electricidad, la regulación y el otorgamiento de permisos para la generación, así como las tarifas de porteo para transmisión y distribución. d) A la Secretaría del ramo en materia de Hacienda, entre otras, el establecimiento de las condiciones económicas de las licitaciones y de los contratos a que se refiere el presente Decreto relativas a los términos fiscales que permitan a la Nación obtener en el tiempo ingresos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. La ley establecerá los actos u omisiones que den lugar a la imposición de sanciones, el procedimiento para ello, así como las atribuciones de cada dependencia u órgano para imponerlas y ejecutarlas. Lo anterior, sin perjuicio de
las demás facultades que a dichas autoridades les otorguen las leyes, en
estas materias.
La ley definirá los
mecanismos para garantizar la coordinación entre los órganos
reguladores en materia de energía y la Administración
Pública Federal, para que, en el ámbito de sus respectivas
competencias, emitan sus actos y resoluciones de conformidad con las
políticas públicas del Ejecutivo
Federal.
Décimo Primero. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico a fin de regular las modalidades de contratación para que los particulares, por cuenta de la Nación, lleven a cabo, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, en términos de lo dispuesto en este Decreto. Décimo Segundo. Dentro del mismo plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, se conviertan en órganos reguladores coordinados en la materia, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión; asimismo, podrán disponer de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios en la emisión y administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos, así como por los servicios relacionados con el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que correspondan conforme a sus atribuciones, para financiar un presupuesto total que les permita cumplir con sus atribuciones. Para lo anterior, las leyes preverán, al menos: a) Que si al finalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldo remanente de ingresos propios excedentes, la comisión respectiva instruirá su transferencia a un fideicomiso constituido para cada una de éstas por la Secretaría del ramo en materia de Energía, donde una institución de la banca de desarrollo operará como fiduciario. b) Que las comisiones respectivas instruirán al fiduciario la aplicación de los recursos de estos fideicomisos a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios respetando los principios a los que hace referencia el artículo 134 de esta Constitución y estando sujetos a la evaluación y el control de los entes fiscalizadores del Estado. c) En el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se dará prioridad al desarrollo y mantenimiento del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, mismo que contendrá al menos la información de los estudios sísmicos, así como los núcleos de roca, obtenidos de los trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos del país. Los fideicomisos no podrán acumular recursos superiores al equivalente de tres veces el presupuesto anual de la Comisión de que se trate, tomando como referencia el presupuesto aprobado para el último ejercicio fiscal. En caso de que existan recursos adicionales, éstos serán transferidos a la Tesorería de la Federación. Los fideicomisos a que
hace referencia este transitorio estarán sujetos a las obligaciones en
materia de transparencia conforme a la ley de la materia. Asimismo, cada
Comisión deberá publicar en su sitio electrónico, por lo
menos de manera trimestral, los recursos depositados en el fideicomiso
respectivo, así como el uso y destino de dichos recursos y demás
información que sea de interés
público.
La Cámara de
Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos
presupuestales a las comisiones, con el fin de que éstas puedan llevar a
cabo su cometido. El Presupuesto aprobado deberá cubrir los
capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así
como de servicios generales, necesarios para cumplir con sus
funciones.
Décimo Tercero. En el plazo de ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de establecer que los comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía sólo podrán ser removidos de su encargo por las causas graves que se establezcan al efecto; que podrán ser designados, nuevamente, por única ocasión para cubrir un segundo período, y que su renovación se llevará a cabo de forma escalonada, a fin de asegurar el debido ejercicio de sus atribuciones. Los actuales comisionados
concluirán los periodos para los que fueron nombrados, sujetándose
a lo dispuesto en el párrafo anterior. Para nombrar a los comisionados de
la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora
de Energía, el Presidente de la República someterá una
terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las
personas propuestas, designará al comisionado que deberá cubrir la
vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras
partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de
treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo,
ocupará el cargo de comisionado la persona que, dentro de dicha terna,
designe el Presidente de la
República.
En caso de que la
Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el
Presidente de la República, someterá una nueva, en los
términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera
rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe
el Presidente de la República.
Se
nombrarán dos nuevos comisionados por cada Comisión, de manera
escalonada, en los términos de los dos párrafos
anteriores.
Décimo Cuarto. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo será un fideicomiso público en el que el Banco de México fungirá como fiduciario. La Secretaría del ramo en materia de Hacienda realizará las acciones para la constitución y funcionamiento del fideicomiso público referido, una vez que se expidan las normas a que se refiere el transitorio cuarto del presente Decreto. El Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo será el
encargado de recibir todos los ingresos, con excepción de los impuestos,
que correspondan al Estado Mexicano derivados de las asignaciones y contratos a
que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta
Constitución. Los ingresos se administrarán y distribuirán
conforme a la siguiente prelación y conforme se establezca en la ley
para:
1. Realizar los pagos establecidos en dichas asignaciones y contratos. 2. Realizar las transferencias a los Fondos de Estabilización de los Ingresos Petroleros y de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Una vez que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, o su equivalente, haya alcanzado su límite máximo, los recursos asignados al Fondo se destinarán al ahorro de largo plazo mencionado en el numeral 5. Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico en materia del límite máximo del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización. 3. Realizar las transferencias al Fondo de Extracción de Hidrocarburos; a los fondos de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética, y en materia de fiscalización petrolera. 4. Transferir a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del Gobierno Federal que se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se mantengan en el cuatro punto siete por ciento del Producto Interno Bruto, que corresponde a la razón equivalente a la observada para los ingresos petroleros del año 2013. Para lo anterior, se consideran los rubros siguientes: Derecho ordinario sobre hidrocarburos, Derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilización, Derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo, Derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía, Derecho para la fiscalización petrolera, Derecho sobre extracción de hidrocarburos, Derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos, Derecho especial sobre hidrocarburos y Derecho adicional sobre hidrocarburos. Para efectos del cumplimiento del monto establecido en este numeral, se considerarán incluidos los recursos transferidos acorde a los numerales 2 y 3. 5. Destinar recursos al ahorro de largo plazo, incluyendo inversión en activos financieros. Únicamente cuando el saldo de las inversiones en ahorro público de largo plazo, sea igual o mayor al tres por ciento del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate, el Comité Técnico del Fondo podrá destinar recursos del saldo acumulado del Fondo para lo siguiente: a) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, al Fondo para el sistema de pensión universal conforme a lo que señale su ley; b) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación, y en energías renovables; c) Hasta por un monto equivalente a treinta por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, en fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros, sectorizado en la Secretaría del ramo en materia de Energía y, en su caso, en inversiones en infraestructura para el desarrollo nacional, y d) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo; en becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional de la industria. Con excepción del programa de becas, no podrán emplearse recursos para gasto corriente. La asignación de recursos que corresponda a los incisos a), b), c) y d) anteriores no deberán tener como consecuencia que el saldo destinado a ahorro de largo plazo se reduzca por debajo de tres por ciento del Producto Interno Bruto del año anterior. Sujeto a lo anterior y con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, la Cámara de Diputados podrá modificar los límites y los posibles destinos mencionados en los incisos a), b), c) y d) de este numeral. Una vez que el saldo acumulado del ahorro público de largo plazo sea equivalente o superior al diez por ciento del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate, los rendimientos financieros reales anuales asociados a los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo destinados a ahorro de largo plazo serán transferidos a la Tesorería de la Federación. Los recursos transferidos a estos destinos serán adicionales a las transferencias que se realicen de acuerdo al numeral 4 del presente transitorio. En caso de una
reducción significativa en los ingresos públicos, asociada a una
caída en el Producto Interno Bruto, a una disminución pronunciada
en el precio del petróleo o a una caída en la plataforma de
producción de petróleo, y una vez que se hayan agotado los
recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros o su
equivalente, la Cámara de Diputados podrá aprobar, mediante
votación de las dos terceras partes de sus miembros presentes, la
integración de recursos de ahorro público de largo plazo al
Presupuesto de Egresos de la Federación, aún cuando el saldo de
ahorro de largo plazo se redujera por debajo de tres por ciento del Producto
Interno Bruto del año anterior. La integración de estos recursos
al Presupuesto de Egresos de la Federación se considerarán
incluidos en la transferencia acorde con el numeral 4 del presente
transitorio.
El Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo estará
sujeto a las obligaciones en materia de transparencia de conformidad con la ley.
Asimismo, deberá publicar por medios electrónicos y por lo menos
de manera trimestral, la información que permita dar seguimiento a los
resultados financieros de las asignaciones y los contratos a que se refiere el
párrafo séptimo del artículo 27 de esta
Constitución, así como el destino de los ingresos del Estado
Mexicano conforme a los párrafos
anteriores.
El Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo se
constituirá durante 2014 y comenzará sus operaciones en el
2015.
Décimo Quinto. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo contará con un Comité Técnico integrado por tres miembros representantes del Estado y cuatro miembros independientes. Los miembros representantes del Estado serán los titulares de las Secretarías de los ramos en materia de Hacienda y de Energía, así como el Gobernador del Banco de México. Los miembros independientes serán nombrados por el titular del Ejecutivo Federal, con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República. El titular de la Secretaría del ramo en materia de Hacienda fungirá como Presidente del Comité Técnico. El Comité
Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo tendrá, entre otras, las siguientes
atribuciones:
a) Determinar la política de inversiones para los recursos de ahorro de largo plazo de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del transitorio anterior. b) Instruir a la institución fiduciaria para que realice las transferencias a la Tesorería de la Federación de conformidad con lo establecido en el transitorio anterior. c) Recomendar a la Cámara de Diputados, a más tardar el veintiocho de febrero de cada año, la asignación de los montos correspondientes a los rubros generales establecidos en los incisos a), b), c) y d) del transitorio anterior. La Cámara de Diputados aprobará, con las modificaciones que estime convenientes, la asignación antes mencionada. En este proceso, la Cámara de Diputados no podrá asignar recursos a proyectos o programas específicos. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie acerca de la recomendación del Comité Técnico a más tardar el treinta de abril del mismo año, se considerará aprobada. Con base en la asignación aprobada por la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal determinará los proyectos y programas específicos a los que se asignarán los recursos en cada rubro, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año de que se trate. En el proceso de aprobación de dicho Proyecto, la Cámara de Diputados podrá reasignar los recursos destinados a los proyectos específicos dentro de cada rubro, respetando la distribución de recursos en rubros generales que ya se hayan aprobado. Lo anterior sin perjuicio de otros recursos que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para proyectos y programas de inversión. Décimo Sexto. Dentro de los plazos que se señalan a continuación, el Poder Ejecutivo Federal deberá proveer los siguientes decretos: a) A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, emitirá el Decreto de creación del organismo público descentralizado denominado Centro Nacional de Control del Gas Natural, encargado de la operación del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento. En dicho Decreto se establecerá la organización, funcionamiento y facultades del citado Centro. El Decreto proveerá lo necesario para
que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o divisiones
transfieran los recursos necesarios para que el Centro Nacional de Control del
Gas Natural adquiera y administre la infraestructura para el transporte por
ducto y almacenamiento de gas natural que tengan en propiedad para dar el
servicio a los usuarios correspondientes.
El Decreto también preverá que
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, transfieran de forma
inmediata al Centro Nacional de Control del Gas Natural los contratos que tengan
suscritos, a efecto de que el Centro sea quien los administre.
El Centro Nacional de Control del Gas Natural
dará a Petróleos Mexicanos el apoyo necesario, hasta por doce
meses posteriores a su creación, para que continúe operando la
infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento de gas natural que
le brinde servicio en condiciones de continuidad, eficiencia y
seguridad.
b) A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la ley reglamentaria de la industria eléctrica, emitirá el Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía como organismo público descentralizado, encargado del control operativo del sistema eléctrico nacional; de operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución, y las demás facultades que se determinen en la ley y en su Decreto de creación. En dicho Decreto se establecerá la organización, funcionamiento y facultades del citado Centro. El Decreto proveerá lo conducente para
que la Comisión Federal de Electricidad transfiera los recursos que el
Centro Nacional de Control de Energía requiera para el cumplimiento de
sus facultades.
El Centro Nacional de Control de Energía
dará a la Comisión Federal de Electricidad el apoyo necesario,
hasta por doce meses posteriores a su creación, para que continúe
operando sus redes del servicio público de transmisión y
distribución en condiciones de continuidad, eficiencia y
seguridad.
Décimo Séptimo. Dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, para establecer las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente, en todos los procesos relacionados con la materia del presente Decreto en los que intervengan empresas productivas del Estado, los particulares o ambos, mediante la incorporación de criterios y mejores prácticas en los temas de eficiencia en el uso de energía, disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales, baja generación de residuos y emisiones, así como la menor huella de carbono en todos sus procesos. En materia de electricidad, la
ley establecerá a los participantes de la industria eléctrica
obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones
contaminantes.
Décimo Octavo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría del ramo en materia de Energía y en un plazo no mayor a trescientos sesenta y cinco días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá incluir en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios. Dentro del plazo
previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la
Unión emitirá una ley que tenga por objeto regular el
reconocimiento, la exploración y la explotación de recursos
geotérmicos para el aprovechamiento de la energía del subsuelo
dentro de los límites del territorio nacional, con el fin de generar
energía eléctrica o destinarla a usos
diversos.
Décimo Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente, con autonomía técnica y de gestión, que disponga de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios para financiar un presupuesto total que le permita cumplir con sus atribuciones. La
Agencia tendrá dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en
materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio
ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo
las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como
el control integral de residuos. En la organización, funcionamiento y
facultades de la Agencia, se deberá prever al menos:
a) Que si al finalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldo remanente de ingresos propios excedentes, la Agencia instruirá su transferencia a un fideicomiso constituido por la Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente, donde una institución de la banca de desarrollo operará como fiduciario. b) Que la Agencia instruirá al fiduciario la aplicación de los recursos de este fideicomiso a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios respetando los principios a los que hace referencia el artículo 134 de esta Constitución y estando sujeta a la evaluación y el control de los entes fiscalizadores del Estado. El fideicomiso no podrá acumular recursos superiores al equivalente de tres veces el presupuesto anual de la Agencia, tomando como referencia el presupuesto aprobado para el último ejercicio fiscal. En caso de que existan recursos adicionales, éstos serán transferidos a la Tesorería de la Federación. El fideicomiso a que
hace referencia este transitorio estará sujeto a las obligaciones en
materia de transparencia derivadas de la ley. Asimismo, la Agencia deberá
publicar en su sitio electrónico, por lo menos de manera trimestral, los
recursos depositados en el fideicomiso, así como el uso y destino de
dichos recursos.
La Cámara de
Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos
presupuestales a la Agencia, con el fin de que ésta pueda llevar a cabo
su cometido. El presupuesto aprobado deberá cubrir los capítulos
de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios
generales, necesarios para cumplir con sus
funciones.
Vigésimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto de este Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para regular a las empresas productivas del Estado, y establecerá al menos que: I. Su objeto sea la creación de valor económico e incrementar los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. II. Cuenten con autonomía presupuestal y estén sujetas sólo al balance financiero y al techo de servicios personales que, a propuesta de la Secretaría del ramo en materia de Hacienda, apruebe el Congreso de la Unión. Su régimen de remuneraciones será distinto del previsto en el artículo 127 de esta Constitución. III. Su organización, administración y estructura corporativa sean acordes con las mejores prácticas a nivel internacional, asegurando su autonomía técnica y de gestión, así como un régimen especial de contratación para la obtención de los mejores resultados de sus actividades, de forma que sus órganos de gobierno cuenten con las facultades necesarias para determinar su arreglo institucional. IV. Sus órganos de gobierno se ajusten a lo que disponga la ley y sus directores sean nombrados y removidos libremente por el Titular del Ejecutivo Federal o, en su caso, removidos por el Consejo de Administración. Para el caso de empresas productivas del Estado que realicen las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en términos de lo previsto por el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, la ley deberá establecer, entre otras disposiciones, que su Consejo de Administración se conforme de la siguiente manera: cinco consejeros del Gobierno Federal, incluyendo el Secretario del Ramo en materia de Energía quien lo presidirá y tendrá voto de calidad, y cinco consejeros independientes. V. Se coordinen con el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia competente, con objeto de que sus operaciones de financiamiento no conduzcan a un incremento en el costo de financiamiento del resto del sector público o bien, contribuyan a reducir las fuentes de financiamiento del mismo. VI. Cuenten, en términos de lo establecido en las leyes correspondientes, con un régimen especial en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, presupuestaria, deuda pública, responsabilidades administrativas y demás que se requieran para la eficaz realización de su objeto, de forma que les permita competir con eficacia en la industria o actividad de que se trate. Una vez que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, y Comisión Federal de Electricidad, se conviertan en empresas productivas del Estado de conformidad con las leyes que se expidan para tal efecto en términos del transitorio tercero de este Decreto, no les serán aplicables las disposiciones relativas a la autonomía contenidas en las fracciones anteriores, sino hasta que conforme a las nuevas disposiciones legales se encuentren en funciones sus consejos de administración y estén en operación los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. Los consejeros profesionales de
Petróleos Mexicanos en funciones a la entrada en vigor del presente
Decreto permanecerán en sus cargos hasta la conclusión de los
periodos por los cuales fueron nombrados, o bien hasta que dicho organismo se
convierta en empresa productiva del Estado y sea nombrado el nuevo Consejo de
Administración. Los citados consejeros podrán ser considerados
para formar parte del nuevo Consejo de Administración de la empresa
productiva del Estado, conforme al procedimiento que establezca la
ley.
Vigésimo Primero. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de establecer los mecanismos legales suficientes para prevenir, investigar, identificar y sancionar severamente a los asignatarios, contratistas, permisionarios, servidores públicos, así como a toda persona física o moral, pública o privada, nacional o extranjera, que participen en el sector energético, cuando realicen actos u omisiones contrarios a la ley, entre otros, los que tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto. Al final del decreto se indica: SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 18 de diciembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya Cortés, Presidente.- Dip. Raymundo King De la Rosa, Secretario.- Rúbricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinte de diciembre de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. Comentarios del FTE El gobierno desnacionalizador de Peña Nieto puso
fin a lo único bueno que quedaba de la Constitución Carrancista de
1917. En materia energética hay nuevos artículos 27 y 28
constitucionales. Allí estaba contenida la expropiación petrolera
de 1938 y la nacionalización eléctrica de 1960. Ya no existen
más.
En el artículo 27, párrafo 6º, que prohibía las concesiones y contratos, se eliminó lo concerniente a los contratos, tanto en materia de hidrocarburos como de minerales radiativos. Ahora, en ambos casos, habrá contratos. En el mismo párrafo se mutiló al proceso de trabajo eléctrico, suprimiendo a la generación y comercialización que ahora serán privadas. En el caso de la planeación, transmisión, control y distribución eléctrica no habrá concesiones pero sí contratos. Estos estaban prohibidos. También se suprimió el concepto de servicio público de energía eléctrica. En el mismo artículo se adicionó un nuevo párrafo, ahora 7º. En este se indica que la nación tendrá la propiedad en el caso de los hidrocarburos (del subsuelo), no se otorgarán concesiones pero sí contratos, antes prohibidos. Tratándose del artículo 28, párrafo 4º, se eliminaron como actividades estratégicas a los hidrocarburos, petroquímica básica y electricidad. Ahora, se aprobó una mescolanza contradictoria. La planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución eléctrica, y la exploración y extracción de hidrocarburos se consideran actividades “estratégicas” pero sujetas a lo indicado por el nuevo artículo 27, párrafos 6º y 7º que autorizan la privatización de las mismas vía contratos de todo tipo. A este artículo se adicionó el párrafo 6º que crea al Fondo petrolero, en términos de un fideicomiso para administrar y distribuir los ingresos derivados de los contratos. Además, se agregó un párrafo 8º para otorgarle rango constitucional a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía, organismos reguladores nefastos del Banco Mundial que iniciaron la desnacionalización energética mediante la privatización furtiva. En el caso del artículo 25, se hicieron reformas contradictorias para ajustarlo a la desnacionalización. En el párrafo 4º se indica que las actividades estratégicas estarán a cargo exclusivo del Estado. Pero ahora, se exceptuará a las actividades “estratégicas” sujetas constitucionalmente a contratos. Además, constitucionalmente, se establece la protección a las actividades privadas. En los 21 artículos transitorios de esboza la forma en que será repartido el botín en la legislación secundaria. No menos de 20 leyes serán ajustadas a las nuevas disposiciones constitucionales. La Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo (ley petrolera) y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE o ley eléctrica) serán abrogadas, las nuevas indicarán las formas y modalidades de la privatización. Pemex y CFE, con un período de gracia de dos años, serán reestructuradas, ya no serán industrias sino empresas con funciones reducidas. Mayor atraco era difícil de imaginar. La regresión ha sido gratuita, un verdadero regalo para las corporaciones transnacionales. Peña Nieto no solo es desnacionalizador petrolero y eléctrico sino ratero y traidor a la nación. Se regresa al pasado ominoso que habíamos superado. Las transnacionales serán las que gobiernen y decidan por la nación. Esta, aún viviente, queda reducida a simple “cosa” sin contenido. La reforma de Peña Nieto implica la contra revolución burguesa. Ref: 2014, elektron 14 (1) 1-12, 1 enero 2014, FTE de México.  El FTE de México lucha por la re-nacionalización energética Esta página es construida por trabajadores del sector energía.
La información contenida puede citarse total o parcialmente, mencionando la fuente.
|
|